derechos humanos

Incendios: verdad y memoria

Por: 18.02.2025

[La columna deca(n)dente] El sábado pasado, los estudiantes del octavo ciclo de Artes Escénicas de la PUCP culminaron una breve temporada de «Incendios», la obra de Wajdi Mouawad, con una soberbia y conmovedora puesta en escena. Incendios es un poderoso testimonio sobre las consecuencias de la guerra y la importancia de la memoria y la búsqueda de la verdad. A través de la historia de Nawal y sus hijos, Jeanne y Simon, el texto explora cómo los conflictos armados no solo destruyen vidas, sino que también fracturan identidades y dejan cicatrices que atraviesan generaciones.

La trama comienza con un legado póstumo: Nawal, una mujer que huyó de un país en guerra, deja a sus hijos dos cartas que deben entregar a un padre que creían muerto y a un hermano del que nunca supieron. Este encargo desencadena un viaje físico, emocional y moral para Jeanne y Simon, quienes se ven obligados a adentrarse en un pasado marcado por la violencia, la traición y el sufrimiento. La pieza teatral plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es mejor dejar el pasado enterrado o es imperativo desenterrarlo, por doloroso que sea?

Mouawad no presenta soluciones sencillas. En cambio, muestra que la búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, es esencial para sanar las heridas del pasado. Nawal, como personaje central, encarna esta lucha, pero también la resistencia y las cicatrices que deja la guerra. A través de su historia, la obra nos recuerda que la memoria no es solo un acto individual, sino colectivo. Los conflictos armados, internos o externos, no solo afectan a quienes las viven directamente; sus consecuencias se extienden a las generaciones futuras, que heredan el trauma y la responsabilidad de recordar.

Sin embargo, la memoria no es un acto pasivo. En Incendios, la verdad no se revela de manera fácil o lineal. Jeanne y Simon deben reconstruir la historia de su madre a partir de fragmentos, testimonios y documentos. Este proceso refleja la dificultad de acceder a la verdad en contextos de violencia y opresión, donde los registros históricos suelen ser incompletos o manipulados. La obra nos recuerda que la memoria es un acto de resistencia contra el olvido y la deshumanización que traen consigo los conflictos armados.

Pero la búsqueda de la verdad también tiene un costo emocional. Para Jeanne y Simon, descubrir el pasado de su madre significa enfrentarse a realidades que desafían su comprensión del mundo y de sí mismos. Mouawad nos confronta con otra pregunta crucial: ¿estamos preparados para asumir las consecuencias de conocer la verdad? El texto sugiere que, aunque el conocimiento puede ser doloroso, es preferible a vivir en la ignorancia. La verdad, por dura que sea, nos permite entender quiénes somos y de dónde venimos.

En un mundo donde las guerras siguen siendo una realidad, Incendios adquiere una relevancia particular. La obra nos recuerda que la memoria no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta para evitar que los errores del pasado se repitan. Al recordar a las víctimas de los conflictos armados y al confrontar las verdades incómodas, honramos su legado y construimos un futuro más consciente y compasivo.

Por último, la poeta Wislawa Szymborska nos recuerda en “Fin y principio” que con el tiempo, la memoria de lo ocurrido se desvanece: «Aquellos que sabían / de qué iba aquí la cosa / tendrán que dejar su lugar / a los que saben poco. / Y menos que poco. / E incluso prácticamente nada”. En Incendios, la memoria es un acto de resistencia contra el olvido. Wajdi Mouawad nos muestra que, si no se confronta el pasado, las generaciones futuras perderán la comprensión de lo que ocurrió, perpetuando el ciclo de trauma y deshumanización.

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conflicto armado, derechos humanos, Memoria, verdad

La obscenidad del poder

Por: 26.12.2024

[La columna deca(n)dente] En el Perú, la política se ha convertido en un espectáculo grotesco, donde los límites de la decencia y la ética parecen haber sido abolidos. La obscenidad del poder no reside únicamente en la corrupción desenfrenada o en la legislación hecha a medida para favorecer a las organizaciones criminales; su verdadera raíz está en la falta de vergüenza con la que el Ejecutivo y el Legislativo ejercen y abusan del poder, evidenciando un desprecio absoluto por el bienestar común.

