Lo que señala la Contraloría en su otro reporte no es menor. El Informe de Orientación de Oficio N° 014-2022-OCI/5741-SOO remarca que Agro Rural no venía cumpliendo los plazos de su cronograma para la adquisición de la urea.

De acuerdo al decreto de urgencia que exigía esta contratación, Agro Rural tiene hasta el 15 de agosto para cerrar la compra. Para cumplir con los plazos, la entidad elaboró un cronograma de cuatro partes: los actos preparatorios, que empezaban el 16 de mayo con el requerimiento del producto; la fase de selección de postores, desde el 9 de junio; la fase de ejecución contractual, contada desde el 17 de junio con la presentación de documentación para suscribir el contrato; y la fase de recepción del bien, a la que corresponden 45 días contados desde el 11 de junio con un traslado vía marítima y su posterior distribución a campo. Nada de eso se va a cumplir.

La Contraloría apunta que el requerimiento del producto se hizo recién el 31 de mayo, lo que alteró todo el cronograma previsto. “Lo expuesto permite inferir que la Entidad estaría expuesta al riesgo de no cumplir con la adquisición de las 73,529 Tm de fertilizante nitrogenado urea hasta el 15 de agosto del presente año y garantizar con ello su entrega a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales a nivel nacional durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023”, concluye el informe. 

Incluso, el documento lanza las fechas en que estarían siendo repartidos los fertilizantes. “Las 73,529 toneladas de fertilizantes urea estarían siendo entregadas a la entidad, probablemente el 4 de setiembre de 2022 y siendo distribuidas a los almacenes periféricos de Agro Rural, aproximadamente hasta el 14 de setiembre. Finalmente, se estaría distribuyendo a campo hasta el 21 del mismo mes”. Es decir, más de un mes tarde y con la campaña agrícola ya iniciada.

Cuadro comparativo -Contraloria
La Contraloría hizo un cuadro comparativo entre los plazos originales y los reales que el mismo Agro Rural había contemplado al inicio del proceso.

Con la declaratoria del proceso como desierto, el retraso queda más que garantizado. Aún así, Agro Rural ya anunció la publicación de las nuevas especificaciones técnicas para convocar postores otra vez. Todavía quedan semanas para agosto, pero el tiempo apremia. Y la crisis alimentaria podría empezarse a sentir de a pocos. 

 

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crisis alimentaria, Gobierno

EL EFECTO INDESEADO

La pregunta del millón es si los cambios propuestos por el Midagri atacan los verdaderos problemas del mercado lácteo. “Este reglamento responde a una tensión natural entre los grandes compradores y los gremios ganaderos. Aún así, no había un problema en la cadena productiva, menos en el valor nutricional o precios. Sí a nivel del negocio ganadero, pero eso no se corrige cambiando normativas sobre composición de productos”, considera Carlos Zuñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. 

Lo mismo sostiene Hania Pérez de Cuellar. “La solución al problema no es cambiar reglamentos. A mi criterio es empoderar al sector ganadero. Que tengan centros de acopio, cooperativas, un buen nivel tecnológico con refrigeración para controlar la calidad de la leche. Ello permitiría que los ganaderos puedan acopiar más y mejor. Así pueden negociar mayores precios con Gloria o con quien sea”, propone la expresidenta de Indecopi. 

Otra crítica a los cambios planteados por el Midagri gira en torno a la entidad por la cual se regirá la nueva definición para la “leche evaporada”, es decir, la FDA estadounidense. “Si comparamos al ganado peruano con el americano, el primero está a libre albedrío tratando de comer el forraje [alimento de ganado] que está a su disposición, de haberlo. Eso condiciona la nutrición del ganado y que su leche fresca no sea estándar. En Estados Unidos tienen una alimentación adecuada con revisiones microbiológicas y sanitarias que cumplen las expectativas”, enfatiza Antonio Castillo, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú.

Según Nivia Vargas, de Agalep, en el país teníamos 900.000 vacas en producción hasta el 2020. Ella misma considera que las limitaciones tecnológicas son el principal problema de la leche fresca nacional, más allá de su competencia con la leche en polvo. “Las bacterias se producen porque nosotros no tenemos cadena de frío. La leche espera tres horas mientras llega el camión de acopio porque se ordeña de 3 a 4 a.m. Durante el transporte proliferan las bacterias. En otros países, como Colombia, la industria da tanques de frío. Eso es trabajar de la mano”, asegura. 

