La imputación no era menor: Beat condicionaba el uso de su servicio a la aceptación de transferir datos personales para fines publicitarios. “A los pasajeros y conductores no se les ofrece la opción de negarse a que se realice tratamiento ajeno a la ejecución de la relación contractual como recibir propaganda propia o de terceros, compartir datos con adquirentes de carteras crediticias, aliados comerciales, entre otros”, acusaba la DFI en la resolución de primera instancia de enero del 2021. 

Para defenderse, Beat aseguró que, una vez que los titulares de los datos aceptaban esa transferencia, podían “revocar dicho consentimiento” escribiendo al correo colombiano de la empresa o acercándose a su local en Miraflores. Además que, para permitirlo, los usuarios marcaban un recuadro –conocido como checkbox– que decía explícitamente “autorizo el envío de comunicaciones referidas a promociones” al registrarse en la app. 

Esto no convenció a la ANPD que, por lo contrario, fue durísima contra la empresa en su resolución. “Se ha evidenciado beneficio ilícito resultante de la comisión de las infracciones a sancionar” y “no se ha evidenciado la intención de la administrada por adecuar su conducta a la normativa de protección de datos personales” son algunas de las afirmaciones que el organismo utilizó para sancionar finalmente a Beat con 4.5 UIT.

La empresa de taxi por aplicativo apeló en febrero del año pasado utilizando el mismo argumento que usó Pacífico: el PAS había caducado. También reclamaron el aumento de la sanción, que en 2019 fue de 3 UIT, por la misma infracción. Estos argumentos fueron desestimados por la ANPD, que también en este caso dijo que debido a la pandemia se extendieron los plazos.

beat app tratamiento de datos
El interfaz de la app Beat. Para acceder a su servicio, hay que aceptar el tratamiento de datos personales primero.

Sobre el aumento de la sanción, la ANPD no solo destaca la reincidencia de Beat en la falta, sino su poco interés por subsanar la infracción. “No se ha evidenciado la intención de la administrada por adecuar su conducta a la normativa de protección de datos personales, es más, a través del recurso de apelación reafirma sus argumentos referidos a que no es necesario un checkbox para un consentimiento libre”, dice la sentencia que confirma la multa.

En respuesta a Sudaca, la empresa solamente señaló, sin mayor mea culpa: “Queremos comentar que el día 26 de julio de 2022 hemos realizado el pago correspondiente, por lo cual desestimamos continuar con el proceso legalmente”.

A diferencia de Pacífico, Beat registra menos amonestaciones en Indecopi. El ranking de proveedores sancionados marca que solo tiene tres sanciones. Sin embargo, llama la atención que dos de ellas son bastante altas. Ambas se dieron en 2019: la primera es de 83.20 UIT por incumplimiento de servicio y la segunda de 23.80, UIT por falta de idoneidad en transporte de pasajeros. Eso, al valor de ese año, representaba S/ 449,400. Mucho más de lo que abonaron a la ANPD.

Así es cómo ciertas empresas hacen negocio con tus datos. Sin avisarte, condicionando sus servicios y cubriéndose con el grupo empresarial al que pertenecen. Tal vez no sean las únicas. La ANPD tiene procesos abiertos contra otras empresas, como Renzo Costa. Habrá que ver cómo terminan. 

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Para Pilar Collantes asumir que la influenza no circula con fuerza en el Perú con todas sus variantes es un riesgo innecesario. “La OMS advertía desde el 2019 el riesgo de que tengamos una pandemia por influenza. Si ya tenemos experiencia con lo vivido por el Covid, ¿por qué tenemos que esperar a un brote para reaccionar? La vacuna de la influenza es estacional y la OMS recomienda la polivalente porque se trata de tener la mayor cobertura posible”, reclama la presidenta de la ONG Voces Ciudadanas. 

Puede sonar a que el Estado subestima a la influenza. Y probablemente sea así, pero factores como su similitud sintomatológica con el coronavirus complican su detección. “Había una diferencia bastante clara cuando circulaban solo las cepas de Wuhan y Beijing. Eran enfermedades respiratorias, pero no tenían secreción ni resfriado. La influenza produce mucho de eso, pero con las nuevas variantes circulando ya no es posible distinguirlas tan fácilmente. En este momento se pueden confundir”, asegura Minaya. 

Otra característica que complica su identificación es nuestra pobre vigilancia epidemiológica. “En el caso de la influenza se usa el sistema Centinela. Tienen puntos en diferentes lugares del país, pero cuando revisas los reportes del interior, es pobrísimo. Tenemos puntos de vigilancia por gusto, en otras palabras. Por eso no no conocemos apropiadamente los patrones de circulación y tendemos a decir que no hay circulación o es escasa, pero en realidad no hablamos de algo que represente todo el país”, dice el exviceministro de Salud Pública.

Una de las instancias que podría impulsar mejoras para combatir la influenza –como el cambio de vacunas– es el Comité Consultivo de Inmunizaciones, que está adscrito al Viceministerio de Salud y existe desde el 2018. Dentro de sus funciones tiene como misión recomendar acciones para potenciar la universalización de la inmunización preventiva. 

