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[PIE DERECHO] Más allá de los cuestionamientos legítimos al modo de haber procedido con el indulto a Alberto Fujimori, que ya hemos planteado en esta columna, la pregunta de rigor es qué implicancias va a tener en el ámbito político y eventualmente electoral.

Por lo pronto, queda claro que el indulto, por más pronunciamientos de la Corte Interamericana que hayan, no va a mover la aguja del gobierno, más interesado en mantener sus relaciones políticas con la bancada fujimorista y las de derecha en paz suficiente, como para asegurar la permanencia de la presidenta hasta el 2026.

¿La salida de Alberto Fujimori reactivará el kraken antifujimorista? Sí, sin duda, pero a despecho de ello, ya era un monstruo políticamente debilitado, que no impidió que Keiko Fujimori estuviera a punto de ganar las elecciones tres veces y que, en la última ocasión, más que haber sido el factor determinante, lo fuera el voto antiestablishment de Pedro Castillo, el mismo que lo encumbró al poder.

A Fujimori padre, más lo recuerdan en los sectores populares por haber derrotado al terrorismo, por haber sacado al país de la mega crisis económica de los 80 y por la inmensa red de micro obras que desperdigó por todo el territorio nacional. El pasivo de la corrupción ha sido diluido por la hallada a todos los presidentes de la transición y el de los derechos humanos ya ha demostrado no ser eficaz electoralmente (si no, no hubiérase votado por Ollanta Humala, y hasta la izquierda lo hizo sin remilgos, a pesar de las denuncias de Madre Mía).

Es un bonus track para Keiko la libertad de su padre, más aún teniendo en cuenta que lo más probable es que luego de período de silencio estratégico, el exgobernante decida participar desde fuera (no va a ser candidato a nada, suponemos) en la campaña venidera.

Así se entiende, de paso, la histérica reacción de algunos operadores de López Aliaga, contra el indulto, producto de que el burgomaestre limeño se veía ya como el único representante de la derecha en las elecciones del 2026, y este probable upgrade de Keiko Fujimori lo coloca nuevamente en lugar secundario.

Al alimón, esta situación cambia o acota el escenario probable, al que nos encaminábamos a paso firme, de tener una definición electoral entre dos candidatos de izquierda radical, dada la pasmosa fragmentación del centro y la derecha. Por lo pronto, es más probable que la derecha se realinee, que haya aglomeraciones del amplio espectro fujimorista bajo la invocación del padre fundador, y que Keiko Fujimori, salvo que haya sorpresas imprevistas (como que a su progenitor se le ocurra irse del país), se vuelva a recolocar en el partidor protagónico.

 

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[PIE DERECHO]  Al final de la jornada de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que requiere al Estado del Perú que, “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú (TC), del 4 de diciembre del 2023, en la que se dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del 2022”.

El indulto amañado por el Tribunal Constitucional ha procedido de manera harto irregular. Como bien ha señalado el magistrado Manuel Monteagudo, quien no fuera consultado de la resolución del TC, “todo esto requería un pronunciamiento de fondo que tuviera en cuenta los estándares del sistema interamericano, la legislación peruana, la Constitución. Como lo dije también, no está excluida la posibilidad de acoger una solicitud de indulto, pero con los criterios que correspondan en nuestro ordenamiento”.

Había varios caminos para conseguir la libertad de Fujimori. Uno de ellos era volver a plantear el indulto humanitario, con estándares adecuados. Otro, que el Congreso modificara las leyes para permitir salidas penitenciarias a personas de cierta edad con problemas de salud. Pero no, en lugar de la puerta grande jurídica, se optó por la puerta falsa, y hoy eso coloca al Estado peruano ante la tesitura de desacatar abiertamente el ordenamiento internacional que nuestro texto constitucional reconoce.

Muchos cuestionan con razón la sentencia del juez San Martín contra Fujimori, que con una argucia legal le endilgó delitos de lesa humanidad que no solo no estaban contemplados en nuestro orden legal de entonces sino que no encajarían en los delitos efectivamente cometidos por el expresidente.

