El grupo archivó la propuesta por mayoría al considerar “innecesaria” su aprobación. “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales”, sostuvo Bustamante en aquella ocasión, según una nota de prensa del Legislativo.

Las polémicas

Cierto o no lo dicho por Bustamante, es indudable que Escazú genera opiniones divididas. El tratado tiene 26 artículos, pero la discusión gira en torno, sobre todo, a dos de ellos: los referidos a participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.

El tratado plantea en su artículo 7 que cada Estado firmante “garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades”. No precisa la exclusión de algún tipo de actividad económica o zona del territorio nacional de sus alcances.

Más adelante, en su artículo 9, Escazú exhorta a los países comprometidos a tomar “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”. Lo anterior incluye atentados contra su vida, opinión, reunión y más.

Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los postulados de Escazú son positivos, pero no hacen falta. “Es un tratado de buena intención, pero no es imprescindible, ni necesaria su ratificación, porque Perú ya cuenta con un marco legal para tutelar y proteger los mismos derechos [que defiende el tratado regional]”, considera el ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.

Rospigliosi se refiere a fuentes del derecho nacional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental o la existencia de un ente rector como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). “Su ratificación por el contrario, generaría una sobreregulación y superposición de normas que generarían desconfianza en la inversión y desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente”, agrega el letrado.

En nuestro país, además, existe un vasto trasfondo legal que se relaciona a los puntos de Escazú. Por mencionar algunas tenemos la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, la Ley General del Ambiente, que crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); y contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Alessandro Azurín
La lista de los países que firmaron y ratificaron Escazú. El último lunes se sumó Colombia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la misma línea que Rospigliosi opina Ángel Delgado, también abogado constitucionalista. “En el Perú hay normas que regulan el derecho de petición y mecanismos judiciales como el habeas data para obtener información, pero para hacerlo hay que tener legitimidad y proporcionalidad porque hay información de carácter privado que no se puede difundir así no más”, sostiene.

Bajo la mirada de Delgado, ratificar Escazú también es un riesgo de que se desnaturalicen otras normativas. “El mecanismo perverso de este tipo de tratados es que extienden derechos como una liga. Los pueblos indígenas tienen derecho a consulta por la relación ancestral con sus territorios, pero eso no puede generalizarse a cualquier grupo de vecinos que viva en Asia y no quiera un proyecto determinado”, afirma el abogado.

Contrario a sus colegas, Dania Coz, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no ve con malos ojos las exigencias de Escazú. “No lo veo como un problema. Es un tema básico de transparencia permitir la fiscalización ciudadana. Nosotros hemos dado poder a nuestras autoridades para que gobiernen, pero se nos olvida que no nos hacen un favor, lo hacen por delegación. Lo que busca [el tratado] es garantizar espacios”, asegura.

Para Coz, que nuestra legislación vigente ya contemplealgunas exigencias de Escazú tampoco es un problema, sino una oportunidad de mejora. “Es parte del principio del derecho internacional pacta sunt servanda. Firmar un tratado es indiferente ante tus propias obligaciones, defender a los representantes ambientales igual se debe cumplir, pero si tú adoptas más herramientas para que ese derecho se ejerza es porque precisamente tienes esa buena voluntad de garantizarlo”, considera Coz que también es jefa de la división de Derecho Constitucional del Estudio Iriarte & Asociados.

 

Normativa nacional sobre ac… by Alessandro Azurín Astorga

Aunque también hay opiniones contrarias en ese punto. “Dirán que lo abunda, no daña, pero no es verdad. El Perú tiene una democracia representativa. Participamos a través de nuestras autoridades. Tenemos tribunales, a los congresistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo [para tutelar los derechos que toca Escazú]”, manifiesta Ángel Delgado, abogado constitucionalista.

Precisamente la Defensoría se pronunció a favor de la ratificación de Escazú el último 21 de agosto. recordando algunos datos alarmantes. Hasta julio, el 60% de los conflictos sociales activos en territorio nacional estaban vinculados a temas ambientales. Además, 14 defensores ambientales fueron asesinados entre marzo del 2020 y agosto del 2022, con una pandemia encima y todo.