GRAFICO OPS
Uno de los gráficos del último reporte de la OPS sobre la influenza en el Perú. Deja claro que en nuestro territorio circulan todas sus variantes. Gráfico: OPS.

Pero este organismo estuvo desactivado. Y recién el Minsa realizó la primera reunión del grupo este año a finales de abril.  En esa ocasión acordaron dos cosas: presentar una propuesta de reglamento para su comité y difundir en redes sociales los spots comunicacionales sobre la cobertura de vacunación. Nada más. 

Así las cosas, para obtener una vacuna tetravalente en nuestro país hay que acudir al privado. En laboratorios como Suiza Lab se ofrece este producto a S/ 75. De acuerdo al Fondo Rotatorio de la OPS, a través del cual los Estados pueden adquirir vacunas, el precio de una vacuna tetravalente multidosis –vienen 10 en cada vial– varía entre 4.6 y 5 dólares. Mientras el Estado insista en utilizar una vacuna incompleta, esa es la única salida para estar realmente protegidos contra la influenza. 

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Acceso nebuloso

Sacar a la luz los documentos que sustentaron el toque de queda del último 5 de abril no fue sencillo. La transparencia, una característica de la que adolece el gobierno, se ha vuelto engorrosa. El periodista de Sudaca que firma este reportaje solicitó sin éxito los informes de la Policía y la DINI mediante un pedido de transparencia al Mininter. Su pedido fue denegado porque se consideró “información reservada”.

Quien sí lo consiguió fue la abogada Dania Coz, consultora en transparencia y derechos fundamentales en el Estudio Iriarte & Asociados. Su interés en conocer las motivaciones de la inmovilización social obligatoria le hizo esperar tres meses para obtener los informes. 

Coz solicitó los documentos al Mininter, la Policía y la PCM. Las tres entidades se negaron, también bajo la excusa de la reserva, pero la letrada decidió apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) a finales de abril. Este órgano, que depende del Ministerio de Justicia (MINJUS), cuenta con dos salas conformadas por tres vocales cada una, y desde finales del 2018 resuelve controversias relacionadas al acceso a la información pública. 

Cualquier ciudadano puede acudir al TTAIP. Lo único que debe hacer es registrar su solicitud a través de la Mesa de Partes del MINJUS. “Tu presentas la apelación, el tribunal la recibe, notifica a la entidad y les piden que eleven el expediente junto a sus descargos. Con ese material ya pueden emitir una decisión”, explica la abogada Dania Coz. Un fallo puede tardar entre 2 y 3 meses. 

Durante su fallida interpelación, el premier Aníbal Torres aseguró que fue por «información de inteligencia» que tomaron la decisión de inmovilizar Lima y Callao por un día entero. Foto: Congreso.

Coz apeló al TTAIP porque dudaba del argumento de reserva de la Policía. “Tienen la manía de catalogar toda información como reservada, pero según la Ley de Transparencia, [se niega] la divulgación de la información si entorpece la lucha contra el crimen. También existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que dice que los ciudadanos tienen derecho a saber los motivos detrás de un Estado de Emergencia”, explica la especialista en Derechos Humanos. 

Ya con la información en mano, a la letrada le quedó la misma impresión que el resto de entrevistados por Sudaca. “No hay fundamento fáctico que respete criterios jurídicos establecidos por el TC. Es claro que fue una medida de carácter político. El principio de necesidad exige que evalúes el abanico de medidas para limitar derechos y optes por la menos gravosa, no la más extrema de arranque. Podían reforzar puntos estratégicos, por ejemplo”, asegura Coz.

Así se cocinó el toque de queda del último 5 de abril. Una fecha de connotación nefasta para la historia del Perú, y que gracias al gobierno del lápiz, este año también atormentó a la capital entera. 

 

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Cifras nebulosas

 

En este tema, es claro que cada institución jala agua para su propio molino. El detalle es que el punto de partida para generar políticas públicas a favor del colectivo LGTBIQ+ es difuso. En el Perú no existen estadísticas actualizadas sobre este grupo vulnerable. Todos los datos oficiales son pre-pandemia. 

 

El INEI, por ejemplo, realizó la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI” el 2017. Desde entonces, no ha hecho más. Y con el pasar de los años las cifras recogidas en este estudio se vuelven inútiles.

 

Comunidad en cifras 

 

Como muestra, un botón. Según la encuesta, respondieron 12,026 personas LGBTIQ+ mayores de edad. Un número que se queda corto si se compara con la convocatoria de las Marchas del Orgullo de junio. “Si contamos Lima y regiones fácilmente llegamos a las 30 mil personas. Llenamos la Av. Wilson desde la altura de Colmena hasta Paseo Colón”, revela Jorge Apolaya, vocero del movimiento. En su vigésimo aniversario, las movilizaciones aumentaron su convocatoria. “En 2019 fueron 21 ciudades, este año han sido 28. Es una expresión de que la comunidad ya no aguanta más”, agrega. 

