Con apenas dos semanas como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga se ha visto involucrado en varias polémicas. Su admiración por políticos cuestionados, como el exalcalde Luis Castañeda Lossio, y las personas que ha elegido para que lo acompañen en esta aventura política como burgomaestre limeño lo han puesto en el centro de las críticas. Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue su propuesta para el Lugar de la Memoria (LUM).
“BASTA YA DE ESOS MUSEOS DE LA MEMORIA”
Durante la ceremonia en que Carlos Canales juramentó como nuevo alcalde de Miraflores, el líder de Renovación Popular aprovechó el momento en que le dieron la palabra para hacerle la polémica solicitud. “Basta ya de estos museos de la memoria y reconciliación que no tienen nada de memoria ni de reconciliación”, señaló el nuevo alcalde de Lima y agregó una seria acusación al considerar que en el Lugar de la Memoria “se escribe una narrativa donde los mismos guías que hay actualmente te mienten descaradamente poniendo a las Fuerzas Armadas y policía como agresores”.
Luego de calificar al Lugar de la Memoria y Ojo que Llora como “una afrenta a las Fuerzas Armadas y policía”, López Aliaga pidió que sean las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de la administración del LUM con el objetivo que “nos cuenten la historia como ha sido realmente”. Además, reveló que la ha solicitado al alcalde de Jesús María que la escultura conmemorativa llamada Ojo que Llora sea reemplazada por un monumento a las Fuerzas Armadas y policía.
Sudaca ha conversado con dos expertos en el tema para conocer la viabilidad de esta polémica propuesta hecha por el nuevo alcalde limeño y el impacto que podría tener en la forma en que se recuerda a las víctimas y se enseña la historia del Perú durante los años en que el terrorismo golpeó a la población.
“Para nosotros es un logro de la lucha que hemos tenido para que en este país se haga memoria”, señala Gisela Ortiz, exministra de Cultura, activista por los Derechos Humanos y familiar de una de las víctimas de La Cantuta, sobre la importancia del Lugar de la Memoria y lo considera un espacio indispensable para conocer y aprender de la historia y “comprometernos con la construcción de un país distinto donde la muerte no sea la primera respuesta”.
La exministra señala que ”tenemos que tener la capacidad de aprender no solo las consecuencias y causas que nos llevaron a la decisión criminal de Sendero Luminoso de declararle la guerra al Estado peruano sino también las respuestas que hubo por parte del Estado que acabó y desapareció con la vida de personas” y es por ello que ve con preocupación una posible injerencia de las Fuerzas Armadas en el contenido que el LUM brinda en sus exposiciones.
Ortiz cuenta que “hasta ahora el Ministerio de defensa y la PNP no han sido capaces de colaborar para establecer la verdad de los hechos e identificar los responsables” de los crímenes cometidos por el Estado y cree que si el Lugar de la Memoria queda en manos de los militares podrían intentar anular sus responsabilidades e incluso negar la existencia del Grupo Colina.
Este negacionismo con respecto a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas es visto por Ortiz como un “atropello al dolor de los familiares que seguimos luchando contra la impunidad y el olvido en este país”. Si bien señala que la mayor responsabilidad de la violencia que se vivió en esa época recae en Sendero Luminoso, agrega que ello no es motivo para que “se dejen de señalar los crímenes que se cometieron por agentes del Estado”.
EN MANOS DEL EJECUTIVO
José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.
Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.
Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó.
Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.
La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.