Así las cosas, ahora la industria tendrá que adaptarse a la nueva definición de “leche evaporada”. Según Lozada, Gloria y compañía podrán seguir vendiendo el producto mezclado con leche en polvo, pero bajo otro etiquetado: como leche ‘recombinada’ o ‘reconstituida’. “No prohíbe la importación de leche en polvo”, explica.

Y luego, complementa: “A esto hay que sumarle la recordación del consumidor peruano que está acostumbrado a comprar latas que digan “leche evaporada” en vez de recombinada. Ahora siempre que compre leche evaporada sabrá que es producto peruano y que apoyará la economía rural nacional”. 

Evolución de la importación de la leche

Pero también es posible que empresas como Gloria empiecen a importar leche evaporada, evitando correr el riesgo operativo de adaptarse a la nueva definición peruana. “Es una posibilidad. Ya ocurre en ciertos supermercados como Tottus. Importan marcas blancas y les ponen etiquetado propio. Suelen ser más baratas que las nacionales. Si una industria empieza a importar más en vez de fabricar acá, genera desempleo”, sostiene Pérez de Cuellar.

Lo único claro es que esta no será la última novedad que el Midagri traerá para la leche nacional. “Hay varios temas menores que se quedaron en el tintero para no complejizar el decreto supremo. Están siendo evaluados, podrían generar una propuesta de modificación más adelante”, revela Lozada. Óscar Zea, ministro ganadero y congresista del lápiz, tiene una agenda clara para este tema. Habrá que esperar sus próximas sorpresas.

 

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Empresa, Gloria, Leche

 

MÁS CUESTIONAMIENTOS

Ignorar la falta de credenciales para ejercer como secretario general es sólo una de las perlas de Paul Jaimes. Sudaca pudo conocer que –a pedido de este señor– la Oficina de Abastecimiento hizo gestiones para adquirir un sofa cama de la marca Said, el último 3 de marzo, en la tienda de tapicería y decoración MultiTop de La Victoria. El costo de este bien, según la web de la empresa, es de S/599.90. El mueble ya está en su despacho, de acuerdo a una foto que Sudaca obtuvo. 

Esto sería algo anecdótico de no ser porque, según un funcionario del Midagri que pidió anonimato, para adquirir el sofá se habría echado mano de la caja chica de la cartera. Este fondo es exclusivo para “gastos menudos y urgentes que por su finalidad no puedan ser programados” para su adquisición. Esto incluye, por ejemplo, gastos por movilidad y la compra de bienes menudos, previa acreditación de que no hay stock de lo solicitado en el almacén del ministerio. 

Sofá Multitop
El sofá cama de la marca MultiTop en la oficina de Jaimes.

Jaimes admite que solicitó el sofá a la Oficina de Abastecimiento, pero señala que la compra fue “observada”. Dice que, finalmente, él mismo tuvo que hacer el gasto. “Yo tenía miedo de ponerme la tercera vacuna porque la segunda me chocó. Cuando me puse [la tercera dosis] al día siguiente estaba descompuesto, pero fui a trabajar. Le pedí el favor al jefe de abastecimiento que compre un pequeño sofá porque me maltrato el cuerpo firmando 18 horas. Después me entero de que es un sofá cama, pero si usted lo ve parece 100% recto. El pedido del jefe de Abastecimiento estaba observado, al final pagué con mi propio peculio” asegura. No da detalles sobre el uso de la caja chica.

Otra denuncia involucra al entorno de Jaimes. El pasado 19 de marzo, los señores Oswaldo Monteza Rodríguez, contratado como conductor desde febrero, y Gino Martínez Álvarez, quien trabaja como asistente del área de patrimonio desde el 9 de marzo, pidieron ingresar a la sede del Midagri de La Molina a las 2:35 de la madrugada. Señalaron que iban a recoger a Jaimes, quien debía salir del local unas horas después. Al recibir la negativa de los vigilantes, ambos personajes los amenazaron con llamar al secretario general para que los cambie de puesto, según reveló el programa ‘Al Estilo Juliana’. 

Paul Jaimes en Bolivia
Como parte de una comitiva del Midagri que viajó a Bolivia la semana pasada, Jaimes se reunió con la cabeza de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corp), empresa estatal petrolera del país vecino.

Sudaca pudo conocer que la Procuraduría Pública del Midagri tomó conocimiento de ambos hechos –la compra del sofá cama y el altercado de madrugada– y pidió información a la Dirección General del ministerio para evaluar la toma de acciones legales el pasado 1 de abril. Sin embargo, fueron impedidos de hacerlo por la Oficina de Abastecimiento. Según un informe interno del ministerio del 8 de abril, el director de esta oficina, Frank Puyen Guzmán, se negó a brindar información a la Procuraduría. La excusa fue que estarían usurpando funciones. 