El concepto de obscenidad en política no se limita a lo sexual o vulgar. Es un exceso, una transgresión que desborda las normas democráticas y éticas que deberían guiar el ejercicio del poder. En el país, este exceso se evidencia en el abuso sistemático de las instituciones: un Congreso que legisla sin pudor alguno a favor de las economías ilegales, un Ejecutivo que navega sin rumbo, y autoridades públicas que priorizan su supervivencia política sobre cualquier agenda de desarrollo.

El poder se ejerce sin contención ni moderación. Cuando los intereses particulares superan cualquier consideración por el bien común, se traspasa una frontera moral que deja a la ciudadanía expuesta a los caprichos de las cabezas visibles de la “coalición del mal”: Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López, Vladimir Cerrón y José Luna, quienes gobiernan en beneficio propio y de sus allegados.

El Congreso peruano es el epítome de esta obscenidad. En lugar de legislar para atender las necesidades del país, los parlamentarios priorizan sus propios intereses y los de aquellos a quienes sirven (como mineros ilegales y organizaciones criminales, por ejemplo). Los intentos de censurar ministros o la amenaza de una eventual vacancia presidencial no buscan resolver problemas estructurales, sino negociar mayores cuotas de poder.

Lo más obsceno no es que estas prácticas existan –ningún sistema político está libre de intereses particulares–, sino la normalización de las mismas. Los escándalos ya no generan indignación, sino resignación. La ciudadanía ha sido condicionada a aceptar que la política es intrínsecamente corrupta y que no hay alternativa.

La obscenidad del poder también se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Mientras los partidos, integrantes de la “coalición del mal”, disputan parcelas de poder, miles de conciudadanos enfrentan una crisis económica, social y de derechos humanos sin precedentes. Las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 dejaron claro que la distancia entre los ciudadanos y quienes gobiernan es abismal. En lugar de diálogo, la respuesta fue represión. La obscenidad del poder radica en la capacidad de ignorar este sufrimiento con total impunidad.

La política no debería ser un escenario para el espectáculo vulgar ni un vehículo para el abuso desmedido. Necesitamos líderes con sentido de responsabilidad y moderación, comprometidos a anteponer el bien común a los intereses personales o de grupo.

El país está atrapado en un discurso y práctica de poder obsceno, en el que los integrantes de la “coalición del mal” parecen competir por ver quién puede llegar más lejos en el abuso y la transgresión. Sin embargo, esta no es una condena inevitable. La ciudadanía tiene el poder de exigir un cambio, de demandar transparencia, decencia y compromiso.

El primer paso para erradicar la obscenidad del poder es devolverle su dignidad. Esto implica no solo renovar los liderazgos, sino también transformar las estructuras y prácticas que han perpetuado esta dinámica. Solo entonces podremos imaginar una política que no avergüence, sino que inspire.

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coalición del mal, Congreso, derechos humanos, Dina Boluarte

49 “ratas”

Por: 16.12.2024

[La columna deca(n)dente] En un acto de flagrante desvergüenza, el ministro de Educación, Morgan Quero, pronunció una declaración que atenta contra los principios fundamentales de un Estado democrático y refleja la naturaleza autoritaria del gobierno de Dina Boluarte: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Con estas palabras, Quero intentó justificar la ejecución extrajudicial de 49 ciudadanos a manos de las fuerzas del orden, despojándolos de su dignidad y presentándolos como enemigos a eliminar.

Esta afirmación no solo refleja un profundo desprecio por la vida humana, sino que también busca legitimar el uso de la violencia por parte del Estado, un patrón característico de los regímenes autoritarios. En un país que aspira a respetar los derechos humanos, un alto funcionario público debería ser un defensor inquebrantable de la dignidad y el respeto hacia todos los ciudadanos sin distinción. Sin embargo, al recurrir a un lenguaje deshumanizador, Quero se posiciona como un apologista del abuso de poder, alimentando un discurso que justifica la impunidad y perpetúa la violencia institucionalizada.

