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derechos humanos

Por : Raysa díaz también y Liz Meléndez

Hablar de cuidados es hablar de bienestar. En algún momento de nuestras vidas, todas las personas recibimos cuidados o cuidamos. Así, cuando hablamos de cuidados hablamos de la sostenibilidad de la vida y el buen vivir.   

El año pasado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Oxfam Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizaron una Encuesta sobre Representaciones del Trabajo de Cuidado en el Perú, donde identificaron que el 68% de las personas señalaron que necesitaban algún tipo de cuidados. 

Ejercer nuestro derecho al cuidado, entendido en sus tres dimensiones de cuidar, ser cuidado/a y el autocuidado, son parte del derecho a vivir una vida digna. Se trata de garantizar condiciones adecuadas a las personas para que puedan vivir en igualdad y sin discriminación, sin estar expuestos/as al abandono y la precariedad. 

Este derecho universal y autónomo debe ser garantizado por el Estado, independientemente de la situación de vulnerabilidad o dependencia de quien lo requiera. Aunque las políticas públicas deben tener en cuenta la situación específica y de riesgo de las diversas poblaciones, este debe ser un derecho garantizado para la ciudadanía en su conjunto.

Volviendo a la encuesta, esta revela que 7 de cada 10 mujeres son las principales responsables del cuidado en sus hogares. Además, el 83% de las personas encuestadas afirmó que a lo largo de su vida ha visto solo a las mujeres dedicarse en mayor medida a las actividades de cuidado.  

Los cuidados han sido históricamente asumidos por mujeres o por personas feminizadas. Si queremos alcanzar una sociedad más igualitaria, se tienen que romper con estos roles de género, pues son una barrera para la igualdad. 

De hecho, muchos hechos de violencia surgen cuando las mujeres no responden a estas funciones o tareas patriarcalmente asignadas. Por ello, promover la corresponsabilidad paritaria en los cuidados y en el trabajo doméstico es una dimensión a impulsar. Aunque esta no es la única.

Vivir en entornos violentos, cuidando a otras personas del hogar y con poco tiempo para acceder al campo profesional y/o laboral no solo limita el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino que genera barreras para salir de la pobreza.

El 81% de personas considera que el trabajo de cuidados debería remunerarse. Sin embargo, el 51% afirma que debe haber una retribución económica solo si la persona no es parte del entorno familiar. Es decir, el trabajo gratuito en el hogar o cuidando personas dependientes recae en las mujeres. 

Lo paradójico es que el trabajo de cuidados significa un aporte fundamental a las economías de la región. Según la CEPAL (2021), equivale al 20,4% del PBI. ¿Realmente existen servicios de calidad en el país para garantizar el derecho al cuidado? La respuesta es no. 

Tenemos algunos servicios asistencialistas, precarios y situados fundamentalmente en las zonas urbanas. Lamentablemente la ciudadanía desconfía de estos servicios. El 80% de hogares con menores de 5 años y el 60% de ellos con personas con discapacidad no los utilizan. Dicha ilegitimidad responde a que estos no cumplen con estándares de calidad mínimos.

El derecho al cuidado interpela al Estado a diseñar, implementar y sostener políticas públicas de gran inversión, pero que redundarán en el bienestar de la población. 

Es tiempo de avanzar y esta es una dimensión clave para lograrlo. 

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derechos humanos, Entre Brujas: Feminismo, género

[ENTRE BRUJAS] En el umbral de un nuevo año, reflexionamos sobre los acontecimientos que marcaron el 2023, un periodo plagado de retrocesos y resistencias en materia de derechos humanos e igualdad.

La crisis política que lo definió fue determinante para el auge de actores autoritarios que buscaron socavar toda propuesta en favor de la libertad y la igualdad.

Estos actores usaron la categoría “democracia”, para destruirla. Haciendo uso de métodos como la amenaza, la calumnia, compra de conciencias y medios de prensa; fueron preparando el terreno para asirse del poder.

Con indignación, hemos observado cómo se ha vulnerado la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la protesta. En esta misma línea, la igualdad de género y el enfoque de derechos en las políticas públicas han sufrido fuertes ataques. ¿Quiénes son los ganadores del viejo año? La corrupción, la impunidad, la injusticia, la ambición de poder, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, la xenofobia y el racismo estructural.

Fotografía: Connie France

El ser humano, presa de sus creencias, necesita pensar que, inaugurado un nuevo año, se pueden dar nuevos comienzos. Aunque la esperanza nunca debe perderse, es difícil pensar en nuevas rutas con los mismos actores políticos y sociales.

Este 2024, quienes defendemos derechos vamos a tener que contribuir a que el miedo cese y exigir un cambio real, siempre siguiendo la legalidad y el Estado de Derecho.

Habrá que iniciar por exigir nuevas elecciones, pero con eso no basta.

La sociedad civil organizada, las feministas, los/as defensores/as de derechos, los gremios, los/as estudiantes, deberán tomar el liderazgo de procesos más largos. Se tendrá que vencer el miedo a protestar y exigir justicia para las masacres. Se tendrá que superar algunas diferencias ideológicas y centrarse en la importancia de defender garantías mínimas para construir una democracia real.

El 2024 es un año de desafíos, en donde tocará seguir resistiendo a posturas autoritarias y narcisistas de las y los políticos. El 2023 ha sido un año intenso, en donde muchos escenarios se definieron. Ahora ya sabemos frente a quiénes estamos y lo que está en riesgo: la paz, la democracia y la justicia.

Que sigan avanzando ya no es una opción. Nuevas elecciones sí, pero necesitamos renovar la clase política también, sino será más de lo mismo.  La esperanza de un país mejor no se pierde.