Para Puyen, autor del informe, la compra del sofá cama y el incidente con los locadores allegados a Jaimes no eran denuncias en las que resultaba agraviado directamente el Midagri. Dijo que, en todo caso, le correspondía a la OCI y no a la Procuraduría investigar los hechos.

Sudaca pidió los descargos respectivos al Ministerio de Agricultura, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Las sombras sobre Jaimes, sin embargo, dan para más. Según el portal El Foco, la hermana del secretario general lo denunció en una comisaría del Rímac por agresión física y verbal en la vía pública, en agosto del 2010. En respuesta a estas acusaciones Jaimes asegura que su hermana es “super amiga” y que no tiene ningún problema con ella. 

 

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Avanza Pais, Gobierno

SIN TRANSPARENCIA

La precariedad de la institución contrasta con el aumento de sueldo de Janios Quevedo Valle, el jefe nacional. Desde el 20 de octubre del 2020, Quevedo fue designado como Personal Altamente Calificado (PAC) por el Midagri, pasando a percibir S/25,000 por sus labores. Según la escala remunerativa del Senasa –que no se actualiza desde el 2010– su sueldo era de S/13.400 soles.

Cuando Quevedo pasó al PAC, su salario debía aparecer o bien en el sitio web del Midagri, como su personal designado; o en el del MEF, que administra este régimen. Pero eso no pasó. El 24 de enero un ciudadano presentó una queja a varias entidades estatales porque no podía visualizar la remuneración de Quevedo en el Portal de Transparencia. Acusaba como responsable a Karla Pérez Barreto, directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Senasa.

La PCM ordenó entonces al Midagri que atienda el caso. El Senasa atribuyó el “error” de transparencia a un problema informático. “La falta de publicación de dicha información en los períodos NOVIEMBRE-2021, DICIEMBRE-2021 y ENERO-2022 se debía a un caso de fuerza mayor por imposibilidad de subir el formato excel”, se lee en el informe que archivó la denuncia.

Janios Miguel Quevedo
A la fecha, según corroboró Sudaca, el sueldo de Quevedo sigue sin figurar en el Portal de Transparencia del Midagri. Lo mismo ocurre en las web de Senasa y el Mef.

Para Alexandra Ames, desestimar la denuncia por no encontrar faltas administrativas no era todo lo que debía hacerse. “No basta con archivar la falta bajo ese argumento. Se deben tomar acciones correctivas. No tendrían por qué demorarse meses en resolver algo tan sencillo como subir información a una página web”, explica la especialista de la Universidad del Pacífico.

Actualmente, según constató Sudaca, sigue sin figurar el sueldo de Quevedo en los portales de Transparencia del Senasa, el MEF o el Midagri. El área de prensa de este ministerio le atribuye la culpa a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encarga de gestionar el portal de transparencia del gobierno. “La plataforma y su funcionamiento es administrada por la PCM, las demás entidades solo ingresamos la información del personal activo”, respondieron.

Janios Miguel Quevedo
Janios Miguel Quevedo Valle es jefe nacional de Senasa desde finales del 2019. Al año siguiente consiguió un aumento de sueldo del que ahora reniegan los trabajadores de la institución que preside.

Lo ocurrido con el sueldo de Quevedo es un trago amargo para los trabajadores que esperan que se cumplan sus resoluciones judiciales y cuya escala remunerativa no cambia desde hace 12 años. “El jefe nacional se lleva la gloria, pero la peleamos nosotros”, responde, ofuscado, Walter Cañari. Si las sentencias de reposición no se cumplen cabalmente hasta abril, los trabajadores del Senasa advierten a este medio que podrían iniciar un paro indefinido. 

 

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Gobierno, Senasa, sociedad

DUDOSA APUESTA

Sudaca pudo revisar el borrador del proyecto de ley al que Tello, su despacho y los dirigentes de las Afocat le están dando las últimas pinceladas. En la exposición de motivos del documento se resalta que estas asociaciones han podido sobrevivir atendiendo al sector del parque automotor con mayor siniestralidad: el transporte público. Concluyen, por tanto, que expandir su campo de acción a los particulares sólo traería mejores resultados. Sin embargo, para Miguel Meza, representante de los corredores de seguros, eso no tiene sentido.