 

Desde la Defensoría valoran el trabajo realizado por el INEI, pero exigen mayores esfuerzos. “Han impulsado acciones en favor de las personas LGTBIQ+, pero deben avanzar. Solo hicieron esa encuesta. En los siguientes censos deben incluir fórmulas para identificarlas y realizar políticas con esa data. Si no, nunca va a ocurrir”, dice Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos. 

 

Las estadísticas oficiales más recientes son del 2019. Ipsos publicó la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos por encargo del Ministerio de Justicia ese año. Ahí se señala que más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. 

 

Otras conclusiones relevantes del estudio son que el 71% de peruanos cree que la comunidad LGTBIQ+ es victima de discriminación, el 19% considera la homosexualidad una enfermedad, el 31% considera al VIH/SIDA como una enfermedad de personas homosexuales o trans, y el 36% ve peligroso que un niño se quede con una persona homosexual. Sin embargo, la ausencia de mayores estudios gubernamentales deja en el aire otras circunstancias que vive esta comunidad. 

 

“No se sabe cuántas mujeres trans se dedican a la prostitución en Lima. También hay muchas personas gays y lesbianas que viven con menos del sueldo mínimo. Por eso la marcha es importante, ahí se manifiestan. ¿Sin data, cómo van a implementar políticas en el país?”, reclama Jorge Apolaya. Sin ir muy lejos, el último 30 de junio se reportó que “Sharon”, una mujer trans que se dedicaba a la prostitución, fue baleada en el Cercado de Lima por negarse a pagar cupos a una red criminal. 

 

La sociedad civil da más información. “Nosotros hicimos hace tiempo una encuesta virtual donde identificamos que el 87% de personas trans no cuenta con un DNI que reconozca su nombre y su expectativa de vida está reducida a los 48 años”, revela Susana Chávez, directora de Promsex.

Marchas
Las marchas del Orgullo se realizaron en 28 ciudades alrededor de todo el país

 

Para la cabeza de dicha ONG la razón de que no existan estadísticas frescas no es descuido gubernamental. “No creo que sea desdén. Hay una agenda abiertamente opositora basada en machismos inaceptables. Hoy el Perú es un país retrógrado alrededor de nuestros vecinos”, afirma Chávez.

 

Frases, en tono de burla, como la del congresista Guido Bellido –que le propuso al periodista Jaime Chincha “ir de la manito” a la próxima Marcha del Orgullo– le dan algo de razón. El panorama es sombrío para estos peruanos que reclaman que el Estado –del que también forman parte– los proteja. Pero eso no los detendrá. Serán cada vez más visibles. Aunque las autoridades se escandalicen y el gobierno quiera hacerse el distraído.

 

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Gobierno, LGBT, sociedad

Cuestión de fe

El problema con Decentra no son solo sus tentadoras recompensas. La empresa trabaja en uno de los mercados financieros más inestables actualmente, lo que aumenta los riesgos de pérdida que sus promotores parecen ignorar. 

Se trata de un mercado donde lo que impera es la especulación. Las criptomonedas son divisas digitales que no cuentan con el respaldo de los bancos centrales estatales, lo que afecta directamente su precio. “Lo que se genera con las criptomonedas son burbujas. Algo que vale 100, te lo venden a 500. Todo el mundo se mete, hacen plata, salen y te tiran el precio abajo, luego vuelve a subir. Similar ocurre en el sector inmobiliario. Es parte del desarrollo de un mercado no tan claro y transparente. Es como una timba”, explica el economista Enrique Castellanos. 

Aunque no es solo su falta de aval lo que complica las cosas con estas monedas digitales. “El dinero no necesita un valor intrínseco. Solo debe manejar ciertas características: ser de fácil manipulación, ser divisible, tener un valor constante y ser aceptado por todos. No todo eso lo tienen las criptomonedas, aunque son fáciles de manejar, no tienen un valor constante o aceptación total”, asegura Castellanos.

La ‘cripto’ más conocida es el bitcoin, que circula desde el 2009 y es la divisa que comercializa Decentra. Desde que salió el primer BTC (moneda de bitcoin), su precio ha sufrido cambios bruscos. El año pasado la moneda alcanzó un valor cercano a los 70 mil dólares. Hoy, sin embargo, bordea los 19 mil, lo que implica que una persona que compró bitcoins cuando estaba cerca de su máximo histórico habría visto su inversión reducida en dos tercios. Otras criptomonedas han perdido 90% de su valor respecto a sus máximos históricos. A este último descenso se le conoce como el ‘criptoinvierno’. 

La alta volatilidad es lo que convierte a las criptomonedas en un negocio de alto riesgo. Aún así, su mayor atractivo es que usan la tecnología blockchain para sus transacciones. Básicamente, se trata de una estructura matemática descentralizada y encriptada que registra operaciones financieras en un gran libro contable que reside en la red. Las transacciones se registran en la cadena de bloques, pero no pasan por ninguna institución financiera, y por lo tanto no dejan registros que puedan ser utilizados por algún gobierno o ente regulador. Las criptomonedas ofrecen la posibilidad de realizar transacciones anónimas y por eso son muy utilizadas en actividades ilícitas.