La historia ha demostrado que las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando provienen de quienes ejercen el poder. Al calificar de “ratas” a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Quero recurre a una retórica que despoja a las personas de su humanidad, creando un contexto en el que la eliminación de “los otros” parece legítima. Este tipo de discurso desvía la atención de las responsabilidades legales y morales del Estado, presentando las víctimas como prescindibles y, por ende, justificando su exterminio. Esta estrategia de deshumanización tiene un paralelismo directo con la utilizada por regímenes totalitarios del siglo XX, como los de Pinochet y Videla, quienes emplearon discursos similares para trivializar masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las palabras de Quero no deben quedar impunes. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones y los partidos políticos democráticos condenen enérgicamente estas declaraciones. Asimismo, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos presten atención a este caso, el cual refleja una alarmante deriva autoritaria del gobierno de Boluarte. En este sentido, deben activarse mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la exigencia de disculpas públicas por parte de Quero y la implementación de sanciones por las instituciones correspondientes.

Los derechos humanos son universales, sin excepciones ni condicionamientos. Cuando un ministro de Educación justifica la exclusión de ciertos grupos de estos derechos, no solo atenta contra las víctimas de hoy, sino que pone en peligro los principios democráticos que deberían protegernos a todos en el futuro. Si dejamos que este tipo de discursos se normalicen, estaremos abriendo la puerta a un futuro en el que la violencia estatal sea vista como una herramienta legítima de control social.

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derechos humanos, Dina Boluarte, Ejecuciones Extrajudiciales, Morgan Quero

VÍCTOR RAÚL: visionario y estadista

Por: 5.08.2024

Un día como hoy, hace 45 años, el 2 de agosto de 1979, nos dejó Víctor Raúl Haya de la Torre, tras larga agonía en Villa Mercedes, apacible vivienda en Vitarte que le fue cedida por un familiar para que allí transcurran, al fin sin sobresaltos, los últimos años de su vida. Fueron los tiempos de los dictadores Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, los tiempos de las largas veladas en la Casa del Pueblo, de los coloquios nocturnos, el último buró de conjunciones y de la formación de una generación joven que pudiese continuar la obra. 

Se ha dicho mucho, bueno y malo, de la trayectoria política de Víctor Raúl. Al conmemorarse 45 años de su partida hemos querido destacar sus virtudes de estadista y visionario. Haya siempre se adelantó a su tiempo y el 28 de julio de 1978, día en el que pronunció su último gran discurso al instalarse la asamblea constituyente, avizoró el presente -este presente- y señaló un camino hacia el futuro -este futuro que nos toca construir a nosotros-. 

El patriarca del APRA comenzó hablando de la democracia y del triunfo de los partidos políticos en las elecciones de mayo de 1978 por sobre la propuesta autoritaria del no partido que representaba la dictadura y, de manera más específica, el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) instaurado por Juan Velasco y disuelto, poco después de su relevo, en 1975. También refirió su apoyo incondicional a la democracia plasmado en 1941 en su libro La Defensa Continental, en el que propuso un sistema americano interhemisférico que la protegiese de la amenaza fascista. Proféticas palabras, hoy la democracia parece un terreno baldío no solo en nuestra política interna, sino en la mundial, arrinconada por los extremismos progresista woke y neoconservador, con rasgos fascistas, que han superado el cerco del orden constitucional. Para muestra la dramática situación de Venezuela en la que una dictadura encaramada en el poder se niega a dejarlo a través de los más condenables métodos de fraude electoral y represión política.

Haya también habló de la Asamblea Constituyente y de su rol. Qué importante en tiempos en el que la urgencia, o no, de una nueva Constitución para el Perú ocupa buena parte del debate político nacional. Con casi cincuenta años de anticipación, Víctor Raúl refuta las torpes tesis que comparan una asamblea constituyente con el poder absoluto. De seguro que El Viejo León se hubiese reído a carcajadas de tan burdo desvarío. Al contrario, la destacó como la expresión más genuina y excelsa de la soberanía popular: “El pueblo ha rescatado el manejo de sus propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo, en un proceso libre, nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa”.

El político trujillano no se quedó en el enunciado. Seguidamente apeló a los deberes de la asamblea, indicando que el primero de todos debía ser la responsabilidad institucional y la cooperación patriótica. Haya se manifestó respetuoso de las diversas visiones presentes en la asamblea pero destacó como un propósito superior alcanzar consensos para obtener un texto constitucional desde cuyas bases puedan forjarse la nación y su desarrollo. En otras palabras, las bases mismas de lo que constituye una democracia.