El acuerdo internacional no solo genera diversas corrientes de opinión entre constitucionalistas. En zonas de nuestra Amazonía, como Loreto, también se pueden encontrar posturas opuestas. Como prueba, un botón.

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) busca la ratificación de Escazú al menos desde el 2020. En agosto de ese año, Orpio lanzó un comunicado exigiendo que el Congreso emita un dictamen favorable sobre el tratado.

Orpio se pronuncia para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación”, señala el documento de la organización que agrupa a 26 federaciones indígenas de Loreto.

Pero también hay grupos que se oponen. Está, por ejemplo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), antes conocida como el colectivo “No A Escazú». La razón, aseguran sus voceros, es por la posibilidad de que se frustren iniciativas necesarias para la región amazónica.

“Escazú puede tener una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de organizaciones internacionales para tomar control de nuestra Amazonía y que los defensores ambientales tengan derechos superiores. Nos oponemos porque el desarrollo de Loreto ha sido postergado bastantes años precisamente por la intervención de los ambientalistas”, dice Christian Pinasco, presidente de la CDL.

Según Pinasco, la lista de proyectos paralizados por intervención de organizaciones ambientalistas es larga. “El último gran proyecto frustrado es la carretera Iquitos-Saramiza [que conecta con la Costa Norte]. Ha sido denunciada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que se encuentran en el Marañón. Dicen que no se puede pasar por sus territorios porque son una nación independiente a la nuestra y que, si algún profesional quiere pasar, ellos no garantizan su vida”, afirma la cabeza de la organización loretana.

Si Escazú es el camino para mejorar las cifras de la Defensoría y la ejecución de proyectos ambientales es la interrogante. Seguir su aplicación regional puede ser la clave para obtener una respuesta.

El tratado ya está vigente desde el 22 de abril del año pasado luego de alcanzar 11 ratificaciones, el mínimo necesario, gracias a la adhesión mexicana. El más reciente es Colombia, que aprobó su ratificación el último lunes. Perú no se les sumará por ahora. Al menos hasta nuevo aviso.

 

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CitizenGo también tiene rostros visibles en Perú. Por la mañana, ‘La Encerrona’ dio a conocer que sus representantes en nuestro país son Carlos Polo Samaniego y Alejandro Bermúdez, director de ACI Prensa, una agencia de noticias ultraconservadora. Ambos forman parte del directorio mundial de este colectivo.

ignacio hazte oir
Ignacio Arsuaga posa junto a un autobús de Hazte Oír, su organización asociada a CitizenGO, con un mensaje contra la comunidad trans.

LAZOS CON VOX

Ignacio Arsuaga ha sido vinculado al fundador y líder de Vox, Santiago Abascal. De acuerdo a una investigación de ElDiario.es, Abascal y Arsuaga son amigos. 

Las redes sociales de Vox dan cuenta de fotos que prueban una estrecha relación entre ambos personajes. Una de ellas, por ejemplo, los captó en la calle de Génova en el 2014. Otra prueba del vínculo es que, como parte de sus actividades, Hazte Oír premió a Abascal por su labor como presidente de Defensa de la Nación Española (Denaes), una fundación que impulsa el nacionalismo español, en el 2012. En ese momento, Abascal era militante del Partido Popular. Un año más tarde, fundaría Vox.

Este año, la relación entre Hazte Oír y Vox terminó en discrepancias públicas. Todo indica, sin embargo, que han seguido sus caminos para expandir sus posturas antiderechos por Latinoamérica.

Cabe recordar que una comitiva de Vox se reunió con las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular en septiembre del año pasado. El objetivo era que los parlamentarios firmen la Carta de Madrid. Este documento nació en la Fundación Disenso, de la que Santiago Abascal, líder de Vox, es “patrono”, según su misma web.  Los firmantes del manifiesto -como los congresistas Muñante y Williams- se comprometen a evitar que dichas iniciativas se consoliden en sus países.

