A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y como ocurre ya en el régimen agrario.

Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero. 

Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.

Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.

 

Sin debate

El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.

Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028. 

Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.

Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.

Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.

Sin exposición de motivos plasmada en los decretos, hay que remitirse a la presentación del pedido de facultades legislativas del ministro Pedro Francke ante el Congreso. En ella solamente se señala que, luego de que se derogaron las leyes que favorecían al sector agrario en diciembre del 2020 (por las protestas), también se derogaron las mismas para el acuícola y forestal. Y no se restituyeron con las nuevas normas.

Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.

“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio. 

Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable. 

Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.

Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante”, asegura el tributarista Fernando Loayza.

Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza. 

El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.

Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza. 

Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.

 

Empresarios en Palacio

Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.

Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado. 

El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio;  Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.

La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.

Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.

Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal. 

Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú. 

Antes fue fundador de la Corporación Pesquera Inca (Copeinca), una de las empresas líderes en producción de harina y aceite de pescado en el país. La familia Dyer vendió esta compañía a la empresa China Fishery Group en la Bolsa de Oslo por US$223,2 millones en el 2013. 

El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca. 

Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Economía, MEF, Pedro Castillo, tributos

Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.

Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.

Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.

Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP. 

Y este no es –vale agregar– el primer desencuentro entre el Ejecutivo y los gremios proletarios. En agosto, Sudaca ya había advertido que el presidente sindicalista estaba teniendo problemas para conectar políticamente con distintos sindicatos. Con la nueva ministra de Trabajo, sin embargo, la relación parece haberse roto definitivamente. 

 

Ministra con anticuerpos

“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.

“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP. 

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.

Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.

Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.

 

SIN PREVIO AVISO

Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.

El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.

“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.

La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.

También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.

Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales. 

En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología. 

 

AL ESTILO BOLIVIANO

Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.

De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas”.

Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.

Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.

Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.

El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.

La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.

Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.

Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.

Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP. 

 

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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Betssy Chávez, Centrales Sindicales, Ejecutivo, Presidente Castillo

Los casos de Covid-19 están volviendo a aumentar con la llegada de Omicron al país, pero eso no le importa a los enemigos de la ciencia. Movimientos antivacunas como la Organización Médica Peruana de Investigación (Ompei) y Médicos por la Verdad en Perú están planeando nuevas estrategias para boicotear el proceso de inmunización.

Médicos por la Verdad, movimiento de origen español que tiene presencia en toda América Latina, incluyendo –lamentablemente– al Perú, ha convocado para hoy a las 3 de la tarde una marcha que saldrá desde la Plaza San Martín. Y si bien la ruta oficial acaba en el Parque Kennedy, los manifestantes amenazan con atacar la casa del ministro de Salud, Hernando Cevallos, para “que sienta la presión”.

En el chat de Telegram de la agrupación, al que Sudaca se infiltró, se dejan insultos de todo calibre para el ministro. “El HDP de Hernando Cevallos ya anuncia nuevas restricciones. La marcha tiene que ir a su domicilio y hay que fomentar por todos los medios disponibles la desobediencia civil”, dice el usuario ‘Xavier Hc’. Otro miembro, llamado ‘Eddy R.A’ , responde: “vamos a la casa de ese genocida”. Algunos, como ‘Channel’, van más lejos: “Ojalá quemaran la casa de Cevallos en Lima”. 

Algunos de los mensajes vertidos en el grupo de Telegram de Médicos por la Verdad sobre el Ministro de Salud.

Consultada por Sudaca, Vanny Herrera, vocera del grupo, asegura que la movilización de hoy será “una marcha pacífica” y descarta que vayan a visitar al ministro. Dice, eso sí, que el aumento de casos de la variante Omicron en el país –anunciado por Cevallos el lunes– “altera más” a sus seguidores. 

Además de las movilizaciones, Médicos por la Verdad ya empezó a tejer sus vínculos políticos en el Congreso. El último lunes por la mañana tuvieron una reunión virtual en la Comisión de Salud y Población, la cual habían estado promocionando todo el fin de semana. En la sesión, anunciaron, se iban a presentar “informes médicos” sobre la pandemia.

Para conseguir esta cita, la agrupación envió varios petitorios al Congreso desde fines de noviembre. Incluso habían sido citados para el miércoles de la semana pasada, pero no los dejaron ingresar porque no presentaron el carnet de vacunación. Así lo comentaron en su chat de Telegram.

De acuerdo a Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre y secretaria del grupo de trabajo, los antivacunas sesionaron con los asesores de la comisión. “Los congresistas de la comisión no hemos aprobado dicha reunión, me parece que los asesores han tenido una reunión a su requerimiento, más mi persona no comparte sus pensamientos antivacunas”, asegura a Sudaca la parlamentaria.

¿Qué dudosa información llevó Médicos por la Verdad a los asesores del Congreso? El mismo lunes, horas después de la reunión, Vanny Herrera compartió extractos de la sesión desde su Facebook. Lo más relevante es la presentación en Power Point de una supuesta “doctora” a quien no se identifica. El archivo se titula “Riesgo/beneficio que llevan a portar un carnet de vacunación” [sic] y expone la serie de efectos adversos que supuestamente tuvo la autora luego de recibir la primera dosis de la vacuna.

Los extractos de la reunión en el Congreso compartidos por Vanny Herrera en su Facebook. 

“A los 10 minutos, en el observatorio, yo presenté una reacción de taquicardia, tuve picazón en el paladar y la garganta. Empecé a tener todos los síntomas cuando tengo una picadura de abeja”, se le escucha decir. Además, asegura que tuvo moretones luego de inmunizarse. La “doctora”, por supuesto, no presentó ninguna prueba. 

 

“Hay que responderles con violencia”

En la Ompei apuestan por otras estrategias para boicotear la vacunación. La asociación peruana antivacuna, que fue fundada en agosto del año pasado, apunta a que el retorno a clases presenciales incluya niños no vacunados. Desde el domingo vienen difundiendo un planillón de firmas en Facebook y Telegram para que el Ministerio de Educación (Minedu) autorice la apertura de escuelas para los menores no inoculados el próximo año. La organización juntará las rúbricas hasta el 10 de febrero, anuncian en sus redes.