También habló de la flexibilidad de la nueva Constitución, de los mecanismos que debía poseer para poder actualizarse conforme fuese necesario y cambiasen los tiempos, así como destacó la importancia de alcanzar un texto que refleje la realidad y no resulte mero copismo de fórmulas extranjeras: Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovarse, confirmándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Estas palabras caen como duras sentencias contra aquellos que han prostituido los mecanismos del cambio constitucional para controlar las instituciones del Estado y legislar a favor de mafias e intereses perversos, reñidos con el bien común y el desarrollo de la nación. 

En su último discurso, Haya habló sin cortapisas de los Derechos Humanos, se adhirió consecuente e incondicionalmente a la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, así como celebró la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sin antes señalar que ambos instrumentos de justicia internacional ya habían sido suscritos por el Perú. 

Seguidamente, Haya adhirió también a los derechos sociales que constituyen una importante novedad que se suma a los civiles y políticos, y que se consagran tras la Segunda Guerra Mundial. Dijo el patriarca aprista que la nueva carta debía asegurar la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, con libertad y justicia, la educación y la cultura para todos los que habiten nuestro suelo o hayan de habitarlo en el futuro. 

En un hecho sin precedentes, y adelantado a su tiempo, Víctor Raúl otorgó principal importancia a los derechos de la mujer y a la lucha por el medio ambiente, agendas que han cobrado gran notoriedad en el siglo XXI. Al respeto, Haya dijo que resultaban de primer orden la igualdad de la mujer en todos los campos; la atención especialísima de la juventud, ancha fila humana que en nuestro país exige promoción y estímulo especiales. Y también la defensa del medio ambiente y de nuestro patrimonio arqueológico e histórico.

En la década de 1920, cuando José Carlos Mariátegui planteaba la lucha política contra los Estados Unidos de América, la potencia imperialista del continente, Haya ya pensaba que para combatirla en igualdad de condiciones había que fomentar la unión de las naciones latinoamericanas y también saber negociar con el imperialismo, pues de este se requerían sus capitales y tecnología para alcanzar el propio desarrollo. Solo de ese modo se le podría enfrentar, solo así podríamos colocarnos en posición de competir con él. 

En el mundo de hoy, las ideas de Haya, tan criticadas por la izquierda comunista de entonces, parecen más bien verdades de Perogrullo, pero, al mismo tiempo, permanecen como utopías incumplidas.  La eterna “vía hacia el desarrollo” es una desgraciada inercia que comenzará a romperse a través de la inversión en ciencia y tecnología, y más si realizamos el esfuerzo conformando una alianza de naciones latinoamericanas. Haya lo dijo en 1928, también lo dijo en 1978, sesenta años después y la asignatura sigue pendiente. Integrarse contra el imperialismo no supone ser comunista, supone, como paso previo, la revolución capitalista. Pensar que algunos todavía no lo entienden.

Dejo para el final un tema que ha llamado poderosamente mi atención en el discurso de instalación de la asamblea Constituyente de 1978: la manera como Haya anticipa el rol de liderazgo geopolítico del Perú en la región debido a su posición geográfica. Hace 45 años, China aún no había despegado, recién Deng Xiao Ping se asentaba en el poder, apenas se trazaban las bases para su posterior despegue económico. Pero Víctor Raúl lo dijo: 

“Aleccionados por la experiencia de este siglo y por sus realidades económicas, el integracionismo que profesamos es de clara raíz antimperialista. La integración tiene para el Perú un especial significado. Por su posición geográfica central, por una tradición que viene de su pasado y que se repite en todas las instancias de su historia –el Tahuantinsuyo, el Virreinato, la Revolución Emancipadora que aquí culmina y se funde en sus corrientes principales- a nuestro país le toca contribuir decisivamente a la coordinación latinoamericana,  convertirla  en una de las metas nacionales, indispensable para su propia subsistencia. Pues el Perú tiene todo por ganar en una Indoamérica unida y todo lo puede perder en una Indoamérica balcanizada”.

