Desde que llegaron al cargo, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido se han manifestado sobre la Sunedu. Tampoco se han reunido con sus autoridades. En cambio, el jefe del Gabinete sí ha sostenido dos reuniones con una institución que es férrea opositora a la Ley Universitaria.

Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio que reúne a 75 casas de estudio –públicas y privadas–, entre las que están varias no licenciadas por Sunedu. Algunas de ellas, según su Facebook institucional, son la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y la tristemente célebre Alas Peruanas.

Según el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la primera reunión se dio el pasado 12 de agosto y duró más de una hora. Visitaron a Bellido, como representantes del gremio, su directora ejecutiva Ada Gallegos y Victor Raúl Aguilar, exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el alma mater del premier (que sí está licenciada). La segunda reunión fue cinco días después, pero allí acudió solo Aguilar.

Quisimos contactar a los involucrados para saber de qué hablaron, pero en la asociación nos negaron la entrevista. Lo mismo ocurrió en la PCM. En la Sunedu tampoco quisieron opinar sobre estos encuentros, aunque sí –como veremos más adelante– sobre los ataques que reciben desde el Congreso. Lo concreto es que, por años, la ASUP ha gestionado intereses –hecho lobby, en cristiano– de universidades que buscan petardear a la Sunedu. 

Las reuniones del premier Guido Bellido con representantes de la ASUP en agosto. Fuente: PCM.

El gremio surgió como una mutación de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada justamente por la Sunedu. Con su nueva identidad, desde el 2015, la asociación ha emitido diversos pronunciamientos cuestionando la efectividad de la reforma universitaria. 

Gallegos y Aguilar, de hecho, han sido dos de sus voceros más feroces. La primera, como directora ejecutiva de la ASUP, ha desfilado por diversos medios televisivos y radiales durante los últimos años criticando con ferocidad a la Sunedu.

A mediados del 2017, por citar un caso, Gallegos ya consideraba ineficiente la reforma universitaria. “La Ley Universitaria ha demostrado claramente que ha fracasado. La razón es que es inaplicable. Es una ley que está de espaldas a la realidad de la universidad peruana, en especial de las públicas”, declaró a RPP. A finales del 2018, Gallegos volvió a aparecer, esta vez en Exitosa, para atacar a la Ley Universitaria. “A lo largo de estos años, hubo un retroceso [en la calidad educativa] porque la visión se centró en regulaciones y eso nos ha sacado del foco que es la calidad”, aseguró. Más ejemplos, sobran. 

Por su parte, Víctor Raúl Aguilar fue, hasta su desaparición, el secretario ejecutivo de la ANR. El 2013, bajo dicho cargo, solicitó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma que engendró a la Sunedu. El informe legal fue elaborado por el abogado Anibal Quiroga. “Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y la calidad de la educación, no es necesario imponer una Sunedu”, se lee en la página 36 del documento.

Fue precisamente el CAL una de las instituciones que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria. En noviembre del 2015 el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el pedido. 

Aguilar ha respaldado a Guido Bellido desde que asumió el cargo de premier. El 31 de julio, el flamante premier compartió un pronunciamiento del exrector de la UNSAAC en su cuenta de Facebook y le agradeció su “solidaridad”. Bellido era blanco de críticas cada vez más fuertes sobre su designación.

Durante la campaña, Pedro Castillo habló de la Sunedu. “Hay muchas quejas por parte de la Sunedu. Vamos a revisar y corregir [su] accionar”, señaló. Las reuniones de la ASUP con Bellido se dan en un momento de políticas poco claras de su gobierno respecto a la reforma. 

“No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos [Castillo y Bellido] o de presentar nuestras acciones para que las conozcan. Por ahora, tenemos [reunión] solamente con el ministro del sector. Mañana [viernes 17 de setiembre] tenemos una reunión con él y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir a los altos niveles del Ejecutivo a prestarles toda la información”, aseguró el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, al programa de entrevistas matutinas de Sudaca. Mientras que a él le queda mostrar su disponibilidad, la ASUP ya conversa con el premier. 

 

Lo que cocina el Congreso

Aparte del Ejecutivo, la ASUP ya ha movido con éxito sus influencias en otros frentes. En una entrevista para Exitosa del 2018, Ada Gallegos dijo que tenían claro que “la decisión de modificar la ley [universitaria] está en el Congreso”. Hoy, desde el Parlamento ya se tejen hilos para atar de manos a la Sunedu. 

El pasado lunes 6 de septiembre, en la Comisión de Educación, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca darle un plazo de emergencia de dos años a universidades privadas no licenciadas para que puedan subsanar sus deficiencias. En otras palabras: abrirles una oportunidad más a quienes no cumplieron estándares mínimos de calidad, a pesar de que han pasado 6 años desde que empezó la reforma.

Espinoza tuvo al menos tres reuniones con representantes de universidades en las últimas semanas. En su Facebook, el congresista anunció que recibió la visita de Gilmer Díaz Tello y Juan Rodríguez Ruiz, rectores de dos universidades chimbotanas: San Pedro y Católica Los Ángeles, respectivamente. El viernes de la semana pasada –después de presentar su proyecto– recibió a Miguel Ángel León, docente de la Universidad Peruana del Centro, según el registro de visitas de su despacho. Ninguna de las tres universidades tiene licencia y las dos chimbotanas aparecen como miembros -¿sorpresa?- de la ASUP.

“Lo que preocupa del proyecto del congresista es que pide que las universidades se presenten bajo el mismo modelo que desaprobaron. Eso no está bien porque la Ley Universitaria dice que las licencias son renovables. Es decir, hoy te licencias con el modelo A y dentro de 6 años será con el B, que probablemente sea más exigente. Eso se llama mejora continua”, explica Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, a Sudaca. 

“Otra cosa preocupante que dice es que la Sunedu no podrá hacer ninguna otra observación. Estaríamos limitados a abrirles la puerta y decirles que pasen no más”, agrega. La propuesta de Espinoza ya se encuentra en la lista de espera de la Comisión de Educación, presidida por el ultraconservador Esdras Medina. Para un informe previo de Sudaca, Medina había adelantado que solicitudes como la de Espinoza estaban pendientes en su grupo parlamentario. 

El último jueves Espinoza presentó un proyecto más: para permitir la creación de filiales de universidades públicas con licencia utilizando recursos del canon. Esta nueva iniciativa toma varios pasajes de un proyecto presentado por el excongresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, el 29 de diciembre del 2020. Tiene párrafos iguales o apenas parafraseados.

En la exposición de motivos, además, el esquema es muy parecido. Espinoza arranca describiendo la Ley Universitaria y a continuación coloca las cifras de entidades licenciadas. Lo mismo que había hecho Ancalle. El de AP usa los mismos cuadros que el del FA, pero con las cifras actualizadas. También coinciden cuando describen el déficit de filiales universitarias en distintas regiones “pese a que poseen recursos económicos como los del canon”.

Espinoza derivó a Sudaca con su asesor Yuri Pérez. Según este, “el hecho de que las normas a modificar coincidan con el proyecto de ley presentado por el ex congresista Ancalle resulta necesario” por tener objetivos similares. Además aseguró que “toda referencia estadística e informativa” está citada a pie de página. Sin embargo, ninguna nota al pie alude al antiguo proyecto del parlamentario de izquierda.

Nada indica que estos proyectos vayan a encontrar oposición dentro de la Comisión de Educación, que hace dos semanas creó un grupo de trabajo “para el seguimiento de los procesos de licenciamiento”. En la comisión se ha abierto un frente agresivo contra la Sunedu. Este último martes, los congresistas recibieron al superintendente Zegarra para que exponga los alcances de su trabajo. Lejos de ser una reunión amistosa, le lanzaron varios dardos luego de escuchar su exposición.

El legislador de Perú Libre Alex Paredes pidió un informe detallado del número total de trabajadores, consultorías, órdenes de servicios y gastos en publicidad de la Sunedu. Y lanzó una frase que puede ser interpretada como una declaración de guerra: “El interés de esta comisión es pecar de acción, pero no de omisión”. 

Por su parte, la fujimorista Tania Ramírez, que dirigirá el grupo de trabajo que hará “seguimiento” al licenciamiento, dejó registro de su enredada visión de la reforma universitaria. La educación universitaria después del licenciamiento está acentuando su carácter oligopólico, donde la calidad del servicio se mide en función a la ineficiencia del gasto en la universidad pública disfrazada de su selectividad”, manifestó la legisladora fujimorista. No sabemos si alguien la entendió.

Parte de la presentación del superintendente de la Sunedu ante la Comisión de Educación del Congreso el último martes.

“Preocupa mucho que cambien los congresos, pero se sigan reavivando algunos señalamientos que ya fueron investigados por el Parlamento. La Sunedu existe desde el 2015 y desde entonces han formado cuatro comisiones investigadoras. Han cuestionado las órdenes de servicio, los trabajadores, las consultorías y los gastos de publicidad. Ninguna de esas comisiones ha encontrado alguna irregularidad”, afirma Joseph Dager, secretario general del ente supervisor.  

Según el funcionario, ahora la institución está en una “segunda etapa”, donde evaluarán a las universidades denegadas que quieran volver a licenciarse. Además, en dos años, volverán a revisar a todas las casas de estudio bajo mayores exigencias. No hay duda de que la Sunedu seguirá siendo un tema caliente en este quinquenio.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Guido bellido, Pedro Castillo, SUNEDU

La llegada del nuevo gobierno coincidió con un aumento inédito de los precios de los combustibles que ha llegado incluso a afectar la canasta básica familiar. Algunos no dudaron en responsabilizar directamente a Pedro Castillo del alza. Y aunque la incertidumbre política y la indecisión en materia económica juegan un papel, hay otros factores más determinantes como el precio internacional del petróleo y una reciente norma del Minem que fija la totalidad del GLP consumido en el país a precios de importación.

