La Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam) ha logrado instalar su cruzada contra el aborto y el enfoque de género en el actual Parlamento. Se trata de una organización que participa en charlas y marchas de la mano de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), y que siempre tuvo como objetivo promover iniciativas legislativas que exterminen lo que ellos llaman ‘ideología de género’.

A fines del 2018, por ejemplo, este grupo se pronunció a favor de un proyecto de ley que Fuera Popular impulsó en bloque para excluir de las políticas públicas «todo término que haga referencia a la ideología de género”. Hoy los miembros de la Renafam operan en el Congreso como asesores, gracias al patrocinio del congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

 

EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Paola Martínez Paitan es, según sus redes sociales, directiva de la Renafam. Y como tal es una de las caras más visibles de la organización, junto a Alejandro Muñante. Al igual que él, también figura como miembro de Acción Cristiana, un movimiento político fundado por los pastores Julio y Christian Rosas, dos de los principales representantes de CMHNTM. En esta agrupación política tiene el cargo de “coordinadora de familia”.

Desde el 2 de septiembre del año pasado, Martínez Paitan trabaja como asesora de la Comisión de Educación, que preside el legislador celeste Esdras Medina. Ella es, de lejos, el rostro femenino más conocido de la Renafam, y ha acompañado a Alejandro Muñante en varias marchas y eventos de CMHNTM. También ha sido vocera de la red en charlas contra del enfoque de género y el aborto.

En septiembre del 2018, por ejemplo, la Renafam anunció una serie de conferencias en todo el país sobre temas como “el seudo derecho al aborto y el gran negocio detrás de su legalización”, “el derecho de los padres frente a la imposición del género en la educación” o “el matrimonio homosexual y la consecuente adopción de menores como agentes destructores de la familia”. Como una de sus ponentes estrella aparece Martínez.

 

La gira de charlas que ofrecía Renafam en el año 2018 con De Lama y Martínez como ponentes principales.

 

“La decisión de contratar a la abogada Paola Martínez fue del presidente de la comisión de Educación” asegura Alejandro Muñante a Sudaca. Esdras Medina, colega de bancada de Muñante y quien encabeza ese grupo de trabajo, responde que la contrató “por ser una buena abogada que ha trabajado en la Contraloría”.

Medina también precisa que Martínez apoya a la comisión en temas relacionados a la educación básica regular. “Ella solamente da su opinión jurídica, pero no determinamos [decisiones] sobre su opinión. También mandamos [consultas] a los entes reguladores como el Minedu y otras instituciones competentes para algunos dictámenes”, alega el parlamentario. Sin embargo, vale recordar que Medina ya ha ignorado antes la posición de quienes no coinciden con él en un tema, como en el caso de la Universidad Nacional de Piura que reportó Sudaca.

Y de por sí, el trabajo de la Comisión de Educación evidencia qué opiniones pesan más cuando se abordan proyectos sobre la currícula escolar o la reforma universitaria. Para muestra: una de las últimas iniciativas con dictamen aprobado en comisión es el proyecto de ley 904/2021, que presentó el mismo Medina. Esta iniciativa busca que los padres de familia sean consultados obligatoriamente sobre el contenido educativo y la currícula escolar que elabora el Minedu. También se establecen sanciones para los funcionarios que no acaten la norma.

Para elaborar el dictamen, Medina solicitó opinión a representantes de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), la Coordinadora Regional por la Vida (Corvida), la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) y el Minedu. Pero la agenda detrás del texto estaba clara desde un inicio. En una reciente entrevista con el programa “Patri-Arcadio”, Paola Martínez manifestó su simpatía por el proyecto. “Sí creemos que es conveniente [tener educación sexual], pero no desde la mirada del género, que no busca solucionar, sino más bien busca envolver a los adolescentes en un círculo vicioso”, agregó.

Más adelante agregó: “[Hoy] se da un abanico de posibilidades que no hace a los jóvenes valorar que tal vez deban esperar para iniciar una relación sexual. Eso debería hacer el Minedu, en colaboración con las Apafas y padres de familia. Lamentablemente no se hace por el financiamiento de las ONG […]  Por eso han hecho todas estas movidas estos días, porque saben que con ese proyecto de ley van a temblar”.

Pese a ello, Medina descarta la participación de su asesora en la iniciativa legislativa. “Ahí ella nada tiene que ver, porque ese proyecto sale de mi despacho. No es descabellado: solo busca que los padres sean veedores, no que opinen pedagógicamente porque no son especialistas”, explica.

Con el dictamen aprobado, queda ver el apoyo que tendrá el proyecto en el Pleno, donde ya se respaldaron iniciativas impulsadas por la Comisión de Educación que merman la autonomía de la Sunedu. Este es otro frente al que los miembros de la Renafam le han puesto especial interés. “Queremos calidad educativa, pero con autonomía universitaria. Hoy Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular vienen golpeando a la mafia caviar, enquistada en la Sunedu, hoy se recuperará la Autonomía Universitaria», señaló Paola Martínez hace unos días, a través de su cuenta de Twitter.

 

MÁS ASESORES

Alejandro Muñante, junto a otros miembros de la Renafam, ha dado charlas alrededor del país en contra del enfoque de género, ha aparecido en diversos medios de comunicación defendiendo el mensaje ‘provida’ de CMHNTM y ha participando activamente de sus movilizaciones.

Como congresista, ha firmado varios proyectos de ley en esa línea. Uno es el de la pastora Milagros Aguayo, que busca reconocer en el Código Civil que la vida humana comienza desde la concepción. Y también respalda proyectos presentados por Esdras Medina en la Comisión de Educación, como el que busca recomponer el consejo directivo de la Sunedu para que sea controlado por las universidades.

Desde sus primeros días como congresista, en julio del 2021, el parlamentario celeste contrató en su despacho a sus colegas de Renafam Jorge De Lama Vargas, como asesor principal, e Isabel Soto Bardales, como asesora II.

De Lama es, según su LinkedIn, vicepresidente y coordinador académico de la Renafam desde sus inicios en el 2017. También comparte espacios con Muñante en Acción Cristiana. En esta agrupación, De Lama es coordinador del comité político y Muñante coordinador nacional.

 

Una de las charlas que dictaron juntos Muñante y De Lama con el sello de CMHNTM»

 

De Lama también ha acompañado a Muñante en entrevistas para promocionar la Renafam. En mayo del 2017, ambos aparecieron en Bethel TV –canal de la iglesia evangélica Movimiento Misionero Mundial– y De Lama dejó claro el objetivo de la organización: “Nosotros podemos trasladar, la Renafam lo va a hacer, al Congreso propuestas legislativas para que estos vacíos que generan “confusión” [se llenen]”. Hoy, lo hace desde el despacho congresal de su compañero de lucha.

De Lama también ha brindado charlas junto a Muñante para hablar del enfoque de género en los textos escolares. En el 2019, por ejemplo, dieron ponencias en ciudades como Ayacucho e Iquitos. Ese mismo año, se volvieron a hacer presentes en la marcha nacional de CMHNTM con el objetivo de “asegurar el libre ejercicio del derecho a la protesta de todos los ciudadanos participantes” portando sus medallas de abogados en la manifestación.

En la misma senda está Isabel Soto. Abogada de profesión, lleva trabajando en el Congreso desde el 2016, según su LinkedIn, aunque no precisa en qué dependencias. Hoy está en el despacho de Muñante. Ella, al igual que De Lama, aparece en varias fotografías de la Renafam (junto al congresista) en las marchas de CMHNTM.

Soto firma como miembro de la red en diversas columnas de opinión publicadas en el portal de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), organización también vinculada a Christian Rosas, vocero de CMHNTM. Algunas de ellas tienen títulos como “El enfoque de género desfigura a las mujeres” o “Perú, ¿país soberano?”. En estas, critica la implementación del enfoque de género y la despenalización del aborto, y también apunta su artillería contra las mujeres trans.

 

Miembros
Renafam en la marcha nacional de CMHNTM del 2018. De izquierda a derecha: Isabel Soto, Jorge De Lama, Alejandro Muñante y Paola Martínez.

 

Consultado por Sudaca sobre la contratación de sus colegas de la Renafam, el congresista Muñante contesta que “mientras el personal de confianza cumpla con los requisitos para ser asesores de un despacho congresal, todo es correcto”. “Y de hecho, ambos son profesionales con experiencia en la asesoría parlamentaria”, apunta.