Faltan apenas meses para el inicio de operaciones del mega puerto de Chancay administrado por la empresa china COSCO Shipping Ports. De esta manera, el Perú será parada obligada y fundamental en el tramo marítimo de la nueva ruta de la seda china. ¿Pero cuenta el Perú con producción suficiente para beneficiarse de este inconmensurable tráfico comercial? ¿O se trata de pensar en grande y establecer una alianza regional para desarrollar infraestructura, manufactura, ciencia y tecnología etc. que nos permita integrarnos como bloque en esta oportunidad histórica que llama a nuestra puerta? La respuesta es tan obvia que puede omitirse.

Odiado, amado, perseguido, defendido, mataron por él, murieron por él, llegó al corazón del pueblo. Tras el líder cuya encendida oratoria cautivó a las masas peruanas a lo largo de seis décadas, un estadista y visionario señalaba los rumbos que había que seguir para alcanzar el desarrollo. Antes de él, tuvimos a Simón Bolívar, Chile, mal que nos pese, tuvo a su Diego Portales. A 25 años de su partida Rescatar el Haya estadista y visionario es tarea pendiente para el Perú del siglo XXI.  

p.s. Imagen del artículo: Sarasara: órgano del Partido Aprista Peruano, Comité Provincial de Parinacochas, año VI, no. 40, febrero 1947

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Apra, Chancay, Constituyente del 78, Democracia, derechos humanos, Haya de la Torre

Una carta vergonzoza

Por: 9.07.2024

El gobierno de Dina Boluarte, rehén absoluto de la extrema derecha congresal, no tolera el sistema interamericano de derechos humanos. Se mantiene en él porque es consciente del escándalo mayúsculo que implicaría un retiro del mismo, pero dado el tenor de la carta que han enviado en conjunto la presidenta de la república y el titular del Congreso en protesta por una resolución de la CIDH, queda más que claro que la postura oficial es refractaria a los considerandos mínimos del sistema.

Llama particularmente a pasmo, la referencia -en la carta mencionada- al rechazo por primera vez oficial del término jurídico “conflicto armado interno”, el mismo que no implica ningún beneficio valorativo al terrorismo senderista o emerretista, pero cuya narrativa en ese sentido los dos principales poderes del Estado hacen por primera vez suya.

Los abogados que suelen acompañar a los voceros de la extrema derecha peruana saben muy bien que ese término no excluye la barbarie terrorista ni contemporiza con ella y comprende perfectamente lo sucedido en el país durante las épocas de la subversión.

Lo que en el fondo está en juego -y va de la mano con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en esos tiempos- es la cerrazón respecto de las violaciones a los derechos humanos que nuestras fuerzas armadas y policiales cometieron durante ese periodo, y que el país entero haría bien en no olvidar, porque la barbarie terrorista no la justificaba. Es más, cuando se cambió de política oficial antisubversiva -justamente en los tiempos fujimoristas- fue que se logró arrinconar y luego derrotar a Abimael Guzmán.

La carta firmada por Dina Boluarte y Alejandro Soto es vergonzosa. Constituye una falta de respeto a las víctimas de las tropelías oficiales -que no fueron pocas- y forma parte ya de la historia peruana de la infamia. El Perú, como sociedad democrática, debe hacer de la memoria un ejercicio cotidiano y recurrente. Sitios como el Lugar de la Memoria, El ojo que llora, documentos como el informe de la Comisión de la verdad o muestras como Yuyanapaq (que se puede visitar en el Ministerio de Cultura), no es casualidad que sean aborrecidos por quienes quieren negar la historia a su conveniencia y antojo. Lo que escandaliza es que la primera mandataria haga eco de esa visión macartista y negacionista de la que hace gala buena parte de la derecha peruana.

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Alejandro Soto, CIDH, comision interamericana de derechos humanos, derechos humanos, Lugar de la Memoria

El derecho a la muerte digna

Por: 29.04.2024

“Sobre la muerte, sin exagerar”, poema de la poeta polaca Wislawa Szymborska, nos ofrece una mirada irónica y reflexiva sobre la muerte, desmitificándola y presentándola como un proceso imperfecto e incluso torpe. A partir de esta visión, podemos abordar el tema del derecho a la muerte digna, un asunto complejo y fundamental en la sociedad actual, ejemplificado en el caso de Ana Estrada y la labor de su abogada Josefina Miró Quesada Gayoso.