Empecemos por el fluctuante mercado internacional. El petróleo no la pasó bien el año pasado y hoy se recupera al alza con la “nueva normalidad”. Tras las primeras restricciones a las que nos llevó la pandemia, la demanda se redujo notoriamente. En abril del 2020 se reportó una caída histórica de 305% en el precio del barril de petróleo, de acuerdo al Intermediario del Oeste de Texas (WTI), uno de los referentes para la fijación de precios de este combustible. Y de acuerdo a BP, empresa británica que estudia el sector hidrocarburos, el consumo de energía primaria cayó 4.5% el 2020, su descenso más escandaloso desde 1945.

El dato no es menor. El petróleo es la fuente de energía más utilizada del planeta. También se emplea para elaborar desde plásticos hasta jabones y detergentes. De sus derivados, además, surgen el diésel que consumen los vehículos y el GLP de uso común en las cocinas de los peruanos. En otros casos, el GLP se produce a partir del gas natural. 

Hoy, ya sin tanto confinamiento y una demanda activa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –otro de los entes que influyen en el mercado petrolero– fija el valor de este hidrocarburo en $71.19 dólares el barril. Antes de la pandemia, en el 2019, su costo era de aproximadamente $66. A fines del año pasado alcanzaba los $49.

El cambio brusco de la oferta y demanda entre un año y otro es inaudito, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro. “Se trata de una situación que no había ocurrido antes, donde factores como los precios del dólar y el valor del petróleo internacional han subido [por la demanda]”, explica.

Precisamente, según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, el tipo de cambio del dólar –que se mantiene por encima de los S/4, en parte como consecuencia de la incertidumbre política– hace al caso peruano más especial. El Perú es un país importador de este insumo, lo que hace que necesitemos más soles para adquirir los dólares que nos permiten traerlo.

“La fluctuación del precio del petróleo internacional siempre ha existido. Ahora está fuera de control. En América Latina no somos los únicos que toman medidas. En Perú, el efecto es doble. Tenemos encima la depreciación del sol. Los países que no son fuertes son muy inestables cuando hay problemas políticos”, asegura. 

Este cóctel de factores internos y externos genera un efecto dominó sobre varios otros insumos, incluidos los que componen la canasta básica familiar. Al subir los combustibles, el precio del resto de productos suele aumentar porque cuesta más transportarlos. Eso se traslada al consumidor.

El yacimiento de Camisea. El lugar donde se produce el GLP del Perú. Foto: Andina.

“La subida del combustible, en el caso del transporte de carga con diésel, afecta nuestros costos operativos. O sea, todo lo que tengo que sumar para hacer un viaje, incluyendo peajes, el pago al chofer y la planilla. El combustible hoy bordea el 49%, casi la mitad de esos gastos totales”, explica Geovani Diez, presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú y América (GTL). El empresario no descarta subir sus precios: “Nosotros, pensando en el país y la pandemia, no hemos regulado nuestros precios, pero vamos a tener que hacerlo porque estamos trabajando en pérdida”. 

Esta misma estrategia la podrían aplicar otros agentes de movilidad como los taxistas. Finalmente, los que pagarán los platos rotos terminan siendo los consumidores finales, últimos en la cadena de producción, que ya empiezan ajustar los bolsillos cada fin de mes.

El pasado lunes, en una nueva actualización, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) aseguró que productos como la gasolina de 90 disminuyeron solo 14 centavos: S/14.75 por galón en Petroperú y S/14,74 en Repsol. A inicios de año costaba S/10.44. Una tendencia similar ocurrió en otros derivados del petróleo como los gasoholes, a excepción del GLP que subió S/0,224 por kilo. 

Precisamente sobre el precio del GLP hay otro factor a considerar. El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas actualizó los mecanismos para determinar los precios de los combustibles, incluyendo al petróleo, diésel y GLP de Camisea. En la norma el ministerio “recomienda el uso de las equivalencias del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso del GLP, los marcadores del mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos”. En cristiano, el precio de referencia lo marca esta ciudad norteamericana.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, lo explica de la siguiente manera: “Ese es el precio de referencia internacional para el GLP y otros combustibles en la Costa del Golfo. Es como la bolsa del GLP. Así, se simula que se trae [el GLP] desde allá hasta el Callao, pasando por el Canal de Panamá. Es el precio de Mont Belvieu más todo ese transporte, los seguros, el paso del Canal de Panamá hacia el Callao. Así se forma el precio de importación”. 

Lo novedoso no es que se fije el precio de acuerdo a mercados internacionales, sino que en esta ocasión no hay una diferenciación entre el precio de importación y el que provee para uso interno. La norma anterior, del 2011, sí hacía esa precisión, considerando que la producción nacional era mayor. Es decir, la actual normativa equipara el precio del GLP de Camisea al que viene del extranjero. 

“Nosotros consumimos 63,000 barriles diarios de GLP. De ese total, el 80% es nacional a través de Camisea, el único productor. Ese es el detalle: los peruanos estamos pagando un GLP como si se trajese desde la costa del Golfo, que solo representa un 20%, como si fuera el 100%”, asegura el geólogo.

Sin embargo, para Carlos Herrera, el gobierno de Sagasti se vio obligado a hacer este cambio, porque el Perú poco a poco se vuelve más importador que exportador de GLP. “Era reconocer una realidad económica. Hemos dejado de ser exportadores hace más o menos tres años, porque Camisea va declinando y la demanda crece enormemente. Si la demanda crece y la producción declina pasamos a ser importadores”, puntualiza el ingeniero.

El último reporte de la plataforma Facilito –que presenta las actualizaciones de los precios de los combustibles– del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señala que el costo de un balón de gas de 10 kilos alcanza los S/65 en distritos limeños como Lince. En otras regiones del país bordea los S/70. 

La diferencia existe por el costo del transporte que, en algunas zonas, implica cruzar ríos o caminos poco accesibles. “En el caso de las provincias es por el valor de transporte. Alrededor de Camisea puede estar a 75 soles. En la selva se ha dicho que estaría por encima de 100 debido al transporte fluvial. Son casos particulares”, sostiene Aurelio Ochoa. 

 

El plan del lápiz

Como en otros temas urgentes, el nuevo gobierno se tomó un tiempo para presentar soluciones. A finales de agosto, el presidente Castillo anunció que habría “sorpresas” respecto a los precios del gas. No fue hasta el último lunes que por fin hubo novedades. 

Pedro Castillo refrendó un decreto supremo para reincorporar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Se trata de un subsidio que busca evitar que el alza del petróleo y sus derivados afecte a los consumidores insertando dinero directamente del fisco.

Pero hay sospechas de que la medida fracasará. El GLP ya formó parte del fondo desde su creación en el 2004 hasta abril del año pasado cuando, a inicios de la pandemia, el Minem lo retiró. ¿La razón? Se había creado un mercado informal. Malos comerciantes adquirían el gas envasado al precio subsidiado, pero lo vendían a un precio mayor en una presentación a granel, generalmente a hoteles, restaurantes y grifos, distorsionando el mercado.

La medida tiene varios detractores, empezando por Osinergmin. A finales de agosto, Jaime Mendoza, presidente de la institución, sustentó frente a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que la restitución del producto al fondo no sería eficaz para reducir los precios del GLP y que además podría generar costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Además, como respuesta a un pedido de información que solicitó Sudaca, el organismo asegura que, entre el 2016 y 2020, presentó más de 10 oficios al Minem evaluando la pertinencia de que el FEDC incluya al GLP.

“La voluntad del gobierno ha sido buscar soluciones, pero el FEDC no es la adecuada porque es una especie de subsidio ciego que no diferencia entre el que vive en San Isidro o Chumbivilcas. Eso es preocupante, porque la caja fiscal no tiene muchos recursos”, asegura Aurelio Ochoa, el expresidente de Perupetro.

A inicios de septiembre Héctor Plate, presidente de Opecu, ya había manifestado su rechazo a la inclusión del GLP al fondo. “La inclusión del GLP Envasado en el Fondo de Estabilización tuvo un costo fiscal sobre S/2.700 millones pagados a productores e importadores, así, sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron S/1.200 millones en exceso por este producto”, señaló el directivo en una comunicación oficial. 

Como solución, Osinergmin había recomendado al Minem la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este sistema de compensación brinda un subsidio de S/20 a las familias más vulnerables del país que se ven afectadas por la volatilidad del precio del GLP. Con la extensión, este último organismo proyectaba que 1,8 millones de hogares serían beneficiados. 

 

Las propuestas para el corto y largo plazo que Osinergmin ha sugerido al Minem para mejorar la situación del sector hidrocarburos del país.

Además, la institución también ha recomendado reemplazar el uso del GLP con energía eléctrica sostenible, ya que este recurso sería más económico con un potencial de ahorro del 50% comparado al costo actual del balón de gas.

Esta propuesta forma parte de un paquete de alternativas que Osinergmin ha ofrecido al Minem para el corto y mediano plazo en gobiernos anteriores. Pero Castillo no ha escuchado por el momento. Lo concreto es que las soluciones son esperadas por el consumidor en el corto plazo. Veremos si la “sorpresa” alivia sus bolsillos.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo. 

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Camisea, Combustibles, Pedro Castillo, Petróleo

**El autor de este informe estudió su etapa escolar en el Colegio Los Álamos, institución aludida en este informe.

 

Responsabilizó a la ideología de género por los desastres que dejó el Fenómeno del Niño y hasta propuso talleres deportivos para “tratar” a las personas homosexuales. Esdras Medina Minaya (54), congresista arequipeño de la recalcitrante Renovación Popular, es el flamante presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo 2020-2021.

Medina es un líder religioso que llegó al Parlamento respaldado por la ‘Asambleas de Dios’ -a la que pertenece-, una iglesia del ala más conservadora del evangelismo peruano. Pastores de la sede de Camaná lo acompañaron en la inauguración de locales en ese distrito arequipeño durante la campaña electoral.

Cuando juramentó en el cargo, el congresista llevaba una mascarilla alusiva al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Esta agrupación se ha opuesto a la aplicación del enfoque de género en la Currícula Nacional de Educación Básica desde el 2017. En los últimos parlamentos, ha tenido aliados en el Congreso que promovieron la revisión de los textos escolares mediante proyectos de ley. Hasta ahora no han tenido mucho éxito.