Y agrega que, a diferencia de los ‘caviares’, “la defensa de la vida y la familia no es una agenda que pretenda subvertir el Estado, es una acción que se enmarca dentro de los derechos humanos reconocidos”. La agenda ultraconservadora avanza a paso firme en las entrañas del Parlamento.

 

 

Tags:

CMHNTM, Renafam, SUNEDU

Las universidades del país se vienen preparando para un 2022 complejo, entre la presencialidad y la virtualidad. Por eso, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las más prestigiosas, buscó desde agosto del año pasado a una empresa que le diera el servicio de proctoring. Es decir, un sistema de supervisión para exámenes virtuales.

La empresa que resultó escogida fue Seidor Technologies Perú SAC. Esta tiene una amplia experiencia en el rubro, pero no necesariamente positiva. En julio del 2020 fue contratada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para supervisar sus evaluaciones virtuales durante un año. En ese periodo se realizó el primer examen de admisión virtual de dicha casa de estudios, que terminó con denuncias de todo tipo. Hubo desde capturas de pantalla donde los postulantes compartían sus respuestas, hasta personas -miles- que no pudieron ingresar al sistema.

A pesar de ese antecedente, la UNI decidió otorgarle la buena pro a Seidor el pasado 13 de enero. El proceso de contratación estuvo marcado por irregularidades y cambios tardíos que han levantado sospechas. Además, la compañía ofreció el mismo sistema que utilizó en la San Marcos durante el examen fallido. La denuncia sobre este caso ya llegó a la Contraloría General de la República.

 

Experiencia manchada

Seidor es una multinacional tecnológica con presencia en 32 países del mundo. En el Perú le han brindado sus servicios a diversas casas de estudio. Entre sus clientes se encuentran la Universidad Cayetano Heredia, la UNI y la San Marcos.

A la Decana de América, Seidor le dio el “servicio de monitoreo de actividades y seguridad informática en la aplicación de exámenes virtuales” desde el 15 de julio del 2020 hasta la misma fecha del año siguiente. Por esta labor recibieron S/575.422,30, de acuerdo al portal del OSCE.

Durante ese periodo, el 2 y 3 de octubre del 2020, se realizó el primer examen de admisión virtual de la San Marcos. Una evaluación que terminó convirtiéndose en un martirio para los postulantes. La plataforma que utilizó la universidad en el examen se llama Smowl. Así lo detalla uno de los tantos comunicados que sacaron para limpiar su imagen luego del escándalo. 

Ese el mismo servicio que ganó el concurso para supervisar los exámenes de la UNI. Se trata de un “sistema continuo de autenticación y monitoreo de estudiantes utilizando el reconocimiento facial”, de acuerdo a la documentación que presentó Seidor a la universidad de ingeniera en el proceso que acaba de ganar. Ahí también, bajo declaración jurada, se acreditan como representantes de Smowl en el Perú.

Pero aunque Seidor lo venda como el mejor sistema, para Alejandra Vela fue más que un dolor de cabeza en octubre del 2020, cuando quiso postular a la San Marcos. “El servicio Smowl, por el cual se desarrolló el examen virtual, nos pedía una determinada capacidad de memoria, velocidad de Internet, nitidez de la cámara. Una serie de requisitos que excluía a los postulantes que somos de bajos recursos”, asegura la joven, exvocera de la Coordinadora de Postulantes de la UNMSM, organización que reúne a los perjudicados por ese proceso de admisión. Ella tuvo que trasladarse de su casa en Comas a San Juan de Lurigancho donde le prestaron una computadora que sí cumplía con las expectativas de Smowl.

“En mi caso me dejaron en la sala de espera, aguardando que el anfitrión me dé acceso, a pesar de que ingresé a tiempo. Como parte del procedimiento, debías ingresar a una especie de intranet y luego a un Google Meet. No fui el único caso”, explica Esteban Godofredo, otro expostulante que no pudo rendir la prueba aquel día.

Ese examen del 2020 estuvo marcado por los reportes de alumnos que no pudieron ingresar por fallas del sistema, pero también por las denuncias de plagio. “El examen de admisión se había filtrado. Hubo capturas del programa Discord [una red social] donde habían transmitido el examen. También mensajes de WhatsApps donde se pedían las claves [de las respuestas]. Además, denuncias de alumnos que entraron sin cámara, algo que las autoridades dijeron que no estaría permitido”, señala Alejandra Vela.

Para José Luis Pérez, en ese entonces consejero universitario y hoy representante del Tercio Estudiantil de la San Marcos, no hay dudas en las fallas del sistema informático. “La universidad mencionó que el programa tenía una inteligencia artificial que detectaba cuando estabas mirando a otro lado. Si te movías o te salías del enfoque, ese sistema supuestamente enviaba una alerta para que verifiquen si estabas ahí. Eso no se dio. En la práctica, una compañera incluso pudo ir al baño y nadie le observó el examen”, recuerda el dirigente estudiantil.

Seidor se defiende diciendo que su sistema no evita plagios, sino que solo los reporta. Sobre las quejas de los alumnos que no pudieron ingresar al sistema, sin embargo, no dicen nada.

“Efectivamente Seidor trabajó en el examen de admisión del 2020 con la UNMSM, fuimos sus proveedores tecnológicos del proctoring, el cual en ningún momento falló. Smowl no es una herramienta restrictiva que bloquea el navegador y por tanto no restringe que los usuarios no puedan copiar texto, pantallazos o demás actos indebidos. La herramienta lo que hace es monitorear de principio a fin lo que hace el estudiante para que al finalizar el examen, los supervisores (la institución) revisen los informes que han detectado todos estos actos”, contestó Seidor a Sudaca. 

De acuerdo a Alejandra Vela, en esa evaluación fallida postularon alrededor de 28.000 personas, de las cuales 14.000 no pudieron dar el examen por fallas del sistema. Godofredo y ella tuvieron rendir la prueba al año siguiente e ingresaron, pero aseguran que aún existen reclamos de algunos jóvenes a los que no les han devuelto el dinero. Dependiendo del colegio de procedencia y el tipo de examen, estamos hablando de entre S/350 y S/1.600.

 

Extraño proceso

El camino que recorrió Seidor para obtener la buena pro de la UNI y supervisar sus próximos exámenes remotos estuvo, por decir lo menos, marcado por irregularidades. Mediante concurso público, la Oficina Central de Admisión de la universidad (OCAD) convocó a empresas nacionales a comienzos de agosto del año pasado. Se presentaron dos. Una fue Seidor y la otra Cipli Research Center SAC. 

El pedido de la OCAD fue para el monitoreo de 58.400 evaluaciones virtuales de todo tipo, no solo de admisión. Luego de hacer un estudio de mercado, fijaron el valor estimado del servicio en S/980.536. La oferta de Seidor fue de S/1.035.961,94 y la de Cipli de S/1.062.720. Después de analizar ambas, la UNI colocó primera en el orden de prelación a Cipli.

El cuadro de evaluación económica del concurso público declarado desierto. Cipli había quedado primera en el orden de prelación.

Sin embargo, el 28 de agosto del 2021, el comité de selección de la UNI declaró desierto el proceso, acusando falta de presupuesto, y rechazó la oferta de Cipli. “Esta dependencia no cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el excedente”, se lee en el acta. La diferencia entre el valor que habían estimado para el servicio y la oferta de Cipli era de poco más de S/80.000. 

Un proceso queda desierto cuando no se reciben ofertas o ninguna es válida, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando existe un problema presupuestal, según Cristian Castillo, abogado especialista en la materia, el área encargada de la contratación puede negociar con el ganador. “Normalmente lo que sucede es que le mandan una carta o correo al postor ganador diciéndole que el presupuesto alcanza hasta cierta cantidad y piden que se rebaje el precio. Es decisión del postor, en este caso Cipli, si acepta o no”, explica. 

Sin embargo, eso no ocurrió. “Nunca se nos acercaron. Si lo hubieran hecho, hubiésemos aceptado”, asegura Lester Vargas, directivo de Cipli en comunicación con Sudaca. Lo que hizo la UNI fue reiniciar el proceso, bajo la figura de adjudicación simplificada, y convocó a las empresas el 22 de diciembre del 2021. Antes la universidad envió un mensaje a los postulantes que, además de ilegal, parecía dejar todo decidido. 