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Análisis 2023, Crisis política, derechos humanos, Resistencia 2024

[ENTRE BRUJAS] El 2023 ha sido un año complejo en donde hemos visto continuos retrocesos en materia de igualdad. A la vez que el fortalecimiento de alianzas anti derechos y, por lo tanto, el incremento de pensamientos retrógrados resistentes a las luchas para erradicar la discriminación y la agenda defensora de los derechos humanos.

La profunda crisis democrática que seguimos arrastrando, agudizada por factores como la criminalización a la protesta social, el racismo, el clasismo, el machismo y otros, ha debilitado la institucionalidad y puesto en jaque al Estado de Derecho. Este ha sido el escenario perfecto para que la corrupción avance a ritmos escandalosos y se deslegitime todo aquello que tiene que ver con promover garantías y libertades fundamentales para una adecuada convivencia social. Así, las narrativas que desvalorizan a los derechos humanos han avanzado, constituyéndose un ambiente hostil para el avance de políticas y normativas que garanticen estas libertades.

Lamentablemente en este contexto nada alentador, pierden las poblaciones más vulnerables. La precarización de la vida se relaciona con la pobreza económica, por supuesto; pero a la vez, con la falta de condiciones para el ejercicio de derechos concretos y garantías para vivir la vida que las personas necesitan.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, siempre existen quienes siguen dando la batalla. Tanto en la sociedad civil como en el Estado se encuentran defensoras de derechos que creen en una sociedad más igualitaria y apuestan por fomentar la implementación de políticas aprobadas en años anteriores y la construcción de nuevas estrategias y espacios de articulación para que no se siga retrocediendo y no se pierdan logros históricos. Las defensoras de derechos existen y están en la disposición de seguir incomodando.

En octubre pasado diversas expresiones del movimiento feminista nacional tuvieron un encuentro histórico, en donde se acordó una agenda pendiente por la que seguir luchando en los próximos años. En esta se resaltan muchos temas, imposibles de enlistar en una columna. Sin embargo, para quienes estén interesados/as pueden leer el Manifiesto del Encuentro, el cual se ha difundido por las redes sociales de distintas organizaciones y colectivos feministas[1]. Entre las demandas más urgentes están: el acceso a la justicia y reparación para las víctimas de desaparición y feminicidio y sus familiares; la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidados como una política pública integral; así como la despenalización del aborto en todas sus formas.

También son demandas urgentes el acceso a la justicia y reparación de las víctimas de la represión policial durante las protestas sociales que empezaron en diciembre de 2022; el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y disidencias sexuales; así como la erradicación del racismo como una de las formas de discriminación estructurales más graves en el escenario reciente de vulneración estatal a los derechos humanos.

El 2024, sin duda, será un año en el que la crisis política, económica y el avance de los conservadurismos y las expresiones antidemocráticas no se detendrán. Desde los distintos territorios del país las defensoras de derechos humanos y la igualdad de género continuaremos resistiendo y haciendo frente a este contexto, defendiendo los avances que hemos logrado con mucho esfuerzo y exigiendo que el Estado, pese a sus distintas falencias, cumpla con sus obligaciones frente a la ciudadanía.

[1] Disponible en: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122125286870040347&id=61551210415104&mibextid=WC7FNe

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Demandas 2024, derechos humanos, desafíos, Igualdad, Retrocesos

[EL DEDO EN LA LLAGA]  Fue precisamente este crimen el que llevó al jurista polaco judío Raphael Lemkin (1900-1959) a acuñar el término de “genocidio”, aparecido por primera vez en 1944 en su trabajo de investigación “Axis Rule in Occupied Europe” (“El poder del Eje en la Europa ocupada”), publicado en Estados Unidos. Lemkin había logrado escapar de Polonia en 1939, pero sin poder llevarse a sus padres, que serían asesinados en Auschwitz. En su escrito decía:

«En términos generales, el genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se logra mediante la matanza masiva de todos los miembros de una nación. Se trata más bien de significar un plan coordinado de diferentes acciones encaminadas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar a los propios grupos. Los objetivos de tal plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el idioma, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de los grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad, la libertad, la salud, la dignidad y incluso las vidas de las personas que pertenecen a esos grupos. El genocidio se dirige contra el grupo nacional como una entidad, y las acciones involucradas están dirigidas contra individuos, no en su capacidad individual, sino como miembros del grupo nacional».

Lemkin dedicaría su vida a que el crimen de genocidio fuera reconocido internacionalmente como un crimen contra la humanidad, pues «cuando una nación es destruida, no es la carga de un barco lo que es destruido, sino una parte sustancial de la humanidad, con una herencia espiritual que toda la humanidad comparte».

Sus esfuerzos lograron que en diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que luego sería ratificada por cada uno de los Estados miembros.

Es de hacer notar que los criminales nazis juzgados en los Juicios de Núremberg (nov 1945 – oct 1946) no fueron sentenciados explícitamente por genocidio sino por crímenes contra la humanidad, dentro de los cuales estaban incluidos delitos que calificarían como genocidio.

En el documento mencionado de la ONU aparece una definición descriptiva bastante clara de lo que se debe entender por genocidio, definición que será recogida posteriormente en el Estatuto de Roma (1998), instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional:

«Se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

  1. A) Matanza de miembros del grupo;
  2. B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
  3. C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
  4. D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
  5. E) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».

¿Son los genocidios cosa del pasado? ¿Ha aprendido la humanidad de las lecciones de la historia? Los hubo siempre y en lo que va del siglo XXI siguen ocurriendo, destacando entre ellos el de Darfur (Sudán) perpetrado por los yanyauid, milicianos árabes de tribus de criadores de camellos de etnia árabe, que asesinaron por motivos raciales y étnicos a unos 300,000 miembros de grupos etnolingüísticos saharianos, principalmente agricultores, o el genocidio de los rohinyá, minoría musulmana, en Myanmar, país de mayoría budista, que ya tiene en su haber más de 25,000 muertos y más de 700,000 desplazados.