Hoy Medina es el único miembro titular de su partido en la Comisión de Educación, pero tendrá el papel más influyente. Su cargo le permitirá marcar la pauta de cada sesión, dirigir los debates y proponer la agenda de trabajo de las sesiones. Tendrá que afrontar temas como la reforma de la carrera docente, modificaciones a la Ley Universitaria o al Currículo Nacional de Educación Básica. 

También podrán fiscalizar a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), que ha puesto contra las cuerdas a varias seudouniversidades en los últimos años. Sobre este último punto ya empezaron a girar las sesiones, como veremos más adelante. Medina –ojo al dato– cursó una maestría en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, que no consiguió la licencia.

Además, será el consejero legislativo de Medina quien tendrá la voz clave sobre los proyectos de ley que se propongan en este grupo de trabajo. Aunque la decisión final pase por la votación de los congresistas miembros. “El asesor principal del presidente de la comisión elabora informes donde se da una opinión positiva o negativa de los proyectos de ley que ha estudiado. De ser negativa, propone el archivamiento. Caso contrario, recomienda un dictamen. Ambas propuestas son discutidas por los miembros de la comisión”, explica José Cevasco, exoficial mayor del Legislativo. 

De ser aprobado un dictamen, este pasa al Pleno para su discusión. Aún no hay rastro en el sitio web del Congreso sobre quién será este consejero, pero no es difícil adivinar cuál será su perfil.

Con ese poder, la comisión tiene muchas probabilidades de convertirse ahora en una caja de resonancia de la obtusa forma de ver el mundo de Esdras Medina, quien además ha trabajado como administrador de dos colegios –Belen Kids y El Pionero– en su ciudad natal.

Esdras Medina juramentó al cargo de congresista utilizando una mascarilla alusiva a Con Mis Hijos No Te Metas.

El 2018, por ejemplo, cuando postuló sin éxito a la alcaldía de Arequipa, su fanatismo lo llevó a proponer talleres deportivos y culturales para “tratar” a las personas LGBTQ+. “Los respeto y los considero, pero creo que no se avanzó en programas para que vuelvan a su estado natural”, declaró en alusión a los homosexuales. 

“El hecho de que existan personas con una opción errada, es una problemática que afecta a nuestro hijos menores fomentando a tener relaciones sexuales no tradicionales. Nuestras autoridades deben de preocuparse en conjunto con la prensa, en no darle cobertura a este último evento”, arremetió un año después, desde sus redes sociales, contra los activistas de la marcha del orgullo gay. 

Hoy el congresista prefiere echarle tierrita al asunto. “Ese tema ya está zanjado, prefiero ya no tocarlo. Ahora tenemos que trabajar por el sector educación, siempre he estado metido en ese sector. Tengo 25 años de experiencia [como administrador de colegios en Arequipa]. Nuestro deseo es aportar para seguir adelante en la educación que es primordial en nuestro país”, dice en comunicación con Sudaca. 

Pero estas afirmaciones no son ajenas a su partido. Basta recordar a Milagros Aguayo, pastora de la asociación evangélica La Casa del Padre, que fue electa por Lima en las últimas elecciones. Como señala un informe previo de Sudaca, Aguayo considera que “ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios entregó al varón”.

O la candidata a la vicepresidencia de López Aliaga, Neldy Mendoza, que se hizo viral a inicios de marzo por sus ideas conservadoras respecto al rol de la mujer en la sociedad y el uso de métodos anticonceptivos. Ella, arequipeña como Medina, también ha sido vocera de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) en la región y encajó perfecto con la lectura general sobre la educación que tiene el partido.

En su plan de gobierno, Renovación Popular identificó como un problema la “reducción de la participación de los padres de familia en la gestión educativa”. Como respuesta, proponían mejorar el sistema con “la participación efectiva de los padres en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y el desempeño de los profesores”. Es lo que promueve CMHNTM para poder ‘cuidar’ y supervisar qué se enseña en los colegios. 

 

De las aulas al Congreso

La maquinaria ultraconservadora de Rafael López Aliaga se acaba de instalar en una de las comisiones más peleadas del Congreso, pero ya tiene una larga trayectoria en las aulas.

Un ejemplo es el modelo educativo impulsado por la Promotora de Educación y Cultura (Prodec), asociación que preside el excandidato y que tiene bajo su manto a tres instituciones: el Colegio Los Álamos, solo para hombres; Montealto, exclusivo para mujeres; y el nido Alamitos, que es mixto. 

En Los Álamos -que funciona desde 1992- gran parte de la plana docente pertenece a la Obra, como se le llama al Opus Dei. El curso de religión es, en buena parte, una oda al fundador de esta rama del catolicismo, San Josemaría Escrivá de Balaguer.

De hecho, una de las actividades más importantes en la materia se lleva a cabo alrededor del 26 de junio, cuando se conmemora el fallecimiento del santo. Por esos días, en secundaria, se toma una prueba memorística de entre 50 a 100 preguntas sobre su vida. El examen tiene uno de los mayores pesos del bimestre y ha sido reconocido en la página oficial del Opus Dei. 

Rafael López Aliaga presentaba a Los Álamos como una de “sus obras exitosas” durante la campaña electoral.

En quinto de secundaria, el curso cambia de nombre a apologética. Esta es una rama de la teología que tiene la misión de brindar argumentos a los creyentes para defender su fe mediante el uso de la razón y lógica. 

Sudaca revisó el material del curso –disponible en la plataforma digital del colegio, llamada BlinkLearning– y asistió a una de las clases de la materia, que se dicta nada menos que tres veces a la semana. En la sesión a la que asistió este reportero, el profesor se esforzaba en dejar clara la superioridad de Jesús sobre el resto de fundadores de otras religiones.

“Los romanos tenían dioses que combatían contra los hombres. Israel tenía a un Dios amoroso, que estaba a su lado, que era recto, justo y te perdonaba los pecados”, señaló. Por supuesto, se saltó el Antiguo Testamento.

En el curso también se enseña el argumento estrella de la Apologética: el trilema de Lewis. Un juego argumentativo que pretende demostrar la divinidad de Jesús mediante la siguiente premisa: “Si Jesús no era el Dios, hubiese sido un mentiroso o un loco”. La lógica del trilema hace que se descarten las dos últimas opciones y, por lo tanto, concluye que Jesús es Dios. Así de sencillo.

Desde el 2014, además, Los Álamos es uno de los 75 colegios peruanos que ofrecen el programa de Bachillerato Internacional (IB) a sus estudiantes de los últimos años. Como parte de uno de los cursos del bachillerato, sin embargo, en tiempos pre-pandemia Los Álamos exigía a sus alumnos asistir a la ‘Marcha Por La Vida’, movilización que rechaza la legalización del aborto, armar pancartas y tomar fotos.

Este es el modelo educativo de alto rendimiento que López Aliaga, líder de Renovación Popular, impulsa en la educación básica regular. Uno que cuesta a los padres de familia de Los Álamos S/1.400 mensuales, según el portal Identicole del Ministerio de Educación, y que constituye un claro ejemplo de los caminos que puede tomar la comisión que ahora dirige su partido.

 

Sunedu en la mira

En su primera sesión –el último martes por la tarde–, la Comisión de Educación recibió al ministro del sector, Juan Cadillo, para que exponga sus planes. Los congresistas no pudieron hacerle preguntas porque tenían un Pleno programado a las 5 p.m.

Sin embargo, fueron reincidentes los pedidos del congresista José Elías, de Podemos Perú, para que el ministro informe sobre el proceso de reevaluación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, un centro universitario al que la Sunedu denegó el licenciamiento en 2019 y que ha iniciado un nuevo proceso de revisión desde el mes pasado.

Elías no solo es parte del partido de José Luna, dueño de la dudosa Telesup. También está en el negocio de la educación: es parte del directorio de la –esta sí con licencia– Universidad San Juan Bautista de Ica, la región por la que postuló.

Según Medina, hay más pedidos como el Elías que están pendientes. “Cada congresista tiene la facultad de solicitar cosas, pero todavía no lo veremos. Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la Sunedu para ver qué criterios han utilizado para evaluar las universidades. No queremos dar una opinión o fiscalizar algo que todavía no hemos evaluado”, sostiene el legislador celeste. Todo indica que será una comisión más –como la que presidió la exparlamentaria Tamar Arimborgo-– que se abocará a cuestionar el trabajo de la superintendencia.

La intervención de Elías parece ser apenas el inicio de una nueva arremetida contra una institución que puso a temblar a las universidades fachada, como la de su jefe partidario. Sorteada la cuestión de confianza, el ministro Cadillo está nuevamente citado para la próxima sesión del 7 de septiembre. 

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Congreso, Andina).

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Congreso, Esdras Medina, Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

El conflicto social en Chumbivilcas (Cusco) sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Hoy por la mañana las comunidades dieron marcha atrás en un nuevo bloqueo del Corredor Minero del Sur, el cual habían retomado el último lunes ante la desidia del Gabinete. Y es que, desde que el premier Bellido visitó el lugar -el pasado 2 de agosto- hasta el inicio de esta semana, los manifestantes no supieron absolutamente nada sobre la atención de sus reclamos.

El breve retorno de las protestas sirvió para que el gobierno ponga fecha a las mesas de diálogo. Precisamente las comunidades se quejaban de que Bellido había incumplido su promesa de convocar estos encuentros la semana pasada, como marcaba el cronograma. Los dirigentes incluso habían invitado por cuenta propia a la empresa que opera Las Bambas, MMG, pero sin la presión del gran mediador –el Ejecutivo–, era esperable que la minera china les hiciera poco caso.

Hoy el anuncio de los diálogos de parte de la PCM calma las aguas solo en apariencia. Si no se encuentran soluciones rápidas, las comunidades tienen planeado volver a tomar la carretera. 

 

Promesas incumplidas

El pasado 2 de agosto, según las fuentes con las que habló este medio, el premier se comprometió a instalar una mesa de trabajo durante la semana del 9 al 15. Dicha convocatoria serviría para conocer los primeros avances en la resolución del problema. Como constancia, ese mismo día se redactó un acta donde se señalaba que en una semana tendrían una reunión para iniciar el “proceso de solución del conflicto”. Pero esta no contó con la firma de ningún representante del Estado. Los dirigentes locales aseguran a Sudaca que Bellido se negó a estampar su rúbrica en el documento.

