[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En las democracias de hoy en día, la consulta a los ciudadanos y ciudadanas para destituir de sus cargos a una autoridad democráticamente elegida se presenta como una herramienta esencial. La revocatoria lejos de ser una mera formalidad tiene una relevancia crucial en la dinámica política y social de los sistemas democráticos.
En primer lugar, la revocatoria es un pilar fundamental para la responsabilidad y la rendición de cuentas. Las autoridades electas, como gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, conscientes de que su permanencia en el cargo depende de la percepción ciudadana de su desempeño, están incentivadas a cumplir con sus promesas y a actuar para lograr el bienestar ciudadano. Esta constante vigilancia ciudadana garantiza que dichas autoridades no se desvinculen de las demandas y expectativas, no solo de quienes los eligieron, sino también de aquellos que no.
Además, este mecanismo promueve la participación ciudadana. En una democracia que se precia de ser representativa, la interacción de los ciudadanos con el proceso político no debe limitarse al acto de votar cada pocos años. La posibilidad de convocar una revocatoria anima a los ciudadanos a mantenerse informados y activos en la vida pública, reforzando su sentido de responsabilidad sobre las autoridades elegidas.
Otra ventaja significativa es la corrección de errores. En ocasiones, las elecciones pueden producir resultados insatisfactorios para la mayoría del electorado, ya sea porque el candidato electo no cumple con sus promesas o porque surgen situaciones imprevistas. La revocatoria ofrece una vía democrática para rectificar estos errores sin tener que esperar al final del mandato.
Asimismo, este mecanismo actúa como un freno contra el abuso de poder. Las autoridades electas, conscientes de la posibilidad de una revocatoria, están menos inclinadas a actuar de manera autoritaria o contraria a los intereses de la ciudadanía. La amenaza de una revocatoria sirve como un recordatorio constante de que su legitimidad y permanencia en el cargo dependen de su comportamiento y desempeño.
Aunque pueda parecer paradójico, la posibilidad de una revocatoria puede contribuir a la estabilidad social y política. Cuando los ciudadanos cuentan con un canal institucional para expresar y resolver su descontento, se reducen las probabilidades de que recurran a protestas violentas o a conflictos sociales prolongados. Este mecanismo ofrece una salida pacífica y democrática para el descontento ciudadano, facilitando una gobernanza más estable y ordenada.
Todo esto ha llevado a que los ciudadanos y ciudadanas de Lima y Miraflores, por ejemplo, se organicen y promuevan las revocatorias de los alcaldes Rafael López Aliaga y Carlos Canales, de Lima y Miraflores respectivamente. Con entusiasmo, alegría y la voluntad de cambiar las cosas en sus jurisdicciones, recogen las firmas necesarias para que las revocatorias sean posibles. Este proceso no solo refleja el descontento con las actuales administraciones municipales, sino también el compromiso de la ciudadanía con la democracia participativa. La recolección de firmas ha fomentado un mayor diálogo entre los vecinos y una conciencia ciudadana sobre la importancia de la participación activa en la política local.
La comisión de Trabajo ha aprobado un proyecto de ley para desactivar la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, una entidad que si de algo adolecía es de incompletud de su tarea, pero que en donde había intervenido con propiedad había logrado elevar los estándares meritocráticos de la administración pública.
Uno de los grandes males estructurales del Estado peruano es la carencia de cuadros tecnocráticos, con conocimientos técnicos de los sectores y capacidad administrativa. Servir se encargaba precisamente de eso, de fungir de filtro para mejorar la burocracia estatal.
Dos son las causas del empobrecimiento tecnocrático de la burocracia estatal peruana: la decisión de Alan García, en su segundo gobierno,de reducir los sueldos, y la persecución fiscal abusiva y absurda que muchos exfuncionariosafrontan durante años por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.
A contrapelo de ello, Servir había ya alcanzado velocidad en sus acciones. Cerca de 90 entidades públicas han presentado ya su Cuadro de Puestos de Entidad que luego derivarán en una evaluación, posterior contratación, y una consecuente supervisión periódica.