En su solicitud de cotización a Cipli, a fines de octubre pasado, la UNI le pidió una marca en específico: la plataforma Smowl y su versión avanzada Smowl+. Este era, precisamente, el servicio que ofrecía el otro postor y futuro ganador, Seidor. La plataforma que ofrecía Cipli se llama FractalUp.

La primera cotización que envió la UNI a Cipli donde consignaban la marca «SMOWL y SMOWL+» que ofrecía Seidor, el otro postor y posterior ganador.

Este tipo de especificaciones está prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al abogado Cristian Castillo. “Yo no puedo lanzar una convocatoria para carros diciendo que deben ser Toyota. Eso sí sería irregular”, explica. 

Cipli pidió una explicación a la universidad y le respondieron en una carta que se trató de “un error” y que sería corregido de forma inmediata. Dicho y hecho, en una posterior versión del pedido de cotización ya no aparecía el nombre de Smowl. Pero el anuncio de la marca de su preferencia ya estaba dado.

En el nuevo proceso también se cambiaron las cifras de forma incomprensible. En el concurso anulado, de agosto, el pedido era que el servicio cubra a 58.400 cuentas online por un valor estimado de S/980.536. Para la adjudicación simplificada, la cantidad de cuentas ascendió a 90.000. Lo lógico, al crecer el pedido, hubiese sido que aumentara el valor referencial. Sin embargo, este se redujó a S/955.800.

Es decir, el pedido de la UNI aumentó considerablemente, pero el valor referencial para el servicio decreció. Lo mismo ocurrió con la oferta que hizo la empresa que había perdido en primera instancia y que ahora, terminaría siendo la ganadora. Y es que Seidor bajó su oferta a S/ 946.132,31. Solo Cipli, viendo que le exigían un servicio mayor, la aumentó a S/1.285.020.

Así, el pasado 13 de enero la UNI le otorgó la buena pro a la compañía protagonista del accidentado examen de San Marcos del 2020. En respuesta a Sudaca, la UNI atribuye los cambios en las cifras al nuevo estudio de mercado realizado para la adjudicación simplificada. 

“Dicho monto es el resultado de las actuaciones preparatorias, esto es, solicitar a los potenciales proveedores sus respectivas cotizaciones a efectos de conocer el monto estimado para el servicio a contratar. Prueba de ello, es que se obtuvo tres cotizaciones”, dice un comunicado de esta casa de estudios. Si bien la universidad menciona tres ofertas, en el cuadro de evaluación económica sólo aparecen dos: Seidor y Cipli.

La UNI continuó con este proceso de contratación a pesar que en diciembre, un mes antes de otorgar la buena pro, acordaron mediante resolución rectoral que el examen de admisión 2022-1 será presencial.

Para David Ramos, presidente de la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI), máximo órgano estudiantil de la universidad, esto se debe a que la UNI no descarta que la pandemia empeore. “Nosotros como estudiantes hemos exigido un examen presencial. Se logró, pero no podemos ser ingenuos. Por x razones en marzo podría darse una cuarta ola y las restricciones serían importantes. Obviamente esto [el servicio contratado] no está dirigido solo al proceso de admisión”, aclara. 

Ahora queda por ver si en los próximos exámenes virtuales de la UNI se repite el escándalo de la admisión de San Marcos en el 2020. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

retorno a clases presenciales, San Marcos, UNI

Para el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue «una celada». Para los congresistas a los que no les gusta la reforma, un festival. La última sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el pasado martes 18, tuvo como gran punto de agenda lo ocurrido en las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en 2019. Un proceso manchado, a todas luces, por irregularidades. Pero los legisladores no tenían ninguna intención de verlas. 

En aquellos comicios, hace tres años, se incorporaron estudiantes al padrón cuando este ya había sido publicado, los alumnos de posgrado fueron excluidos, se instalaron mesas incompletas, otras fuera de hora, y no se informó correctamente que se habían cambiado los límites para el ingreso, lo que ocasionó sospechosos reemplazos entre miembros de mesa. La mayoría de estos hechos ocurrió en la etapa más candente: la segunda vuelta. 

La Defensoría del Pueblo, una entidad autónoma, fue la que dio la primera alarma. El 2 de enero del 2020 le recomendó a la Sunedu iniciar un proceso administrativo sancionador contra la universidad piurana. Como resultado, la superintendencia multó a la UNP con S/87.351,07 y solicitó repetir el proceso mediante una resolución de su consejo directivo. También se negó a inscribir al candidato ganador de esa contienda, el señor Santos Montaño.

Pero pese a la pila de cuestionamientos, varios miembros de la Comisión de Educación decidieron tomar partido por el bando que, desde entonces, pide que se reconozcan como válidas esas elecciones. ¿Por qué? Para golpear a la Sunedu, alegando una supuesta «autonomía universitaria». 

 

Cargamontón parlamentario

La cita en el Congreso debía ser rutinaria, pero se volvió un callejón oscuro para Zegarra y sus funcionarios. En la Sunedu no sabían que Esdras Medina, presidente de la Comisión y congresista de Renovación Popular, había convocado también a Carlos Vargas León, subgerente de asistencia técnica de la ONPE, al propio Santos Montaño, rector ‘electo’ de la UNP, y a Manuel Castillo Venegas, su abogado. Todos, por supuesto, declararon en favor de la validez del proceso electoral universitario. 

Pero el mayor problema, en realidad, fue que no hubo nadie del otro lado. Medina ignoró los pedidos de Segundo Dioses, el excandidato al rectorado de la UNP que denunció las irregularidades del proceso, para estar presente en la comisión. El también profesor de economía había enviado una carta al congresista el último 12 de enero –6 días antes de la cita en la Comisión– pidiendo asistir. Sin embargo, no recibió respuesta.

Parte de la presentación de la Sunedu respecto al caso de las elecciones al rectorado en la Universidad de Piura del 2019.

Dioses también coordinó con el congresista piurano Wilmar Elera (Somos Perú) para que lo ayudara a que Medina le haga caso. El 14 de enero, dicho legislador envió un oficio reiterando el pedido del excandidato al rectorado para estar presente en la comisión de Educación. Tampoco fue atendido. 

En agosto del año pasado, Dioses y otros catedráticos de la universidad ya habían enviado un pliego de denuncias –incluyendo el fraude electoral– a la actual Comisión de Educación. El 19 de octubre, el grupo parlamentario recibió la documentación. No se sabe qué hizo con ella. 

“[Los congresistas] dicen que nadie se quejó. Es mentira. Nosotros somos quienes hemos hecho la denuncia. Nunca nos invitaron, decir que nadie ha reclamado, mientras que yo lo he demostrado con papeles [es una falta de respeto]. Una parte del Congreso está confundida y otra está aprovechándose de la situación”, afirma Dioses a Sudaca. Este medio buscó a Esdras Medina para recoger su versión, pero al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista. 

Esdras Medina, legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

En la Comisión también ignoraron que Carlos Vargas León, el representante de la ONPE, reconoció que no vio directamente el caso. “A riesgo de equivocarme, pero no lo creo así porque la oficina regional de Piura es la que llevó a cabo la asesoría y nos manifestó que no hubo ningún reclamo sobre nuestra participación en el proceso electoral”, mencionó el funcionario. Vargas también explicó que la ONPE solo tuvo 15 días para acompañar el proceso. Aún así, los congresistas utilizaron su discurso para machacar a la Sunedu por “entrometerse con la autonomía universitaria”. 

Por eso, al darse cuenta de la emboscada, el superintendente Zegarra terminó retirándose de la sesión. “Antes de que nos presentemos, sin saber nosotros, presentan a un representante de la ONPE que nunca ha estado en Piura, pero pontificó que había sido hecho de la manera más pulcra. Nos hicieron sanguche. Yo tuve que retirarme porque no aguantaba”, le dijo al programa Si el río suena, de Sudaca. Y agregó: “Nos prepararon una celada. Los congresistas se despacharon contra la Sunedu como si ese fuese el motivo de la reunión”

Los congresistas que más escándalo hicieron fueron Alex Paredes, perulibrista y vicepresidente de la Comisión; Edgar Tello, también del lápiz; y Tania Ramírez, de Fuerza Popular. “¿Sancionar a la universidad, para qué? Aquí en la comisión son recurrentes las multas de Sunedu. Las instancias superiores no se crean para hacer uso y abuso del poder que se tiene. ¿Cuándo multamos a la Sunedu?, digo yo”, dijo Paredes. 