“El señor no firmó el acta con la que se comprometió el día que nos visitó. Eso es una tremenda irresponsabilidad sobre la que tendría que manifestarse. El que ha redactado el texto me dice que le ha insistido en varias ocasiones. Sin embargo, no lo hizo”, revela Wilber Fuentes, secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH).

Sin la firma de Bellido en el documento, el plazo para instaurar la mesa de diálogo venció. Por eso volvieron a bloquear la carretera: se dieron cuenta que solo con presión social los ministros parecen reaccionar. En la provincia cusqueña, advierten, no tolerarán que un gobierno más los pasee.

“Pasaron casi 20 días y no hubo ninguna respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones y mucho menos de Guido Bellido. Esa ha sido la causa [para retomar la huelga]”, asegura Luis Huamaní, presidente del Comité de Lucha de la provincia de Chumbivilcas.

Los dirigentes locales no se habían quedado de brazos cruzados. De manera reiterada, aseguran haber llamado por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al no ser atendidos, presentaron una carta a mitad de la semana pasada.

En el documento, al que tuvo acceso Sudaca, se recuerdan los compromisos que asumió el premier durante su visita a Chumbivilcas y se exige al gobierno que cumpla su primera promesa básica: iniciar el diálogo con la minera.

Parte de la carta que enviaron los comuneros a la PCM el 11 de agosto. Pedían cumplir con la conformación de las mesas de diálogo en el plazo acordado.

“El 11 del presente mes se presentó la carta por mesa de partes virtual de la PCM y también de la Presidencia de la República. Ahí los exhortábamos a que emitan una resolución para conformar la mesa de diálogo. De no ser ese el caso, por lo menos un pronunciamiento sobre cuándo realmente empezarían nuestros procesos de acuerdo”, resume Wilber Fuentes, el dirigente que presentó el documento.

Durante varios días, la respuesta fue la misma que a sus llamadas: el silencio. Recién ayer, con la presión de los comuneros que habían vuelto a bloquear la vía, la PCM lanzó el solicitado pronunciamiento.

“Se está formando una comisión de diálogo en Ccapacmarca [para el 21 de agosto]. Luego una reunión más amplia para entrar al tema de fondo con autoridades y asesores [el 28 de agosto]. Esa es la última información que tenemos”, explica Luciano Ataucuri, exsecretario de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau.

Lo cierto es que el silencio del gobierno reavivó la desconfianza de las comunidades de Chumbivilcas. “Nosotros ya tenemos muchas experiencias de mecidas de parte del Estado, desde el gobierno de PPK. A raíz de esa desconfianza nosotros tomamos la decisión de retomar el bloqueo de la carretera. Observamos que no se ha cumplido lo que Bellido prometió”, se queja el dirigente Luis Huamaní.

Las “mecidas” hoy duelen más en Chumbivilcas, porque vienen de alguien que ha nacido en el lugar. A comienzos de mes, el premier llegó triunfante, montado en un caballo, a su provincia natal. Su sola presencia apagó el conflicto ese 2 de agosto. Desde el 23 de julio, los comuneros mantenían bloqueado el Corredor Minero del Sur. 

Ellos se manifiestan en contra de una resolución ministerial que declaró una vía comunal de la zona como una de carácter nacional en el 2018, permitiendo que camiones de la minera china MMG Las Bambas levanten enormes cantidades de polvo al atravesar la pista rumbo a su zona de operaciones en Apurímac. Aunque el conflicto allá tenga más razones de fondo. 

En Chumbivilcas exigen una propuesta concreta, que esperan encontrar este fin de semana. “Mínimamente tendríamos que tener los cronogramas de cómo vamos a abordar este proceso. Hay varias agendas que involucran a varios sectores como el MTC, Ambiente, Energía y Minas. Todos ellos deben estar involucrados. Es una situación que se arrastra hace varios años y se está complicando más”, asegura Fuentes, del FUDICH.

 

Más leña al fuego

El 16 de agosto -día en que se retomaron las protestas- Guido Bellido estuvo en Cusco realizando otras actividades. Ante los medios locales, el premier no reconoció que se haya roto alguna promesa. Más bien, señaló que los manifestantes estaban siendo mal asesorados. “Tengo entendido que, lamentablemente, hay ciertos abogados que vienen azuzando a la población. Hay oscuros intereses tras ello y eso a mí no me parece la forma correcta”, dijo antes de viajar a la provincia de Acomayo, sin precisar quiénes serían estos personajes.

El argumento de Bellido no es nuevo. En el 2018, los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo fueron detenidos por azuzar las protestas de la comunidad de Fuerabamba, otra localidad del corredor minero. Pero el conflicto no se detuvo con su captura. Se trataba, pues, del viejo discurso de atribuirle toda la responsabilidad de un conflicto social a un agente externo, un ‘perro del hortelano’. Un discurso ineficaz.

Por la noche, en su cuenta de Twitter, el premier se explayó aún más. “Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. [sic] Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo”, escribió el funcionario.

Lo manifestado por el premier no ayudó a aplacar las molestias en Chumbivilcas. Todo lo contrario. “Lo ha dicho de manera irresponsable para evadir las responsabilidades que tenía que asumir estos días con nuestras comunidades. Lo repudiamos. Las comunidades son las que toman las decisiones”, manifiesta el dirigente Wilber Fuentes.

Luis Huamaní, del Comité de Lucha de Chumbivilcas, cree que las palabras de Bellido demuestran que no conoce realmente el problema y no descarta volver a tomar medidas de fuerza si vuelve a incumplir sus promesas. “Si el paro tiene que durar tres o cuatro meses, lo haremos. Las 17 comunidades campesinas van a salir a bloquear la carretera escalonadamente. Hay una agenda bien distribuida sobre a qué comunidad le toca en determinado día. Estamos bien organizados”, advierte.

A Bellido y al gobierno le quedan poco menos de 45 días para cumplir con las comunidades de Chumbivilcas, una provincia donde el 96.5% del electorado votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta. De momento, la PCM anunció que instalarán mesas de diálogo durante los siguientes fines de semana. Mientras eso no suceda, para los manifestantes son palabras vacías, llamadas desatendidas y cartas ignoradas.

Sudaca intentó comunicarse con funcionarios de la PCM a través de su Oficina de Prensa e Imagen Institucional, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Canal N, PCM).

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Guido bellido, Las Bambas, Pedro Castillo

Mientras en el resto del Perú surgen voces que rehúsan vacunarse por no encontrar su marca preferida, Tacna ya casi agota su stock de Sinopharm y está inmunizando a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Hoy la ‘ciudad heroica’ lidera -después de las priorizadas Lima y Callao- la vacunación contra la Covid-19 a nivel nacional, con un 34,6% de su población totalmente protegida. Detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple y equivocado “Tacna es una región con poca gente”. Sudaca conversó con las autoridades responsables del proceso en la región para descubrirlas. 

 

Vencer a Willax

En junio, la Dirección Regional de Salud de Tacna notó un importante grado de ausentismo en las jornadas de vacunación. Tras indagar, lo atribuyó a los intentos de desprestigio contra la vacuna china, cuyo primer lote llegó ese mes al país. La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Gobierno Regional respondió, entonces, con la campaña “#TusDosDosisSePremian” en alianza con empresas privadas. La iniciativa consiste en que toda persona que tenga su carnet de vacunación completo pueda acceder a descuentos de entre 10% y 50% en establecimientos comerciales afiliados. 

“La campaña se lanza al ver que crecía el ausentismo. El gobernador nos pidió que hagamos una campaña creativa y con los comerciantes nace esta idea de incentivar la vacunación de segundas dosis. Más que castigar a la gente prohibiendoles el ingreso a los establecimientos, se nos ocurrió premiarlos con descuentos. Esto va de la mano con la reactivación económica y ha sido bien aceptado”, explica Vanessa Mercado, comunicadora y directora de esta oficina.

A la estrategia la acompañan mensajes que refuerzan la seguridad de la vacuna china. “No hay mejor ejemplo que el mismo personal de salud que ha sido vacunado con Sinopharm en febrero y marzo. Somos los que más contacto tenemos con pacientes covid y, sin embargo, estamos bien. Eso se lo recalcamos a las personas y han venido a vacunarse”, afirma Óscar Galdós, jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

La campaña de incentivos con descuentos comenzó a inicios de agosto.

Los tacneños reaccionaron a las campañas de comunicación casi agotando el stock de Sinopharm. Hasta el jueves 12 de agosto, según la base de datos del Cenares, Tacna había recibido 45,966 vacunas de esa marca. De ese total, ya han aplicado el 99,83%, lo que la convierte en la región del país con el porcentaje más alto de antídotos chinos utilizados. 

Otro factor importante para que Tacna no se coma el cuento político de Willax y el biólogo Ernesto Bustamante fue el propio peso de la realidad. Como consecuencia del rápido avance de la vacunación, los efectos positivos se hicieron evidentes. 

Nuestros indicadores sanitarios han bajado significativamente. Ahora me reportan 16 camas UCI ocupadas. Hemos llegado a habilitar 40 en la temporada más crítica que fue la quincena de febrero y principios de marzo. Ayer [último martes] tuvimos un fallecido. El fin de semana pasado tuvimos cero después de muchos meses. En los peores momentos teníamos 15 por día”, recuerda Galdós. La aparición en medios digitales y tradicionales de gran alcance en la región es constante para dar a conocer estos números.

Hoy, después de Lima y Callao -que fueron priorizadas respecto al resto del país-, Tacna lidera la lista de regiones con mayor porcentaje de población completamente vacunada, con un 34,6%, según OpenCovid. La semana pasada se empezó a vacunar a los mayores de 22 años. Las otras regiones que están por encima del 20% son Arequipa (25,45%), Moquegua (24,8%), Junín (24,1%), Lima Región (22,7%) y Ancash (22,1%).