Finance
La evolución del valor del bitcoin. En noviembre costaba casi 70 mil dólares. Hoy solo 19 mil. Gráfico: Yahoo Finance.

Otra peculiaridad de las ‘cripto’ es que muchas tienen una cantidad máxima de monedas circulantes. Es decir, un tope de producción que, en teoría al menos, asegura que su valor en el tiempo tenderá a subir, puesto que su oferta es finita. En el caso del bitcoin, actualmente existen 19,084.318 BTC disponibles y su cantidad total es de 21 millones BTC, de acuerdo a CoinGecko, empresa que brinda información procesable sobre el mercado de criptomonedas. 

Al ser un mundo sin garantías es crucial confiar en el método de adquisición de ‘criptos’ y quién te las ofrece, variables que no encajan con el modelo ofrecido por Decentra. Existen actualmente muchos servicios internacionales que ofrecen la posibilidad de invertir en criptoactivos, pero antes de poner un sol o un dólar en ellos es importante saber si son operaciones serias y están sometidas a algún tipo de regulación. “El costo operativo es enorme. Lo más importante es saber dónde se guardan, el storage en inglés. Se supone que está en la nube, pero puede llegar un hacker y robárselo. ¿Quién reconoce después esa criptomoneda? El gran riesgo, más allá del valor de mercado, es que el vendedor desaparezca”, remarca Enrique Castellanos.

En Xifra son expertos en desapariciones. Al anunciar su cierre, remarcaron que los usuarios a los que aún les debían dinero podrían retirarlo únicamente cuando su nueva identidad, Decentra, estuviese operando al 100%. Un nivel de seguridad muy precario, si se le compara, por ejemplo, con Bank Leumi, un banco israelí que permite transacciones en ‘criptos’ desde el pasado mes marzo. 

A escala global, la aceptación de las criptomonedas todavía está en una etapa incipiente. El Salvador es un país pionero en convertir el bitcoin en moneda de curso legal, desde septiembre del año pasado, contraviniendo todas las alertas del mundo financiero y de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. En el Perú no hay entidades financieras formales que operen con ‘criptos’. Lo que sí hay –y de lo que hay que cuidarse– es de inescrupulosos supuestos gurús, que ofrecen rentabilidades garantizadas en un mercado donde es imposible garantizar cualquier cosa.

 

 

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Estafas en línea, SBS

Casquino debía acreditar como mínimo ocho años de experiencia general y cuatro de experiencia específica en puestos similares. Un día antes de su nombramiento, la Oficina de Recursos Humanos del Midagri no solo señaló que cumplía estos requisitos, sino que los sobrepasaba. Este despacho calculó que Casquino reunía 18 años, 10 meses y 12 días de experiencia general y siete años con 19 días de recorrido específico.

La OCI del Midagri, sin embargo, hizo su propia revisión y concluyó que Casquino solo tenía siete meses de experiencia específica. Una diferencia abismal. Este corto periodo correspondía a su paso como jefe de producción en la Empresa Municipal Santiago de Surco entre febrero y julio del 2011. El contraste se explica, de acuerdo a la OCI, en que los documentos de sustento que presentó este exfuncionario se superponen en el tiempo.

Su paso por el Midagri fue su primera experiencia en un ministerio. Pero no es la primera vez que una entidad pública dice que no contaba con el perfil para un puesto. En octubre del año pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó un proceso CAS para contratar a un asistente en salud ambiental. Luego de revisar los currículos de 14 postulantes, esta cartera descartó a todos y declaró desierto el proceso. En esa relación, figura Casquino como “no apto”.

Memorando triple
Una de las primeras medidas que tomó Alencastre al asumir como ministro fue pedir que sus funcionarios pongan los cargos a disposición. El informe de la OCI marca que aún tiene mucho que hacer.

Los cuatro funcionarios señalados por Contraloría fueron nombrados durante la gestión de Óscar Zea como titular del Midagri. Tres de ellos, durante sus últimas semanas en la cartera. El congresista, ex integrante de la bancada oficialista, dejó la cartera el pasado 22 de mayo.

La limpieza anunciada por el ministro Alencastre apenas asumió el ministerio deberá ser más veloz. Persistir con funcionarios que no cumplen con los requisitos para desempeñarse en sus puestos puede convertir la crisis alimentaria y de fertilizantes en una pesadilla.

 

 

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MIDAGRI, OCI

ASALTANDO CUENTAS

Hay otras situaciones que revelan lo mal que funcionan los supuestos filtros de InDriver. Dulce Cabrera (28), por ejemplo, fue víctima de un hurto que escaló a mayores. “Todo pasó el 23 de abril, cuando me dirigí a La Molina para maquillar a una chica por su cumpleaños. Tomé un taxi desde mi casa en El Agustino acompañada de mi novio. Llegué a la casa normal. Al sacar mis cosas me doy cuenta de que no tenía mi celular”, recuerda esta profesora de educación primaria.