La muerte, como bien describe Szymborska, es un evento inevitable. No sabe de estrellas, de puentes, ni de las maravillas que la vida nos ofrece. Sin embargo, a pesar de su naturaleza inevitable, la muerte no debería ser un proceso indigno o lleno de sufrimiento. El derecho a la muerte digna, como lo luchó Ana Estrada, implica garantizar que las personas que se enfrentan al final de su vida puedan hacerlo de manera pacífica, con autonomía, sin dolor innecesario y dignidad.

Ana Estrada, diagnosticada con polimiositis, se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la muerte digna en el Perú. Su caso marcó un hito al ser la primera persona en el país en acceder a la eutanasia, tras una larga batalla legal liderada por su abogada Josefina Miró Quesada Gayoso.

Estrada, quien padecía una enfermedad progresiva e incurable que le causaba un deterioro físico irreversible, solicitó la eutanasia como una forma de evitar un mayor sufrimiento y preservar su dignidad. Su caso generó un intenso debate en la sociedad, poniendo sobre la mesa la necesidad de legislar sobre la muerte digna y garantizar el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propio final de vida.

Miró Quesada Gayoso, defensora incansable de los derechos humanos, acompañó a Estrada en su lucha legal con valentía, solvencia, empatía y determinación. Su labor fue fundamental para visibilizar el caso y generar conciencia sobre la importancia del derecho a la muerte digna. Gracias a su trabajo, Estrada pudo acceder a su deseo de morir en paz y con dignidad, marcando un precedente histórico en el Perú.

La muerte, como bien describe la poeta, no es todopoderosa. «No existe vida, que, aun por un instante, no sea inmortal». La vida, en todas sus formas, es un bien preciado que debe ser protegido y celebrado. El derecho a la muerte digna, como lo defendieron Ana Estrada y Josefina Miró Quesada Gayoso, no busca acelerar la muerte, sino ofrecer un marco de respeto y compasión para que las personas puedan afrontar su final de vida con dignidad y autonomía.

Es importante destacar que el derecho a la muerte digna no es un tema homogéneo. Existen diferentes perspectivas éticas, religiosas y culturales que deben ser consideradas y respetadas. Sin embargo, el diálogo abierto y honesto sobre este tema es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y compasiva, donde todas las personas puedan tener la libertad de elegir cómo y cuándo quieren morir.

La muerte, como bien describe Wislawa Szymborska, siempre llega con «ese instante de retraso». No debemos temerle, sino afrontarla con valentía y dignidad, reconociendo la fragilidad de la vida y la importancia de vivirla al máximo. El derecho a la muerte digna, como lo ejemplifica el caso de Ana Estrada y la labor indesmayable de Josefina Miró Quesada Gayoso, es un canto a la vida, un reconocimiento a la autonomía de las personas y un compromiso con la construcción de una sociedad más humana y compasiva. 

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Ana Estrada, derechos humanos, dignidad, eutanasia, Josefina Miró Quesada Gayoso, muerte digna

Hablemos del cuidado como un derecho universal para vivir dignamente

Por: 20.03.2024

Por : Raysa díaz también y Liz Meléndez

Hablar de cuidados es hablar de bienestar. En algún momento de nuestras vidas, todas las personas recibimos cuidados o cuidamos. Así, cuando hablamos de cuidados hablamos de la sostenibilidad de la vida y el buen vivir.   

El año pasado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Oxfam Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizaron una Encuesta sobre Representaciones del Trabajo de Cuidado en el Perú, donde identificaron que el 68% de las personas señalaron que necesitaban algún tipo de cuidados. 

Ejercer nuestro derecho al cuidado, entendido en sus tres dimensiones de cuidar, ser cuidado/a y el autocuidado, son parte del derecho a vivir una vida digna. Se trata de garantizar condiciones adecuadas a las personas para que puedan vivir en igualdad y sin discriminación, sin estar expuestos/as al abandono y la precariedad. 