Ello es inexpugnable, pero sí podría alimentar consideraciones éticas para otorgarle la libertad a Fujimori, a contrapelo de las comprensibles resistencias de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta o los organismos de derechos humanos. Pero ese procedimiento justiciero no puede tramitarse de la forma como se ha querido hacer y por ello, ahora, coloca al gobierno ante una disyuntiva legal insalvable, ya que no puede desconocer impunemente la autoridad de la Corte.

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[EN LA ARENA] Una semana atrás el Congreso aprobó por insistencia el Proyecto de Ley que reconoce los derechos del concebido. Aprobar por insistencia significa que aunque el poder ejecutivo lo rechazó, el pleno del congreso volvió a votar a favor de su promulgación. Como este proyecto atenta directamente contra el derecho al aborto terapéutico e implica cambiar el Código Civil y toda la legislación vinculada, ya se habían pronunciado instituciones como la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con sustento en determinaciones del Tribunal Constitucional. Cada una de estas organizaciones había emitido informes de rechazo con impecable argumentación jurídica y sin embargo, 73 congresistas prefirieron optar por la sustentación que presentó Milagros Jáuregui, la pastora evangélica de Araujo, para atacar nuevamente los derechos de nuestras niñas, de aquellas que crecieron en duros entornos de abuso sexual.

Si 73 congresistas peruanos prefieren hoy argumentación religiosa, ¿alguna vez conseguimos que un “espíritu laico” primara en nuestra normativa social? Si miramos los últimos cien años de búsqueda de modernidad, muchos de nuestros partidos políticos estuvieron vinculados con la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, o con órdenes religiosas de violenta tradición conservadora. Los protestantes, por razones de convenios políticos con sus países,  participaron de muchos proyectos estatales de desarrollo, pero no tuvieron mayor protagonismo político, aunque sí influencia ideológica, como en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo la directa irrupción de la religión y del cristianismo en la política peruana comenzó en 1990 cuando ingresaron los evangélicos con sus propias organizaciones políticas al Congreso.

Las iglesias evangélicas (a diferencia de las protestantes que llegaron con los colonizadores europeos de Estados Unidos) nacieron y se expandieron por todo el continente americano a lo largo del siglo pasado, derivando algunas de ellas en el movimiento que hoy se denomina Neopentecostal. Este movimiento religioso y político está compuesto por empresas familiares de fe lideradas por la sus pastores. En sus sermones utilizan fragmentos de la Biblia sin contexto, sin sustento teológico o ético, pero con la fuerza para atraer y crear redes sociales y económicas a las que añaden poder político. Su discurso sustenta el libre emprededurismo, la disminución del control estatal y la estratégica negación un conjunto de derechos humanos para el sometimiento de amplios sectores excluidos de la población. Por eso ha resultado muy sencillo establecer en todo el continente alianzas políticas y económicas entre el Estado, el diezmo de sus fieles y los emprendimientos de narcotraficantes, servicios paramilitares y diversas formas de lavado de activos. La congresista Milagros Jáuregui y su esposo, conocidos como los Araujo, tienen su propia iglesia evangélica. Ella sólo terminó el colegio y hoy es una exitosa pastora. Es congresista porque fue la segunda en la lista de Renovación Popular, el partido de Rafael López, el católico alcalde de Lima que más ha invertido en participar de eventos en contra del aborto en la historia de la capital. Esa es nuestra realidad política.

Dudo que existan países en los que las ideologías (aquellos conjuntos de principios que proponen los partidos políticos como base para la convivencia social) puedan estar realmente libres de afinidades religiosas, pero al otro extremo hay algunos estados, como Israel o la India que aún basan su sistema de justicia en normativa religiosa. Pareciera que el sueño moderno de un estado laico se ha podido establecer en muy pocos países, a lo que cabe sumar que algunas ideologías, sobre todo las totalitarias, culminan en éxtasis religiosos narcisistas que imponen creencias sin mayor sustento que el de surgir de su autor, como el presidente Bukele en el país, que no casualmente, se llama El Salvador.