Luego de timbrar en más de diez oportunidades a su número sin respuesta, Cabrera decidió llamar a Jesús Alberto Salas Rodriguez, el dueño del vehículo de placa ANE-063 que los llevó hasta La Molina. “Me dijo que estaba por Magdalena haciendo otra carrera y que se iba a estacionar para fijarse. A los 10 minutos volvimos a llamar y nos dijo que no había nada. Enseguida volvimos a timbrar y ya estaba apagado”, asegura la también maquilladora. 

Cabrera dio el celular por perdido, pero ahí no terminaron los problemas. “Una experiencia de una noche arrastró un mes completo de malos momentos”, se lamenta. Y es que a tres semanas de ocurrido el hecho, la profesora se dio con la sorpresa de que alguien se estaba haciendo pasar por ella en redes sociales. 

“Mi hijo de 10 años tiene Facebook en su tablet. Es la forma de comunicarme con él cuando no estoy. Le escribieron desde mi cuenta. Habían conseguido desbloquear mi celular”, dice Cabrera. Y el asunto siguió. “El 18 de mayo me notificaron a mi correo que habían pagado un viaje en Beat de casi S/ 30 con mi tarjeta. Tenía miedo de que vaciaran mis cuentas bancarias”, agrega la profesora. Alarmada, comenzó a cambiar todas sus contraseñas. 

Cabrera logró comprobar que Jesús Salas, el hombre que le había hecho el servicio por InDriver, era la persona que había realizado ese viaje en Beat. “El viaje que hicieron desde Miraflores a El Agustino en Beat figura con la dirección que aparece en su Reniec”, afirma.

La mujer realizó una denuncia policial –a la que tuvo acceso Sudaca– de todo lo que vivió. Sin embargo, en la misma comisaría le recomendaron dejar el asunto ahí. “No le dieron mayor importancia. El comisario le indicó al agente que me estaba tomando la declaración que lo hiciera, pero que lo diera por perdido. Me dijeron que al día siguiente vuelva por la copia. Pero ya no fui, volví decepcionada”, recuerda. 

Soporte inDriver
Esta fue la ineficaz respuesta que recibió Lucero Hidalgo cuando reportó su primer intento de secuestro a InDriver

Al igual que Cabrera, el resto de casos aquí detallados por Sudaca fueron reportados a la aplicación a través de un nada amigable chat de atención al cliente. No recibieron ninguna solución, muchos menos les dijeron si iban a sancionar a los conductores señalados. 

 

 

¿VIAJAR SEGURO?

La aplicación de taxis InDriver nació el 2013. Es operada por una empresa rusa llamada Sinet Team, aunque su sede principal se encuentra en Mountain View, California. Su fundador y cabeza es Arsen Tomsky y su presencia en el mundo es impactante: el servicio está disponible en más de 600 ciudades en 42 países como Honduras, Uzbekistán o Kenya, según su propia web.

Al Perú, esta app llegó recién en 2018 y va ganando terreno gracias a sus “ventajas”. No sólo está el plus de poder regatear el precio de los viajes. Para los conductores, usar esta app sale más a cuenta, porque esta cobra una comisión promedio de 9.5% por viaje realizado, según su misma web. Esta tarifa la vuelve más cómoda que servicios similares como Uber o Beat, que cobran 25%, de acuerdo al diario El Tiempo de Colombia.

InDriver tiene filtros similares a los que manejan otras compañías para sus potenciales trabajadores: el taxista debe presentar sus antecedentes policiales, licencia de conducir vigente, cédula de ciudadanía y tarjeta de propiedad del auto, además de una foto y SOAT. En su web dicen que en solo 24 horas pueden aceptarte para generar ingresos con ellos. Pero Sudaca pudo corroborar que hay brechas de seguridad que son un peligro para el usuario. 

Por ejemplo, no es necesario inscribirse como chofer para ver en vivo y en directo los viajes solicitados en InDriver. Basta presionar un botón en el aplicativo para cambiar de “modo pasajero” a “conductor”. Así, diversos datos quedan a libre disposición de cualquier persona que no esté inscrita como taxista. Esto incluye, además de los puntos de origen y destino, el modo de pago y los nombres de los usuarios, sobre todo si están registrados con Facebook. Por si no fuese suficiente, también se puede acceder a los kilómetros de distancia entre la ubicación del pasajero y el posible conductor antes de abordar.

Datos InDriver
Basta presionar un botón en la app para poder visualizar todos los viajes solicitados en vivo dentro de InDriver. Una brecha de seguridad que expone a sus usuarios y conductores.

Para el abogado Erick Iriarte, este hecho no solo es peligroso, sino que transgrede normativas vigentes. “Puede entenderse como una brecha de seguridad tanto para usuarios pasajeros como conductores. La app debería explicar por qué tiene esa modalidad. La ley de protección de datos personales, vigente desde hace 11 años en el Perú, tiene que ser cumplida”, afirma el especialista en derecho digital. 