Ese es el trasfondo que esconde la aparición del camión publicitario, un episodio más de la relación entre un sector del Congreso y la derecha más conservadora de España. Esta vez se aliaron contra una asamblea de la OEA que tiene como lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Espinoza, según las últimas encuestas en su distrito, tiene altas posibilidades de ganar. El último simulacro de votación de Datum con cédula en Puente Piedra coloca a Somos Perú primero con 31,2%, muy adelante del segundo puesto: Renovación Popular con 15,3%.

Nada de esto sería posible sin su gran inversión en su campaña. El ex congresista no es solo el candidato que más ingresos anuales registró en Lima ante el JNE. También es el que más ha invertido en su distrito: S/194,215.70, de acuerdo al Portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), siendo él mismo su principal aportante y dejando muy atrás al segundo puesto: Stefani Reyes, del Partido Patriótico del Perú (PPP), con S/5,200. Dicho monto corresponde a un primer reporte de gastos, del 4 de enero hasta el 2 de septiembre, por lo que ese total podría aumentar en esta recta final.

Surfeando la pandemia

El otro aspirante a un sillón municipal que supera el millón de soles en ingresos anuales es Óscar Benavides Majino, candidato por Alianza Para el Progreso (APP) en Ate. A sus 74 años, intentará volver a dirigir el distrito por quinta vez.

Benavides es abogado por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega al igual que Rennán Espinoza. Como el ex congresista también incrementó su patrimonio considerablemente desde su última postulación a un cargo público. Ante el JNE declaró un ingreso anual de S/298,713 cuando intentó –sin éxito– ser congresista también con APP en el 2021. Para estos comicios, declaró S/1,451,193.92.

Este considerable crecimiento no se puede explicar sin su principal negocio: las funerarias. Tal vez uno de los pocos sectores que realmente prosperaron con los lamentables picos de mortalidad cortesía del coronavirus.

Y él mismo lo reconoce así. “Debería ser más [lo declarado ante el JNE] por la cantidad de fallecidos que he atendido. He donado cualquier cantidad de entierros. Soy un hombre bien humano. Tuve convenios con EsSalud y el Minsa, algunos todavía me deben”, le dice, con seguridad, a Sudaca.

 El ex alcalde de Ate dirige una funeraria que lleva su nombre: la Agencia Funeraria Óscar Benavides. Según le dijo a este medio tiene seis sucursales. “La primera la fundé cuando tenía 20 años, en Jirón Abtao [La Victoria]”, recordó.

En su hoja de vida señaló como única experiencia laboral ser gerente general de “Oscar Benavides Majino Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” desde 1991. Este RUC tiene como domicilio fiscal la dirección de su primera funeraria. Además tiene una deuda coactiva vigente con el Tesoro Público de S/ 4,742.

funeraria
El logo de la funeraria que dirige Óscar Benavides desde 1991.

Más allá de eso, Benavides tiene cinco inmuebles valorizados en S/1,080,000, tres de ellos en San Isidro. También tiene cinco vehículos –cuatro de ellos son carros funerarios– que juntos tienen un valor de S/ 186,720. Según la última encuesta publicada de CPI, el ex burgomaestre está entre los favoritos de Ate con 16.1% solo detrás de Juan Enrique Dupuy, de Podemos, que lidera con poco: 16.9%.

Ceros de más

Los candidatos a regidores distritales que encabezan la lista con mayores ingresos declarados ante el JNE tienen varias coincidencias. Ambos son contadores de carrera, estudiaron en universidades hoy sin licencia, postulan con el número 1 en sus listas, y tienen una queja que hacerle al Jurado Nacional de Elecciones: se equivocaron al momento de colocar sus ingresos en la plataforma electoral.