Este derecho universal y autónomo debe ser garantizado por el Estado, independientemente de la situación de vulnerabilidad o dependencia de quien lo requiera. Aunque las políticas públicas deben tener en cuenta la situación específica y de riesgo de las diversas poblaciones, este debe ser un derecho garantizado para la ciudadanía en su conjunto.

Volviendo a la encuesta, esta revela que 7 de cada 10 mujeres son las principales responsables del cuidado en sus hogares. Además, el 83% de las personas encuestadas afirmó que a lo largo de su vida ha visto solo a las mujeres dedicarse en mayor medida a las actividades de cuidado.  

Los cuidados han sido históricamente asumidos por mujeres o por personas feminizadas. Si queremos alcanzar una sociedad más igualitaria, se tienen que romper con estos roles de género, pues son una barrera para la igualdad. 

De hecho, muchos hechos de violencia surgen cuando las mujeres no responden a estas funciones o tareas patriarcalmente asignadas. Por ello, promover la corresponsabilidad paritaria en los cuidados y en el trabajo doméstico es una dimensión a impulsar. Aunque esta no es la única.

Vivir en entornos violentos, cuidando a otras personas del hogar y con poco tiempo para acceder al campo profesional y/o laboral no solo limita el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino que genera barreras para salir de la pobreza.

El 81% de personas considera que el trabajo de cuidados debería remunerarse. Sin embargo, el 51% afirma que debe haber una retribución económica solo si la persona no es parte del entorno familiar. Es decir, el trabajo gratuito en el hogar o cuidando personas dependientes recae en las mujeres. 

Lo paradójico es que el trabajo de cuidados significa un aporte fundamental a las economías de la región. Según la CEPAL (2021), equivale al 20,4% del PBI. ¿Realmente existen servicios de calidad en el país para garantizar el derecho al cuidado? La respuesta es no. 

Tenemos algunos servicios asistencialistas, precarios y situados fundamentalmente en las zonas urbanas. Lamentablemente la ciudadanía desconfía de estos servicios. El 80% de hogares con menores de 5 años y el 60% de ellos con personas con discapacidad no los utilizan. Dicha ilegitimidad responde a que estos no cumplen con estándares de calidad mínimos.

El derecho al cuidado interpela al Estado a diseñar, implementar y sostener políticas públicas de gran inversión, pero que redundarán en el bienestar de la población. 

Es tiempo de avanzar y esta es una dimensión clave para lograrlo. 

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derechos humanos, Entre Brujas: Feminismo, género

Que el 2024 nos ayude a recuperar el país

Por: 4.01.2024

[ENTRE BRUJAS] En el umbral de un nuevo año, reflexionamos sobre los acontecimientos que marcaron el 2023, un periodo plagado de retrocesos y resistencias en materia de derechos humanos e igualdad.

La crisis política que lo definió fue determinante para el auge de actores autoritarios que buscaron socavar toda propuesta en favor de la libertad y la igualdad.

Estos actores usaron la categoría “democracia”, para destruirla. Haciendo uso de métodos como la amenaza, la calumnia, compra de conciencias y medios de prensa; fueron preparando el terreno para asirse del poder.

Con indignación, hemos observado cómo se ha vulnerado la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la protesta. En esta misma línea, la igualdad de género y el enfoque de derechos en las políticas públicas han sufrido fuertes ataques. ¿Quiénes son los ganadores del viejo año? La corrupción, la impunidad, la injusticia, la ambición de poder, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, la xenofobia y el racismo estructural.

Fotografía: Connie France

El ser humano, presa de sus creencias, necesita pensar que, inaugurado un nuevo año, se pueden dar nuevos comienzos. Aunque la esperanza nunca debe perderse, es difícil pensar en nuevas rutas con los mismos actores políticos y sociales.

Este 2024, quienes defendemos derechos vamos a tener que contribuir a que el miedo cese y exigir un cambio real, siempre siguiendo la legalidad y el Estado de Derecho.

Habrá que iniciar por exigir nuevas elecciones, pero con eso no basta.