En el planillón, titulado “Memorial de apoyo a la Ompei”, se lee textualmente: “Rechazamos la vacunación forzada especialmente en nuestros niños y adolescentes. Como padres de familia, conjuntamente con Ompei, peticionamos que el Ministerio de Educación autorice Centros Educativos para NO inoculados en razón que desestimamos matricular el 2022 a nuestros menores hijos en colegios para vacunados o en aquellos que se exija absurdamente el carnet de vacunación o incite a la violencia moral, psicológica, agresión a integridad física y a la discriminación”.

Rosa María Apaza, la abogada y presidenta de la Ompei, hizo una transmisión de Facebook en vivo el último lunes para dar más luces sobre esta iniciativa. “Ojalá contesten esos comunistas, pero no hay peor gestión que aquella que no se realiza”, manifestó.

Apaza no perdió la oportunidad de aconsejar a sus seguidores responder violentamente si alguien les recomienda vacunarse. “Anda envenena a tus hijos, métete la vacuna por el trasero. A ver, atrévete a venir… Se lo dicen con cuchillo en mano”, amenazó Apaza en su ‘Live’. Y luego agregó: “Deberíamos tomar las calles, las pistas, porque así como ellos están ejerciendo violencia, también hay que responderles con violencia. Habría que ser cojudos”.

Además, dijo a los padres de familia que “está demostrado que esto [la vacunación] es un experimento mundial y, si usted quiere entregar a sus niños como ratón de laboratorio, es exclusivamente su responsabilidad”. Todo ello, por supuesto, es falso.

El grupo de Telegram de la Ompei también se ha convertido en una plataforma para que Rosa María Apaza, autoproclamada “abogada de la libertad”, difunda sus servicios de asesoría legal, con el supuesto objetivo de “que se cumplan los derechos de los que no se quieren vacunar”. Para acceder a esta asesoría, uno tiene que hacer una “donación” de mínimo S/30 a las cuentas de la organización.

La promoción de las citas legales de Apaza es constante en el chat de Telegram que tiene la Ompei.

Apaza, que según el registro del Colegio de Abogados de Lima tiene su colegiatura inactiva, también difunde conversatorios con otras personalidades antivacunas de la región. En sus transmisiones suele mencionar que detesta recibir mensajes que no sean para citas legales y considera a los provacunas unos “malditos psicópatas, pobres diablos y soretes”.

Telegram también fue la plataforma que usó la presidenta de la Ompei para su campaña al Congreso en las últimas elecciones. Apaza postuló con el partido Democracia Directa, que quedó último en los comicios, con propuestas como la “ley de moratoria del 5G” y la “ley que autoriza el uso del CDS”. 

Uno de las fotografías de campaña que Apaza compartió con sus seguidores en Telegram.

Intentamos comunicarnos con la abogada mediante sus dos números de teléfono, pero al cierre de edición nos dejó en visto.

Ambos movimientos antivacunas han encontrado en Facebook y Telegram –sobre todo este último– espacios seguros para difundir sus dardos contra la vacunación en el Perú. En esta última red social, Médicos por la Verdad en el Perú tiene más de 17.500 suscriptores y la Ompei alcanza casi los 3.000. En Facebook, Vanny Herrera, vocera principal del primer grupo, tiene más de 5.000 amigos. Por su lado, la Ompei tiene casi 19.500 seguidores.

Estos canales se han convertido en los espacios donde se planean y difunden los próximos planes antivacunas. Con el 75% de la población objetivo inmunizada y más de 202.000 personas muertas en esta batalla, según cifras del Ministerio de Salud, toca pensar cómo erradicar estas variantes de la desinformación.

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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“Recuerda que, en la Biblia, los reyes tuvieron a los profetas que los asesoraban espiritualmente y les decían qué hacer conforme a la palabra de Dios. Aparte tenían a sus asesores políticos”, dice Anthony Jesús Lastra Velarde, de 23 años, para explicar su relación con la pareja presidencial y, en específico, con el presidente Pedro Castillo.

El joven pastor es el secretario de juventudes y vocero del Movimiento Nacional de Asistencia y Asesoría Espiritual Eliseo (Movinaes), una agrupación evangélica incipiente que busca mayor representación nacional en su comunidad. Dirige, como parte de este movimiento, el Centro Cristiano Vida de Dios, situado en la urbanización Mirones Bajo, en el Cercado de Lima.

Lastra se ha convertido en el enlace más visible entre la iglesia evangélica y el presidente. Su cercanía es clara: se evidencia en diversas fotos con Castillo y su esposa en mítines de campaña, y en ceremonias religiosas. Reconoce, además, que tiene una agenda para el mandatario. “Hay una agenda espiritual. Deben respetarse los valores bíblicos. Él [Castillo] es profamilia y provida. Está en contra de la ideología de género y el aborto. Lo sé porque hemos conversado estos temas”, afirma. El mensaje recuerda al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM).

El pastor Lastra se acercó al presidente luego de que este pasara a segunda vuelta. Lo hizo, dice, motivado por un llamado divino. “Yo me acerco al presidente cuando aún era candidato en segunda vuelta. Mi señora esposa tuvo un sueño donde una voz le dijo que Pedro iba a ser presidente. Esa palabra venía de nuestro Dios”, cuenta a Sudaca.

No le fue difícil que el entonces candidato presidencial acepte su presencia. La primera dama, Lilia Paredes, forma parte de la Iglesia del Nazareno, una de las congregaciones evangélicas más representativas del país. De hecho, uno de los locales de la iglesia se encuentra al frente de su casa en Chota.

El pastor dice haber hecho buenas migas con la esposa del mandatario. “Conozco a su esposa, que es evangélica. Ahí tenemos una relación porque somos hermanos en Cristo. Con sus hijos igual. Él es católico, pero respeta mucho al pueblo evangélico”, señala.

Castillo se formó en un ambiente religioso. Y, si bien no es evangélico, respeta las creencias de esta religión porque varios de sus familiares la profesan. Así lo contó uno de los sobrinos del presidente para un informe previo de Sudaca. El padre del presidente, además, fue descrito como un “devoto cristiano” por la agencia EFE en un artículo de junio pasado. En el frontis de su vivienda chotana hay una inscripción en inglés que dice: “Jehova es mi pastor”.