Las compañías de seguros tienen sus bemoles, pero pagan. Ningún corredor de seguros serio vende Afocat, por la informalidad. Es arriesgado porque algunas no pagan, no hay garantías. Yo he tenido casos, por ejemplo, con la Afocat Premium”, dice Meza.

Y pasa a contarnos su anécdota: “Un esposo falleció conduciendo taxi y dejó dos hijas y una conviviente. El beneficio es para las niñas, pero la Afocat dijo que otra señora se presentó como esposa. Cuando yo fui [como representante], no me dejaron ingresar. Eso fue en octubre y hasta ahora no pagan. Así trabajan”. La normativa dispone que en 10 días se deben consentir o autorizar las indemnizaciones.

La Afocat Premium a la que hace alusión Meza es una de las 40 compañías de ese tipo que hoy existen en el Perú, según reportes de la SBS, ente encargado de la supervisión de estas asociaciones. Sin embargo, también hay 14 que fueron canceladas por el organismo. Al menos en ocho casos revisados por Sudaca, la causa era la misma: problemas de solvencia económica.

Esto no sería resuelto por el proyecto de ley, el cual propone que las Afocat puedan funcionar con un fondo mínimo de apenas S/500.000. “No puedes tener de capital la mitad de lo que te podría costar un siniestro. Atender el incendio del camión cisterna en Villa El Salvador [del 2020] costó S/1.200.000 aproximadamente. En uno no se te puede ir todo”, explica Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) 

“Sus problemas de solvencia no se resuelven con más mercado. Es un requerimiento regulatorio para operar y así poder soportar los siniestros que pueden ocurrir”, agrega. De aprobarse el proyecto de ley, es cierto, las empresas agremiadas en Apeseg tendrán más competencia. 

Para Morón, además, la expansión de las Afocat podrían generar otros inconvenientes logísticos. “El SOAT tiene carácter nacional, lo que nos obliga a tener convenios a todo nivel con prestadores privados y públicos. Hoy las asociaciones son muy locales. ¿Van a vender un CAT en Tumbes y tu local estará en Ayacucho? ¿Tendrán la capacidad para tener esa red de convenios a nivel nacional? No es tan sencillo”, dice. 

Morón también apunta que el proyecto de ley inclinaría la cancha a favor de estas asociaciones. “No tenemos problema en competir en este mercado, siempre y cuando existan las mismas reglas de funcionamiento. Nosotros estamos obligados a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a la hora de comercializar el SOAT, lo que vuelve más caro el producto. Las Afocat, como son asociaciones, están inafectas al IGV”, explica. En el borrador del proyecto de ley no hay rastro de un cambio tributario que arregle este problema. 

 

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Afocat, MTC

POCA EFECTIVIDAD Y MAYOR RIESGO

Sin supervisión gubernamental de ningún tipo, BioAmbientalistas ha continuado sus peludas actividades hasta hace unos días. Así lo dejan ver en su cuenta de Facebook. Y van a seguir haciéndolo, al menos por las próximas semanas. “Nosotros vamos a continuar hasta que lo que recolectamos se termine. Ya nos queda poco, luego veremos otro tipo de estudios. El mar también se contamina con otras cosas como basura”, dice Tania Saboya, vocera del colectivo.

A mitad de febrero, BioAmbientalistas difundió en sus redes sociales los resultados de un estudio propio donde señalaban que uno de sus cordones de cabello retenía 426,8 gramos de hidrocarburos en una hora. El “test”, sin embargo, fue hecho en baldes llenos de agua contaminada y no en el mismo mar afectado. 

«BioAmbientalistas ha seguido trabajando en estos últimos meses. Su última intervención, según sus redes sociales, fue hace un par de semanas».

 

“Debe existir un sinceramiento de esas cifras. Se entiende el compromiso, pero las soluciones deben ser a gran escala. Esa es una de las lecciones del derrame. El uso de skimmers [aparatos para recoger hidrocarburos en agua] y barreras deben ser aplicados por Repsol, no la ciudadanía. El cabello sigue siendo una herramienta poco efectiva”, explica Gardenia Jiménez, decana del Colegio de Biólogos del Perú. 

Insistir a estas alturas con utilizar cabello para mitigar los daños del ecocidio de Repsol es un absurdo, de acuerdo a biólogos consultados por Sudaca. El pelo sí puede “absorber” hidrocarburos, pero su eficacia se reduce rápidamente. “Matter of Trust [precursora en este método] explicó que en un máximo de 72 horas [después del derrame] el sistema funciona, después de eso ya es difícil porque no hay evidencia de que la película tornasolada de petróleo se adhiera al cabello. Lo que hemos visto es que la primera intervención recién fue después de dos semanas”, dice el biólogo Diego Padilla. La asociación también señaló que nunca se ha utilizado cabello a escalas como la del ecocidio de Repsol, añade.