O lo que está ocurriendo a vista y paciencia de la opinión pública mundial: el genocidio de palestinos en la Franja de Gaza, bajo el argumento de que el Estado perpetrador, Israel, se está defendiendo así del terrorismo, cuando en realidad está haciendo algo muy parecido a lo que hizo el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre, cuando asesinó a unos 1,200 israelíes en territorio de Israel, con la diferencia de que lo actuado por Israel es proporcionalmente mucho peor de lo que hizo Hamás. Y esta acción de Israel está siendo tolerada —si es que no recibe un apoyo total— por parte de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

La situación en Alemania es muy peculiar. Es un país cuyas autoridades perpetraron uno de los mayores genocidios del siglo XX durante el régimen nazi, asesinando a unos seis millones de judíos, siendo uno de los mayores genocidios en número de víctimas durante ese siglo, siendo superados sólo por los genocidios perpetrados por Stalin en la Unión Soviética y Mao Tse-Tung en la República Popular China. La excusa de muchos ciudadanos alemanes fue que no sabían lo que estaba haciendo su gobierno y no pudieron enterarse al respecto, excusa que no se sostiene después de la Noche de los Cristales Rotos, cuando entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938 se atacaron masivamente establecimientos judíos y se incendiaron sinagogas con participación de la Sturmabteilung (SA), fuerza de choque del partido nazi, y la población civil junto con otras organizaciones vinculadas al nazismo, mientras la policía y las fuerzas del orden se limitaban a contemplar lo que sucedía sin intervenir. Poco tiempo después muchos alemanes comenzaron a ver como sus vecinos judíos eran detenidos y no regresaban nunca más. Si bien no se sabía las dimensiones del genocidio que se estaba realizando, era un secreto a voces que la intención de Hitler y sus subalternos era desaparecer a la población judía. Había indicios suficientes de que el Estado estaba cometiendo un crimen, pero la mayoría de la población prefirió ignorar esas señales y tomó la decisión de no saber. Esa voluntad de no saber persistiría incluso después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, hasta que en enero de 1979 se propaló en la televisión alemana la miniserie “Holocausto” (Marvin J. Chomsky, 1978), que constituyó un hito al confrontar a los alemanes con su pasado nazi y permitir un ajuste de cuentas con él, y un afianzamiento de la memoria del Holocausto judío para que un genocidio como ése no vuelva a repetirse.

Sin embargo, lo que constituyó un gran paso adelante parece ser también un obstáculo para reconocer un genocidio cuando es el gobierno de un país habitado por descendientes de víctimas del Holocausto el que comete ese crimen contra la humanidad. Desde que ocurrieron los ataques de Hamás contra Israel, el gobierno de Olaf Scholz y la cúpula de la Unión Europea, liderada por la alemana Ursula von der Leyen, han manifestado su apoyo irrestricto a Israel y defendido su derecho a defenderse de esos ataques. Los medios alemanes han estado atentos a cualquier señal de antisemitismo y han resaltado noticias al respecto, informando escasamente sobre las masacres y el desastre humanitario que Israel está ocasionando en la Franja de Gaza. A lo más se habla de “presunto” genocidio o de acusaciones de este crimen vertidas por los opositores de Israel, aun cuando las evidencias saltan a la vista día a día a través de informes y videos que se propalan en las redes y a pesar de las declaraciones de expertos de la UNO o de representantes de organizaciones como Médicos Sin Fronteras.

La activista sueca Greta Thunberg ha sido criticada por apoyar “unilateralmente” a Palestina, acusándosela de antisemitismo, cuando ella misma ha declarado que no está en contra de los judíos. El 11 de mayo de 2021, mucho antes de los sucesos actuales, ya había escrito en Twitter lo siguiente:

«To be crystal clear: I am not “against” Israel or Palestine. Needless to say I’m against any form of violence or oppression from anyone or any part. And again – it is devastating to follow the developments in Israel and Palestine».

«Para ser claros: No estoy “en contra” de Israel o Palestina. Huelga decir que estoy en contra de cualquier forma de violencia u opresión por parte de cualquiera o de cualquier parte. Y de nuevo, es devastador seguir el desarrollo de los acontecimientos en Israel y Palestina».

Aún así, han habido presiones para que la dirigencia en Alemania de Friday for Future, el movimiento fundado por Greta Thunberg, se distancie de sus declaraciones.

Quien se manifiesta a favor de Palestina en Alemania corre el riesgo de ser tachado de antisemita. A quien menciona los crímenes de guerra cometidos en Gaza por Israel y no menciona los crímenes cometidos por Hamás en Israel, se le tacha de antisemita, sesgado o unilateral. A decir verdad, un genocidio nunca tiene justificación alguna y, por lo mismo, no se requiere mencionar una causa que haya dado pie a que ocurra. No hay motivo valedero que justifique lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Y tampoco hay justificación para el apoyo político y armamentístico que recibe Israel para poder realizar este genocidio efectiva e impunemente.

Que esté ocurriendo actualmente un genocidio tolerado —cubierto por el manto de la indiferencia de muchos— es un signo manifiesto de la pérdida de humanidad de la así llamada civilización occidental.

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Crimen contra la Humanidad, derechos humanos, genocidio, Raphael Lemkin

[ENTREVISTAS] ¿Qué tan inusual es que un país desacate una orden de la CIDH?