La aspirante a regidora que aparece con más ingresos anuales es Eloisa Correa Muñoz. El postula por Acción Popular en Magdalena del Mar. El candidato distrital accionpopulista en ese distrito era Franco Salinas, el ex congresista, hasta que fue tachado por el JNE. Según la plataforma del ente electoral, tuvo un ingreso anual el año pasado de S/55,869,200.

Pero Correa lo desmiente. “Hay error de digitación”, asegura a Sudaca sin agregar más. La postulante tiene 63 años y es contadora de carrera por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su única experiencia laboral registrada es llevar las cuentas del Colegio Peruano Chino Diez de Octubre desde 1986 hasta el año pasado. Aparte de eso registra dos carros a su nombre valorizados en 21 mil soles. No tiene inmuebles a su nombre.

hojas de vida
La hoja de vida rellenada a mano por Correa. EL JNE le agregó un cero más a sus ingresos anuales al final.

El siguiente en lista sería Giovanni Venancino Salas, que postula en San Luis con Avanza País en la lista de César Mendoza. Según la plataforma electoral del JNE, tuvo un ingreso anual el año pasado ascendente a S/47,897,000.

Eso sí el JNE hubiese digitado bien sus finanzas. “Me ha sorprendido porque hay un error de tipeo evidentemente. Voy a presentar una carta solicitando una rectificación. Debe decir 47,897 soles, pero está en millones y evidentemente no he ganado eso”, asegura a Sudaca.  

Venancino tiene solo 28 años. Y también es contador como Correa por una casa de estudios con licencia denegada por Sunedu: la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI).

No tiene bienes muebles o inmuebles, pero sí una amplia experiencia en el sector público. Ha trabajado auditando a la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad de Villa María del Triunfo y el Hospital Nacional Sergio Bernales. Actualmente es jefe de riesgos de rentabilidad de las inversiones y proyectos en la Fonafun, la funeraria de la Policía.

Ambos candidatos compartieron a Sudaca el formato de hoja de vida llenado a mano que entregaron al JNE para su registro en la plataforma electoral. Este medio pudo corroborar lo que afirman: les agregaron unos cuantos ceros al final de sus ingresos anuales de manera inexplicable.

Si descartamos a Correa y Venancino, el regidor distrital en Lima con mayores ingresos sería Leoncio Quispe Huamaní, que postula con el número 1 por Santa Anita con el Partido Patriótico del Perú (PPP). Según su hoja de vida, declaró ganancias por S/ 22,876,680 el año pasado.

Quispe cuenta con estudios técnicos como mecánico aeronáutico en la Escuela Técnica del Ejército y su única experiencia laboral consignada es como certificador en Helisur, empresa que traslada pasajeros y carga industrial como petróleo y elementos de construcción desde 1994.

Sudaca intentó contactar al señor Quispe, pero no fue posible. De hecho, ni siquiera su cabeza de lista sabe de él. “A ese señor no lo conozco. Nunca se acercó a mi domicilio para la campaña ni nada. El partido lo puso, pero ahí tampoco lo ubican. No sé cómo habrán hecho”, le dijo César Valdivia, candidato distrital por el PPP en Santa Anita, a este medio. Una pequeña muestra de cómo se organizan los partidos para esta contienda electoral. 

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Según la resolución 1020-2021 de la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, que Sudaca revisó, la agencia presentó el mismo problema que el comercio de Zegarra: le retuvieron 14 mil dólares y 19 mil dólares en operaciones realizadas en partes por dos clientes que fueron reportadas como fraudulentas en septiembre de 2018.

A diferencia de lo ocurrido con Zegarra, Niubiz sí solicitó descargos a Madec Tours. Sin embargo, igual les cobraron el dinero inicialmente retenido. Por eso la agencia turística la denunció ante la Oficina Regional de Indecopi en Cusco por consignar una cláusula abusiva en su contrato y no brindar un servicio idóneo, de acuerdo a los artículos 19, 47 y 49 del Código de Protección y Defensa del Consumidor el 30 de abril del 2019.