“Esta es una muestra de que la Sunedu no es una institución que regule la calidad universitaria y menos respete la autonomía. ¿Con qué cara se le puede defender?”, expresó Tello. “No es la primera vez que sucede que le quieren quitar la firma a un rector elegido por sus alumnos. Pareciera que quieren ser dueños de universidades para decidir quién entra y quién sale”, aseguró muy alterada Ramírez, quien también dirige un grupo parlamentario que investiga el licenciamiento universitario. Estos son apenas algunos ejemplos. 

 

Votaciones fraudulentas

En el 2019, las elecciones para el rectorado de la Universidad Nacional de Piura en 2019 fueron cuestionadas casi de inmediato. El primer reclamo fue por la modificación del padrón electoral. 

Tras haber excluido a los estudiantes de posgrado y a los “no regulares” –que cursan menos o más créditos de los permitidos–, el 10 de octubre el Comité Electoral realizó extraños cambios de última hora. Fue solo 5 días antes de la primera vuelta y para incorporar nuevos estudiantes de los Programas Especiales Descentralizados, de sus filiales en Sullana, Sechura y Paita. La lista oficial de votantes ya había sido aprobada un mes antes y publicada en el diario El Peruano. Con el cambio, el padrón pasó de tener 176 a 367 estudiantes en dichas sedes.

Pero fue en la segunda vuelta, que se hizo entre el 10 y 12 de diciembre, donde hubo más cuestionamientos. En la jornada electoral, un docente contratado fue presidente de la mesa de sufragio número 78, según la Defensoría y la Sunedu. Este hecho contradice la Ley Universitaria, que dice claramente en su artículo 66 que solo docentes ordinarios –o sea, contratados de manera permanente– y estudiantes matriculados forman parte del padrón electoral.

En la segunda vuelta también se instalaron mesas sin que todos sus miembros estuvieran presentes. En total, fueron 6 mesas las que se abrieron sin la presencia de secretarios y vocales, también de acuerdo a la Defensoría y la Sunedu. En las actas electorales no figuraban sus firmas. Sobre este punto, la UNP reconoció que la falta ocurrió por la presión de los electores para votar. También se instaló una mesa fuera de hora. Fue la número 6 y comenzó a funcionar a la 1 de la tarde, cuando el horario regular era de 9 a 12 del mediodía, de acuerdo al reglamento de las elecciones de la UNP.

Y al igual que ocurrió con el cambio del padrón, el Comité Electoral modificó el horario de ingreso de los presidentes de mesa un día antes de la segunda vuelta. El problema: no informaron correctamente de ello. El organismo decidió que los presidentes de mesa debían acercarse a las 7 am –con tolerancia de una hora– a sus locales de votación o serían reemplazados por otros docentes. Y ya sabemos cómo suelen acabar esos reemplazos voluntarios.

“Resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron publicadas, contraviniendo este principio”, se lee en el informe de Sunedu sobre el sospechoso cambio de horarios.

El docente y excandidato al rectorado, Segundo Dioses, fue quien dio la alerta de las irregularidades en las elecciones del 2019. Vídeo: ExpresiónLibre.

“Eso fue un vil fraude. No dejaron votar a los estudiantes de posgrado. Con eso ya era suficiente. Incluso tengo información de profesores de mi agrupación que no los dejaron entrar a los locales porque ya estaba gente de otro sitio. Cambiaron las reglas de juego a última hora”, revela Segundo Dioses a Sudaca, quien perdió la segunda vuelta solo por 29 votos. 

Pero en el Legislativo hicieron oídos sordos del fraude. “Yo nunca me imaginé que verían el caso en el Congreso, sinceramente. Todos nos alegramos porque pensamos que verían nuestra denuncia. Yo sí me incomodé, me sentí mal, un poco decepcionado”, asegura Dioses. 

Actualmente la universidad piurana se encuentra a cargo de Omar Vences Martínez, rector interino reconocido por Sunedu. Además, la UNP mantiene una acción contenciosa administrativa en el Juzgado Civil de Turno del Módulo Básico de Justicia de Castilla para revocar la multa impuesta y el pedido de nuevas elecciones. La demanda fue notificada a Sunedu el 22 de septiembre del año pasado. Desde entonces, están a la espera de nueva información sobre el estado del proceso judicial. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Congreso, SUNEDU, Universidad Nacional de Piura

La semana pasada, un grupo de influencers peruanos hizo noticia tras lanzar sendos videos en Instagram recomendando a sus seguidores (muchos de ellos, menores de edad) invertir en apuestas deportivas. Lo que Josi Martínez (17) y las ‘hermanas Klug’, Sam Lobatón (20) y Gianella Marquina (22), no especificaron es que se trataba de publicidad.

En los videos, los tres parecen seguir un solo guión. Abren una caja de preguntas y, convenientemente, reciben la misma: ¿cómo han incrementado sus ganancias? También al unísono, responden que los consejos de “expertos” apostadores los han ayudado. Luego, recomiendan entrar a un grupo de Telegram. Allí -en teoría- estarían los consejos milagrosos para ganar apuestas en deportes como fútbol y básquet.

“Estoy en un grupo de Telegram donde profesionales envían pronósticos, yo solo los copio y gano dinero”. “Yo empecé con 50 y en una semana he ganado 600”. Esos son algunos de los mensajes que repetían Martínez, Lobatón y Marquina a sus seguidores, que solo en Instagram suman casi tres millones.

El grupo de Telegram es administrado por la cuenta Bets Analistas, una marca que ‘pronostica’ resultados deportivos. Según el mismo grupo y la página web de la firma, esta pertenece a una sociedad que dirigen los hermanos españoles Carlos y Daniel Ramos. Ambos se promocionan a sí mismos como dueños de “una de las empresas más grandes de pronósticos deportivos” de su país.

Según Augusto Medina, técnico electrónico que trabaja en el rubro de las apuestas, a los hermanos Ramos -y demás personajes que hacen lo mismo- se les conoce como tipsters. “Se llaman así y se reconocen como expertos en la materia. Así como ellos, hay colombianos, peruanos y otros que se dedican al 100% a hacer análisis estadísticos”, apunta.

 

Carlos y Daniel Ramos
Los hermanos Carlos y Daniel Ramos, los «gurús» de las apuestas españoles detrás de Bets Analistas.

Bets Analistas aconseja apostar en casas de apuestas de España, México y Colombia. En Perú, recomienda las empresas BetWarrior, Betfair y CampeonBet. Un informe de elDiario.es, de España, cuenta que las ganancias de los tipsters suelen venir “de las propias casas de juego por traer nuevos clientes”, pero también reciben dinero a través de los grupos de Telegram.

La comunidad de Bets Analistas en esa aplicación de mensajería tiene más de 235.000 miembros. En el chat se comparte diariamente un pronóstico de los hermanos Ramos, como una pequeña prueba de su aparente éxito. Si aciertan, promocionan su victoria. Pero el verdadero negocio lo hacen después: ambos ofrecen cupos en otros grupos cerrados donde brindan recomendaciones para apuestas más fuertes. “Solo para los más rápidos, para gente seria, gente amante del dinero”, advierten.

Para acceder a estos, hay que pagar montos que van desde los 19,99 hasta los 49,99 euros. Al pagar aparece como responsable del servicio la empresa Global Gaming Marketing Services, domiciliada en Ceuta, España. En las bases de datos de ese país no se menciona quiénes están detrás de dicha firma.

Telegram - Besta Analistas
El mensaje de convocatoria de Bets Analistas para sus grupos privados en Telegram.

 

“No hay nadie infalible en este rubro. Ningún tipster del mundo lo es, ni se puede vender como eso”, critica Augusto Medina. 

Para el psicoanalista Leopoldo Caravedo, los pronósticos de Bets Analistas no son tan fiables como se venden y, además, son riesgosos. “Es similar a lo que pasa con las estafas piramidales. En este caso, te dicen que todo estará bien sí o sí, como si uno pudiese controlar el azar que permite infinitas posibilidades. En un partido de fútbol las chances de ganar son bajísimas, salvo un golpe de suerte. Es una ilusión: ganas una apuesta y uno piensa que eso va a repetirse. Buscar de nuevo esa sensación de satisfacción es lo que hace que uno siga apostando y se vea entrampado en el juego”, asegura.