Lastra aprovechó sus redes sociales para hacer campaña por Castillo, a quien considera “su querido amigo y hermano” y un “elegido de Dios” para gobernar al Perú. Durante la segunda vuelta, lideró una oración por el profesor chotano en una actividad proselitista del lápiz en Mirones Bajo.

También se le vio en el cierre de campaña de Perú Libre en San Juan de Lurigancho y hasta ha visitado la Casa del Maestro para “darle cobertura espiritual” a Castillo. Afirma incluso haber llorado junto al actual presidente cuando este recibió sus credenciales. “Dios me ha permitido, ya con él como presidente, tener esa relación espiritual”, dice.

Anthony Lastra oró junto a Pedro Castillo en un mitín que realizó en San Juan de Lurigancho.

El pasado domingo 5 de diciembre, cuando aún sonaban los tambores de  vacancia, Lastra se encargó de liderar la oración para bendecir a Castillo y su esposa durante un evento en el que participaron varios movimientos evangélicos. Celebraban el Culto al Bicentenario, una ceremonia que tuvo como invitados especiales a todos los miembros de la familia presidencial. Lastra aprovechó, además, para regalarle una Biblia a Castillo y cantarle el cumpleaños a una de las hijas de este.

Para coordinar la presencia de la pareja presidencial en el evento, Lastra visitó en dos oportunidades a Irma Rojas, directora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República (en la práctica, el despacho de la primera dama Lilia Paredes). Lo hizo el 21 de octubre y el 18 de noviembre, de acuerdo al Portal de Transparencia. El joven pastor se ha reunido en otras ocasiones con la esposa del mandatario, como deja ver una foto del 30 de noviembre pasado que subió a su Facebook oficial. 

La relación entre Lastra y la pareja presidencial es llamativa en el mundo religioso. Guillermo Flores Borda, evangélico e investigador en religión y política, dice que lo lógico era que Castillo se relacionara con la iglesia de su esposa y no con el movimiento de Lastra. “Lo natural es que ellos se acercaran a los nazarenos. Nos extrañó bastante que apareciera con Lastra. El problema es que los Castillo no tenían círculos sociales en Lima”, asegura.

También le llama la atención el interés de Castillo por un pastor de solo 23 años. “Eso no es común en denominaciones grandes como la Alianza Cristiana, Asambleas de Dios, Metodistas y Presbiterianos [que son congregaciones tradicionales]. Habría muchos peros, porque es una persona sin entrenamiento teológico formal y sin experiencia de vida para guiar a gente mayor que él”, explica Flores Borda.

Lo cierto es que Lastra ha puesto empeño en la relación con la pareja presidencial. Tanto así que dice haberle dado consejos a Castillo luego de los últimos escándalos en que se ha visto involucrado junto a su exmano derecha Bruno Pacheco. “Nosotros al presidente le hemos manifestado que siempre tiene que ir de la mano de Dios. Si es así no existirá corrupción, no habrán cosas malas. La Biblia nos enseña que, si en nuestro entorno hay una persona corrupta y no se quiere enmendar, debemos alejarnos”, asegura Lastra, sin revelar mayores detalles de dónde se llevó a cabo esa conversación.

El joven pastor junto a la pareja presidencial en el evento evangélico Culto al Bicentenario. Foto: Presidencia.

Dice, sin embargo, que Castillo ha aceptado recibirlo por estos días en el mismísimo Despacho Presidencial. “Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, afirma el pastor.

 

Agenda política

La influencia de Lastra no solo se extiende a Palacio de Gobierno. El joven pastor ya visitó los pasillos del Congreso de la República, donde no le ha sido difícil encontrar eco para su visión del mundo. Mucho antes de visitar el despacho de la primera dama, Lastra inició una serie de reuniones con varios parlamentarios oficialistas, asegura, para “ofrecerles la palabra de Dios”.

Donde ha tenido mayor acogida ha sido en las oficinas de los congresistas oficialistas. El asesor espiritual se ha reunido con tres parlamentarios del lápiz en octubre: Américo Gonza (Cajamarca), Lucinda Vásquez (San Martín) y Katy Ugarte (Cusco), según el portal de Transparencia del Congreso. Estas dos últimas pertenecen al denominado bloque magisterial.

Es con Vásquez que Lastra y su movimiento han logrado mayores coincidencias de agenda. Ella, por ejemplo, ha propuesto declarar de interés nacional la elaboración de un nuevo currículo nacional, descartando así el actual enfoque de género. Y es coautora, junto a la pastora evangélica de Renovación Popular, Milagros Aguayo, del proyecto de ley para reconocer los derechos del concebido. Las iniciativas legislativas se encuentran aún en manos de la Comisión de Educación del Congreso, presidida por el también evangélico y legislador celeste, Esdras Medina. 

En comunicación con Sudaca, la congresista Vásquez asegura que ella legisla de acuerdo a sus creencias religiosas. “[Con Lastra] en realidad no nos hemos detenido mucho en qué clase de consejería me estaba ofreciendo. Hemos hablado regular y coincidimos. Yo soy creyente católica y maestra, en esa línea estamos trabajando”, dice.

El pastor Lastra visitando a la congresista perulibrista, Lucinda Vásquez. Foto: Facebook.

Lastra, por su parte, anuncia que seguirá paseando por el Congreso, aunque ya no en el bando oficialista. “No solamente me van a ver visitándolos a ellos, sino a todas las bancadas, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos Por el Perú, porque mi trabajo espiritual no es solo para el presidente”, manifiesta.

Incluso dice que podría visitar a los congresistas del Partido Morado. A esta agrupación la tildó, en enero,  de “la peor vergüenza para el país” e “hijos de Satanás” por proponer la despenalización del aborto, el matrimonio civil para personas del mismo sexo y una ley de identidad de género. 

Pero dentro de su recargada agenda, Pedro Castillo tendrá un lugar especial. “El día que el presidente esté haciendo algo que vaya en contra de la Biblia y la palabra de Dios, seré el primero en manifestarlo”, advierte.