Madec Tours renegaba de la cláusula 9.3 en su contrato de afiliación con VisaNet, cuando aún no cambiaba su identidad a Niubiz. Era precisamente aquella referida a la detección de compras fraudulentas. “Tratándose de transacciones sin tarjeta presente, es decir, sin lectura de chip, banda magnética u otra forma física, Visanet Perú aplicará directamente el descuento a la afiliada sin requerir la documentación de sustento”, decía en tono muy similar a lo que hizo Niubiz con el negocio de Zegarra, de acuerdo a la resolución de Indecopi.

Luego de analizar el caso, la entidad sancionó a Niubiz con 2 UIT por infringir el artículo 47 y 49 del código. El primero referido a no entregar una copia del contrato de afiliación y el segundo sobre cláusulas abusivas que colocan al consumidor “en una situación de desventaja o desigualdad” que anula sus derechos. Ese es el precedente que carga la pasarela de pagos y que hoy se relaciona a la experiencia del comercio de Zegarra. 

Sudaca solicitó a Indecopi un pronunciamiento sobre este caso. Como respuesta, desde su área de prensa nos aseguraron que para que el negocio de Zegarra calce dentro de la definición de microempresario como consumidor debe alinearse a los lineamientos del Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE. En su artículo quinto la norma establece que una microempresa es aquella que no supera las 150 UIT –unos S/ 690 mil–  como ventas anuales.

Sobre las faltas detalladas del caso, la entidad aseguró que eso corresponderá “ser evaluado en el marco de un procedimiento administrativo sancionador”, por lo que no pueden adelantar opinión específica. Para que ese proceso se dé, cualquier persona natural o jurídica debe activar los mecanismos de arbitraje de consumo, procedimiento administrativo ordinario o sumarísimo, según escoja. El emprendimiento de Zegarra aún evalúa si tomar alguno de esos caminos o dejar el asunto como una anécdota nada satisfactoria. 

Una experiencia que debe poner en alerta a otros emprendedores digitales respecto a las condiciones –más allá de las comisiones– de los acuerdos que firmen con pasarelas de pagos como Niubiz.

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Además, el Minem ha destinado un presupuesto de S/ 150 millones del FISE para el conocido proyecto “7 regiones” desde abril de este año, según informó dicho ministerio a Sudaca. Esta iniciativa busca impulsar la masificación del gas natural en las regiones de Ayacucho, Cusco y Ucayali en una primera etapa aprovechando su cercanía a ductos ya existentes. En una segunda etapa se hará lo mismo con Huancavelica, Apurímac, Puno y Junín. A comienzos de este año, el ministerio aseguró que en 2 años lograrían el objetivo. 

La construcción de más gasoductos también es necesaria. Uno de ellos es el recordado –y manchado por la corrupción de Odebrecht– Gasoducto del Sur. Ahora el proyecto se llama Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural – Zona Sur del Perú (SITGAS). Desde el Minem aseguraron a Sudaca que “se encuentran coordinando la segunda etapa de los estudios necesarios para continuar con el proceso de adjudicación”, aunque sin un plazo fijo para hacerlo finalmente realidad. 

Aunque lo anterior suena prometedor, corregir la disparidad tarifaria es otro pendiente. El organismo estatal encargado de fijar las tarifas es Osinergmin. Cada cinco años las empresas concesionarias le presentan un plan quinquenal con proyecciones de demanda, metas y un mecanismo de promoción. Osinergmin analiza la propuesta alcanzada, arma una propia, y establece la tarifa final.

Contugas pasó por ese proceso este mismo año y no terminaron muy contentos. “En algunos puntos no estamos de acuerdo. Para fijar las tarifas Osinergmin usa un modelo regulatorio llamado empresa eficiente. Es idealizada. Hay infraestructura y gastos operativos que no son tomados en cuenta por el regulador y hacen que la tarifa finalmente no remunere las inversiones y los gastos operativos del concesionario”, reclama Luis Salas, gerente de tarifas y regulación técnica de la empresa operadora en Ica. 