La ilusión de la que habla Caravedo se sostiene gracias a lo que en el mundo de las apuestas se conoce como ‘stakes’: la probabilidad de éxito que tiene un pronóstico. Esto, a su vez, define la cantidad de dinero a invertir en él. Los tipsters pueden ofrecen ‘stakes’ con una supuesta seguridad de ganancia por encima del 90%. “Lo que te quieren vender es que habrá más ganancia que pérdida. Eso es relativo. No existe seguridad al 100% de ganar, ni entrando a sus grupos privados. El tipster no te puede garantizar eso”, explica el técnico Medina. 

Historia-Instagram
Una de las historias de Instagram modelo que subían los influencers para promocionar a Bets Analistas.

 

“La idea en el fondo es anular la desconfianza en sus pronósticos, que la persona no reflexione. Si fallan, pueden decir que otros usuarios sí ganaron, pero que el error fue del apostador y no de ellos, que son los influyentes”, agrega Caravedo, que ha tratado a personas con adicción a los juegos de azar. 

 

Vacíos legales

Indecopi anunció que ha iniciado investigaciones preliminares sobre este caso. En nuestro país existe, desde el 2019, la Guía para Publicidad de Influencers. Este documento busca asegurar que los anunciantes en espacios digitales cumplan las exigencias de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La principal recomendación de la guía es que los influencers coloquen el hashtag #publicidad o #publicidadcontratada en un lugar visible dentro de sus publicaciones, para que sus seguidores no duden de que se trata de contenido pagado. Caso contrario, dice el documento, podrían recibir una sanción de hasta 700 UIT, lo que equivale a S/3. 220.000.

Los tres influencers promotores de Bets Analistas no pusieron el hashtag en sus stories de Instagram. Por ende, la sanción de Indecopi tendría que ser tanto para los influencers como para los hermanos Ramos, como empleadores. Sin embargo, según Carlos Guerrero, abogado especializado en entornos digitales, que Bets Analistas esté domiciliada en España ataría de manos al organismo estatal.

“Si las personas a las cuales está vinculado el servicio ni siquiera están domiciliadas en el Perú, va a haber un problema de aplicación. Va a ser un poco difícil sancionar a infractores que no están en el territorio”, explica. 

“Nuestra ley sí es aplicable. Otra cosa es si efectivamente Indecopi tendrá los recursos para perseguir a estos empresarios españoles que no están domiciliados en el Perú. Es un problema más de cómo aplicar la ley”, agrega Alex Sosa, abogado especialista en derecho publicitario y competencial.

Desde el 2020, Indecopi inició 180 investigaciones a influencers: 112 fueron archivadas, 65 siguen en trámite y se abrieron tres procedimientos administrativos de oficio, informaron recientemente en una nota de prensa. Sin embargo, hasta ahora solo se ha sancionado a un influencer con 1 UIT por realizar publicidad de un servicio de taxi en moto “sin evidenciar de manera clara que se trataba de publicidad e induciendo a cometer actos ilegales porque dicho servicio estaba prohibido según el Ministerio de Transportes”, asegura el área de prensa de la entidad a Sudaca.

Indecopi también reconoce a este medio que, si bien la guía es útil, solo es un documento orientativo y no una ley.

En el Perú tampoco existe una regulación, como tal, de las apuestas online. En el Congreso anterior, la bancada de Somos Perú presentó un proyecto que cubriría este hueco. La iniciativa destaca específicamente las apuestas deportivas y los daños a menores de edad. A la fecha, sigue en la Comisión de Economía, de acuerdo al portal del Legislativo. 

Lo que sí tenemos es una ley que prohibe las apuestas y juegos de azar dirigidos a menores de edad, sin tratar específicamente el entorno digital, aprobada en el segundo gobierno aprista. Este grupo etario abarca gran parte de los seguidores que tienen Josi (1 millón), Sam (979 mil) y Gianella (960 mil) en sus cuentas de Instagram, sin contar los que tienen en TikTok. El organismo encargado de velar por su cumplimiento es el Ministerio de Turismo, a través de su Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

“Si son su público principal, no solo Indecopi debería ver el asunto. También el ministerio deberá precisar si hay una infracción a esta normativa, no solo en Instagram sino también en estos grupos [de Telegram] donde no hay ningún filtro para ingresar”, afirma el letrado Guerrero, recordando que el chat de Bets Analistas no impide que un menor de edad se una. 

El equipo de Josi Martínez –el único de los tres influencers que es, él mismo, menor de edad– publicó un comunicado el último jueves pidiendo disculpas por omitir el hashtag #publicidad en sus historias sobre Bets Analistas y prometiendo “tener más cautela” para elaborar su contenido futuro. Sudaca buscó los descargos de las otras dos influencers, pero al cierre de edición no contestaron por correo ni por Instagram.

Mientras Indecopi investiga, quedará en los usuarios buscar otro tipo de sanciones. “Las redes sociales tienen sus normas comunitarias y pueden solucionar el problema en pocas horas a través de una denuncia a las publicaciones”, sostiene Alex Sosa.

Lo que determine la entidad en este caso será fundamental para otras controversias. Pero nada augura un castigo ejemplar. “La normativa peruana está difícilmente preparada para enfrentar casos de este tipo. Veremos otros muy parecidos en el futuro”, pronostica el abogado Guerrero.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Apuestas, Indecopi, Influencers

A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y como ocurre ya en el régimen agrario.

Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero. 

Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.

Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.

 

Sin debate

El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.

Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028. 

Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.

Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.

Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.

Sin exposición de motivos plasmada en los decretos, hay que remitirse a la presentación del pedido de facultades legislativas del ministro Pedro Francke ante el Congreso. En ella solamente se señala que, luego de que se derogaron las leyes que favorecían al sector agrario en diciembre del 2020 (por las protestas), también se derogaron las mismas para el acuícola y forestal. Y no se restituyeron con las nuevas normas.

Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.

“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio. 

Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable. 

Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.

Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante», asegura el tributarista Fernando Loayza.

Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza. 

El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.

Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza. 

Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.

 

Empresarios en Palacio

Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.

Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado. 

El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio;  Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.

La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.

Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.

Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal. 

Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú. 

Antes fue fundador de la Corporación Pesquera Inca (Copeinca), una de las empresas líderes en producción de harina y aceite de pescado en el país. La familia Dyer vendió esta compañía a la empresa China Fishery Group en la Bolsa de Oslo por US$223,2 millones en el 2013. 

El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca. 

Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Economía, MEF, Pedro Castillo, tributos

Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.

Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.

Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.

Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP. 

Y este no es –vale agregar– el primer desencuentro entre el Ejecutivo y los gremios proletarios. En agosto, Sudaca ya había advertido que el presidente sindicalista estaba teniendo problemas para conectar políticamente con distintos sindicatos. Con la nueva ministra de Trabajo, sin embargo, la relación parece haberse roto definitivamente. 

 

Ministra con anticuerpos

“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.

“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP. 

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.

Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.

Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.

 

SIN PREVIO AVISO

Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.

El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.

“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.

La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.

También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.

Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales. 

En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología. 

 

AL ESTILO BOLIVIANO

Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.

De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas».

Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.

Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.

Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.

El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.

La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.

Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.

Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.

Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP. 

 

*Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Betssy Chávez, Centrales Sindicales, Ejecutivo, Presidente Castillo

Los casos de Covid-19 están volviendo a aumentar con la llegada de Omicron al país, pero eso no le importa a los enemigos de la ciencia. Movimientos antivacunas como la Organización Médica Peruana de Investigación (Ompei) y Médicos por la Verdad en Perú están planeando nuevas estrategias para boicotear el proceso de inmunización.

Médicos por la Verdad, movimiento de origen español que tiene presencia en toda América Latina, incluyendo –lamentablemente– al Perú, ha convocado para hoy a las 3 de la tarde una marcha que saldrá desde la Plaza San Martín. Y si bien la ruta oficial acaba en el Parque Kennedy, los manifestantes amenazan con atacar la casa del ministro de Salud, Hernando Cevallos, para “que sienta la presión”.

En el chat de Telegram de la agrupación, al que Sudaca se infiltró, se dejan insultos de todo calibre para el ministro. “El HDP de Hernando Cevallos ya anuncia nuevas restricciones. La marcha tiene que ir a su domicilio y hay que fomentar por todos los medios disponibles la desobediencia civil”, dice el usuario ‘Xavier Hc’. Otro miembro, llamado ‘Eddy R.A’ , responde: “vamos a la casa de ese genocida”. Algunos, como ‘Channel’, van más lejos: “Ojalá quemaran la casa de Cevallos en Lima”. 