Gardenia Jiménez, la decana del Colegio de Biólogos también explica que este método podría expandir el daño ambiental ocasionado en el mar. “El problema con el cabello como cualquier absorbente orgánico es que va absorber petróleo y el agua. Pero, cuando lo hace, el peso de las denominadas ‘salchichas con cabello’ se incrementa y se va hundir contaminando con petróleo en otro nivel hasta el fondo del mar”, apunta.

Y también podría afectar a la fauna marina si es que las “salchichas” están mal armadas y los cabellos se dispersan en el mar. “A eso se refiere [el Minam y el Oefa] con que las actividades no pueden hacerse de manera independiente y sin asistencia técnica o equipamiento”, sentencia Jiménez. 

Diego Padilla, junto a otros biólogos preocupados, hicieron llegar las advertencias a la comuna metropolitana en un documento que sintetizaba la bibliografía al respecto. Trabajo que les tomó dos días, pero que para la MML fue imposible de hacer. “Si vas a priorizar tu estrategia de comunicación política para una actividad que no conoces, no tienes protocolos y donde la bibliografía dice que no se sabe si funciona de la mejor forma, y además estamos a destiempo, en mi opinión no tienes idea de qué hacer con el problema”, dice el biólogo sobre el accionar de la comuna.

No hay mayor claridad sobre la potencial contaminación extra que un mal uso del cabello en el mar podría ocasionar, pero el riesgo es grande. “Es importante que la población se involucre, pero debe contar con asesoramiento estatal precisamente para no caer en irregularidades. Si esto genera residuos peligrosos, ¿dónde se disponen?, ¿quién va a encargarse de ello? Debe existir una trazabilidad en el recojo de residuos”, señala la decana Jiménez. 

“Fue una medida mediática y desesperada que se tuvo con la ciudadanía participante. Hay que acercarse al colectivo y explicarles técnicamente que esto ya no corresponde. Se les agradece la voluntad, pero en este momento podrían ocasionar más problemas sin contar con el respaldo de las autoridades”, sentencia la decana Jiménez. La municipalidad de Lima quiso tomarnos el pelo. 

 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Jorge Muñoz, Municipalidad de Lima

Carhuapoma, sin embargo, tampoco está libre de líos que lo pueden dejar en el banquillo de los acusados. Desde finales de octubre del año pasado, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible. Se le acusa de haber realizado contrataciones irregulares en EsSalud junto a su asesor José Romero Oscco, luego de la difusión de un reportaje de Panorama. En este caso, la fiscalía consideró la carta de renuncia de Carolina Linares, exgerenta general de la entidad, que señaló presiones de Carhuapoma para hacer ascensos ilegales en el seguro social.

Carhuapoma es cuestionado por otros miembros del Consejo Directivo porque fue elegido vicepresidente en una reunión donde solo estuvieron Gino Dávila, presidente ejecutivo; Augusto Tarazona, el otro representante del Estado ante dicha instancia; y el mismo Carhuapoma. Esto, aunque es legal, ha generado molestias entre los consejeros que no respaldan su designación.

“Esto no es algo nuevo. El Ejecutivo designa al presidente y al vicepresidente de esta institución. Nosotros, como representantes de los aportantes y trabajadores, siempre hemos planteado que esta modalidad debe cambiarse. EsSalud no se debe dirigir con influencias políticas. El presidente y vicepresidente deberían ser elegidos por el Consejo Directivo en pleno”, asegura Luis Villanueva Carbajal, representante ante el Consejo de los asegurados que trabajan en el sector público.

Persona cuestionada, investigada y con quejas de parte de los trabajadores no puede tener respaldo de los consejeros. Hay muchas observaciones [en contra de Carhuapoma]”, apunta Vicente Castro Yacila, representante de los trabajadores del sector privado.

Desde su nuevo cargo, además, Carhuapoma ha hecho visitas ‘institucionales’ al flamante mandamás del IPD, Julio ‘Coyote’ Rivera, a cuya institución se están moviendo funcionarios que trabajaron con él en su breve presidencia ejecutiva en EsSalud. Tampoco ha perdido el tiempo en hacer alarde de sus magros ‘logros’ en el seguro social: visitas a hospitales junto a Pedro Castillo o el balance de sus 100 días como presidente ejecutivo. Por supuesto, sus redes sociales no han mostrado un ápice de autocrítica.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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ESSALUD

LOS PENDIENTES EN DUBÁI

La Expo Dubái termina oficialmente el 31 de marzo y el contrato de Continuous Events vence en la quincena de abril, ya que también deben supervisar el desmontaje total del pabellón peruano. El problema es que nuestro país todavía tiene algunos pendientes en la feria. Por ejemplo, la implementación de una tienda abierta al público, sección contemplada en los planes del proyecto, nunca se ejecutó. Y está claro que ya no se hará.