En los casos de Venezuela y Nicaragua es frecuente. ¿A eso nos queremos parecer? Lo que estamos haciendo es golpearle la médula a nuestros indicadores de sostenibilidad institucional. Si no respetamos sentencias de los tribunales internacionales, qué clasificador de inversiones extranjeras recomendará invertir en un país que respeta sentencias internacionales solo cuando le da la gana.

¿Liberar a Alberto Fujimori bajo las condiciones en que se realizó afectará la imagen del país?

Eso no es imagen, eso es reputación, lo que es mucho más serio y forma parte de los indicadores en base a los cuales se desarrollan las relaciones internacionales, las políticas y la inversión. Este desacato forma parte de los indicadores que influencian hasta en la tasa de interés de los préstamos. Influencian hasta en la estabilidad de los bonos que puede intentar colocar el Estado en el futuro.

¿El gobierno y el Tribunal Constitucional contaban con argumentos para ignorar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y liberar a Alberto Fujimori?

Bajo ninguna. Porque la falsa doctrina que se ha estado difundiendo con respecto a que las resoluciones de supervisión de sentencia pesan o vinculan menos al Estado que las sentencias mismas no tiene apoyo en ningún precedente del derecho internacional. No tiene apoyo en las prácticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, además, todos los tribunales internacionales tienen procedimientos de supervisión a la ejecución de sus decisiones que permiten hacer cosas como las que hizo la CIDH el 5 de diciembre. Eso en ningún sistema internacional está en discusión. El gobierno sabe que lo que ha perpetrado es un desacato que contradice prácticas establecidas en el derecho internacional y, sin embargo, ha decidido hacerlo.

Usted ha señalado que el argumento de menor fuerza vinculante no podrá ser el camino utilizado para sustentar el desacato a lo ordenado por la CIDH, ¿pero hay otro camino que sí podrían intentar seguir?

No. No hay un solo autor en el derecho internacional sobre procesos ante tribunales internacionales que pretenda válido lo que el gobierno ha hecho. No hay una sola regla que justifique que las resoluciones de los tribunales tengan menos valor que las sentencias. Lo que ha hecho el gobierno es un desacato que va a tener consecuencias. Estos días se ha venido diciendo que no importa, que no es cierto que hay consecuencias y reportar el desacato ante la OEA no significa nada. Pero eso significa el registro de un país que no cumple sentencias internacionales y eso va a ser tenido en cuenta en los clasificadores de riesgo y en cada arbitraje internacional que el estado sostiene en protección de inversiones. Vamos a perpetrar un papelón en la próxima audiencia ante la CIDH . Porque quien ponga la cara simplemente no va a tener nada para decir.

¿Por qué el gobierno de Dina Boluarte no frenó la excarcelación de Fujimori teniendo en cuenta todos los factores mencionados?

Nos lo tendrán que explicar. Lo único que puedo dejar en claro es que el señor Otárola ha sido coautor de trabajos sobre derecho constitucional con uno de los principales expertos de derechos humanos que es Enrique Bernales Ballesteros. No puede pretender desconocer lo que sabe, las reglas del derecho internacional que defendió cuando se adjudicó la primera medida de indulto. Tendrán que explicar por qué están contradiciendo cosas que saben que rigen en el derecho internacional.

El magistrado Manuel Monteagudo declaró que él y otro magistrado no tenían conocimiento del fallo que liberaba a Alberto Fujimori y que este no fue debatido por todos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿esta situación demostraría que se buscaba liberarlo bajo cualquier condición?

Todo el procedimiento ha sido forzado y se pone en evidencia con los tres errores gruesos que han cometido los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han respaldado esta decisión. El primero es que nadie se dio cuenta que el juez de Ica se iba a negar a seguir las instrucciones que públicamente le dieron los tres jueces que se presentaron en medios durante esta crisis. El segundo error es la sentencia que dijeron estar ejecutando es una sentencia del pleno del TC que tenía que ser ejecutada por el pleno del TC y este no fue convocado. El presidente sólo convocó a los magistrados que suscribieron los autos de aclaración que no tienen nada que ver con la libertad de Fujimori y uno no firmó la orden de liberación. Tercero, para ordenar la libertad de una persona que está en la cárcel, las firmas de los magistrados debieron ser registradas en el INPE. Esos tres errores muestran el apresuramiento que tiene una sola explicación: lograr que Fujimori salga de la cárcel antes que la CIDH pueda reaccionar.

¿Estos errores que menciona podrían llevar a que se invalide la decisión de liberar a Alberto Fujimori?

Para eso era la orden provisional de la CIDH que iba a suspender el procedimiento hasta que se llame a una audiencia de supervisión que, no tengo dudas, hubiera concluido que la decisión del Tribunal Constitucional de marzo del 2020, y también la de diciembre, no se podían ejecutar. El camino correcto era suspender el procedimiento.

Debido a que esto no ocurrió, ¿cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

La CIDH llamará a una audiencia en la cual le va a ordenar al Estado suspender la ejecución de la liberación, lo va a reportar a la OEA y va a comenzar este despliegue de las consecuencias en la reputación. El Perú es un estado cuyo gobierno es incapaz de armar una agenda internacional. Qué va a pasar ahora que, además de arrastrar las muertes de diciembre y enero, arrastrará también un desacato a la CIDH.

¿Qué tan probable es que Fujimori vuelva a prisión?

No voy a especular sobre ese extremo. Me preocupa más la situación de los familiares de las víctimas de los crímenes de los años noventa que sufren en carne propia las consecuencias. La situación de Alberto Fujimori no es estable. Algo más tendrá que pasar para darle una forma definitiva a esto. Espero se reconozca el derecho de las víctimas a ser incorporadas en cualquier decisión sobre el destino final de estos casos y se deje de utilizar a Alberto Fujimori como una moneda de cambio cuando es una persona condenada por crímenes que se cometieron durante su gobierno.