Opinión similar comparte el abogado Carlos Guerrero. “Es grave, me sorprende que sea así.  Otras como Uber, Cabify o Beat tienen interfaces diferentes dependiendo si te registras como usuario o conductor. Me parece evidente que un delincuente lo pueda explotar para cometer delitos”, asegura el también especialista en entornos digitales.

Nuestro país no es el único donde la inseguridad de InDriver ha sido puesta al descubierto. Basta una breve búsqueda en redes sociales como Twitter para encontrar experiencias similares en países como Colombia o México. Incluso, en febrero del 2020, el diario El Comercio de Ecuador denunció que conductores de este aplicativo expusieron datos de sus clientes –sobre todo mujeres– en páginas de Facebook. 

“Ofrece tu precio. Recupera tu libertad”, es el eslogan de InDriver. La frase suena a ironía para los casos que revelamos en este informe. Sudaca intentó comunicarse con la compañía para que respondan por estos hechos a través de su departamento de relaciones públicas. Al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

 

NORMA EN CAMINO

Regular este tipo de empresas es una deuda del Estado. Al igual que el caso de otros entornos digitales como las apuestas deportivas online, el camino ha sido infructuoso, pero no han faltado intentos. Desde el 2016 se han archivado cinco proyectos de ley.

A fines de noviembre del año pasado, el congresista José Elías, de Podemos Perú, presentó otra iniciativa legislativa –el proyecto 842/2021-CR– que busca regular a Indriver, Beat, Uber y compañía. El último 30 de mayo fue aprobado su dictamen. Con esto, solo falta que el Pleno del Congreso lo vote.

El proyecto del legislador Elías pretende crear el ‘Registro Nacional de Empresas Administradoras de Intermediación del Servicio Privado de Transporte Especial a través de Plataformas Tecnológicas’, que estará a cargo del MTC, entidad que también deberá fiscalizar el negocio y establecer sanciones. Esta lista incluirá a todas las empresas tecnológicas que brindan este tipo de servicios, estén o no localizadas en el Perú.

También estandariza los requisitos de admisión de nuevos conductores colocando algunos que no consideraban las aplicaciones, como exigir una constancia de revisión técnica aprobada y el récord de papeletas del conductor. El proyecto de Elías deja la puerta abierta para que el MTC agregue más filtros en el futuro reglamento de la ley. Además, ajusta los datos mínimos a los que los usuarios deben tener acceso en los aplicativos. 

Si bien la iniciativa ya cuenta con un dictamen favorable, su aprobación –más allá del voto del Pleno– no está garantizada. En el 2018, dos iniciativas similares de las comisiones de transportes y defensa del consumidor llegaron a ser aprobadas por el pleno, pero el presidente Martín Vizcarra observó su autógrafa el 28 de diciembre de ese año. Hasta hoy, las aplicaciones de taxis son tierra de nadie.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

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Expectativa Qatar

A pesar de la desazón mayoritaria, todos los gremios empresariales consultados por Sudaca tienen fe en los muchachos de Ricardo Gareca. Y es que para muchos de ellos ir a Qatar puede ayudarlos a salvar el año. 

“Para nosotros es un momento especial, porque la gente consumirá nuestros productos. Nos ayuda más la selección peruana que el gobierno con sus declaratorias de feriados. Estamos a un 60% de las ventas pre pandemia. Nos ilusiona que Perú clasifique al Mundial. Es una ventanita que se abre para atender más”, asegura Andrés Choy, presidente de la ABP. 

En Gamarra la fe también es alta. “La selección aporta mucho más a nuestra recuperación que todos los niveles de gobierno. Tenemos 1,500 talleres que se dedican casi de forma exclusiva a la producción de prendas con motivos de la selección. Si clasificamos, hasta noviembre, habrá un impacto positivo para 5,000 talleres. Aún así no tendríamos el 100%. Antes de la pandemia Gamarra tenía 7,000 talleres de servicio”, revela Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. 

El principal sector del emporio que se vería beneficiado sería, evidentemente, el sector deportivo. “Ellos están en un 30% de recuperación. Esta última semana, desde el martes, han vendido un promedio de S/1 millón al día en prendas. La clasificación consolidaría su proceso y se generarían 15 mil puestos de trabajo”, agrega Saldaña. 

En Las Malvinas también tienen fe en Lapadula y cía. “Si bien nuestra oferta es 60% productos electro-ferreteros, tenemos un 35% que ofrece accesorios para celulares, ropa, servicio técnico, cómputo y calzado. La gente los personaliza con símbolos alusivos al Mundial y la selección. Por ese lado podemos decir que habrá un incremento del 10 al 15% para fin de año”, pronostica César Vásquez, secretario de imagen institucional del Frente Empresarial Las Malvinas.

Camisetas gamarra
Formación titular de la selección peruana en uno de los partidos de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Diversos gremios empresariales depositan su fe en ellos para mejorar sus ganancias.