En el Perú ya hemos visto que hay políticos que hasta monumento a sí mismo se han levantado. Otros han planteado por escrito la creación de una nueva religión étnica. Los nuevos partidos se reúnen para orar y los viejos, como el Partido Aprista y Acción Popular, de pobre postura religiosa y sin líder narcisista, ya quedaron en abandono. Si queremos replantear nuestro sistema político, debemos partir de que aquí, como en todo el continente, la religión, el abuso y la política han resultado inseparables, por encima de cualquier proyecto de gobernabilidad. Mientras no resolvamos este dilema, nuestros derechos, los de nuestras niñas y niños permanecerán acosados.

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[ENTRE BRUJAS] Según los registros del Ministerio de la Mujer, se han perpetrado 122 feminicidios y 192 tentativas de este crimen en lo que va del año.

Este es un crimen específico que insta al Estado a evaluar el contexto de violencia de género que prevalece en nuestro país.

No se trata de cualquier crimen, como algunos sectores intentan sugerir tendenciosamente para deslegitimar esta lucha. El Feminicidio es el asesinato de una mujer movilizado por un contexto de violencia de género, donde subyacen la afirmación de roles sexistas y el deseo de control de las decisiones, la sexualidad, la autonomía y vida de la víctima.

Este tipo penal fue incorporado en nuestro marco jurídico en 2013 como delito autónomo y ha experimentado varias modificaciones para definir adecuadamente el delito y operacionalizar lo que significa «un contexto de violencia de género.»

Aunque la mayoría de casos en nuestro país son feminicidios íntimos, es decir, donde el agresor es pareja o expareja de la víctima, existen otros tipos de feminicidio en los que el criminal no necesariamente mantiene una relación.

Por ejemplo, los casos de acoso y hostigamiento sexual, incluso perpetrados por desconocidos hacia las víctimas.

Hoy, un Tribunal Simbólico Contra el Feminicidio, organizado por «Familias Unidas por Justicia,» ha dado voz a madres y padres de víctimas; como un mecanismo para dar voz a quienes ya no la tienen.

En este espacio, ha quedado claro que la impunidad es un lamentable denominador común. Los familiares, que según los estándares de derechos humanos también son víctimas, reviven el dolor cuando sienten el olvido y la indiferencia de las autoridade.

Este Tribunal simbólico ha determinado que el feminicidio es un crimen pluriofensivo, ya que no solo vulnera el derecho a la vida, sino que también atenta contra el principio de igualdad y no discriminación.

Además, se ha evidenciado que el Estado no actúa con la debida diligencia reforzada, un estándar fundamental en materia de violencia de género, vinculante y desarrollado en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.

Esto significa que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con mayor prontitud y celeridad en la atención e investigación, incorporando el análisis de contexto y rechazando la influencia de estereotipos de género en los procesos.

La indiferencia judicial en los casos de violencia hacia las mujeres incrementa el sufrimiento de las víctimas que han logrado sobrevivir a las agresiones y de los familiares que buscan justicia.

Entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808,483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, enmarcados en la Ley N° 30364. En ese mismo periodo, apenas el 0.044% (354) obtuvo una sentencia

Hoy luego de escuchar a las madres, me quedó con su clamor de justicia y su dolor por la impunidad. Tal como ellas lo señalaron, «Ojalá que esto no fuera solo simbólico» «Queremos justicia”.

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[EN EL PUNTO DE MIRA] Según reportes internacionales sobre violación sexual, somos el tercer país a nivel mundial; y el segundo a nivel sudamericano. ¡Qué situación para más alarmante! Me preocupa por el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad enferma y propensa a estos delitos. Y no solo eso, en muchos casos estos delitos quedan impunes.

¿Qué hace el Estado para erradicar esta situación? Realmente, muy poco. Hay trabajos de sensibilización desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero es insuficiente. Muy insuficiente. Los teléfonos para las denuncias, la mayoría de veces, no están disponibles. Y sus acciones son muy poco visibles. Aparecen solo cuando sucedieron las violaciones y los asesinatos.