Se ha cuestionado que el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se dio en un momento en el cual Fujimori parecía estar agonizando y que, en los años posteriores, su salud se ha mantenido estable, ¿considera que actualmente se reúnen las condiciones para que sea indultado?

Las cuestiones sobre el destino final de un condenado por derechos humanos son muy complejas. Creo que es importante notar que es un hombre de 85 años con salud precaria, pero que tiene una ruta definida por una condena judicial de la que la única inflexión posible se produce a partir del reconocimiento de lo que pasó en sus años de gobierno en materia de derechos humanos y ese reconocimiento supone pedir perdón de manera mínimamente seria a las víctimas. Sobreponer a eso la discusión de su salud como causa de la libertad es eludir el debate sobre las consecuencias de un perdón que no ha pedido seriamente.

¿Perú se expone a algún tipo de sanción?

El derecho internacional no es como el derecho penal. No funciona con cárceles ni policías. Funciona sobre las consecuencias que sus decisiones tienen en la reputación.

La Fiscalía ha solicitado dieciocho meses de prisión domiciliaria para Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca, ¿es un pedido viable?

Es muy poco probable. Estas son cuestiones sobre peligrosidad procesal, capacidad para eludir la justicia o alterar las evidencias de un caso, y Alberto Fujimori, a estas alturas de su vida, está lejos de representar un peligro procesal.

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Alberto Fujimori, derechos humanos, Desacato CIDH, Relaciones Internacionales, Reputación de Perú

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS]  Es imposible hacer ideología en el siglo XXI con los criterios del siglo XX y esto es precisamente lo que me ha venido pasando. Hasta 1989 teníamos más o menos claro lo de capitalismo-democracia vs. comunismo-dictadura del proletariado. Luego, desde dentro, la democracia no necesariamente acompañaba al capitalismo, también lo enfrentaba, lo moderaba, lo atemperaba, podía efectivamente sumarle todo aquello que no tenía de social (Marshall 1998) y detener o moderar sus ansias “salvajes”, que es como una vez lo definió el recordado Papa Juan Pablo II.

Los años maravillosos

Al caer el muro, pasamos, hasta cierto punto, a El Fin de la Historia de Francis Fukuyama (1992). No voy a comentar lo muchísimo de este libro que refuto. Me quedo aquí con la idea, bastante ilusa pero real para sus contemporáneos, de que la democracia y sus derechos se habían impuesto en el mundo como utopía y que solo se quedaron empantanados en la historia, en el tiempo, en lo secular, aquellos países que no la pudieron concretar.

En todo caso, es cierto que, cuando cae el Muro de Berlín, se abre un amplio espacio para la deliberación democrática. Las izquierdas y derechas podían discutir hasta dónde debía llegar el rol del Estado o su intervención en la economía, pero dentro del marco constitucional republicano-liberal, presente en todas las democráticas del mundo y que nadie ponía en discusión.

Nuevos autoritarismos al ataque: nacionalismo y corrección política

Esta situación duró poco. Primero fueron los nacionalismos en Europa. Apenas terminada la Guerra Fría, la de los Balcanes -exYugoslavia-estremeció al mundo, al mismo tiempo que proliferaban nuevas nacionalidades resultantes de las antiguas repúblicas soviéticas y el nacionalismo, como doctrina, comenzó a empoderarse en Europa, lenta pero persistentemente. Este levantó como su bandera principal el rechazo a la migración tercermundista, principalmente la africana y la musulmana (Sartori 2003).

De allí a plantear que las razas no debían mezclarse había solo un paso. En los últimos tiempos, ya Giorgia Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros italiano, en varios de sus discursos, y Marine Le Pen, lideresa de la ultraderecha francesa, hablan de defender la civilización europea de todo aquello que la rodea y amenaza. Las reminiscencias fascistas se presentan por si solas, inclusive en los saludos con el brazo derecho extendido como en el caso de la activista española Isabel Peralta.

A la izquierda, las cosas también se radicalizaron y los grandes sacrificados fueron el disenso/consenso, la tolerancia y el espíritu democrático. Los derechos finalmente conquistados y universalizados tras el derrumbe del bloque socialista devinieron de pronto en autoritarismo jacobino. Le llamaron dictadura de la corrección política; en otras palabras, no podías pensar, ni mucho menos expresarte extramuros de ciertas premisas porque corrías el riesgo de ser rechazado por tu entorno. Esto sucedió mucho en ámbitos académicos, intelectuales y artísticos (Fernández Riquelme 2020).

Recién le pasó al eurodiputado de la ultraconservadora Vox Hermann Tertsch, quien defendió la dictadura de Augusto Pinochet en el Parlamento Europeo. Sus colegas del PSOE pidieron drásticas sanciones para el parlamentario. A mí me parece deplorable la dictadura de Pinochet, y más negar que Salvador Allende fuese su víctima, pero lo que aparentemente olvidaron los representantes del socialismo español es que buscaban aplicarle a Tertsch sanciones en contra de la libertad de conciencia bastante parecidas a las que el dictador chileno le impuso a sus opositores.

Está claro que los referidos políticos españoles, ni asesinan, ni desaparecen ciudadanos en virtud de sus ideas, pero a François-Marie Arouet, Voltaire se le adjudica la frase «Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo» y este precepto parece haber sido olvidado por los nuevos progresismos radicales que se han posicionado por todo el planeta.

Y así se popularizó el triste hábito de prohibir, de cancelar, de desaparecer todo lo que, en el lenguaje, en la historia, en la literatura y hasta en lo cotidiano pudiese amenazar el nuevo pensamiento emergente ante cuya arremetida colapsaron las fronteras de la democracia y los derechos fundamentales que consagró la ONU en 1948.