Una comparación del kilometraje y recorrido de nuestros gasoductos con otros países de la región dan cuenta de lo mucho que falta por construir. 

Desde el Ejecutivo parecen haber tomado conciencia de este problema, aunque no contaban con que el Legislativo entorpezca las cosas. En noviembre del año pasado presentaron el proyecto de ley 679 que buscaba fijar una tarifa única de distribución para el GN. Este fue aprobado por el Congreso en julio. Sin embargo, Castillo observó su autógrafa el último 15 de agosto. 

La iniciativa del gobierno buscaba que el FISE y el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) financiara la ejecución de proyectos para la masificación del gas en todo el país. Sin embargo, en su versión aprobada el Congreso excluía de su alcance a las empresas concesionarias con contratos vigentes. 

Al observar la autógrafa, el Ejecutivo manifestó que la postura legislativa constituye una decisión contraproducente con el objetivo de la ley, ya que dejaba fuera de su alcance a las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Áncash, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao e Ica, donde sí hay concesionarios y no hay conexión absoluta. Hoy, el proyecto está de nuevo en la Comisión de Energía y Minas. 

“La tarifa única nacional es fundamental. Los congresistas se confundieron, pensaron que al extender la tarifa se beneficiaba el concesionario. Fue un error conceptual. Los concesionarios tienen un contrato y no ganan más por tener tarifas más reducidas. Si la aprobaban así en regiones donde hay concesionarios los domicilios pagarían una tarifa más cara que aquella donde no hay concesionario”, explica Felipe Cantuarias, presidente de la SPH. 

Sudaca buscó la versión de Osinergmin sobre las críticas planteadas a su sistema para establecer las tarifas, así como su opinión sobre el proyecto de una tarifa universal. Sin embargo, aunque se comprometieron a hacerlo, al cierre de esta edición no recibimos respuesta.

Para Erick García estos cortocircuitos entre Ejecutivo y Legislativo ocurren por la ausencia de un articulador estatal. “Acá lo que se necesita es una autoridad nacional que alinee a todos. Eso tiene que cambiar”, sostiene el ex funcionario.  

Complejo o no, el camino para masificar el gas natural ya está trazado. Falta, como es evidente, escoger una dirección segura para avanzar. Toca esperar que los poderes del Estado, tan acostumbrados a jalar agua para su propio molino, no lo hagan con este recurso energético fundamental para el futuro nacional. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Cuestión de denominaciones

El mercado lechero nacional está concentrado en tres grandes empresas, de acuerdo a un informe publicado por Indecopi sobre el sector lácteo publicado a finales del año pasado. Gloria, actor principal, tiene una participación de mercado del 76,7%. Le siguen Laive y Nestlé, con 9,9% y 8% respectivamente. Su influencia en el negocio es inmensa. Juntas, por ejemplo, acopiaron el 49,8% de la leche fresca producida en el 2020, según el documento. 

Y no han estado exentas de cuestionamientos en el pasado. El Caso Pura Vida, producto de Gloria, es uno de los más recordados. En el 2017, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) prohibió que Pura Vida ingrese a ese país con el etiquetado de leche porque su composición no era exclusivamente ese alimento. Tenía un 60% leche, según Gloria. Esta decisión llegó al Perú y desencadenó toda una discusión respecto a los rótulos más exactos para el mercado lácteo. 

El caso Pura Vida terminó cuando Indecopi sancionó a Gloria, Nestlé y Laive con una multa de S/ 9,573,967 en conjunto por consignar denominaciones erróneas en productos como Bonlé, Reina del Campo y Laive Evaporada Vitaminizada a finales del 2018. Varias de estas presentaciones eran consideradas mezclas lácteas. 

leche
La polémica que despertó Pura Vida por su composición en 2017 sigue trayendo cola en el debate de la leche hoy en día.

Desde entonces, cada vez que la leche ha estado de nuevo en el ojo de la tormenta la discusión jamás ha excluido el aspecto de la industria. “Esa polémica es totalmente comercial. Mezclan la parte técnica. Con eso logran que los niños tomen menos leche”, asegura Rodrigo Valenzuela.