Algunos de los mensajes vertidos en el grupo de Telegram de Médicos por la Verdad sobre el Ministro de Salud.

Consultada por Sudaca, Vanny Herrera, vocera del grupo, asegura que la movilización de hoy será “una marcha pacífica” y descarta que vayan a visitar al ministro. Dice, eso sí, que el aumento de casos de la variante Omicron en el país –anunciado por Cevallos el lunes– “altera más” a sus seguidores. 

Además de las movilizaciones, Médicos por la Verdad ya empezó a tejer sus vínculos políticos en el Congreso. El último lunes por la mañana tuvieron una reunión virtual en la Comisión de Salud y Población, la cual habían estado promocionando todo el fin de semana. En la sesión, anunciaron, se iban a presentar “informes médicos” sobre la pandemia.

Para conseguir esta cita, la agrupación envió varios petitorios al Congreso desde fines de noviembre. Incluso habían sido citados para el miércoles de la semana pasada, pero no los dejaron ingresar porque no presentaron el carnet de vacunación. Así lo comentaron en su chat de Telegram.

De acuerdo a Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre y secretaria del grupo de trabajo, los antivacunas sesionaron con los asesores de la comisión. “Los congresistas de la comisión no hemos aprobado dicha reunión, me parece que los asesores han tenido una reunión a su requerimiento, más mi persona no comparte sus pensamientos antivacunas”, asegura a Sudaca la parlamentaria.

¿Qué dudosa información llevó Médicos por la Verdad a los asesores del Congreso? El mismo lunes, horas después de la reunión, Vanny Herrera compartió extractos de la sesión desde su Facebook. Lo más relevante es la presentación en Power Point de una supuesta “doctora” a quien no se identifica. El archivo se titula “Riesgo/beneficio que llevan a portar un carnet de vacunación” [sic] y expone la serie de efectos adversos que supuestamente tuvo la autora luego de recibir la primera dosis de la vacuna.

Los extractos de la reunión en el Congreso compartidos por Vanny Herrera en su Facebook. 

“A los 10 minutos, en el observatorio, yo presenté una reacción de taquicardia, tuve picazón en el paladar y la garganta. Empecé a tener todos los síntomas cuando tengo una picadura de abeja”, se le escucha decir. Además, asegura que tuvo moretones luego de inmunizarse. La “doctora”, por supuesto, no presentó ninguna prueba. 

 

«Hay que responderles con violencia»

En la Ompei apuestan por otras estrategias para boicotear la vacunación. La asociación peruana antivacuna, que fue fundada en agosto del año pasado, apunta a que el retorno a clases presenciales incluya niños no vacunados. Desde el domingo vienen difundiendo un planillón de firmas en Facebook y Telegram para que el Ministerio de Educación (Minedu) autorice la apertura de escuelas para los menores no inoculados el próximo año. La organización juntará las rúbricas hasta el 10 de febrero, anuncian en sus redes.

En el planillón, titulado “Memorial de apoyo a la Ompei”, se lee textualmente: “Rechazamos la vacunación forzada especialmente en nuestros niños y adolescentes. Como padres de familia, conjuntamente con Ompei, peticionamos que el Ministerio de Educación autorice Centros Educativos para NO inoculados en razón que desestimamos matricular el 2022 a nuestros menores hijos en colegios para vacunados o en aquellos que se exija absurdamente el carnet de vacunación o incite a la violencia moral, psicológica, agresión a integridad física y a la discriminación”.

Rosa María Apaza, la abogada y presidenta de la Ompei, hizo una transmisión de Facebook en vivo el último lunes para dar más luces sobre esta iniciativa. “Ojalá contesten esos comunistas, pero no hay peor gestión que aquella que no se realiza”, manifestó.

Apaza no perdió la oportunidad de aconsejar a sus seguidores responder violentamente si alguien les recomienda vacunarse. “Anda envenena a tus hijos, métete la vacuna por el trasero. A ver, atrévete a venir… Se lo dicen con cuchillo en mano”, amenazó Apaza en su ‘Live’. Y luego agregó: “Deberíamos tomar las calles, las pistas, porque así como ellos están ejerciendo violencia, también hay que responderles con violencia. Habría que ser cojudos”.

Además, dijo a los padres de familia que “está demostrado que esto [la vacunación] es un experimento mundial y, si usted quiere entregar a sus niños como ratón de laboratorio, es exclusivamente su responsabilidad”. Todo ello, por supuesto, es falso.

El grupo de Telegram de la Ompei también se ha convertido en una plataforma para que Rosa María Apaza, autoproclamada “abogada de la libertad”, difunda sus servicios de asesoría legal, con el supuesto objetivo de “que se cumplan los derechos de los que no se quieren vacunar”. Para acceder a esta asesoría, uno tiene que hacer una “donación” de mínimo S/30 a las cuentas de la organización.

La promoción de las citas legales de Apaza es constante en el chat de Telegram que tiene la Ompei.

Apaza, que según el registro del Colegio de Abogados de Lima tiene su colegiatura inactiva, también difunde conversatorios con otras personalidades antivacunas de la región. En sus transmisiones suele mencionar que detesta recibir mensajes que no sean para citas legales y considera a los provacunas unos “malditos psicópatas, pobres diablos y soretes”.

Telegram también fue la plataforma que usó la presidenta de la Ompei para su campaña al Congreso en las últimas elecciones. Apaza postuló con el partido Democracia Directa, que quedó último en los comicios, con propuestas como la “ley de moratoria del 5G” y la “ley que autoriza el uso del CDS”. 

Uno de las fotografías de campaña que Apaza compartió con sus seguidores en Telegram.

Intentamos comunicarnos con la abogada mediante sus dos números de teléfono, pero al cierre de edición nos dejó en visto.

Ambos movimientos antivacunas han encontrado en Facebook y Telegram –sobre todo este último– espacios seguros para difundir sus dardos contra la vacunación en el Perú. En esta última red social, Médicos por la Verdad en el Perú tiene más de 17.500 suscriptores y la Ompei alcanza casi los 3.000. En Facebook, Vanny Herrera, vocera principal del primer grupo, tiene más de 5.000 amigos. Por su lado, la Ompei tiene casi 19.500 seguidores.

Estos canales se han convertido en los espacios donde se planean y difunden los próximos planes antivacunas. Con el 75% de la población objetivo inmunizada y más de 202.000 personas muertas en esta batalla, según cifras del Ministerio de Salud, toca pensar cómo erradicar estas variantes de la desinformación.

*Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Antivacunas, Covid-19, Fake news, Minsa

«Recuerda que, en la Biblia, los reyes tuvieron a los profetas que los asesoraban espiritualmente y les decían qué hacer conforme a la palabra de Dios. Aparte tenían a sus asesores políticos», dice Anthony Jesús Lastra Velarde, de 23 años, para explicar su relación con la pareja presidencial y, en específico, con el presidente Pedro Castillo.

El joven pastor es el secretario de juventudes y vocero del Movimiento Nacional de Asistencia y Asesoría Espiritual Eliseo (Movinaes), una agrupación evangélica incipiente que busca mayor representación nacional en su comunidad. Dirige, como parte de este movimiento, el Centro Cristiano Vida de Dios, situado en la urbanización Mirones Bajo, en el Cercado de Lima.

Lastra se ha convertido en el enlace más visible entre la iglesia evangélica y el presidente. Su cercanía es clara: se evidencia en diversas fotos con Castillo y su esposa en mítines de campaña, y en ceremonias religiosas. Reconoce, además, que tiene una agenda para el mandatario. “Hay una agenda espiritual. Deben respetarse los valores bíblicos. Él [Castillo] es profamilia y provida. Está en contra de la ideología de género y el aborto. Lo sé porque hemos conversado estos temas”, afirma. El mensaje recuerda al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM).

El pastor Lastra se acercó al presidente luego de que este pasara a segunda vuelta. Lo hizo, dice, motivado por un llamado divino. “Yo me acerco al presidente cuando aún era candidato en segunda vuelta. Mi señora esposa tuvo un sueño donde una voz le dijo que Pedro iba a ser presidente. Esa palabra venía de nuestro Dios”, cuenta a Sudaca.