A finales del 2020, según pudo constatar Sudaca, Promperú tenía toda una propuesta de diseño para la tienda del pabellón. En uno de los documentos se señala que este espacio estaría “destinado no solo a la venta en directo, sino a la exposición de productos que se puedan comprar telemáticamente [online]”.

 

Propuesta Tienda
Marcelo Carballar (izquierda) y Sofia Sanguinetti (derecha). Ambos dirigen Continuous Events, la empresa que Suárez recomendó para la operación peruana en la ExpoDubái2020. La exgerente general ya los conocía por otra de sus empresas: MataOjo.

También se marca que la meta era obtener US$7 millones en ventas, los cuales simplemente se han perdido. La propuesta especificaba que la tienda se dividiría en seis zonas, que incluían una de exhibición, una máquina expendedora de artículos de US$1, otra con artículos por US$5 dólares y demostraciones en vivo. Hasta se tenía un eslogan: “Lleva contigo un pedacito del Perú”.

Lo único que faltaba para implementar la propuesta era contratar a un operador exclusivo de la tienda. De acuerdo al TDR elaborado para contratar a Continuous Events, se contempló que esta empresa asistiría al encargado de la tienda en cualquier necesidad. Pero eso no pasó.

Hoy, en el espacio que debía ser la tienda, está el “showroom” –una sala de exposición– donde solo se pueden ver los productos, pero no comprar ninguno. Tampoco está abierta al público. Y permanece cercado, según corroboró Sudaca con fuentes del staff de la Expo Dubái.

 

Showroom Dubai
Así se ve hoy el showroom peruano en Dubái: cercado y solo disponible para grandes empresarios.

En respuesta a nuestras consultas, Promperú señala que, en análisis posteriores, se vio conveniente implementar “un espacio de exposición de productos ligados a marcas sectoriales”, como café o pisco. Esto en vez de la tienda. “La idea de contratar un operador para una tienda minorista no coincidía con los objetivos de promoción abierta a los productos peruanos. El pabellón peruano invita a una experiencia uno a uno con nuestro país. La experiencia del showroom es una experiencia para compradores mayores”, señalaron.

Y es que, según Promperú, ese espacio está destinado a empresarios: “Tiene como objetivo impulsar y respaldar el desarrollo de reuniones comerciales con compradores potenciales de productos peruanos, por esa razón, se accede a través de citas de negocios con reserva propia”. En redes como LinkedIn, sin embargo, se promociona el lugar sin precisar que es para exposición y no para ventas. Los productos ni siquiera tienen un precio asignado. Únicamente los acompaña un código QR que dirige a una web que promociona el turismo hacia el Perú.

 

Showroom Abierto
Parte de la promoción que PromPerú hace en sus redes del showroom. No indican que se trata de un espacio restringido a los visitantes de la exposición.

 

Además de todo ello, está la postergación del “National Day” peruano, una ceremonia donde se celebra a la nación participante destacando su cultura. Todos los países tienen un día asignado para ello. El nuestro, según el TDR con el que fue contratada Continuous Events, iba a ser inicialmente el 21 de enero. Esta compañía está encargada de toda la logística previa de la actividad, lo que incluye un espectáculo del Ballet Folclórico Nacional.

Sin embargo, el National Day no se dio en enero. La organización general de la Expo Dubái suspendió algunas actividades por un repunte de los casos de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos, motivo por el cual Promperú justifica su cancelación. Indican que países como Argentina y Canadá también pospusieron sus eventos por el riesgo que implicaba el viaje de sus delegaciones a Dubái.

Esto podría explicar la suspensión de la primera fecha, aunque no todos los ‘National Days’ se cancelaron. En esos meses, países como Qatar, China y Portugal sí usaron su turno. Reino Unido hizo lo mismo el 10 de febrero. Hoy otras naciones siguen haciéndolo. Según fuentes del staff de la Expo Dubái, para ingresar a la feria se pide certificado de vacunación o PCR negativo de máximo 48 horas.