El ánimo del sector empresarial también ha sido un importante motor. Buena parte del movimiento comercial de Tacna depende de su relación con Chile, la cual hoy está supeditada al descenso del virus. “Los mismos comerciantes están yendo a vacunarse porque quieren que se abra la frontera y así recibir a los hermanos chilenos. Por eso la población está trabajando unida, no solo el sector público, sino con el privado para potenciar la vacunación”, explica Vanessa Mercado.

De hecho existe un acuerdo con las autoridades chilenas para la reapertura de la frontera. “Tacna vive del comercio, por eso la población está motivada para vacunarse. Esto también se viene trabajando con Arica, Chile. Mientras no tengamos más del 70% de la ciudadanía inmunizada no se evaluará la posibilidad de abrir la frontera. Es uno de los requisitos planteados con ellos”, afirma el director de salud, Óscar Galdós.

 

“Descanso forzoso”

Tal como hemos visto, detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple “Tacna es una región con poca gente”. La región tiene poco más de 286.000 habitantes, pero no es eso lo que le brinda una ventaja frente a otras regiones. Madre de Dios, por ejemplo, cuenta con una población de 141.000 y apenas ha vacunado con dos dosis al 11%. Juan Carbajal, miembro de Open Covid Perú, agrupación de análisis de datos sobre la pandemia, apunta que otro factor que hace la diferencia es la distribución de su gente. 

“Lo que en realidad ha ayudado a su vacunación es que cerca del 90% de su población está dentro de la zona urbana y el resto en la zona rural. Esto facilita el despliegue y la cercanía de la población hacia los centros de vacunación. Algo muy distinto a otras regiones del país”, explica el ingeniero electrónico.

 

En Tacna vacunan a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Es la única región en el país que atiende a este grupo etario a la fecha.

En la región han decidido aprovechar esa característica. Según Óscar Galdós, jefe de la Diresa, su despacho ha instalado nueve puntos de vacunación en toda la región. “En cada locación hay cinco brigadas, dando un total de 45 en funcionamiento”, afirma el doctor.

Pero además hay cinco brigadas ‘volantes’ que acuden a ese 10% que vive en las provincias rurales de Tarata, Candarave y Jorge Basadre. “Para nosotros es bastante fácil cubrir la ciudad y salir para hacer jornadas en las capitales de provincia. Por eso es que hemos logrado avanzar”, destaca Galdós.

Según el jefe de la Diresa de Tacna, el progreso ha sido tal que ya se encuentran casi a la mitad de su meta de 256.000 habitantes mayores de 12 años vacunados. “Ya tenemos en la región más de 106.000 vacunados con dosis completas, totalmente protegidos“, recalca el director de salud. 

Todas las medidas se evalúan y se informan en el Comité Regional de Prevención contra el Coronavirus (Conaprev), implementado a inicios de año y que mantiene reuniones semanales. Este grupo de trabajo está conformado por el gobernador regional y el director de salud, pero además por la fiscalía, los alcaldes, el consejo regional, los directores regionales y los generales de la Policía y Ejército.

A pesar del éxito, la vacunación en Tacna tendrá que detenerse en los próximos días. El pasado 4 de agosto, el ministro de salud, Hernando Cevallos, anunció un retraso en la llegada de los lotes de Sinopharm. Atribuyó la causa al rebrote de la variante delta en China.

“Ahora lo que nos preocupa es que ya no tenemos vacunas. El sábado 7 se nos agotaron las primeras dosis de Sinopharm y Pfizer. Actualmente, el stock que tenemos nos sirve para cubrir solo segundas dosis de Pfizer. Nos faltan 300.000 de Sinopharm para la segunda dosis. Ayer [último martes] hemos tenido reunión con el ministro y viceministros. Hay un compromiso para que nos abastezcan inmediatamente apenas llegue un nuevo lote. Este fin de semana no vamos a tener con qué trabajar. Vamos a tener que replegar nuestras brigadas y darles un descanso forzoso”, reconoce Galdós. 

Para que Tacna siga siendo ‘la ciudad heroica’ de la vacunación, el flujo del antídoto no puede parar. En la región esperan que nada impida la llegada de un lote de un millón de vacunas de Sinopharm al Perú programada para el 15 de este mes.

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Fake news, Pandemia, Sinopharm, Tacna, Vacunación

Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el gobierno, pero ya empieza a espantar a varias organizaciones sociales, algunas de las cuales lo apoyaron activamente en su campaña. Diversos gremios han manifestado su desaprobación a algunas medidas del profesor chotano, cuyo CV incluye estar al frente de un activo sindicato de maestros recordado por paralizar las clases el 2017. Paradójicamente, hoy Castillo enfrenta amenazas de huelga.

Los últimos en alzar la voz han sido los miembros del seguro social de salud. El pasado jueves la Unidad de Gremios de EsSalud (UG-EsSalud) –que agrupa a unos 56.000 afiliados repartidos en siete sindicatos de la institución– publicó un comunicado pidiendo al presidente que desista de su intención de unificar el sistema sanitario, que actualmente está dividido entre EsSalud, el ministerio de Salud (MINSA) y los servicios de las fuerzas castrenses.

Diversos especialistas han encontrado consenso a favor de convertir el sistema público de salud en una sola entidad, según este informe Salud Con Lupa. Incluso la propuesta había sido planteada por el gobierno de Martín Vizcarra, pero fue rechazada en su momento por los trabajadores de EsSalud, que temen que sus fondos sean destinados a financiar servicios de otras entidades y que consideran que el Ejecutivo ha demostrado impericia al momento de articular esfuerzos con direcciones regionales de salud.

Lo cierto es que el actual presidente revivió aquella propuesta durante su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. Tres días después, los gremios enviaron a Castillo un oficio en el que se le pedía una audiencia para que pueda explicar esta iniciativa, pero Castillo no los atendió. De mantenerse el silencio, anuncian una huelga nacional.

 

“Hay que ser respetuosos de las leyes. Les hemos pedido claridad en el tema, de lo contrario estamos por anunciar una huelga nacional. Sería para fines de septiembre o inicios de octubre. Tienen tiempo suficiente para convocar a las organizaciones y establecer acuerdos. Nosotros no queremos marcar la agenda del gobierno. Solo queremos que nos escuchen”, afirma Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT).

Para los sindicatos, lo que debería impulsar el gobierno no es la unificación, sino la universalización del sistema sanitario. “Lo que vendría a ser un intercambio prestacional. En algunos casos ya se cumple en la práctica”, explica María del Pilar Arévalo, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (Suness). 

Esto significa que una persona, incluso no asegurada, pueda atenderse sin problemas en EsSalud, MINSA o el Hospital de la Policía dependiendo de qué institución tenga mayor capacidad operativa, pero que la entidad que deriva al paciente asuma los costos a través de un tarifario único.

Los gremios, además, apuestan por el fortalecimiento de sus arcas. “Unificar no significa que el sistema va a mejorar. EsSalud tiene una deuda por cobrar de años: S/630 millones del sector público y S/3.000 mil millones del sector privado. De repente con algunas normas, a cambio de terrenos o embargos tal vez, pueda pagarse para mejorar las prestaciones que brinda el seguro social”, apunta el dirigente Alberto Meza, , secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS).

Los sindicatos de salud viven hoy en la incertidumbre. Meza asegura que el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya sabía de las alternativas que estos plantean antes de la segunda vuelta. “Tuvimos una reunión con el señor Cevallos antes de que sea ministro. Él manifestó que la unificación no se trataba de un tema literal”, afirma. Pero en el encuentro participaron miles de médicos de otros gremios y temen que sus palabras hayan caído en saco roto.

En paralelo, el gremio ya ha entablado conversaciones con algunos congresistas, que podrían capitalizar estas demandas. “Tampoco vamos a esperar de brazos cruzados la respuesta del Ejecutivo. Ellos predican el diálogo social, pero no lo practican”, dice el dirigente Wilfredo Ponce.

 

Un gobierno con sindicato propio

El sinsabor en los gremios del seguro social se suma a otras organizaciones que  hicieron público su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral y que ahora se manifiestan en contra de algunas medidas.

El primer reclamo llegó desde el magisterio, luego de que el ministerio de Trabajo, pocas horas después de que asumiera el nuevo gobierno, le otorgara la inscripción sindical a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Este grupo fue fundado por Pedro Castillo luego de la huelga del 2017. De hecho, el ahora presidente de la República fue su secretario general hasta octubre pasado.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), pegó el grito al cielo porque esto le quitaría el monopolio de la representación de profesores. “Ahora va a haber dos sindicatos que dicen representar a los maestros y los auxiliares del país. Uno que es histórico, el nuestro, con 49 años de existencia; y otro que es creación del presidente de la República y del ministro de trabajo, que va a ser un sindicato gobiernista”, critica Castro., que hizo público su apoyo a Pedro Castillo durante la segunda vuelta. 

El Sutep llamó al voto por Castillo en la segunda vuelta. Hoy, Lucio Castro, su secretario general, retira ese respaldo.

“Nos parece poco ético, y no responde a la palabra de maestro, que un gobernante quiera tener su sindicato propio, que diga hacia los medios que va a respaldar y fortalecer las organizaciones gremiales que existen y por otro lado que impulse la creación de un sindicato que divide a los trabajadores”, reclama el sindicalista.

Fenate Perú había intentado inscribirse en años anteriores, pero sus solicitudes siempre fueron observadas por el ministerio. Coincidentemente, esta vez no hubo peros. “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen”, denuncia el secretario del Sutep.

A pesar de este trago amargo, Castro garantiza que siguen “esperanzados en la posibilidad de los cambios históricos que el país requiere” y que apoyarán dichas iniciativas, pero  que “las medidas equivocadas [como la inscripción del Fenatep] que están generando problemas visibles” las van a cuestionar. 

 

Rondas exigentes

Otro conflicto latente se aloja entre el gobierno y una facción de ronderos, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). 

Vallejos, presidente de esta central, ha manifestado a medios internacionales sentirse decepcionado de Castillo por no escuchar sus propuestas para la composición del gabinete. De hecho, como informó Sudaca, él mismo fue propuesto por su organización para el ministerio del Interior. No les hicieron caso.