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Congreso, Evangélicos, Pedro Castillo, Perú Libre, Presidente Castillo

El año pasado, durante los momentos más críticos de la pandemia, en el Colegio Médico de Lima Metropolitana se desató una serie de irregularidades financieras y administrativas. Así lo revela una auditoría de mediados de este año a la que Sudaca accedió y que pone en la picota al exdecano de esta sede, el epidemiólogo Juan Astuvilca Cupe, y a la tesorera Julisa Caballero Amado. Y es que no todos los esfuerzos del gremio se centraron, precisamente, en combatir al coronavirus. 

El 15 de octubre del año pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) encargó a la empresa de auditores Jerí Ramón & Asociados una evaluación sobre el manejo administrativo del Consejo Regional III Lima, más conocido como el Colegio Médico de Lima Metropolitana. Los especialistas pusieron el foco entre enero y setiembre de aquel 2020, advertidos de presuntos malos manejos que apuntaban a la cabeza.

En noviembre de aquel año, Astuvilca y Caballero fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las indagaciones. Luego de algunos meses de trabajo, los auditores señalaron que el decano Astuvilca y su tesorera Caballero habían autorizado bonos sin justificación e incluso se beneficiaron de préstamos sin autorización de la Junta Directiva, la máxima instancia que aprueba este tipo de desembolsos.

Uno de los hallazgos más importantes es que existieron operaciones financieras “fantasma”. En total fueron más de 125 transacciones sin respaldo documentario. “No fueron ubicados los documentos que respaldan operaciones hasta por S/315.668,58”, asegura el informe. La mayoría de estos desembolsos fueron pagos de AFP’s y servicios básicos, pero también pagos de dietas a directivos, como la propia Caballero.

A inicios de este año, además, las autoridades que reemplazaron a Astuvilca en el cargo le dijeron a los auditores que la tesorera no había entregado los documentos contables que sustentan los desembolsos. “Existe una variedad de documentos que faltan, porque lastimosamente la Dra. Julisa Caballero no ha realizado la entrega de cargo correspondiente sobre el acervo documentario administrativo y contable, a pesar de las cartas notariales que la Junta Directiva le solicitó, lo cual perjudica notablemente a la institución en su funcionamiento, incumpliendo totalmente las funciones a la que fue asignada como Tesorera”, contó en enero pasado Gerardo Campos Siccha, el tesorero que sucedió en el cargo a Caballero.

Los auditores dieron cuenta de que también faltaban 773 comprobantes de pago, entre notas de crédito, boletas de venta y facturas. Y encontraron que, entre febrero y mayo de ese año, se autorizaron préstamos a directivos por S/78.400 saltándose los procesos.

El 7 de febrero del 2020, por ejemplo, el entonces decano Astuvilca recibió S/54.000, mientras que la tesorera obtuvo S/9.400 en mayo por ese concepto, dice el informe. Estas transferencias no se dieron en “un proceso regular debido a que la Junta Directiva desconocía dicha solicitud”, dijo Campos Siccha.

Los préstamos que Astuvilca y Caballero autorizaron para ellos mismos, según el informe de auditoría.

Campos agregó que Astuvilca devolvió parte del dinero recién en junio de este año, es decir, cuando el proceso administrativo en su contra estaba en curso. También señaló que Caballero, como tesorera, aprobó su propio préstamo directamente a su cuenta bancaria “el cual no contaba con la documentación, aprobación y conocimiento de la Junta Directiva”.

Pero hay más. Tanto Astuvilca como Caballero habrían acordado realizar otros desembolsos durante el pico más alto de la pandemia. Por ejemplo, el decano recibió S/14.080 entre bonos de movilidad sin aparente justificación, según la auditoría.

Los pagos, que se dieron entre marzo y junio del 2020, se aprobaron “por un aparente acuerdo entre Caballero como jefa de tesorería y Astuvilca como decano” y sin haber hecho la solicitud correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el informe por el ya mencionado Campos Siccha. Estos “bonos” no tendrían justificación porque “ya habían sido pagados en el mismo periodo”, se lee en el documento. Astuvilca, como con los préstamos anteriores, devolvió los importes más de 90 días después.

Otros desembolsos coordinados entre Astuvilca y Caballero fueron la entrega de “bonos extraordinarios” a ciertos trabajadores de la institución, en mayo del año pasado. La auditoría identificó que, sin ningún sustento, salieron S/31.300 de tres cuentas bancarias de la institución y fueron a parar a manos de algunos suertudos. “No se evidencia acuerdo del Consejo Regional III – Lima ni del Consejo Nacional que apruebe las Entregas a Rendir ni de Bono Extraordinario a favor de los mencionados trabajadores”, dice el informe.

Fue tal el desconcierto respecto a estos “bonos extraordinarios” que los trabajadores beneficiados devolvieron el dinero. Una de ellas, la contadora Rocío Villegas Huapaya, dirigió una carta al decano señalando que devolvía los S/2.000 que le depositaron porque “no se justifica que un grupo de trabajadores reciban un bono extraordinario y no la totalidad del personal”. Un gesto de honestidad en medio de este presunto faenón.

Un premio económico muy similar se dio bajo el concepto “pago de escolaridad”. En febrero del año pasado, solo un mes después de que la gestión Astuvilca tomara las riendas del colegiado de Lima, se repartieron S/16.138 entre 14 trabajadores por este concepto. Pero había un detalle: algunos no tenían hijos en edad escolar. “Se observó que de los trabajadores beneficiarios del pago de escolaridad están considerados algunos que no evidenciaron tener hijos en edad escolar”, dicen los auditores. Campos Siccha señaló que no tenía conocimiento de ningún acta de consejo donde se haya acordado este desembolso, señala el informe.

Debido a este festín de bonos y repartija de dinero, Astuvilca y Caballero se encuentran separados temporalmente de sus funciones desde noviembre del año pasado. Los auditores recomendaron al final de su trabajo que el decano nacional, Palacios Celi, elevara su informe al Comité Ejecutivo Nacional para determinar acciones y se establezcan sanciones en su contra.

El área de prensa del CMP le dijo a Sudaca que el proceso disciplinario es reservado y que “no pueden pronunciarse por ahora”, conforme a su reglamento interno. Todo queda en casa.