La sociedad civil organizada, las feministas, los/as defensores/as de derechos, los gremios, los/as estudiantes, deberán tomar el liderazgo de procesos más largos. Se tendrá que vencer el miedo a protestar y exigir justicia para las masacres. Se tendrá que superar algunas diferencias ideológicas y centrarse en la importancia de defender garantías mínimas para construir una democracia real.

El 2024 es un año de desafíos, en donde tocará seguir resistiendo a posturas autoritarias y narcisistas de las y los políticos. El 2023 ha sido un año intenso, en donde muchos escenarios se definieron. Ahora ya sabemos frente a quiénes estamos y lo que está en riesgo: la paz, la democracia y la justicia.

Que sigan avanzando ya no es una opción. Nuevas elecciones sí, pero necesitamos renovar la clase política también, sino será más de lo mismo.  La esperanza de un país mejor no se pierde.

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Análisis 2023, Crisis política, derechos humanos, Resistencia 2024

La lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres es histórica, sigue y seguirá vigente ¡Por un 2024 más igualitario!

Por: 23.12.2023

[ENTRE BRUJAS] El 2023 ha sido un año complejo en donde hemos visto continuos retrocesos en materia de igualdad. A la vez que el fortalecimiento de alianzas anti derechos y, por lo tanto, el incremento de pensamientos retrógrados resistentes a las luchas para erradicar la discriminación y la agenda defensora de los derechos humanos.

La profunda crisis democrática que seguimos arrastrando, agudizada por factores como la criminalización a la protesta social, el racismo, el clasismo, el machismo y otros, ha debilitado la institucionalidad y puesto en jaque al Estado de Derecho. Este ha sido el escenario perfecto para que la corrupción avance a ritmos escandalosos y se deslegitime todo aquello que tiene que ver con promover garantías y libertades fundamentales para una adecuada convivencia social. Así, las narrativas que desvalorizan a los derechos humanos han avanzado, constituyéndose un ambiente hostil para el avance de políticas y normativas que garanticen estas libertades.

Lamentablemente en este contexto nada alentador, pierden las poblaciones más vulnerables. La precarización de la vida se relaciona con la pobreza económica, por supuesto; pero a la vez, con la falta de condiciones para el ejercicio de derechos concretos y garantías para vivir la vida que las personas necesitan.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, siempre existen quienes siguen dando la batalla. Tanto en la sociedad civil como en el Estado se encuentran defensoras de derechos que creen en una sociedad más igualitaria y apuestan por fomentar la implementación de políticas aprobadas en años anteriores y la construcción de nuevas estrategias y espacios de articulación para que no se siga retrocediendo y no se pierdan logros históricos. Las defensoras de derechos existen y están en la disposición de seguir incomodando.

En octubre pasado diversas expresiones del movimiento feminista nacional tuvieron un encuentro histórico, en donde se acordó una agenda pendiente por la que seguir luchando en los próximos años. En esta se resaltan muchos temas, imposibles de enlistar en una columna. Sin embargo, para quienes estén interesados/as pueden leer el Manifiesto del Encuentro, el cual se ha difundido por las redes sociales de distintas organizaciones y colectivos feministas[1]. Entre las demandas más urgentes están: el acceso a la justicia y reparación para las víctimas de desaparición y feminicidio y sus familiares; la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidados como una política pública integral; así como la despenalización del aborto en todas sus formas.

También son demandas urgentes el acceso a la justicia y reparación de las víctimas de la represión policial durante las protestas sociales que empezaron en diciembre de 2022; el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y disidencias sexuales; así como la erradicación del racismo como una de las formas de discriminación estructurales más graves en el escenario reciente de vulneración estatal a los derechos humanos.

El 2024, sin duda, será un año en el que la crisis política, económica y el avance de los conservadurismos y las expresiones antidemocráticas no se detendrán. Desde los distintos territorios del país las defensoras de derechos humanos y la igualdad de género continuaremos resistiendo y haciendo frente a este contexto, defendiendo los avances que hemos logrado con mucho esfuerzo y exigiendo que el Estado, pese a sus distintas falencias, cumpla con sus obligaciones frente a la ciudadanía.

[1] Disponible en: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122125286870040347&id=61551210415104&mibextid=WC7FNe

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Demandas 2024, derechos humanos, desafíos, Igualdad, Retrocesos
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