De acuerdo a Hugo Ñopo, para el Mundial de Rusia 2018, los sectores que más se beneficiaron de la fiebre mundialista fueron el textil, electrodomésticos, alimentos y bebidas. “Es probable que la suerte se repita, aunque ojalá alguna innovación interesante en el sector servicios consiga dar la sorpresa. Hace falta”, espera el economista.

Sin embargo, Ñopo también anota que el hecho de que la cita deportiva se celebre en Qatar podría afectar los réditos económicos. “Será muy diferente a lo acostumbrado: muy cercano a las fiestas de fin de año, en un territorio inhóspito, al menos en lo que respecta a la temperatura ambiental; y en una sociedad con muchas restricciones para las celebraciones como las que se dan alrededor del fútbol. Esta vez será diferente”, analiza. Sea como sea, algo es claro: los gremios le tienen más fe al profesor Gareca y sus pupilos que al profesor Pedro Castillo y su gabinete.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

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Fútbol, Gamarra, Qatar 2022

EL MODELO DE NEGOCIO

Casi todo deporte existente en el mundo figura en alguna casa de apuestas. Betsson, por ejemplo, permite invertir en 30. Además del fútbol, básquet y boxeo, están el ciclismo, la carreras de caballos e incluso el cricket. Recientemente se incoporaron los e-sports, que generan creciente interés. Por si eso no fuese suficiente, también tiene un apartado para “economía y política” donde se puede apostar por el siguiente ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En las últimas elecciones presidenciales del Perú se hizo lo mismo.

¿Pero cuál es el modelo de negocio de estas casas de apuesta? Lo cierto es que no solo ganan cuando los usuarios pierden una apuesta. Las cuotas se calculan con sumo cuidado y a la probabilidad de cualquier resultado se le agrega un margen que es la ganancia esperada de la casa. Es decir, a la larga, la casa siempre gana, incluso cuando pierde una apuesta. 

En el argot de las apuestas, una ‘cuota’ representa la probabilidad de que ocurra un suceso, y por ende la ganancia que obtendría un apostador si este finalmente se produce. Un ejemplo reciente (y extremo): antes del partido River Plate vs. Alianza Lima por Copa Libertadores, jugado el pasado 25 de mayo, Betsson estableció para el triunfo aliancista una cuota de 33.00. Era una cuota extremadamente elevada, que daba cuenta de una probabilidad muy reducida. Suponía que por cada S/100 apostados había la posibilidad de cobrar S/3,300. Pero eso era muy improbable, y finalmente no ocurrió.

Para el análisis de las cuotas, las casas de apuestas más grandes tienen sus propios equipos de analistas deportivos, mientras que las más pequeñas tercerizan el servicio a proveedores internacionales. Este proceso desde luego es clave, porque aquí reside la ganancia de las casas.  “Hay un análisis previo, porque saben que un apostador fuerte hará lo mismo [evaluar cómo y por qué apostar] y las cuotas podrían favorecerle. Si yo hago una apuesta de S/3,000 por un favorito que confío ganará, y la cuota es de 1.04, no generará muchas pérdidas [a las casas de apuestas]. Pero si es 2.00 ahí sí podría provocar pérdidas, por el factor multiplicador”, explica Augusto Medina.

Los apostadores también desarrollan diversas estrategias para aumentar sus posibilidades de ganar. En cada deporte, por ejemplo, hay algo llamado “mercados”, es decir, el tipo de apuesta a realizar. “[En el fútbol] hay varios tipos de mercados: resultados de partido, córners, tarjetas rojas, amarillas, gol en determinado minuto, posesión de balón, córner para tal equipo, gol de tal jugador, etcétera”, explica Jeremie Quezada, el precoz apostador del que hablamos al inicio de esta nota.

Apuestas elecciones 2021
Estas son las cuotas que pagaban algunos candidatos en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Meridianbet.

“Mi metodología es bien simple. Apuesto al ganador o al empate. Yo creo que es más difícil apostar a goles en primer tiempo, a saques de esquina, a laterales y demás. Yo soy simple: apostar al resultado final del partido”, cuenta Andrés Guarderas.

En internet abundan los tipsters, autodenominados expertos en apuestas deportivas. Estos personajes inundan redes sociales como Telegram para ofrecer “las fijas” a los jugadores. Por supuesto, cobran por sus vaticinios y han conseguido que algunos influencers, incluso menores de edad, sean sus voceros. Pero están lejos de ser infalibles, como explicamos en este informe.

EL TRUCO DE LOS BONOS

Existen otros ganchos en las casas de apuestas para ganar más adeptos. Los famosos bonos, por ejemplo. DoradoBet tiene uno para sus nuevos usuarios de S/ 500. Que quede claro: no es un regalo. 

Las casas de apuestas imponen sus condiciones para hacer efectivo el bono: indican en cuántas jugadas debes gastarlo y tienen fecha de vencimiento. Los bonos no se ‘redimen’ de una sola vez, sino de manera progresiva, para lo cual hay que seguir apostando. Si retiras tu dinero antes de haber cobrado la totalidad del bono, pierdes el beneficio. “Son bien difíciles de sacar. Para mí son sólo para atraer clientes nuevos, que desconocen bastante del juego”, considera el ingeniero electrónico Augusto Medina.