“Tiene rasgos comerciales que están relacionados al impacto a los productores ganaderos. Ellos han reclamado que ‘leche’ se le llame a los productos elaborados solo a partir de leche fresca, no más a las mezclas lácteas. Es importante tenerlo presente”, complementa Jessica Huamán, presidenta del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre de Lima.

Hoy, esos “rasgos comerciales” tampoco están excluidos del debate. Esas son las bases para hablar de la leche en el Perú. Un asunto que todavía traerá nuevos capítulos.

El último martes, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente un pedido de Gloria para utilizar provisionalmente leche en polvo para hacer leche evaporada, a raíz del decreto supremo del Midagri. La empresa apelará. Esta bebida natural seguirá dando que hablar. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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De acuerdo a Crisólogo Cáceres, presidente de la presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la razón para abrirle la puerta al uso de mezclas lácteas en el programa Vaso de Leche es una excusa antigua. “Se aduce lo mismo de siempre: la falta de logística al interior del país. En lugar de repartir productos de origen natural, se distribuye a los beneficiarios productos industrializados”, considera Cáceres. 

Además, agrega el presidente de Aspec, esta ley es contraproducente. “El único beneficiario es la gran industria láctea. Lo mínimo que puede hacer un programa llamado Vaso de Leche es guardar armonía con la legislación vigente: el reglamento de la leche. Las mezclas no lo son, se le introducen otros insumos para generar uno nuevo”, asegura el también abogado de profesión.

Como reportó previamente Sudaca, el reglamento de la leche fue modificado a principios de abril por el Midagri. El decreto supremo que lo hizo posible privilegiaba el uso de leche fresca sobre la leche evaporada, principal presentación del alimento que se consume en el país. Hoy, la ley 31554, parece ir en sentido contrario al abrirle la puerta a las mezclas lácteas. 

En el Congreso ya saben que metieron la pata. Martha Moyano, primera vicepresidenta del Legislativo y hoy presidenta en funciones por la censura de Camones, se reunió con más de 100 dirigentas del programa social el último 26 de agosto. La fujimorista también había firmado la norma junto a Camones. 

En esa cumbre estuvo Pilar Brito. “Quedamos en trabajar la derogatoria de esta ley. Si no se puede, probablemente iremos a la calle y pediremos el cierre del Congreso”, asegura ofuscada la presidenta de los comités en Lima y Callao. 

La propuesta de Brito ya está, de hecho, en ejecución, aunque no desde la bancada fujimorista. La congresista Jessica Córdova presentó un proyecto de ley que nuevamente modifica la ejecución del programa Vaso de Leche.

vaso de leche
Martha Moyano, hoy presidenta en funciones del Congreso, se reunió con más de 100 líderes de los Comités del Vaso de Leche el último 26 de agosto en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.

Su iniciativa tiene como único punto la modificación del artículo 4. Esta vez priorizando el uso de leche fresca, siguiendo la línea del Midagri. Lo anecdótico es que Córdova pertenece a Avanza País, es decir, la misma bancada de Norma Yarrow. El proyecto de Córdova actualmente espera ser discutido en la Comisión Agraria y la de Presupuesto, luego de ser presentado el último 8 de julio, solo dos días antes de que la ley 31554 fuese aprobada en el Pleno. 

Es claro que esta no será la última vez en este periodo gubernamental que se hablará de la leche, sea desde el Ejecutivo o Legislativo. Antes de avanzar en cualquier reforma estaría bien recordar que somos el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Tal vez una correcta ejecución del Vaso de Leche nos ayudaría a cambiar esa triste realidad.

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El 6 de junio del 2022 el INPE emitió otra resolución directoral sobre el reo Humala. Esta vez, se quedaba en la cárcel nuevamente por una cuestión numérica. Sumada su reclusión efectiva más su pena redimida llegaba a los 18 años, 10 meses y 18 días. Por lo tanto, no pudo ser liberado.