Astuvilca, con quien este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, se limitó a señalar en su Facebook que las acusaciones en su contra son “falsas especulaciones que atentan contra su reputación”. La publicación es del día en que anunciaron su separación y cuando no se conocían los detalles que consignamos en este informe. También buscamos la versión de Caballero, pero no tuvimos éxito. 

 

Objetivo decanato

Tanto Astuvilca como Caballero llegaron a sus puestos para el periodo 2020-2022 gracias a la agrupación ‘Integridad Médica’. Este movimiento tiene como coordinadores nacionales a las actuales cabezas del gremio: Miguel Palacios Celi, decano nacional, y Ciro Maguiña Vargas, vicedecano. El primero de ellos es el llamado a elevar el informe de auditoría al Comité Ejecutivo Nacional, como ya hemos mencionado.

Maguiña, por su parte, es recordado por haber formado parte del escándalo del “Vacunagate”, en el que 487 personas se vacunaron de manera irregular contra la Covid-19.

El decano y el vicedecano son cercanos a Astuvilca y Caballero, como se puede ver en publicaciones y fotos en redes sociales.

Para el periodo 2022-2024, Integridad Médica intentará mantener el timón del Colegio Médico del Perú y de la sede de Lima. Como cabeza de lista, la agrupación propone al doctor Raúl Urquizo Aréstegui para el decanato nacional. Urquizo, actual director del Servicio Médico Familiar del colegio (SEMEFA), es un viejo conocido de Astuvilca y también es mencionado en el informe de auditoría.

El candidato de Integridad Médica fue decano de Lima entre los años 2018 y 2020. En ese mismo periodo Astuvilca fue su secretario general. Como parte de su informe de gestión, Urquizo señaló que “con mucho esfuerzo” lograron concluir una obra que estaba estancada desde el 2012. Se trataba de 18 bungalows para el Club Tumi I de Chaclacayo, un centro de recreación administrado por el Colegio Médico de Lima que ofrece sus servicios a los colegiados de todo el país.

Sin embargo, el informe de auditoría señala que actualmente solo un bungalow ha sido terminado y la construcción del resto se encuentra suspendida debido a clamorosas deficiencias técnicas. “La paralización se refiere a 17 bungalows que quedaron semiconstruidos en casco, habiéndose construido un bungalow en su totalidad y un primer nivel correspondiente al estacionamiento vehicular que ha sido totalmente rehabilitado y reforzado con columnas y vigas para soportar la estructura”, dice el documento. 

Las fisuras (en blanco) que observaron los auditores en el estacionamiento del centro recreacional Tumi I.

Según verificó Jerí Ramón & Asociados al visitar el club, el estacionamiento –que soporta el peso de los 18 bungalows– tiene fisuras en su interior. La obra, que comenzó en el 2019 con Urquizo y debía concluir en la gestión de Astuvilca, ya le ha costado al Colegio Médico más de S/2 millones. 

Consultado por Sudaca respecto a estos hechos, el doctor Urquizo descartó tener responsabilidad directa. “Se está utilizando ese elemento para atacar mi candidatura. Esa obra fue entregada en noviembre del 2019. Obviamente el mantenimiento es responsabilidad de la actual gestión [Astuvilca y sus sucesores luego de ser separado], pero nosotros dejamos operativo todo”, aseguró.

En las elecciones de este domingo 28 de noviembre, donde compiten con otras tres listas, Integridad Médica buscará extender su reinado en el colegio al menos por dos años más. Están advertidos.

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Colegio Médico del Perú, Covid-19, Pandemia

Aunque el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el último jueves que el retorno a clases presenciales se daría a partir de marzo del 2022, miles de escuelas ya lo han hecho de manera semipresencial. La mayoría está ubicada en zonas rurales. En agosto pasado, el Minedu dijo que estas cumplían con todos los cuidados para proteger a los niños del coronavirus, pero una serie de informes de la Contraloría de la República -a los que Sudaca tuvo acceso- revela una situación distinta.

El órgano de control hizo inspecciones a 33 escuelas en las regiones de Ucayali, Loreto, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y San Martín y realizó un informe por cada una de ellas. Los resultados dan cuenta de la negligencia de las autoridades locales de Educación y de los profesores. Un claro ejemplo es lo que pasa en la Institución Educativa N° 82249, ubicada en la provincia cajamarquina de San Marcos. 

En este colegio -de acuerdo al informe y a las fotos que los inspectores pudieron tomar- los alumnos no usaban mascarillas durante sus clases [ver fotoportada] y no respetaban el distanciamiento social obligatorio. De hecho, algunos alumnos compartían mesa, lo que no garantiza la distancia mínima de dos metros.

“De la verificación a las aulas de la IE, la comisión evidenció que los alumnos no usaban mascarilla; así como había alumnos que compartían un mismo escritorio, no manteniendo la distancia mínima establecida [de 2 metros]”, se lee en el documento de la Contraloría, que visitó la institución el 27 de octubre. 

Además, en este colegio los niños no pueden desinfectarse correctamente las manos. Las “estaciones de lavado” (lavaderos) que tienen en el local no cuentan con jabón, papel toalla y se encuentran en espacios cerrados. Este último punto transgrede las disposiciones del Minedu publicadas en marzo de este año, donde se señala que estos puntos de aseo deben estar en un espacio abierto.

Al incumplimiento se suma la precariedad. Las mentadas “estaciones de lavado”, en el caso de este colegio, no son otra cosa que bidones rellenos con alcohol, dice la Contraloría. Así estamos.

La “estación de desinfección” del colegio cajamarquino es, como se puede ver, un bidón de agua relleno con alcohol dentro del salón de clases.

Estas situaciones alarmantes no son sorpresa si tenemos en cuenta que, como constataron los inspectores, esta institución educativa no cuenta con paneles informativos que sirvan de recordatorio a los niños acerca de las medidas sanitarias para evitar la Covid-19. Una falencia que está presente en el 93% de las escuelas visitadas por la entidad de control, de acuerdo al informe.

