EN MANOS DEL EJECUTIVO
José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.
Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.
Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó.
Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.
La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.