“Su mensaje ha sido clarísimo: el gabinete ha sido elegido por sus bases. Por ejemplo, los maestros al ministro de Educación, los campesinos al ministro de Agricultura y así. En el caso de nosotros esperábamos, al menos, una consulta para proponer algún personaje para el ministerio de Defensa o del Interior”, demanda el dirigente.

El presidente de la Conarc cuenta a Sudaca que se encuentra preparando dos proyectos junto a un “equipo técnico”. El primero es la inclusión de las rondas campesinas en el trabajo de la Policía. “Es muy ambicioso. Haremos una conferencia de prensa para explicar cómo se van a insertar las rondas campesinas urbanas en la vigilancia, soporte y apoyo a la Policía y juntas vecinales”, anuncia.

Rondas Victor Vallejos
A la izquierda, Victor Vallejos Tinoco, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). Fuente: Diario Ahora.

La otra iniciativa consiste en la creación de un instituto para la formación rondera. “Vamos a presentar otro proyecto piloto para la creación de un Instituto superior tecnológico especializado en seguridad ciudadana. Consiste en que nuestros ronderos gocen de esa educación de tres años y tengan un título a nombre del país en seguridad ciudadana”, detalla.

Las iniciativas ya están en la agenda pública y constituyen una presión para el gobierno de Castillo, que se identifica con las rondas campesinas. Pero hay dirigentes ronderos que cuestionan la autoridad de Vallejos para hablar en su nombre, y lo acusan de tener un gremio paralelo a la organización nacional de rondas. 

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc, con “u”) desconoce la representatividad de sus homólogos de la Conarc. Las diferencias van más allá de las primeras vocales. “Hay una confusión total. Nos diferenciamos de esos compañeros que se hacen pasar por ronderos. Por un momento coyuntural están pidiendo al gobierno que les den incluso ministerios y presupuesto para cumplir la función policial y de serenazgos. Nosotros históricamente no nos hemos creado para eso. No somos guachimanes ni carne de cañón de nadie”, explica el dirigente de esta facción, Marino Flores. 

 

Rechazo al premier

El nombramiento de Guido Bellido como primer ministro también despertó rechazo en el sur. El 30 de julio, José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), salió en medios locales a cuestionar la designación. Esta agrupación es la rama arequipeña de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Para Chapa, el mensaje del 28 de julio no tuvo “nada a favor de la clase trabajadora” y la presencia de Bellido en el gobierno es nociva para sus intereses. 

Por ello, el dirigente, al igual que la UG-EsSalud, estima que podrían movilizarse para remover a este personaje. “No descartamos nada. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos para pedirle a Pedro Castillo que renuncie este premier [Bellido] que le va a ser daño a esa estabilidad que buscamos nosotros”, declaró a medios arequipeños. 

Así las cosas, entre presiones y anuncios de huelgas, Castillo enfrenta las primeras consecuencias de sus decisiones. No vaya a ser que despierte un día con las calles inundadas de manifestantes, como en aquel invierno del 2017.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: Andina)

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ESSALUD, Pedro Castillo, Perú Libre, Ronderos, Sutep

“Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, exclamó Pedro Castillo en su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, esperaban una propuesta más concreta, que tampoco llegó con la visita del primer ministro, Guido Bellido, el último lunes a la zona. Igual, las comunidades le dan crédito al hombre que alguna vez protestó junto a ellos.

Desde el 23 de julio las comunidades campesinas mantenían bloqueada la carretera en el corredor minero del sur. Protestan contra una resolución ministerial que declaró una vía comunal de la zona como una de carácter nacional en el 2018, permitiendo que camiones de la minera china MMG Las Bambas levanten enormes cantidades de polvo al atravesar la pista desde su zona de operaciones en Apurímac.

Raúl Cabrera, periodista de Panamericana Cusco, que conoce muy bien la zona, describe así un día en Chumbivilcas: “Se genera una inmensa polvareda. Creo que pasan 400 camiones grandes al día y son más de 300 kilómetros desde Las Bambas hasta Espinar. El polvo se asienta en el pasto y eso comen los animales. Hay vecinos que viven al lado de la carretera que no está asfaltada”.

Castillo fue notificado de esta situación el mismo día que juró, mediante una carta abierta de los presidentes de las comunidades campesinas de Chumbivilcas. En esta, incluían un pliego de exigencias: la derogatoria de la resolución sobre la vía, el pago de indemnizaciones, que se considere a las empresas comunales como proveedoras de bienes y servicios de la minera, la no criminalización de la protesta, ser considerados parte del área de influencia del proyecto y hasta manifestaban la posibilidad de que las comunidades puedan vender sus terrenos a la compañía “a valores comerciales”. Además, reclamaban la presencia del gobierno en la zona.

Por eso, anteayer una comisión encabezada por el cuestionado premier Guido Bellido y otros congresistas electos por Cusco viajó para reunirse con los protestantes. También asistieron los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Victor Mayta, y de Energía y Minas, Iván Merino.

“Don Guido Bellido es del lugar. Tenemos fe y confianza [en que se darán soluciones definitivas]. Hay que dar tiempo. Lo que hacían los anteriores gobiernos era ir como bomberos y apagar el fuego un ratito”, resalta para Sudaca el comunero Luciano Ataucuri, exsecretario de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau.

El corredor minero del sur y sus proyectos hasta el 2019. Fuente: Gestión.

De momento, la visita de Bellido a Chumbivilcas ya logró apaciguar la protesta. Pero la posible salida al problema todavía está en pañales. Wilber Fuentes, secretario general del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH), asegura a Sudaca que “el premier se ha comprometido a que en ese tiempo [60 días] va a resolver todas las agendas de lucha de las comunidades del corredor minero”, pero explica que el lunes no les ofrecieron nada concreto.

Luego de escuchar el discurso de Bellido, sin embargo, las comunidades acordaron levantar el paro y darle dos meses al gobierno para solucionar el conflicto. La comitiva liderada por el premier decidió iniciar una ronda de diálogo, tanto con los comuneros y representantes de la empresa.

Mientras se prepara para recibir o no la confianza del Legislativo, la segunda prioridad de Bellido entonces es qué hacer con Las Bambas.

De los pasillos judiciales a la PCM

Bellido es consciente de su rol protagónico en este conflicto y del respaldo que tiene en Chumbivilcas. El primer ministro de Castillo nació en Livitaca, uno de los ocho distritos que conforman la provincia que hoy reniega de la vía que usa Las Bambas. Y sin ellos no hubiese llegado al Parlamento.

El ahora premier fue el congresista electo por Cusco más votado de Perú Libre, con 20.164 votos, seguido de Katy Ugarte, quien lo acompaña ahora en su cruzada. Al anunciar su visita, dejó claro que los responsables de su seguridad serían “los miembros de la Ronda Campesina de las comunidades presentes” y llegó montando caballo a la cita en Muyoq Orcco. Gestos que auguraban un recibimiento prometedor.

El conflicto no es una novedad para él. Así lo recuerda Richard Arce, excongresista del Frente Amplio, quien conoció a Bellido en el 2019, cuando ambos se cruzaron en las asambleas comunales: “Yo vi a una persona con una posición intransigente, que no generaba espacios de diálogo, sino que más bien exacerbaba la posición de los compañeros”. Arce asesoraba a las comunidades de Chumbivilcas en asuntos legales relacionados a sus pedidos a Las Bambas y el Estado. Según él, Bellido buscaba emprender procesos judiciales para obtener indemnizaciones.

Montado a caballo llegó Guido Bellido a su cita con las comunidades de Chumbivilcas. Fuente: PCM.

“Tratamos de explicarles que el proceso judicial tiene su conducta regular y que no es una solución de corto plazo. Eso puede durar 4 o 5 años según responda el Poder Judicial”, explica Arce. A pesar de ello, asesoradas por Bellido, las comunidades no desistieron.

Luego de presentar su demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima en el 2019, el año pasado recién fue admitida. Según el dirigente Wilber Fuentes, ya hubo dos audiencias y a fines de este mes tendrán una primera sentencia.

Pero teniendo un amigo en la PCM, los comuneros ahora apuntan a resolver el asunto alejados de los cansinos fueros judiciales.

Mucho que perder

Para Javier Torres, antropólogo y director de Noticias SER, que este paro haya finalizado no resuelve nada. “No siempre lo van a recibir como ha sido ahora en Chumbivilcas. Si ven que no hay respuestas, dirán que es más de lo mismo. Tienen que tener cuidado con lo que prometen, porque este gobierno ha generado muchas expectativas”, señala.

“Cuando la gente dice que quiere el cambio, más allá de la Constituyente, buscan que se resuelvan los problemas ahora, no dentro de dos años. Eso lo debe tener claro este gobierno y creo que hay ministros que no reúnen las condiciones para resolver esos problemas”, agrega Torres.

Uno de esos ministros, por ejemplo, es Iván Merino. El nuevo ministro de Energía y Minas fue presentado por la PCM como “un pequeño empresario” que se ha dedicado a “la resolución de conflictos” con su empresa SUR Análisis. Sin embargo, su compañía recién inició funciones en el 2019 y actualmente tiene apenas dos trabajadores, según SUNAT.

Otra cartera involucrada sería Ambiente. El nuevo ministro de ese sector es Rubén Ramírez, un abogado sin experiencia en el rubro recordado por haber defendido a los invasores de la zona conocida como “Lomo de Corvina” en el distrito de Villa el Salvador, en abril de este año. También postuló sin éxito al Congreso con Perú Libre por Lima en estas últimas elecciones.

Sudaca pudo conocer, además, que en las reuniones del equipo técnico de transferencia en Energía y Minas –que en parte deberá atender este asunto– no se analizó el conflicto con Las Bambas ni otros. Así lo confirmó Alfonso Gayoso, miembro del equipo de transferencia de este sector, diciendo que “estos temas de conflictos no se tocaron, por ser muy recientes”, aunque también garantizó que “se tendrán más reuniones”.

Aún así, resolver este conflicto social no deja de ser una oportunidad de oro para Bellido y su gabinete. Luego de remarcadas críticas a su experiencia e idoneidad para la tarea, salir airosos en Chumbivilcas podría significar el crédito político que el gobierno del lápiz necesita.