 

Condiciones precarias

Otra desagradable sorpresa se llevaron las autoridades cuando visitaron el colegio cusqueño ‘José Carlos Mariátegui-Mahuaypampa’, el pasado 30 de setiembre. Las ventanas de las aulas no se podían abrir porque estaban selladas. El hecho violaba las medidas de ventilación. El informe que realizaron los inspectores sobre este colegio señala que, para arreglar el problema, personal de la escuela tuvo que retirar los vidrios. Así, a la mala.

“La comisión de control evidenció que estos [salones] cuentan con ventanas que no se encuentran operativas, al estar selladas, sin que estas puedan ser abiertas para una correcta ventilación, motivo por el cual se retiraron dos piezas de vidrio para el ingreso de aire. Sumado a esto, no se mantenía el distanciamiento social de dos metros”, se lee en el documento.

Mantener la distancia mínima de separación dentro del salón de clases es un problema que la Contraloría identificó en 12 de los 33 colegios inspeccionados. En el informe correspondiente a la Institución Educativa N° 821259 de Cajamarca, por ejemplo, se observan imágenes de mesas compartidas hasta por tres alumnos.

Así deberían estar organizados los salones según los lineamientos del Minedu. En los colegios visitados por Contraloría se compartían mesas.

Las condiciones en las que acuden los niños no solo pueden ser graves por la propagación del virus, sino por otras enfermedades provocadas por la precaria logística sanitaria de los locales. La entidad de control advirtió, por ejemplo, que ninguno de los 33 colegios que visitó contaba con un punto de acopio de basura que esté fuera del alcance de los estudiantes, lo que podría generar un foco infeccioso. Tampoco tenían contenedores adecuados para los deshechos.

Una de ellas, la Institución Educativa N° 65174 en Ucayali, no solo no tenía un área de depósito de residuos adecuada -con tachos y señalización-, sino que estaba al lado de un árbol a la espalda del colegio y al aire libre. Entre botar residuos al piso y eso, no hay mucha diferencia.

Otro colegio que tiene problemas con sus desperdicios es el ‘Gilberto Pérez Grandez’ de Tarapoto, ubicado en la región San Martín. Esta casa de estudios no cuenta con un ambiente para sus residuos y utiliza botes de pintura como contenedores. En su informe, la Contraloría señala que el director del colegio les dijo que no cumplían esta exigencia porque “la eliminación de los residuos sólidos se realiza de forma diaria”.

Una excusa similar dieron en la Institución Educativa N° 601028 de Loreto. El colegio no contaba con un punto de acopio de basura restringido a los estudiantes y el que tenían no estaba bien señalizado. La respuesta de las autoridades del colegio fue que “los residuos se entierran”.

A otras escuelas, como la Institución Educativa N°38541 en Huamanga, Ayacucho, se les ocurrió colocar las bolsas de basura al lado de los lavaderos, donde todos los niños se desinfectan continuamente.

El “basurero” improvisado del colegio ayacuchano. Está ubicado al lado del centro de desinfección para el alumnado.

La Contraloría reportó todas estas faltas al Minedu para que las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) corrijan la situación inmediatamente. La entidad de control también viene preparando informes similares sobre 17 colegios más.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Minedu para conocer qué medidas correctivas vienen implementando en estas escuelas. Sin embargo, al cierre de edición, no recibimos respuesta. Tienen tarea pendiente de cara a marzo del 2022, para que el necesario retorno a las aulas se haga de manera segura.

*Fotoportada por Darlen Leonardo

Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.

Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.

Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.

Sudaca accedió al documento,  donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa. 

En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión. 

Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.

 

Hoteles, malls y estudios jurídicos

En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.

Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral. 

A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.

INDECOPI-INFOGRAFÍA
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.

El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput. 

Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. “Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo”, dice.

El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín. 

José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses. Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza. 

Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.

Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.

Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.

 

La abstención como problema

La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.

Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.

Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años. 

En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total. 

Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. 

Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”. 

Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.

Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.

Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.

¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.

El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato  “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.

Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400. 

Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito. 

También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.

Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. 

 

**Fotoportada e infografía por Darlen Leonardo

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Indecopi, Julián Palacín, pcm

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

La semana pasada Milagritos Pastor Cáceres, gerenta general de Indecopi, recibió en su despacho a tres conocidas comunicadoras. El lunes 18 la visitaron Raquel Palomino Zárate, exasesora de Fiorella Molinelli en EsSalud, y Rocío Marmanillo Gamarra, productora del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Para la segunda cita, el pasado miércoles por la noche, se sumó a ambas visitantes Dayana Cieza, exreportera de Panorama.

Apenas al día siguiente, el jueves a las 9:30 de la mañana, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Jr, le dio una entrevista a la periodista Alejandra Puente para el noticiero matutino de TV Perú. Esa aparición de Palacín en el canal de Estado desató una tormenta en el área de comunicaciones de la entidad. 

En un oficio interno remitido el mismo día, al que tuvo acceso Sudaca, Rubén Cano, hasta entonces jefe de la Oficina de Promoción y Difusión (OPD) del Indecopi, le informó a la gerencia general de la institución que ni él ni su equipo aprobaron o coordinaron dicha entrevista. Cano presentó su renuncia irrevocable e hizo hincapié en que se habían saltado el procedimiento interno para brindar entrevistas. Este medio se comunicó con el renunciante, pero prefirió no declarar.

Parte del oficio que dirigió Cano a Pastor informándole que no gestionó la entrevista de Palacín en TV Perú.

¿Quiénes entonces habían decido por él? Sudaca se comunicó con las tres asistentes al despacho de Pastor. “Me convocaron a una reunión en la que me ofrecieron el cargo de directora de comunicaciones [se refiere a la OPD], el cual he rechazado”, dijo Cieza. Rocío Marmanillo, sin embargo, dijo “no tener conocimiento” de aquel ofrecimiento. Lo mismo aseguró sobre las coordinaciones para la entrevista de Palacín en TV Perú. No quiso precisar para qué acudieron a la cita. 

Lo extraño es que Marmanillo es la productora del programa matinal que conduce Alejandra Puente en el canal del Estado. Y según Puente, fue Marmanillo quien “gestionó” la entrevista con Palacín. 