Hay que decir la verdad: el Estado ha perdido autoridad y el monopolio de la violencia. Ya no inspira respeto. Esto no solo pasa en el Perú, lo pude apreciar también en varios países occidentales que tuve la oportunidad de conocer, pero con el detalle de que en aquellos países se toman medidas severas para intentar remediar la autoridad estatal.

Debemos poner sobre el tapete las fórmulas para combatir la guerra psicológica y material en la que nos pone esta situación de enfermedad social. ¿Qué medidas tomar? Aparte de las medidas de prevención, hay que poner al debate público la castración o la pena de muerte para estos sujetos. Hay que combatirlos, generar en estos seres abominables sensación de zozobra y arrinconamiento. Dirán: ¿y los derechos humanos? Pues les respondo: derechos humanos para los que creen.

Aparte de ello, el Estado debe establecer políticas de salud mental y de género como políticas transversales a los ámbitos nacionales, regionales y locales. Es prioritario. Para el desarrollo económico de un país necesitamos capital humano con dignidad y en buenas condiciones de salud mental.

¡Es lo que corresponde!

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Mientras subsista una Palestina oprimida, no habrá un Israel en paz. No hay justificación alguna a la salvajada perpetrada por el grupo terrorista Hamás, pero debe hablarse de lo sucedido poniéndolo en contexto explicativo.

Palestina viene soportando desde hace décadas la violación sistemática de los derechos humanos de su población por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, que, más aún cuando asume el poder la extrema derecha -como es el caso ahora con Netanyahu- exacerban la represión.

La extrema derecha israelí -porque no es toda la población judía la que piensa así- quiere desaparecer a Palestina del mapa, sin importar las consecuencias ni los límites que el derecho internacional impone.

Los radicales palestinos -que tampoco es toda la población palestina- se retroalimenta de ello y así logran la hegemonía violentista que una vez más se ha desatado.

No habrá paz en el Medio Oriente mientras los países árabes no reconozcan al Estado de Israel, así como no la habrá mientras Israel no reconozca el derecho palestino a ser un Estado soberano, con sus fronteras originales ya fijadas por la ONU, al que no puede humillar y agredir cotidianamente, en base exclusivamente a su mayor poder militar, porque no lo ampara ningún derecho histórico para la disolución de su vecino palestino.

Es un conflicto al que el mundo no puede mirar de soslayo. Tal como están dadas las cosas en el nuevo orden mundial multipolar, una escalada militar que exceda los límites de lo admisible puede comprometer a otras naciones y ascender a un conflicto multilateral, si no se actúa con inteligencia y mesura.

Hoy Occidente debería ser el primero en presionar a Netanyahu para que no aproveche la infeliz circunstancia ocurrida hace algunos días para fortalecerse internamente y desplegar una estrategia militar sobredimensionada contra población civil inocente del lado palestino, porque quizás podrá lograr sus objetivos militares en el corto plazo, pero, muy lejos de haber sembrado la paz en la región, habrá abierto un periodo de violencia sin límites a la vista.

Así como la violencia histórica original empezó por la reticencia del mundo árabe a la sola existencia de Israel, lo que era un descomunal despropósito, hoy la misma transita por la torva vocación expansionista y xenófoba de la ultraderecha israelí que no quiere reconocer el legítimo derecho palestino a su existencia política como nación soberana.

Ojalá los raptos de lucidez de uno y otro bando se impongan sobre los halcones de la guerra, que, tranquilos ellos, mandan a morir a miles de ciudadanos sin importar el dolor presente y las consecuencias futuras de los desmanes mutuos.

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Conflicto Israel y Palestina, derechos humanos, ONU, Paz en Medio Oriente

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.

En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.

Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.

De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.

¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?

La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.

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Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.

A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.

Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.

Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.

En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.

Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.

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Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[TIEMPO DE MILLENNIALS] La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.

Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.

Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.

Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.

El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.

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