Finalmente, el 8 de julio, Humala lo volvió a intentar y esta vez sí se salió con la suya. “Ya era una situación que el transcurrir del tiempo haría que se llegara a ese objetivo. Es decir, a que se le contabilice su carcelería efectiva más su reducción efectiva. Es por eso que, en la siguiente resolución directoral del 17 de agosto del 2022, el establecimiento penitenciario de Ancón II le otorga la libertad”, manifestó Omar Méndez ante la Comisión de Justicia del Congreso. 

Esas fueron algunas de las arduas tareas que permitieron a Humala Tasso salir libre el último 20 de agosto. Un camino con paradas culinarias, épocas festivas y dibujos animados japoneses. El tiempo dirá a qué se dedicará Antauro ahora que ya está en libertad, y si esas “capacidades logradas” le sirvieron para algo.

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EL PERJUICIO ECONÓMICO

El ONP es un Activo Crítico Nacional (ACN) y la legislación provee de medidas para su intangibilidad y la continuidad de sus operaciones, pero esto no ha ocurrido a pesar de las importantes pérdidas económicas que genera su paralización y el grave daño ambiental que genera un derrame de petróleo. Es indispensable que el gobierno aplique esta regulación, garantice la integridad y seguridad del ONP, identifique y denuncie a los responsables de estos delitos ambientales y contra la propiedad pública, para que respondan ante la justicia, porque el respeto a la ley y a la autoridad debe ser exigible a todos los peruanos por igual, señala la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). 

Actualmente, la operación del ONP está en números rojos y eso también lo sienten las empresas privadas que trabajan con Petroperú. Es el caso de Perenco, que opera el lote 67 y aún no puede llevar a Puerto Bayóvar el petróleo su producción del 2021. La empresa estima las pérdidas por esto en unos US$40 millones.

En una situación parecida se encuentra Petrotal, que opera el lote 95. Esta compañía firmó contrato con Petroperú en 2019 y desde entonces ha pasado 420 días sin poder transportar su crudo, principalmente por la conflictividad social. Esa pausa, afirma la empresa, representa pérdidas de 220 millones de dólares. 

Actualmente Petrotal saca su petróleo por vía fluvial, lo que encarece su costo respecto a la opción de usar el ONP. “Si la vía es fluvial, no llega a la Refinería Talara. El costo se incrementa para varios. El Perú consume 250 mil barriles por día y hoy produce 40 mil. Ese déficit ahorca la economía nacional. Sin el oleoducto no hay salida sencilla”, asegura Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas.

mapa oleoducto
El recorrido del Oleoducto Nor Peruano incluye las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Para reaccionar, Aurelio Ochoa, cree que el gobierno debe recordar que la situación del ONP repercute afuera. “Disuade a los inversionistas extranjeros que ven que su petróleo no puede ser evacuado de ser encontrado. ¿Cómo me aventuro a invertir en la Amazonía peruana así? Es un punto de reflexión para que las autoridades analicen y tomen decisiones”, asegura el expresidente de Perupetro. 

En tanto siguen las labores para restablecer la operatividad del ONP, Petroperú realiza constantemente trabajos de mantenimiento en sus tres tramos, así como la inspección interna con raspatubos. Asimismo, la empresa asegura que viene trabajando en la implementación de un patrullaje aéreo con naves no tripuladas, con el fin de salvaguardar su integridad a lo largo de su recorrido por cinco regiones del país.

Esta es la actualidad del ONP. Una estructura crucial para el desarrollo nacional que ya transportó 970 miles de millones de barriles a lo largo de sus décadas de historia, y actualmente no transporta ni uno. En tiempos como estos, en los que el precio del petróleo está otra vez por las nubes, y en los que se vuelve a hablar de soberanía energética, de reducir la dependencia de recursos importados y de darle a Petroperú un papel más protagónico en el mercado de hidrocarburos, llama poderosamente la atención que el Ejecutivo se haga de la vista gorda.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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