InkaBet - apuestas
Algunas casas de apuestas, como Inkabet, recurren a exfutbolistas para sus campañas publicitarias.

Annie Castillo, trabajadora de EsSalud de 36 años de edad e hincha del Sport Boys, utilizó otro tipo de bono, el que le ofrecía una apuesta gratis si depositaba S/20. “En fútbol me ha pasado que no siempre aplica el bono. Te dicen que deposites y te dan una apuesta gratis, pero no pasa y pierde su vigencia durante el día. Eso me pasó una vez y no me dieron respuesta”, recuerda la mujer, aficionada de DoradoBet, patrocinador del equipo de sus amores, como muchas otras casas de apuestas en el fútbol peruano.

Al tratarse de un mercado no regulado, los usuarios están expuestos a engaños, advierten desde el Mincetur. “El riesgo en un mercado ilegal es que el ciudadano sea víctima de estafa donde no haya respaldo estatal», asegura Eduardo Sevilla, director general de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas del Mincetur.

VACÍO LEGAL

Desde el 2018, han sido varios los intentos por regular las apuestas a distancia. Sin contar al Congreso vigente, son cinco los proyectos de ley que planteaban regular este mercado online. Pero ninguno llegó a aprobarse. En la actual gestión ya van dos proyectos en la misma línea que cuentan con un dictamen favorable en la Comisión de Economía del Congreso. Solo faltaría que se agende el debate en el pleno.

La falta de acuerdo, coordinación con los sectores involucrados y prioridad del asunto nos ha dejado atrás en la región. Países como Colombia aplican un impuesto al ingreso bruto del 17% desde el 2016. En experiencias más recientes, Argentina aplica una tasa variable de 5 a 15%, dependiendo de la constitución de la empresa de apuestas (extranjera o nacional), desde el año pasado. 

Pero el Poder Ejecutivo no esperará que el Parlamento se ponga de acuerdo sobre sus dictámenes. El pasado 19 de mayo, a través del Mincetur, ingresó un proyecto de ley que plantea la creación del “Impuesto a los Juegos a Distancia y a las Apuestas Deportivas a Distancia” de un 12% y la aplicación del ISC del 1%. Una propuesta que busca finalmente zanjar el asunto.

“Ambos tipos de casas, domiciliadas y no domiciliadas, pagarán el ISC. Para operar en el Perú, las no domiciliadas necesitarán una autorización cuando salga promulgada la norma. Ahora las tienen, pero en Malta o Curazao. El impuesto especial al juego del 12% será solo para las domiciliadas”, detalla Eduardo Sevilla, director general de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas del Mincetur.

La dirección que preside Sevilla será la encargada –de recibir respaldo en el Parlamento– de otorgar autorizaciones, monitorear el negocio y establecer sanciones como multas ascendentes a 200 UIT e inhabilitaciones permanentes. Todo esto en coordinación con la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

«Las empresas, sean domiciliadas o no, necesitarán una autorización y registro en territorio nacional. Para eso habrá una extensión en su dominio web que será bet.pe”, agrega Sevilla.

El funcionario dice que las casas de apuestas aprueban su propuesta. “Las grandes empresas van a preferir establecer sus sucursales aquí en Perú porque confían en que se reducirá la posibilidad de una competencia desleal y un mercado ilegal. Consideran que entre un 10 y un 12% es viable para su estructura de negocio. No vamos a ahuyentar la inversión”, asegura.

Mincetur - Roberto Sánchez
Roberto Sánchez, titular del Mincetur, ha visitado las comisiones de comercio exterior y economía del Congreso para explicar su propuesta. Foto: Mincetur.

Para Augusto Medina, la aplicación del impuesto no debería afectar a los bolsillos de los jugadores. “Las comisiones podrían cambiar porque si te cobran más impuestos, hay menos ganancias. Las condiciones de cada casa con su proveedor [web] podrían cambiar. El usuario no tendría por qué verse afectado en eso”, considera. 

La semana pasada Roberto Sánchez, titular del Mincetur, visitó las comisiones de comercio exterior y economía del Congreso para explicar la norma. Más reuniones ocurrirán con la necesidad de acelerar la aprobación de la propuesta. Veremos cuáles son las probabilidades de que eso ocurra. 

Mientras tanto, este lunes Perú enfrentará a Australia en Doha, para definir su pase al Mundial de Qatar. Las casas de apuesta online han establecido cuotas para el triunfo de Perú en el rango de 1.68 a 1.80, mientras que el triunfo de Australia pagaría entre 4 y 5 veces lo apostado. Muchos peruanos verán el partido con una mano en el corazón… y la otra en la billetera.

*Nota del editor:* Una versión anterior de esta nota consignaba, erróneamente, que la empresa La Tinka mantenía deudas con la SUNAT. El dato, que en realidad correspondía a otra empresa que no está relacionada con el rubro de las apuestas, ha sido retirado.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

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Apuestas, Fútbol, Selección peruana de fútbol
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