Las fuentes, además, aseguran que se les comunicó que la nueva fecha sería el 15 de febrero, día en el que Turquía lo llevó a cabo. El Perú, nada. Ahora, según la web oficial de la cumbre turística, la nueva fecha es el 7 de marzo.

Según PromPerú, en Dubái se espera tener un retorno de inversión aproximado de US$70 millones al 2024. Veremos si, con todas estas irregularidades encima, se dan las matemáticas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

Respondiendo a Sudaka 24 de… by Alessandro Azurín Astorga

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Promperú

 

En un recorrido por hospitales como el Sabogal, el Rebagliati y el Grau -todos de EsSalud- Sudaca comprobó el calvario que los pacientes viven a diario: las colas en las puertas de ingreso son insoportables. En algunos casos, las personas dicen que van a visitar pacientes internados; pero en otros –la mayoría–, están esperando entrar a citas que les ha costado sudor y lágrimas conseguir.

En el seguro social las consultas generales se pueden programar por teléfono, pero eso no significa que conseguirás una atención rápida. Los operadores indican que te llamarán, pero no especifican cuándo. Quienes logran agendar las citas médicas lo hacen después de esperar, al menos, un par de semanas.

Eso, por ejemplo, le ocurrió en el Grau a Jorge Olivares (62), que padece cataratas. “Vine para la ecografía de mi vista. Me transfirieron del Hospital Canto Grande aquí. Eso fue hace, más o menos, 20 días. Por fin me atendieron”, asegura. En la Unidad Básica de Atención Primaria (Ubap) de Jesús María, el tiempo de espera para una ecografía puede llegar a ser de dos meses, relata una asegurada.

En el Grau, una señora de 98 años –que no quiso revelar su nombre– llegó por un dolor de rodilla que no le permite caminar sin bastón. “Saqué mi cita por llamada telefónica ayer y hoy me han reprogramado para marzo”, explica. La señora se retiró a su casa a esperar que le avisen –también por llamada– qué día del próximo mes finalmente la podrán atender.

 

Minsa
La cola en el ingreso del Hospital III Emergencias Grau, ubicado en Cercado de Lima.

 

Godofredo Talavera, expresidente de la Federación Médica, estima que en EsSalud faltan alrededor de 8.000 doctores especialistas y 4.000 generales. Pero a ese colapso ahora se le ha sumado la huelga de los tecnólogos médicos del seguro social, que hace mucho más grave la falta de respuesta del sistema. Estos profesionales son un apoyo fundamental para los médicos, que les encargan realizar procedimientos como los análisis de laboratorio, las terapias físicas o las radiografías. Hoy cumplen 24 días en paro y la medida ya le pasa factura a los pacientes.

“Hace 8 años estoy mal de la espalda. Las piernas se me entumecen, se me ponen inertes y me duelen como el diablo. En esta cojudez nunca te atienden, me han dicho que me vaya a una clínica particular”, dice, muy ofuscado, Factor Carvajal Jaime (75), que necesita hacerse una radiografía en la columna. Está parado frente a la puerta de ingreso del Hospital III Emergencias Grau, del Cercado de Lima. Su padecimiento no le deja caminar sin la ayuda de muletas.

“Me dijeron que primero debo llamar a un número [para pedir la programación]. Luego te llamarán, pero no te dicen de dónde. Son ocho años donde aprendí a soportar este dolor. Ya me cansé. Yo vivo solo en San Cosme. Mi salida es pura medicina natural”, agrega.

 

LAS RAZONES DE LA PROTESTA

Los tecnólogos del seguro social han seguido brindando los servicios relacionados a la pandemia, pero han suspendido casi todo lo demás. “Muchas atenciones regulares de consultorios externos no se están dando en este momento debido a la huelga. Se han dejado de hacer cirugías y programar consultas. Muchas veces porque los pacientes no cuentan con sus resultados de laboratorio y exámenes radiológicos”, asegura Alberto Meza, secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (Sinatemss).

Los tecnólogos protestan por la creación de una “unidad orgánica” para su especialidad. Esto –aseguran los huelguistas– mejoraría su capacidad de respuesta. “A través de ella se dirigen los procesos, se hace programación de personal, capacitación, adquisición de insumos, materiales y equipos. También mejoras laborales porque no siempre trabajamos en ambientes seguros, más aún en pandemia”, explica Meza.

La unidad orgánica, que es una instancia administrativa, le permitiría a los tecnólogos precisar qué tan grande es su brecha laboral y, así, optimizar el cumplimiento de sus tareas. Les ayudaría también a distribuir mejor su personal para atender la excesiva demanda. Esto incluye la rotación, los descansos y días de guardia que tengan que realizar.