Como destaca Maritza Paredes, socióloga de la Pontificia Universidad Católica experta en conflictos sociales, “el nombramiento de Bellido es interesante para los comuneros”. “Ellos no sabían que sería ministro cuando iniciaron su protesta. Él está en la obligación de resolver el problema por ser de la zona”, apunta. El riesgo, según Paredes, es que no se den soluciones profundas.

Para el excongresista del Frente Amplio, Richard Arce, “el corredor minero va a ser como el Conga de Humala para Castillo”, en alusión a la paralización del proyecto minero cajamarquino que tuvo que enfrentar el humalismo a inicios de su gobierno y que nunca pudo resolver.

Una mala movida del Ejecutivo en Chumbivilcas, dice Arce, podría provocar otros estallidos en todo el corredor minero del sur que va desde Apurímac, pasa por Cusco y termina en el puerto de Matarani, en Arequipa. “Bellido ya no es representante de las comunidades, sino del Estado, de todos los peruanos. Es un peligro porque él tiene una personalidad intransigente y populista. Sus decisiones podrían afectar el desarrollo de proyectos mineros que, mal que bien, están encaminados y que nos permiten salir adelante en este contexto de crisis económica”, advierte el exlegislador.

Un ciclo inacabable

Desenredar la disputa en Las Bambas no será sencillo. El proyecto minero de la empresa china MMG es escenario de conflictos hace años. Desde el 2015 son varios los levantamientos de distintas comunidades a lo largo del llamado corredor minero del sur. Chumbivilcas es uno más.

“La raíz del problema sigue siendo la misma: el cambio en el diseño del proyecto y la suspensión de la construcción del mineroducto [que permitía el traslado del mineral bajo tierra]. Esto llevó a la reclasificación de estos caminos que eran comunales en una vía nacional para el flujo de minerales”, explica el director de Noticias SER, Javier Torres.

Precisamente MMG canceló el proyecto de mineroducto cuando adquirió Las Bambas de manos de la empresa Glencore Xstrata en el 2014. Esta vía de transporte de minerales iba desde Apurímac, zona de operaciones de la minera, hasta Antapaccay en el Cusco, donde procesarían los materiales. En su lugar, como ya se dijo, optaron por trasladar su carga en camiones que levantan polvo por montones a su paso.

Para la experta en conflictos sociales, Maritza Paredes, el mineroducto era la solución a este conflicto socioambiental. “Era la salida que hubiese evitado toda esta conflictividad, pero el Estado tomó una mala decisión. Las empresas lo permitieron no viendo esto a largo plazo”, afirma.

En el 2015 una protesta contra la cancelación de esa iniciativa terminó con tres muertos. Al año siguiente, en Challhuahuacho bloquearon la carretera porque los camiones de traslado levantaban demasiado polvo. En el 2017 ocurrió lo mismo, pero en la comunidad de Maras. En agosto del 2018 fue el turno de Nueva Fuerabamba. Con el reclamo de Chumbivilcas este año el ciclo se repite. En el último quinquenio, nadie resolvió nada.

Si bien la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene a su cargo la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, órgano encargado de lidiar con este tipo de controversias sociales, el protagonismo recaerá en el nuevo premier. Con el levantamiento del paro ha ganado tiempo. Para Pedro Castillo, su gobierno ha demostrado “el compromiso de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales”, pero en realidad solo está postergando el capítulo final de la película. Vencido el plazo de dos meses, tocará ver ese desenlace que puede tener consecuencias determinantes para el régimen del lápiz.

Sudaca intentó comunicarse con Iván Takahashi, gerente de asuntos públicos y desarrollo local de la minera Las Bambas, pero no atendió nuestros mensajes.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: ACI Prensa, Andina)

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Guido bellido, Las Bambas, Pedro Castillo

“Es como si tuvieras una pareja y te dijera: ‘no voy a terminar contigo hasta que me devuelvas todas mis cosas o hasta que me pidas perdón’. ¡Es un absurdo!”. Así describe Andrés Calderón lo que considera que fue una relación tóxica con la Tarjeta Oh!, el producto estrella de la financiera que lleva el mismo nombre, uno de los tentáculos del grupo Intercorp. Anular su tarjeta le costó poco más de 30 meses de sufrimiento innecesario, que acabaron hace apenas unos días. 

El vínculo del abogado con Oh! comenzó a inicios del 2018 y terminó el lunes de la semana pasada. Como muchos otros usuarios, se dejó seducir por las jugosas promociones que ofrecía la tarjeta en establecimientos como Plaza Vea, Oeschle, Promart, etc. Todos propiedad del conglomerado que dirige Carlos Rodríguez-Pastor. Los problemas de Calderón comenzaron hacia mediados de su primer año como cliente de Oh!.

“Aparentemente había hecho una compra por S/159,20 soles, pero según la Financiera Oh! la había pedido a 24 cuotas. Casi S/160 en 24 cuotas. ¿Quién puede ser tan ilógico para partir en tantas cuotas algo que saldría menos de S/10 por mes?”, pregunta Calderón. 

El abogado asegura que esa compra la hizo a una sola cuota, como suele hacer con sus tarjetas de crédito, justamente para evitar inconvenientes (y también los intereses). Y así lo hizo saber en su reclamo, donde también pidió cancelar su relación con Oh!. Lo que no esperaba era la escueta respuesta de la financiera.

RespuestaOh!Calderón
La escueta respuesta que la Financiera Oh! le dio a Calderón.

El 17 de octubre del 2018, la empresa le contestó “que los cobros son correctos de acuerdo a los pagos y consumos realizados, lamentablemente la devolución no ha sido aprobada”. Esto indignó a Calderón. “Es una respuesta de un párrafo. No me muestran el voucher de compra donde aparezca que yo había firmado por 24 meses y ni siquiera me dicen algo sobre que no me dejaban cancelar la tarjeta”, reclama el abogado. 

Luego de eso, Calderón no usó más su tarjeta de crédito. En el medio, visitó en reiteradas oportunidades Oechsle de Real Plaza Salaverry para anularla. La respuesta siempre era la misma: primero cancele su deuda, luego vuelva en 48 horas si aún quiere deshacerse de ella. Calderón tuvo que pagar las cuotas. 

Pero el año pasado, a inicios de la pandemia, le notificaron que tenía otro pendiente, esta vez por la membresía. Ofuscado, Calderón volvió a pedir que cancelen su tarjeta. Nuevamente le dieron la misma orden: cancele y vuelva a intentarlo en dos días. Hace una semana le volvieron a cobrar. 

“Fui a pagar la cuota de membresía el viernes de la semana pasada. Este ha sido el tercer intento en tres años para cancelar mi tarjeta. Ahora felizmente ya admiten hacerlo por teléfono”, dice el abogado, harto de visitar Real Plaza Salaverry para sus gestiones. 

Recién este último lunes 12 de julio recibió el correo que tanto esperaba: la Financiera Oh! le comunicaba que su relación -al fin- había terminado. Pero su calvario es muy parecido a otros que pudo recopilar Sudaca. Según el abogado, en todos ellos aplican lo que se conoce en derecho del consumidor como métodos comerciales coercitivos.

“La voluntad del cliente es doblegada. Esto se puede hacer para forzarte a contratar algo que no querías o mantener una relación que no quieres tener. Por eso hacía alusión a una relación tóxica. Si una persona quiere cancelar un servicio, debería poder hacerlo de manera inmediata”, afirma.

“Lo más evidente en este caso es que te den un plazo. 48 horas después de que has hecho la primera gestión del pago de la deuda, recién vas a poder cancelar [tu tarjeta]. Eso no tiene ningún soporte legal”, agrega Calderón, amparándose en el artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi. Pero parece que estas técnicas están tan normalizadas en el sistema financiero que pasan por agua tibia. 

 

Un calvario por “20 centavos” 

“La historia es tan surreal que todavía la recuerdo”, comenta Álvaro Ledgard, periodista financiero de 31 años. En mayo del 2017 sacó su Tarjeta Oh! para adquirir unas zapatillas en Oechsle del Parque Kennedy. Él no lo sabía en ese momento, pero tendría que volver a esa tienda para reclamar por algo que ahora le parece broma: no le dejaron cerrar su cuenta por una deuda estrafalaria de apenas 20 céntimos.

El problema empezó cuando, a mediados del 2018, le cobraron la comisión de mantenimiento de la tarjeta. “Yo no entendí por qué. Revisé mis estados de cuenta y sí había hecho un consumo todos los meses, pero igual me cobraban esa comisión”, asegura Ledgard. 

Cuando se asoció a Oh!, al experiodista de Semana Económica le habían garantizado que podía librarse del mantenimiento si compraba todos los meses, lo que lo incentivaba a visitar Oeschle con regularidad. De hecho, llegó a comprar un televisor por el que debía S/2.000 al momento en que le cobraron indebidamente la comisión.

Ledgard envió un correo quejándose y lo pasearon como a Calderón. Le dijeron que debía reclamar en tienda. Volvió al Parque Kennedy solo para llenar el formulario. Ahí el empleado que lo atendió corroboró que había consumido todos los meses. “Me dijo ‘tu reclamo debería proceder, incluso has hecho un par de compras grandes. No hay ningún motivo para que te cobren esta comisión”, afirma el periodista. Pero la relación tóxica con la financiera de Intercorp no se corta así nomás. 

Financiera Oh! tenía un mes para responder. El 3 de julio del 2018 contestaron que “lamentablemente no es posible realizar el extorno, ya que el cobro se realizó de manera correcta al encontrarse tu tarjeta activa en el mes de cargo”. En cristiano que, como su cuenta estaba habilitada, podían cobrarle lo que les pareciera conveniente.

RespuestaOh!Ledgard
La respuesta de Financiera Oh! a Ledgard. En sencillo le dijeron que le cobraron porque su “tarjeta estaba activa”.