La 4ta ola del feminismo: de la igualdad a la lucha contra el patriarcado

Las luchas de las mujeres por sus derechos, junto a la de los colectivos LGTBI constituyen un punto de inflexión en la configuración de la izquierda del siglo XXI. Casi podríamos afirmar que representan su ala dominante. Desde estas líneas nos mostramos favorables a la igualdad entre mujeres y hombres, deploramos toda forma de abuso en contra de la mujer y nos manifestamos a favor de que las personas LGTBI posean los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.

El problema se ha manifestado en la radicalidad de los programas ideológicos y plataformas de lucha de estos colectivos que parten de la premisa de que el capitalismo es un sistema por definición patriarcal que debe ser suprimido para ser reemplazado por otro. Desde este punto de partida, inclusive la democracia, como hoy la entendemos, no sería suficiente por favorecer al hombre y, por consiguiente, es susceptible, o de ser revocada o de ser sometida a reformas radicales. Como el movimiento feminista prioriza lo cultural vinculado a la conciencia de una situación dada, se plantea además la reeducación de los seres humanos conforme a su propia concepción del mundo (Varela 2023).

Como ya hemos sostenido, nosotros defendemos la igualdad total y afirmamos que, en tal sentido, debe perfeccionarse la democracia: hombres y mujeres poseen y disfrutan, o deben poseer y disfrutar, de las mismas salvaguardas constitucionales, incluidos el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, lo mismo los colectivos LGTBI. Estos derechos son inalienables al individuo y deben ser preservados por encima de cualquier otra consideración, no son negociables.

Por ello, violentar ciudadanos a través del linchamiento y el escarnio públicos desde las redes sociales, en lo que se conoce como ciberfeminismo, supone transgredir las fronteras del Estado de Derecho, así como flirtear con el autoritarismo como medio político para alcanzar metas específicas. El derecho a la justicia es también inalienable y solo el Estado tiene la facultar de impartirla, no la muchedumbre, presencial, en turba, o a través de las redes sociales.

Reacción conservadora con Biblia a la mano

El avance del progresismo radical, como lo denomina el nuevamente citado Francis Fukuyama (2023) en su reciente libro El Liberalismo y sus desencantados, ha generado una reacción conservadora que no es menos radical. Esta propone defender a la familia tradicional, padre madre e hijos, del “lobby feminista y LGTBI” y, para hacerlo, ha desatado una virulenta campaña en la que se confunden elementos jurídicos, ideológicos y teológicos.

En tal sentido, la denostación de las personas LGTBI y una muy mal disimulada misoginia, se han difundido abierta y descaradamente desde el otro extremo del tablero, adornados, inclusive, con versículos bíblicos y amenazas de castigos infernales. Así, entre intentos de prohibición de la libre expresión y su máxima exacerbación, la que se expresa en la destrucción del oponente a través del epíteto y de la descalificación, asistimos, con aburrida indiferencia, a la muerte de la democracia.

En España y América Latina, por sus enraizadas tradiciones católicas, estos movimientos conservadores se han diseminado rápida y masivamente, abarcando inclusive todos los espectros del abanico ideológico tradicional, como sucede en el caso peruano. En Perú, la alianza parlamentaria dominante reúne a Fuerza Popular, partido de derecha conservadora y a Perú Libre, movimiento de izquierda radical. ¿Qué los une? Que para la izquierda radical peruana no existe contradicción entre la lucha en pro de reivindicaciones populares y la oposición a agendas culturales como las de los colectivos feministas y LGTBI. ¿Qué los caracteriza? Ser plebiscitaristas, es decir, si son mayoría entonces pueden revertir siglos de desarrollo constitucional, entiéndase, pueden cancelar derechos fundamentales u oponerse, como lo hacen militantemente, a la conquista de otros, como el matrimonio LGTBI, el que, en el Perú, sigue durmiendo el sueño de los justos.

Como he mencionado en otras entregas, el mayor ejemplo del rechazo conservador al progresismo radical es Chile. Este país sudamericano el año pasado desaprobó abrumadoramente un proyecto constituyente en cuyo texto se trocaron las demandas por mejoras socioeconómicas de la población por las agendas de las vanguardias feminista y LGTBI, lo que, a juzgar por los resultados, resulto un exceso y un gigantesco error. Lo más lamentable de esta derrota es que las reformas sociales por las que clamaron los chilenos quedaron sin hacerse y un nuevo proyecto constitucional, de corte conservador, podría ser aprobado el siguiente domingo 17 de diciembre. Si suceden así las cosas, Chile habría perdido soga y cabra.

¿La democracia como utopía?

Comencé estas líneas señalando que no se podía hablar de política en el siglo XXI con los códigos del siglo XX, y yo soy un hombre del siglo XX. ¿Qué decide el voto hoy? ¿Qué consideraciones tiene en cuenta el ciudadano al momento de elegir a sus gobernantes?

Un fenómeno global, con diferentes aristas, pero básicamente similar en todo el orbe, es que estamos votando por propuestas y consignas culturales cuyo denominador común es lo poco que importa el respeto a la democracia situada en el marco de sus constituciones las que se sostienen en los derechos fundamentales. Esta realidad posee un elemento paradójico pues difícilmente la cuestión de la inmigración en Europa o el matrimonio gay en los países de América Latina decidirá la mejora de la calidad y las condiciones de vida de los ciudadanos. Talvez el tema que atañe el feminismo radical pudiese ser el más relevante en el debate contemporáneo toda vez que apunta a modificaciones estructurales en el esquema de la sociedad.