Por eso, la ley que regula el ejercicio profesional del tecnólogo médico promulgada hace 17 años, en el segundo gobierno aprista menciona claramente la necesidad de una unidad orgánica. Han pasado casi dos décadas y ello no se ha concretado.

 

Médicos
Los tecnólogos médicos han protestado frente al Ministerio de Trabajo y el Congreso en los últimos días

 

En enero, desde la Red Prestacional Sabogal ––que agrupa 23 centros de salud, con 374 tecnólogos médicos– pidieron una evaluación interna para saber si había las condiciones para crear la unidad orgánica. El informe arrojó que los 138 tecnólogos del hospital nacional y los 236 del resto de centros médicos de la red tenían que brindar una infinidad de servicios para los que no se daban abasto.

“Los tecnólogos médicos en el Hospital Nacional están asignados a tomografía y resonancia magnética; radiodiagnóstico y ecografía; medicina física y rehabilitación; microbiología; bioquímica e inmunología; hematología, hemoterapia y banco de sangre; patología quirúrgica y necropsia; y oftalmología”, se lee en el documento.

Según Alberto Meza, secretario general del Sinatemss, una unidad orgánica mejoraría la respuesta de los tecnólogos para todos esos servicios. “Nosotros a la fecha no podemos determinar la brecha de personal que existe a nivel nacional. Hay una brecha negativa que solo es cubierta por horas extra o en otros casos no se cubre y no se le puede atender a los pacientes el mismo día. No hay capacidad para cubrir la demanda”, asegura.

 

PASÁNDOSE LA PELOTA

Teniendo en cuenta ese panorama, sendas instancias de EsSalud estuvieron de acuerdo en que se debía implementar la mentada unidad orgánica, de acuerdo a documentos revisados por Sudaca. El 24 de enero de este año, por ejemplo, la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y la Gerencia de Organización de Procesos emitieron informes favorables para la creación de la demandada instancia administrativa, precisando su organización y funciones. Además, desde el 2019 ya se tenía la opinión jurídica de la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos de la entidad.

A pesar de ello, EsSalud vio conveniente pedirle opinión a dos instituciones del Ejecutivo: la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, órgano rector de la organización estatal; y el Minsa. Ahí comenzaron los problemas. Entre la PCM y el Minsa se han estado tirando la pelota respecto de quién debía autorizar la iniciativa de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El 13 de enero el Minsa, a través de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, indicó a EsSalud que la propuesta era realizable, pero que requería una opinión de la PCM. “Los aspectos referidos a los sistemas administrativos entre ellos, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que comprende los aspectos de organización estructural, están supeditadas a la normativa que emite la PCM como órgano rector”, se lee en su informe.

El 8 de febrero, PCM le devolvió el balón al Minsa. En su informe, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) concluyó que EsSalud cuenta con autonomía administrativa, por lo que “la aprobación o modificación de su estructura orgánica no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de la SGP”. Más adelante, agregan: “Es factible contar con una opinión especializada del Minsa, como rector en materia de salud, respecto de las funciones a cargo de una unidad de tecnología médica”.

Para Alberto Mesa, secretario general de la Sinatemss, la poca claridad del gobierno solo busca que se demore el cumplimiento de la ley. “Nosotros vemos un ánimo de dilatación. Hacen todas las consultas innecesarias para no otorgarnos lo que, por ley, nos corresponde. Le hemos exhortado a la ministra de Trabajo que corrija estos hechos al ser EsSalud dependiente de ese ministerio”, manifiesta.

En respuesta a Sudaca, el área de prensa del Ministerio de Trabajo señala que los informes de la PCM y el Minsa “no abordan de manera contundente algún tipo de criterio que avale la creación o no de dicha unidad orgánica”, sino únicamente la legalidad de la medida. “La solución de este tema depende exclusivamente de EsSalud”, apuntan.

De hecho, EsSalud publicó un comunicado ayer viernes señalando que han recibido nuevos informes técnicos de la PCM y Minsa con “orientaciones aclaratorias” que les servirán para elaborar la propuesta final de la conformación de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El sindicato, sin embargo, no levantará su paro hasta que dicha promesa se cumpla. Meza cuenta que, incluso, analizan la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Mientras tanto, como pudo constatar Sudaca, los pacientes del seguro social sufren los estragos de la ineptitud burocrática. La salud de una persona no puede esperar 17 años. Tampoco dos meses. Hasta marzo es ya mucho pedir.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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