No le fue difícil que el entonces candidato presidencial acepte su presencia. La primera dama, Lilia Paredes, forma parte de la Iglesia del Nazareno, una de las congregaciones evangélicas más representativas del país. De hecho, uno de los locales de la iglesia se encuentra al frente de su casa en Chota.

El pastor dice haber hecho buenas migas con la esposa del mandatario. “Conozco a su esposa, que es evangélica. Ahí tenemos una relación porque somos hermanos en Cristo. Con sus hijos igual. Él es católico, pero respeta mucho al pueblo evangélico”, señala.

Castillo se formó en un ambiente religioso. Y, si bien no es evangélico, respeta las creencias de esta religión porque varios de sus familiares la profesan. Así lo contó uno de los sobrinos del presidente para un informe previo de Sudaca. El padre del presidente, además, fue descrito como un “devoto cristiano” por la agencia EFE en un artículo de junio pasado. En el frontis de su vivienda chotana hay una inscripción en inglés que dice: “Jehova es mi pastor”.

Lastra aprovechó sus redes sociales para hacer campaña por Castillo, a quien considera “su querido amigo y hermano” y un “elegido de Dios” para gobernar al Perú. Durante la segunda vuelta, lideró una oración por el profesor chotano en una actividad proselitista del lápiz en Mirones Bajo.

También se le vio en el cierre de campaña de Perú Libre en San Juan de Lurigancho y hasta ha visitado la Casa del Maestro para “darle cobertura espiritual” a Castillo. Afirma incluso haber llorado junto al actual presidente cuando este recibió sus credenciales. “Dios me ha permitido, ya con él como presidente, tener esa relación espiritual”, dice.

Anthony Lastra oró junto a Pedro Castillo en un mitín que realizó en San Juan de Lurigancho.

El pasado domingo 5 de diciembre, cuando aún sonaban los tambores de  vacancia, Lastra se encargó de liderar la oración para bendecir a Castillo y su esposa durante un evento en el que participaron varios movimientos evangélicos. Celebraban el Culto al Bicentenario, una ceremonia que tuvo como invitados especiales a todos los miembros de la familia presidencial. Lastra aprovechó, además, para regalarle una Biblia a Castillo y cantarle el cumpleaños a una de las hijas de este.

Para coordinar la presencia de la pareja presidencial en el evento, Lastra visitó en dos oportunidades a Irma Rojas, directora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República (en la práctica, el despacho de la primera dama Lilia Paredes). Lo hizo el 21 de octubre y el 18 de noviembre, de acuerdo al Portal de Transparencia. El joven pastor se ha reunido en otras ocasiones con la esposa del mandatario, como deja ver una foto del 30 de noviembre pasado que subió a su Facebook oficial. 

La relación entre Lastra y la pareja presidencial es llamativa en el mundo religioso. Guillermo Flores Borda, evangélico e investigador en religión y política, dice que lo lógico era que Castillo se relacionara con la iglesia de su esposa y no con el movimiento de Lastra. “Lo natural es que ellos se acercaran a los nazarenos. Nos extrañó bastante que apareciera con Lastra. El problema es que los Castillo no tenían círculos sociales en Lima”, asegura.

También le llama la atención el interés de Castillo por un pastor de solo 23 años. “Eso no es común en denominaciones grandes como la Alianza Cristiana, Asambleas de Dios, Metodistas y Presbiterianos [que son congregaciones tradicionales]. Habría muchos peros, porque es una persona sin entrenamiento teológico formal y sin experiencia de vida para guiar a gente mayor que él”, explica Flores Borda.

Lo cierto es que Lastra ha puesto empeño en la relación con la pareja presidencial. Tanto así que dice haberle dado consejos a Castillo luego de los últimos escándalos en que se ha visto involucrado junto a su exmano derecha Bruno Pacheco. “Nosotros al presidente le hemos manifestado que siempre tiene que ir de la mano de Dios. Si es así no existirá corrupción, no habrán cosas malas. La Biblia nos enseña que, si en nuestro entorno hay una persona corrupta y no se quiere enmendar, debemos alejarnos”, asegura Lastra, sin revelar mayores detalles de dónde se llevó a cabo esa conversación.

El joven pastor junto a la pareja presidencial en el evento evangélico Culto al Bicentenario. Foto: Presidencia.

Dice, sin embargo, que Castillo ha aceptado recibirlo por estos días en el mismísimo Despacho Presidencial. “Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, afirma el pastor.

 

Agenda política

La influencia de Lastra no solo se extiende a Palacio de Gobierno. El joven pastor ya visitó los pasillos del Congreso de la República, donde no le ha sido difícil encontrar eco para su visión del mundo. Mucho antes de visitar el despacho de la primera dama, Lastra inició una serie de reuniones con varios parlamentarios oficialistas, asegura, para “ofrecerles la palabra de Dios”.

Donde ha tenido mayor acogida ha sido en las oficinas de los congresistas oficialistas. El asesor espiritual se ha reunido con tres parlamentarios del lápiz en octubre: Américo Gonza (Cajamarca), Lucinda Vásquez (San Martín) y Katy Ugarte (Cusco), según el portal de Transparencia del Congreso. Estas dos últimas pertenecen al denominado bloque magisterial.

Es con Vásquez que Lastra y su movimiento han logrado mayores coincidencias de agenda. Ella, por ejemplo, ha propuesto declarar de interés nacional la elaboración de un nuevo currículo nacional, descartando así el actual enfoque de género. Y es coautora, junto a la pastora evangélica de Renovación Popular, Milagros Aguayo, del proyecto de ley para reconocer los derechos del concebido. Las iniciativas legislativas se encuentran aún en manos de la Comisión de Educación del Congreso, presidida por el también evangélico y legislador celeste, Esdras Medina. 

En comunicación con Sudaca, la congresista Vásquez asegura que ella legisla de acuerdo a sus creencias religiosas. “[Con Lastra] en realidad no nos hemos detenido mucho en qué clase de consejería me estaba ofreciendo. Hemos hablado regular y coincidimos. Yo soy creyente católica y maestra, en esa línea estamos trabajando”, dice.

El pastor Lastra visitando a la congresista perulibrista, Lucinda Vásquez. Foto: Facebook.

Lastra, por su parte, anuncia que seguirá paseando por el Congreso, aunque ya no en el bando oficialista. “No solamente me van a ver visitándolos a ellos, sino a todas las bancadas, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos Por el Perú, porque mi trabajo espiritual no es solo para el presidente”, manifiesta.

Incluso dice que podría visitar a los congresistas del Partido Morado. A esta agrupación la tildó, en enero,  de “la peor vergüenza para el país” e “hijos de Satanás” por proponer la despenalización del aborto, el matrimonio civil para personas del mismo sexo y una ley de identidad de género. 

Pero dentro de su recargada agenda, Pedro Castillo tendrá un lugar especial. “El día que el presidente esté haciendo algo que vaya en contra de la Biblia y la palabra de Dios, seré el primero en manifestarlo”, advierte.

Tags:

Congreso, Evangélicos, Pedro Castillo, Perú Libre, Presidente Castillo

El año pasado, durante los momentos más críticos de la pandemia, en el Colegio Médico de Lima Metropolitana se desató una serie de irregularidades financieras y administrativas. Así lo revela una auditoría de mediados de este año a la que Sudaca accedió y que pone en la picota al exdecano de esta sede, el epidemiólogo Juan Astuvilca Cupe, y a la tesorera Julisa Caballero Amado. Y es que no todos los esfuerzos del gremio se centraron, precisamente, en combatir al coronavirus. 

El 15 de octubre del año pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) encargó a la empresa de auditores Jerí Ramón & Asociados una evaluación sobre el manejo administrativo del Consejo Regional III Lima, más conocido como el Colegio Médico de Lima Metropolitana. Los especialistas pusieron el foco entre enero y setiembre de aquel 2020, advertidos de presuntos malos manejos que apuntaban a la cabeza.

En noviembre de aquel año, Astuvilca y Caballero fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las indagaciones. Luego de algunos meses de trabajo, los auditores señalaron que el decano Astuvilca y su tesorera Caballero habían autorizado bonos sin justificación e incluso se beneficiaron de préstamos sin autorización de la Junta Directiva, la máxima instancia que aprueba este tipo de desembolsos.