“Toda persona es libre de ir a cualquier institución”, responde Raquel Palomino y niega que en aquellas citas hayan coordinado la entrevista de Palacín en TV Perú. No da más detalles, pero asegura no tener interés en volver al sector público. “Ahorita estoy en el privado. No soy funcionaria pública hace tiempo y no estoy para serruchar el puesto a nadie”, señala.

La última reunión con Pastor, la noche previa a la entrevista de Palacín. Cieza dice que le ofrecieron el cargo de Cano. Otra de las asistentes, Rocío Marmanillo, dice no tener conocimiento de ello. Fuente: Registro de visitas de Indecopi.

Sudaca también contactó a Milagritos Pastor, la gerenta general, quien evitó pronunciarse sobre el tema por estar “atendiendo asuntos personales”.

 

Un pasado juntas

Pastor, Palomino y Cieza han coincidido antes en EsSalud. Las tres trabajaron el año pasado en la gestión de Fiorella Molinelli. Antes de ser gerente general de Indecopi, Pastor fue la jefa de la Oficina de Integridad del seguro social entre marzo y agosto del 2020, según su declaración jurada de intereses.

Cieza, por su parte, fue subgerente de Prensa, Comunicaciones Audiovisuales y Redes Sociales entre febrero y agosto de este año. Y Palomino trabajó como asesora de la entidad gracias a ocho órdenes de servicio que recibió entre mayo del 2020 y junio del 2021 por un monto de S/209.500.

En una nota de prensa del pasado 11 de agosto, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú calificó a Palomino de “poderosa asesora de Molinelli” y exigió al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, la remoción de varios funcionarios de su cargo, incluyendo a Cieza, al considerarlos parte de la cuota que Palomino dejó en la ORI. Sin embargo, la experiodista de Panorama ya había presentado su renuncia a EsSalud apenas asumió la nueva gestión, como ella misma le indicó a Sudaca. 

De acuerdo a una investigación del portal El Foco, durante el paso de Palomino como asesora en temas de comunicación de Molinelli, la ORI se convirtió en una agencia de empleos. El medio señala que el objetivo de EsSalud era mejorar su imagen sin escatimar en gastos. Por ello, durante los meses de pandemia, esta oficina contrató un staff con más de 40 comunicadores. Los pagos a los periodistas que se encargaron de la elaboración de boletines y resúmenes eran en promedio S/8.000 mensuales. Por este hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación que podría terminar en una acusación contra Palomino, ahora visitante del Indecopi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado. 

En la práctica, según fuentes consultadas por Sudaca, Palomino habría sido la verdadera jefa de la ORI. “Al no estar nombrada, si pasaba algo con sus órdenes, no era ella a quien sacan, sino a la directora de comunicaciones [Jessica Maldonado, que ocupó el cargo durante el 2020], quien era una especie de monigote que solo firmaba”, asegura una fuente que trabajó con Palomino en EsSalud y que renunció -dice- por los maltratos que cometía Palomino contra los trabajadores.

Lejos de facilitar el trabajo, los comunicadores llevados por Palomino originaron un ambiente tenso que llevó a varias renuncias. “Si bien las cosas eran estresantes [el año pasado, al inicio de la pandemia], las cosas se manejaban bien dentro de toda la coyuntura. Pero luego vinieron comunicadores traídos por Raquel que volvieron oscuro el ambiente porque eran ellos los que tomaban decisiones por encima de los jefes. Ahí es donde se habló de maltrato y se tomaban decisiones de mala manera. Eso a mí me hizo renunciar”, sostiene otra extrabajadora que pidió reserva de su identidad.

Y luego añade: “Los que nos fuimos no queremos saber nada de ellos, son personas antiéticas que pueden hacer cosas en nuestra contra”. Las personas a las que alude, sin embargo, hoy parecen tener las puertas abiertas en Indecopi.

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ESSALUD, Indecopi, Julián Palacín

Mirella Oré Mónago es una persona con suerte. En los últimos años ha ocupado cargos clave al interior de Promperú, el más reciente como asesora de la Dirección de Promoción de Turismo. Hoy está en los Emiratos Árabes, trabajando para una empresa contratada por su anterior empleador.

Oré fue asesora en Promperú en un momento importante: cuando la entidad preparaba su participación en la Expo Dubái, uno de los eventos más grandes del sector turismo en el mundo. En busca de un operador para el pabellón peruano en aquel evento, Promperú contrató –en un proceso plagado de irregularidades, como reportó Sudaca– a la empresa Continuous Events. 

Inmediatamente, Oré -que había accedido a información privilegiada sobre este proceso- apareció como parte del staff de la compañía y salió de viaje. ¡La puerta giratoria en todo su esplendor!

 

Destino Dubai 

Mirella Oré Mónago es una vieja conocida en Promperú. Trabajó allí desde el 2012, ocupando los cargos de Especialista de Alianzas Estratégicas y Coordinadora del Departamento del Mercado Europeo, puesto que dejó en septiembre del año pasado.

Esta última oficina forma parte de la Dirección de Promoción de Turismo, de acuerdo a la estructura de la institución. Dato importante, considerando que luego de retirarse como coordinadora, Oré se volvió asesora de esa misma dirección. Le pagaban por órdenes de servicio. 

Según Promperú, colaboraba con la entidad para fomentar el turismo de cara al Bicentenario. Sin embargo, también daba recomendaciones sobre la misión peruana en los Emiratos Árabes para la Expo Dubái 2020, donde Perú viene participando junto a casi 200 países más.

Su principal rol como asesora fue elaborar informes técnicos, precisamente, sobre la gestión del pabellón peruano para la Expo Dubai 2020. La misma Oré lo menciona en uno de estos documentos cuando brinda avances de su trabajo. 

Primera cara de uno de los informes que Oré presentó a la Dirección de Promoción de Turismo en mayo. Destaca su asesoramiento para las actividades peruanas en la Expo Dubai 2020.

En un segundo informe, del 13 de mayo de este año, agrega que una de sus tareas era “articular con el equipo técnico del Proyecto Expo Dubai respecto de las actividades que propone la Dirección de Promoción del Turismo, los cuales se llevarán a cabo en el Pabellón Perú en la Expo 2020 Dubái”. Páginas más adelante, incluso, cuenta que fue nombrada representante de su dirección ante el grupo de trabajo encargado del tema. Llegó a participar en reuniones con el viceministerio de Turismo, donde sustentó sus informes previos. 