Molesto, imprimió ese correo y volvió al Kennedy a reclamar otra vez. Le dijeron que nada se podía hacer, porque el reclamo ya había sido resuelto. Pidió cancelar su tarjeta, pero le explicaron que primero debía pagar la ‘tele’ y llamar por teléfono al día siguiente. Sólo así podía desvincularse de Oh!

Aunque estaba fastidiado, Ledgard hizo caso. Sacó los S/2.000 y esperó 24 horas para cancelar sus pendientes. Le reiteró al empleado que lo atendió que, por favor, verificara si con eso ya podía anular su tarjeta. Solo cuando se lo garantizaron regresó a su casa.

Pero cuando llamó al día siguiente para cancelarla, asegura que le dijeron: “lo siento, pero acá figura una deuda de 20 centavos”. No lo podía creer. El empleado le explicó que esa ínfima cantidad era un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) generado por la transferencia de S/2.000 para pagar su ‘tele’ el día anterior. 

“Ese es el truco. Yo le insistí múltiples veces al empleado que yo pagaba mi deuda con la intención de anular mi tarjeta. Él sabía que ese era mi propósito y probablemente también que se iba a generar un ITF, pero no me lo dijo. Me lo ocultaron”, afirma el periodista. 

Aún así, Ledgard dice que se acercó al día siguiente con su moneda de 20 céntimos y, aliviado, por fin pudo terminar con Oh!. Pero la experiencia lo marcó. “Me trataron de ignorante cuando intenté cerrar la cuenta con esa deuda. Y no fue hasta el final que trataron de voltear la situación, pero ya era demasiado tarde”, explica. 

 

Protegida sin saberlo

Ledgard no es el único cliente de la financiera que fue sorprendido por omisiones clamorosas de información. A Káterin Infante no le cobraron una deuda irrisoria, pero sí le hicieron pagar un seguro que nunca aceptó. La psicóloga de 31 años se asoció a Oh! en marzo del 2017. 

Todo estuvo bien hasta mayo de ese año cuando, al recibir su estado de cuenta, se enteró que, además de su consumo mensual, tenía que pagar un seguro de protección. Ella había aceptado el servicio -asegura- porque el empleado que le ofreció la tarjeta en Plaza Vea de La Rambla descartó que haría pagos adicionales. “Por simpatía accedí, pensando que era como las tres tarjetas que hasta ese momento tenía. Dije ‘una más no hay problema’”, explica. 

Con la noticia, Infante fue al Real Plaza Salaverry para cancelar el servicio. Como a Calderón y Ledgard, le dijeron que debía cancelar su deuda primero y volver 24 horas después. Esto incluía pagar S/25,08 por su consumo del mes, pero también asumir el costo de S/59,90 del “Interseguro” que no pidió. En total: S/84,90. 

“Me hizo pasar un mal momento. Unos pueden decir que S/84 no es para tanto, pero para otros si lo puede ser. La indignación fue porque me mintieron. Cuando le pregunté a la persona que me ofreció la tarjeta si había algún pago adicional me dijo que no”, recalca Infante.

Infante pagó y solo así pudo desafiliarse de Oh!. Lo anecdótico es que tres meses después de cerrar su cuenta, en agosto de aquel 2017, le llegó al buzón el seguro que nunca aceptó. “En agosto fui nuevamente extrañada [por] ese correo, pero me dijeron que mi cuenta estaba anulada y que tampoco sabían por qué me llegó eso”, explica la psicóloga.

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Los correos de Oh! a Infante. El “aviso” del seguro llegó 3 meses después que ella se desvinculó de la financiera.

La pandemia no fue pretexto para mejorar sus mecanismos de atención al cliente. Como señala un informe previo de Sudaca, la Financiera Oh! lidera el ranking de sanciones en Indecopi de todos los sectores para el periodo 2017-2021. Solo desde el inicio de la pandemia hasta mayo de este año eran 431 sus sanciones firmes. ¡Hoy la cifra ha subido a 540! Los testimonios aquí recogidos explican por qué el número sigue creciendo. 

Para el abogado Andrés Calderón, en todos ellos existe un patrón similar. “Hay una estrategia detrás que es super maliciosa. Se demoran y juegan a que la persona se olvide o se canse para que no pueda cancelar la tarjeta. No te dejan hacerlo en una sola acción”.

Sudaca solicitó descargos a la Financiera Oh! a través del área de prensa del grupo Intercorp. Nos aseguraron que nos confirmarían su participación. Sin embargo, al cierre de esta edición, nos dejaron en visto.

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Crédito, Financiera Oh, tarjeta de crédito, Tarjeta Oh!

El 13 de mayo pasado llegó un aviso desde el almacén del Minsa al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El ministerio tenía un regalo para ellos: se trataba de 700 respiradores industriales –supuestamente de la marca 3M– destinados al área de cuidados intensivos del nosocomio.

Los presentes del Minsa decían ser respiradores del modelo 3M 7502. Este equipamiento “brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico”, entre otros gases, como se explica en la página web de la empresa. Además, es una importante herramienta para los médicos que trabajan atendiendo casos de Covid-19.

“Son mucho más seguros que la mascarilla N95, que protege 99%. En teoría es la máxima protección, pero si es falsificado todo es malo, incluyendo los filtros. Entras a la UCI, respiras puro bicho y pones en riesgo la vida”, advierte Godofredo  Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú.

De acuerdo a Talavera, un respirador original tiene un costo promedio de S/260. “Un falsificado te lo venden a la tercera parte”, agrega.

Luego de trasladar los respiradores a sus almacenes, y por protocolo, el Loayza debía inspeccionar el obsequio. Al hacerlo, fuentes del hospital que vieron el producto en persona, aseguraron a Sudaca que los filtros y cartuchos que se colocan a los lados del respirador no calzaban. Esto es gravísimo: al no encajar, no bloquean el paso de partículas.

Tras la revelación, los doctores enviaron dos muestras del lote a la empresa 3M para que esta verifique su autenticidad. El 21 de mayo, el Loayza recibió la respuesta de la compañía: el regalo del Minsa era falso.

El informe de 3M, al que accedió este medio, confirma la incompatibilidad del donativo del ministerio con los productos originales de la empresa. El segundo párrafo dice claramente. “Concluimos que los productos presentan características atípicas, las cuales no son compatibles con los Respiradores 3M 7502 fabricados por 3M Company”. Además advierten de su peligrosidad: “En opinión nuestra, ninguno de estos productos [del lote del Minsa] debe ser usado, y en caso de que se haya distribuido alguno de ellos, se sugiere cesar su uso de inmediato”.

Respuesta3M
La respuesta de 3M a la inquietud del Loayza. Su veracidad fue garantizada por personal de la empresa a Sudaca.

Más adelante también se descarta que el donativo haya sido entregado por la empresa. “Los productos revisados a los que hacemos referencia en este documento no han sido abastecidos por 3M ni por alguno de los distribuidores autorizados”. En comunicación con Sudaca, Marko Kardum, gerente de cuentas de la compañía, confirmó la veracidad del documento. “Esa es la carta que enviamos”, dijo textualmente.

Fuentes del Hospital Loayza también dan fe de los hechos narrados aquí. Y los que siguen. Sus identidades se mantienen en reserva por temor a vivir lo mismo que Elizabeth Rojas, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé, quien fue suspendida sin goce de remuneraciones por un año luego de denunciar un hecho similar el año pasado: en el área de cirugías de su hospital, operaban con goteros enormes en el techo.

 

Empolvado

Con la confirmación de 3M, el Loayza inmovilizó el lote recibido en su almacén. Luego comunicaron a la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa (DGOS) sobre lo ocurrido. Desde el 26 de mayo, Edward Cruz Sánchez, responsable del área, sabe de la denuncia. Y desde esa fecha, el Loayza no recibe una respuesta, lo que les parece muy sospechoso.

Sudaca pudo acceder al Sistema de Trámite Documentario Web (STDW) del ministerio, un mecanismo interno que registra cómo avanza un determinado trámite, en este caso, la solicitud del hospital para conocer el origen del donativo. Hasta el 6 de julio, el día que este medio pudo entrar por primera vez al sistema, se observaba claramente que desde aquel 26 de mayo el Loayza se encuentra “a la espera de indicaciones sobre la autenticidad” de los respiradores truchos.

EmpolvadoSTDW
El STDW deja en claro que desde finales de mayo el Hospital Loayza espera “indicaciones sobre la autenticidad de respiradores procedentes del MINSA”.

Este reportero pidió información sobre el caso al área de prensa del Minsa y solicitó una entrevista con Edward Cruz el último jueves. En el ministerio parecían no saber nada de los respiradores. Fue tal el desconocimiento que el funcionario del área de prensa, que se presentó como Juan Vargas, contestó: “¿entenderás que eso no dice nada, no?” y que “la carta [de 3M], que sería incriminatoria, no está firmada por nadie”. También nos pidió el número del expediente de su propia entidad porque “no encuentran nada”.

Todo indica que nuestra llamada descongeló la denuncia de los respiradores falsos en el ministerio. Mágicamente, en el sistema de trámite documentario empezaron a haber movimientos desde el viernes 9 de julio, solo un día después de que Sudaca solicitara los descargos a la entidad. En esa jornada se registraron varias comunicaciones entre los funcionarios de la DGOS en el sistema de trámite documentario, aunque en el Loayza aún no tienen respuestas.

Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo llegaron los respiradores truchos al Minsa?, ¿por qué hasta ahora no envían una explicación al Hospital Loayza? En todo caso, esperemos que el ministerio sea más transparente con los médicos que con la prensa.

Movimientos STDW
El detalle completo del STDW. El MINSA “recordó” el pendiente recién el último viernes.

Mientras tanto, los doctores del Loayza siguen enfrentándose al Covid-19. Se trata, después de todo, del “hospital general más grande del país”, como reseña su sitio web.

Godofredo Talavera asegura que este hospital “ha llegado a tener más de 300 pacientes con covid por día en emergencias” y que la ocupación de camas UCI “pasa las 200”. En este combate, estos respiradores serían realmente útiles. El Minsa parece recién recordar este pendiente.

**Fotoportada por Leyla López (Fuentes: Andina y 3M). 

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Loayza, Minsa, Pandemia
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