Uno de los hallazgos más importantes es que existieron operaciones financieras “fantasma”. En total fueron más de 125 transacciones sin respaldo documentario. “No fueron ubicados los documentos que respaldan operaciones hasta por S/315.668,58”, asegura el informe. La mayoría de estos desembolsos fueron pagos de AFP’s y servicios básicos, pero también pagos de dietas a directivos, como la propia Caballero.

A inicios de este año, además, las autoridades que reemplazaron a Astuvilca en el cargo le dijeron a los auditores que la tesorera no había entregado los documentos contables que sustentan los desembolsos. “Existe una variedad de documentos que faltan, porque lastimosamente la Dra. Julisa Caballero no ha realizado la entrega de cargo correspondiente sobre el acervo documentario administrativo y contable, a pesar de las cartas notariales que la Junta Directiva le solicitó, lo cual perjudica notablemente a la institución en su funcionamiento, incumpliendo totalmente las funciones a la que fue asignada como Tesorera”, contó en enero pasado Gerardo Campos Siccha, el tesorero que sucedió en el cargo a Caballero.

Los auditores dieron cuenta de que también faltaban 773 comprobantes de pago, entre notas de crédito, boletas de venta y facturas. Y encontraron que, entre febrero y mayo de ese año, se autorizaron préstamos a directivos por S/78.400 saltándose los procesos.

El 7 de febrero del 2020, por ejemplo, el entonces decano Astuvilca recibió S/54.000, mientras que la tesorera obtuvo S/9.400 en mayo por ese concepto, dice el informe. Estas transferencias no se dieron en «un proceso regular debido a que la Junta Directiva desconocía dicha solicitud”, dijo Campos Siccha.

Los préstamos que Astuvilca y Caballero autorizaron para ellos mismos, según el informe de auditoría.

Campos agregó que Astuvilca devolvió parte del dinero recién en junio de este año, es decir, cuando el proceso administrativo en su contra estaba en curso. También señaló que Caballero, como tesorera, aprobó su propio préstamo directamente a su cuenta bancaria “el cual no contaba con la documentación, aprobación y conocimiento de la Junta Directiva”.

Pero hay más. Tanto Astuvilca como Caballero habrían acordado realizar otros desembolsos durante el pico más alto de la pandemia. Por ejemplo, el decano recibió S/14.080 entre bonos de movilidad sin aparente justificación, según la auditoría.

Los pagos, que se dieron entre marzo y junio del 2020, se aprobaron “por un aparente acuerdo entre Caballero como jefa de tesorería y Astuvilca como decano” y sin haber hecho la solicitud correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el informe por el ya mencionado Campos Siccha. Estos “bonos” no tendrían justificación porque “ya habían sido pagados en el mismo periodo”, se lee en el documento. Astuvilca, como con los préstamos anteriores, devolvió los importes más de 90 días después.

Otros desembolsos coordinados entre Astuvilca y Caballero fueron la entrega de “bonos extraordinarios” a ciertos trabajadores de la institución, en mayo del año pasado. La auditoría identificó que, sin ningún sustento, salieron S/31.300 de tres cuentas bancarias de la institución y fueron a parar a manos de algunos suertudos. “No se evidencia acuerdo del Consejo Regional III – Lima ni del Consejo Nacional que apruebe las Entregas a Rendir ni de Bono Extraordinario a favor de los mencionados trabajadores”, dice el informe.

Fue tal el desconcierto respecto a estos “bonos extraordinarios” que los trabajadores beneficiados devolvieron el dinero. Una de ellas, la contadora Rocío Villegas Huapaya, dirigió una carta al decano señalando que devolvía los S/2.000 que le depositaron porque “no se justifica que un grupo de trabajadores reciban un bono extraordinario y no la totalidad del personal”. Un gesto de honestidad en medio de este presunto faenón.

Un premio económico muy similar se dio bajo el concepto “pago de escolaridad”. En febrero del año pasado, solo un mes después de que la gestión Astuvilca tomara las riendas del colegiado de Lima, se repartieron S/16.138 entre 14 trabajadores por este concepto. Pero había un detalle: algunos no tenían hijos en edad escolar. “Se observó que de los trabajadores beneficiarios del pago de escolaridad están considerados algunos que no evidenciaron tener hijos en edad escolar”, dicen los auditores. Campos Siccha señaló que no tenía conocimiento de ningún acta de consejo donde se haya acordado este desembolso, señala el informe.

Debido a este festín de bonos y repartija de dinero, Astuvilca y Caballero se encuentran separados temporalmente de sus funciones desde noviembre del año pasado. Los auditores recomendaron al final de su trabajo que el decano nacional, Palacios Celi, elevara su informe al Comité Ejecutivo Nacional para determinar acciones y se establezcan sanciones en su contra.

El área de prensa del CMP le dijo a Sudaca que el proceso disciplinario es reservado y que “no pueden pronunciarse por ahora”, conforme a su reglamento interno. Todo queda en casa.

Astuvilca, con quien este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, se limitó a señalar en su Facebook que las acusaciones en su contra son “falsas especulaciones que atentan contra su reputación”. La publicación es del día en que anunciaron su separación y cuando no se conocían los detalles que consignamos en este informe. También buscamos la versión de Caballero, pero no tuvimos éxito. 

 

Objetivo decanato

Tanto Astuvilca como Caballero llegaron a sus puestos para el periodo 2020-2022 gracias a la agrupación ‘Integridad Médica’. Este movimiento tiene como coordinadores nacionales a las actuales cabezas del gremio: Miguel Palacios Celi, decano nacional, y Ciro Maguiña Vargas, vicedecano. El primero de ellos es el llamado a elevar el informe de auditoría al Comité Ejecutivo Nacional, como ya hemos mencionado.

Maguiña, por su parte, es recordado por haber formado parte del escándalo del “Vacunagate”, en el que 487 personas se vacunaron de manera irregular contra la Covid-19.

El decano y el vicedecano son cercanos a Astuvilca y Caballero, como se puede ver en publicaciones y fotos en redes sociales.

Para el periodo 2022-2024, Integridad Médica intentará mantener el timón del Colegio Médico del Perú y de la sede de Lima. Como cabeza de lista, la agrupación propone al doctor Raúl Urquizo Aréstegui para el decanato nacional. Urquizo, actual director del Servicio Médico Familiar del colegio (SEMEFA), es un viejo conocido de Astuvilca y también es mencionado en el informe de auditoría.

El candidato de Integridad Médica fue decano de Lima entre los años 2018 y 2020. En ese mismo periodo Astuvilca fue su secretario general. Como parte de su informe de gestión, Urquizo señaló que “con mucho esfuerzo” lograron concluir una obra que estaba estancada desde el 2012. Se trataba de 18 bungalows para el Club Tumi I de Chaclacayo, un centro de recreación administrado por el Colegio Médico de Lima que ofrece sus servicios a los colegiados de todo el país.

Sin embargo, el informe de auditoría señala que actualmente solo un bungalow ha sido terminado y la construcción del resto se encuentra suspendida debido a clamorosas deficiencias técnicas. “La paralización se refiere a 17 bungalows que quedaron semiconstruidos en casco, habiéndose construido un bungalow en su totalidad y un primer nivel correspondiente al estacionamiento vehicular que ha sido totalmente rehabilitado y reforzado con columnas y vigas para soportar la estructura”, dice el documento. 

Las fisuras (en blanco) que observaron los auditores en el estacionamiento del centro recreacional Tumi I.

Según verificó Jerí Ramón & Asociados al visitar el club, el estacionamiento –que soporta el peso de los 18 bungalows– tiene fisuras en su interior. La obra, que comenzó en el 2019 con Urquizo y debía concluir en la gestión de Astuvilca, ya le ha costado al Colegio Médico más de S/2 millones. 

Consultado por Sudaca respecto a estos hechos, el doctor Urquizo descartó tener responsabilidad directa. “Se está utilizando ese elemento para atacar mi candidatura. Esa obra fue entregada en noviembre del 2019. Obviamente el mantenimiento es responsabilidad de la actual gestión [Astuvilca y sus sucesores luego de ser separado], pero nosotros dejamos operativo todo”, aseguró.

En las elecciones de este domingo 28 de noviembre, donde compiten con otras tres listas, Integridad Médica buscará extender su reinado en el colegio al menos por dos años más. Están advertidos.

Tags:

Colegio Médico del Perú, Covid-19, Pandemia
Página 4 de 8 1 2 3 4 5 6 7 8
x