En todo caso, si algo nos demuestra esta reflexión es lo muy equivocado que estuvo Marx al señalar que la cultura se subordina a la economía. Esos tiempos pasaron; en días en los que los jóvenes pasan la mayor parte de sus horas conectados a la red y los adultos también, son otras dimensiones las que se abren paso. Estas van convirtiendo al imaginario en realidad sin que apenas nos demos cuenta. Creo que, junto a la revolución de las máquinas, de la virtualidad y de la inteligencia artificial, estamos ya inmersos en una guerra cultural que hoy se libra desde extremos irreconciliables.

Pensaba concluir esta digresión con algún llamado a recuperar los valores democráticos perdidos, lo que hubiese implicado proponer que la salida a esta crisis paradigmática se sitúa en la vuelta al pasado. Algunas veces ha ocurrido, hay futuros no iguales, pero sí parecidos a ciertos pasados y la historia, como la economía cíclica del ruso Nikolái Dimitrievich Kondrátiev o el tiempo pendular del italiano Giambattista Vico, va y viene, como las olas del mar.

Sin embargo, creo que al conflicto actual tendrá que reemplazarlo un nuevo sentido común, una nueva estabilidad, pero esta solo durará un tiempo determinado. Cuánta razón tuvieron Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con su dialéctica, y Víctor Raúl Haya de la Torre -aunque a algunos les moleste que lo cite- con su devoción por el cambio y las grandes coyunturas mundiales.

Ese hombre, ninguneado en su propio país, comprendió que la Segunda Guerra Mundial abría necesariamente un nuevo paradigma (1946) y que había que adaptar el pensamiento a los nuevos tiempos. Además, coligió que el cambio prevalecía sobre la historia y, por consiguiente, sobre la teoría, la interpretación y el conocimiento. Ya lo había anticipado en su Sinopsis Filosófica del Aprismo, cuando finalmente se separa del marxismo, publicado en la Revista Claridad de Buenos Aires en 1936 y luego reproducido como primer capítulo de su Espacio Tiempo Histórico (1948).

Las ideologías de hoy no son las de la pasada centuria. Por ello, en estas líneas les dejo sus principales derroteros, porque al centro político no lo vamos a encontrar volviendo al republicanismo liberal del siglo XX, sino buscando los equilibrios de los que hoy carecen las doctrinas del siglo XXI.

Bibliografía:

Fernández Riquelme, Sergio. Sobre la corrección política. En La Controversia, Julio 16, 2020.

Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el último hombre. Barcelona, Editorial Planeta, 1992.

Fukuyama Francis. El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales. Bogotá, Ariel, 2023.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. Y después de la Guerra ¿Qué? Lima, Editorial PTCM, 1946.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. Espacio Tiempo Histórico. Lima, Ediciones La Tribuna, 1948.

Marshall T.H. Ciudadanía y Clase Social. Madrid, alianza Editorial, 1998.

Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, México, Taurus, 2003

Varela, Nuria. Feminismo. La cuarta Ola. México, Penguin, 2023

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[PIE DERECHO] Más allá de los cuestionamientos legítimos al modo de haber procedido con el indulto a Alberto Fujimori, que ya hemos planteado en esta columna, la pregunta de rigor es qué implicancias va a tener en el ámbito político y eventualmente electoral.

Por lo pronto, queda claro que el indulto, por más pronunciamientos de la Corte Interamericana que hayan, no va a mover la aguja del gobierno, más interesado en mantener sus relaciones políticas con la bancada fujimorista y las de derecha en paz suficiente, como para asegurar la permanencia de la presidenta hasta el 2026.

¿La salida de Alberto Fujimori reactivará el kraken antifujimorista? Sí, sin duda, pero a despecho de ello, ya era un monstruo políticamente debilitado, que no impidió que Keiko Fujimori estuviera a punto de ganar las elecciones tres veces y que, en la última ocasión, más que haber sido el factor determinante, lo fuera el voto antiestablishment de Pedro Castillo, el mismo que lo encumbró al poder.

A Fujimori padre, más lo recuerdan en los sectores populares por haber derrotado al terrorismo, por haber sacado al país de la mega crisis económica de los 80 y por la inmensa red de micro obras que desperdigó por todo el territorio nacional. El pasivo de la corrupción ha sido diluido por la hallada a todos los presidentes de la transición y el de los derechos humanos ya ha demostrado no ser eficaz electoralmente (si no, no hubiérase votado por Ollanta Humala, y hasta la izquierda lo hizo sin remilgos, a pesar de las denuncias de Madre Mía).

Es un bonus track para Keiko la libertad de su padre, más aún teniendo en cuenta que lo más probable es que luego de período de silencio estratégico, el exgobernante decida participar desde fuera (no va a ser candidato a nada, suponemos) en la campaña venidera.

Así se entiende, de paso, la histérica reacción de algunos operadores de López Aliaga, contra el indulto, producto de que el burgomaestre limeño se veía ya como el único representante de la derecha en las elecciones del 2026, y este probable upgrade de Keiko Fujimori lo coloca nuevamente en lugar secundario.

Al alimón, esta situación cambia o acota el escenario probable, al que nos encaminábamos a paso firme, de tener una definición electoral entre dos candidatos de izquierda radical, dada la pasmosa fragmentación del centro y la derecha. Por lo pronto, es más probable que la derecha se realinee, que haya aglomeraciones del amplio espectro fujimorista bajo la invocación del padre fundador, y que Keiko Fujimori, salvo que haya sorpresas imprevistas (como que a su progenitor se le ocurra irse del país), se vuelva a recolocar en el partidor protagónico.

 

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[PIE DERECHO]  Al final de la jornada de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que requiere al Estado del Perú que, “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú (TC), del 4 de diciembre del 2023, en la que se dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del 2022”.