En este rol, Oré recibió cinco órdenes de servicio de Promperú por un monto total de S/90.000, de acuerdo al portal de la OSCE. La última, de S/24.000, fue adjudicada en junio. En aquel momento había varias empresas compitiendo por hacerse de la operación del pabellón peruano. Oré, a todas luces, tenía información privilegiada del proceso.

En agosto, mediante un proceso expedito, la empresa Continuous Events ganó la buena pro para operar el pabellón. Ojo: no para construir la infraestructura, que fue adjudicada a otra empresa mucho antes y fue considerada una de las más bellas del evento, sino para operarla. Este proceso, bajo el actual gobierno, estuvo plagado de irregularidades. 

Como contó Sudaca en un informe previo, para adjudicarle a Continuos Events -que no tenía trayectoria en operación de pabellones, sino en marketing- se flexibilizaron los requisitos y se descartó a otro postor con experiencia, que pedía menos dinero. 

La compañía recibirá casi S/7 millones de soles y Oré tendrá una tajada de la torta. ¿Por qué? Luego de terminar de asesorar a Promperú la exfuncionaria pasó a trabajar en Continuous Events como ‘protocol manager’, según el sitio web de la compañía

Hoy el flamante ‘jale’ de Continuous está en Dubái y no desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies con viejas colegas. Aparece, por ejemplo, junto a Amora Carbajal, actual presidenta ejecutiva de Promperú, afuera del pabellón peruano. Carbajal encabezó, antes de presidir la entidad, la Dirección de Promoción de Turismo en los primeros tres meses de este año. Coincidió con Oré cuando esta asesoraba al departamento.

Amora Carbajal (derecha) aparece junto a Mirella Oré (en el centro) y una visitante del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020 en una selfie que subió la turista.

Los últimos meses de Oré en Promperú no están libres de cuestionamientos. Sudaca tuvo acceso a una denuncia anónima presentada el pasado 5 de agosto a César Catacora, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría en Promperú, donde se le solicita que investigue la contratación de varios locadores de servicios para la Dirección de Promoción del Turismo. Entre ellos, la protagonista de esta historia. 

La denuncia señala que hay un incremento de sueldo a favor de Oré que no se justifica, que ha presentado informes con errores gramaticales y propuestas insuficientes, y que ha actuado en representación de sus superiores sin tener la potestad de hacerlo. Oré habría tenido -dice el escrito- la venia de María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo; Amora Carbajal, la presidenta ejecutiva que posa junto a ella en Dubái; e Irene Suárez, la gerenta general.

Esta última funcionaria ha tenido un proceso en Fiscalía por temas similares. Suárez ha sido investigada preliminarmente por el delito de negociación incompatible, desde julio del año pasado, por hechos cometidos cuando era directora general de la Oficina de Administración del Mincetur, entre 2011 y 2014. 

Suárez, que es la principal responsable de la gestión peruana para la Expo Dubái 2020, solicitó en octubre del año pasado al ministerio que se le otorgue defensa legal para ese caso, beneficio que le fue otorgado ese mismo mes. La acusación ante la OCI de Promperú, de momento, esté en un punto muerto. 

Según fuentes de Promperú, no se ha hecho nada con la denuncia. Sudaca preguntó al área de prensa de la institución sobre la atención de este caso, pero la respuesta fue apenas que este órgano “cuenta con autonomía” para atender estos asuntos. Ojalá ello no se traduzca en desinterés. 

Mientras la denuncia se empolva, Oré no pierde oportunidad de lucirse en Dubái. La trabajadora de Continuous Events aparece como representante oficial de la empresa en una imagen junto a la comisionada boliviana para la Expo Dubái 2020 y Marco Antonio Santivañez, cónsul general peruano en los Emiratos Árabes Unidos, que compartió en su LinkedIn. 

 

Contra la ley

El caso de Oré no es el único que involucra a locadores de servicios contratados con presuntas irregularidades. Jorge Mufarech Carcedo, exaccionista de dos empresas en liquidación, es asesor de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales al menos desde julio, según confirmó Promperú a Sudaca. 

Hasta ahí nada raro, de no ser porque su vínculo laboral con la entidad sería ilegal. Mufarech ha sido asesor en el Mincetur durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme. El empresario fue consultor del gabinete de asesores de ese despacho entre noviembre del 2020 y junio de este año, según señala en su declaración jurada de intereses. 

Un mes después de dejar ese cargo, Mufarech pasó como locador a la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en Promperú, un cambio express que va en contra de lo que señala la Ley General de Contrataciones. La norma indica que todo servidor público está impedido de contratar con el Estado en los 12 meses siguientes de abandonar su cargo.

Según Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones estatales, el caso del empresario viola el literal f del artículo 11 de la ley. “En el caso de Mufarech él tiene un alto grado de información, alcance y conocimiento. Debería estar impedido de contratar. Es el asesor del ministerio de alto grado y conoce lo que harán”. Además, agrega que se trata de una dependencia del mismo sector donde ya trabajó.

Mufarech ya recibió S/24 mil soles a finales de julio, de acuerdo al portal de la OSCE, lo que podría ponerlo como investigado por colusión agravada. “Hay perjuicio del Estado porque estando impedido para contratar lo ha hecho y le han pagado 24 mil soles”, dice Castillo. Por este presunto delito se podría dictar una pena de entre seis a 15 años de cárcel. 

La orden de servicio por 24 mil soles que ya recibió Mufarech de Promperú. Fuente: OSCE.

Sudaca preguntó por la ilegalidad de esta contratación al área de prensa de Promperú. Como respuesta, nos confirmaron que Mufarech Carcedo está actualmente trabajando en la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales y que “para este efecto firmó la declaración jurada de no encontrarse impedido para trabajar en el Estado”. ¿Papelito manda? 

 

Descargos de Promperú

A continuación Sudaca presenta de manera literal las preguntas y respuestas que recibió del área de prensa de Promperú para la elaboración de este informe.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Estado, Expo Dubái, Promperú
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