El indulto amañado por el Tribunal Constitucional ha procedido de manera harto irregular. Como bien ha señalado el magistrado Manuel Monteagudo, quien no fuera consultado de la resolución del TC, “todo esto requería un pronunciamiento de fondo que tuviera en cuenta los estándares del sistema interamericano, la legislación peruana, la Constitución. Como lo dije también, no está excluida la posibilidad de acoger una solicitud de indulto, pero con los criterios que correspondan en nuestro ordenamiento”.

Había varios caminos para conseguir la libertad de Fujimori. Uno de ellos era volver a plantear el indulto humanitario, con estándares adecuados. Otro, que el Congreso modificara las leyes para permitir salidas penitenciarias a personas de cierta edad con problemas de salud. Pero no, en lugar de la puerta grande jurídica, se optó por la puerta falsa, y hoy eso coloca al Estado peruano ante la tesitura de desacatar abiertamente el ordenamiento internacional que nuestro texto constitucional reconoce.

Muchos cuestionan con razón la sentencia del juez San Martín contra Fujimori, que con una argucia legal le endilgó delitos de lesa humanidad que no solo no estaban contemplados en nuestro orden legal de entonces sino que no encajarían en los delitos efectivamente cometidos por el expresidente.

Ello es inexpugnable, pero sí podría alimentar consideraciones éticas para otorgarle la libertad a Fujimori, a contrapelo de las comprensibles resistencias de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta o los organismos de derechos humanos. Pero ese procedimiento justiciero no puede tramitarse de la forma como se ha querido hacer y por ello, ahora, coloca al gobierno ante una disyuntiva legal insalvable, ya que no puede desconocer impunemente la autoridad de la Corte.

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[EN LA ARENA] Una semana atrás el Congreso aprobó por insistencia el Proyecto de Ley que reconoce los derechos del concebido. Aprobar por insistencia significa que aunque el poder ejecutivo lo rechazó, el pleno del congreso volvió a votar a favor de su promulgación. Como este proyecto atenta directamente contra el derecho al aborto terapéutico e implica cambiar el Código Civil y toda la legislación vinculada, ya se habían pronunciado instituciones como la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con sustento en determinaciones del Tribunal Constitucional. Cada una de estas organizaciones había emitido informes de rechazo con impecable argumentación jurídica y sin embargo, 73 congresistas prefirieron optar por la sustentación que presentó Milagros Jáuregui, la pastora evangélica de Araujo, para atacar nuevamente los derechos de nuestras niñas, de aquellas que crecieron en duros entornos de abuso sexual.

Si 73 congresistas peruanos prefieren hoy argumentación religiosa, ¿alguna vez conseguimos que un “espíritu laico” primara en nuestra normativa social? Si miramos los últimos cien años de búsqueda de modernidad, muchos de nuestros partidos políticos estuvieron vinculados con la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, o con órdenes religiosas de violenta tradición conservadora. Los protestantes, por razones de convenios políticos con sus países,  participaron de muchos proyectos estatales de desarrollo, pero no tuvieron mayor protagonismo político, aunque sí influencia ideológica, como en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo la directa irrupción de la religión y del cristianismo en la política peruana comenzó en 1990 cuando ingresaron los evangélicos con sus propias organizaciones políticas al Congreso.

Las iglesias evangélicas (a diferencia de las protestantes que llegaron con los colonizadores europeos de Estados Unidos) nacieron y se expandieron por todo el continente americano a lo largo del siglo pasado, derivando algunas de ellas en el movimiento que hoy se denomina Neopentecostal. Este movimiento religioso y político está compuesto por empresas familiares de fe lideradas por la sus pastores. En sus sermones utilizan fragmentos de la Biblia sin contexto, sin sustento teológico o ético, pero con la fuerza para atraer y crear redes sociales y económicas a las que añaden poder político. Su discurso sustenta el libre emprededurismo, la disminución del control estatal y la estratégica negación un conjunto de derechos humanos para el sometimiento de amplios sectores excluidos de la población. Por eso ha resultado muy sencillo establecer en todo el continente alianzas políticas y económicas entre el Estado, el diezmo de sus fieles y los emprendimientos de narcotraficantes, servicios paramilitares y diversas formas de lavado de activos. La congresista Milagros Jáuregui y su esposo, conocidos como los Araujo, tienen su propia iglesia evangélica. Ella sólo terminó el colegio y hoy es una exitosa pastora. Es congresista porque fue la segunda en la lista de Renovación Popular, el partido de Rafael López, el católico alcalde de Lima que más ha invertido en participar de eventos en contra del aborto en la historia de la capital. Esa es nuestra realidad política.

Dudo que existan países en los que las ideologías (aquellos conjuntos de principios que proponen los partidos políticos como base para la convivencia social) puedan estar realmente libres de afinidades religiosas, pero al otro extremo hay algunos estados, como Israel o la India que aún basan su sistema de justicia en normativa religiosa. Pareciera que el sueño moderno de un estado laico se ha podido establecer en muy pocos países, a lo que cabe sumar que algunas ideologías, sobre todo las totalitarias, culminan en éxtasis religiosos narcisistas que imponen creencias sin mayor sustento que el de surgir de su autor, como el presidente Bukele en el país, que no casualmente, se llama El Salvador.

En el Perú ya hemos visto que hay políticos que hasta monumento a sí mismo se han levantado. Otros han planteado por escrito la creación de una nueva religión étnica. Los nuevos partidos se reúnen para orar y los viejos, como el Partido Aprista y Acción Popular, de pobre postura religiosa y sin líder narcisista, ya quedaron en abandono. Si queremos replantear nuestro sistema político, debemos partir de que aquí, como en todo el continente, la religión, el abuso y la política han resultado inseparables, por encima de cualquier proyecto de gobernabilidad. Mientras no resolvamos este dilema, nuestros derechos, los de nuestras niñas y niños permanecerán acosados.

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