Cuando las cosas habían empezado a caminar y se desplegaba una de las pocas reformas positivas que vemos en el horizonte, un grupo de parlamentarios pretende meterle un golpe demoledor desactivando la entidad y dando pie al retorno del desmadre del tarjetazo, la contratación por favores políticos o cuotas partidarias que tanto daño nos hace como Estado eficaz y productivo.
La reforma del Estado es una matriz gubernativa esencial que cualquier gestión pública debe considerar eje central de su gestión. No lepodemos pedir ya a la clase política que hoy nos gobierna en el Ejecutivo y el Legislativo que inicie reforma estructural alguna, pero sí exigirle que no destruya lo que se ha avanzado en algunos sectores como el mencionado.
Ojalá las instancias superiores del Parlamento sepan aquilatar la reforma emprendida y eviten que esta iniciativa de algunos ganapanes con curul la destruya.
[La del estribo] sería bueno que el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, le preste atención al extraordinario mural instalado en una parte del Zanjón correspondiente a su distrito, hecho por el artista Ricardo Wiesse, que, aún ya en pequeños tramos, ha empezado a caerse. Probablemente, la humedad está generando consecuencias, pero bajo ningún concepto puede permitirse que se arruine uno de los mayores aportes al arte público en la ciudad.
La ideología no puede anteponerse a la ley, a los requisitos mínimos de seguridad, a la búsqueda de una sociedad donde impere el orden y la sensatez, el respeto a la vida del prójimo antes que un discurso político.
Si vamos a desconocer cada acto de una autoridad dentro del marco de la ley o al revés, si vamos a darle legitimidad a actos flagrantemente delictuosos como el golpe de estado de Castillo, pues no tenemos futuro como sociedad ni menos aún, como nación.
Tenemos el deber de encontrar un punto de encuentro, dejar el figuretismo para lograr unos cuantos seguidores más y tener la madurez para tomar un poco de aire antes de vomitar fuego por las redes, ya que lo único que genera es enfrentar más a los peruanos y empujarlos, aún más, a los extremos.
Eso no lo entiende cierta derecha que cree que no hay nada que recordar, que lo que aconteció entre 1980 y el 2000 fue simplemente terrorismo (es claro el porqué del fetichismo político detrás de este subrayado), y que la sociedad y el Estado reaccionaron como correspondía, sin mácula ni actos cuestionables.
Hay que defender el LUM y exigir su inmediata reapertura. Un alcalde reaccionario no puede borrar de un plumazo el esfuerzo de todo un país por hacer de la memoria un factor relevante en la construcción de la democracia que queremos para las siguientes generaciones.
El horizonte se ve negro para la reforma universitaria. ¿Es posible hacer alguna reforma en Perú? La Fiscalía en Sarratea. ¡Y «dónde está mi mamá» de Miraflores!
El disclaimer por delante: la víctima de esta denuncia es mi tía. Pero no es solo mi tía. Nila Soledad Llatas Arteaga es una persona de 67 años que ha sobrevivido a un trasplante de hígado y a un cáncer a la tiroides. Hoy debe afrontar el costo de 14 medicamentos y pagar puntualmente la hipoteca de un departamento en Miraflores que, para su desgracia, le alquiló a una morosa de lo más conchuda.
Blanca María Mercedes Figari Mendoza es el nombre de la inquilina que no ha pagado US$13.500 en renta y, según consta en denuncias policiales, exhibe a su perro cada vez que sus arrendadores llegan a cobrarle. Mercedes −el nombre que usa en su página de Facebook− alquiló hace más de dos años el departamento 107 del Pasaje Los Pinos 156 que Llatas Arteaga había comprado con la esperanza de tener ingresos para su vejez. Hoy podría usarlos para costear el tratamiento derivado de sus dolencias previas.
El inmueble queda en el edificio que está encima de la conocida discoteca ValeTodo DownTown, en Miraflores, el negocio de la familia de los Achuy. De hecho, otro moroso en el bloque es esta discoteca, reconvertida por pandemia en un minimarket homónimo. Según datos de la administración, debía 15 meses de mantenimiento a agosto, lo que equivale a S/22.890.
La cifra es ligeramente menor a los S/24.200 que su gerenta general, Claudia Achuy, desembolsó a Fuerza Popular para pagar las solicitudes de nulidad de los votos de Perú Libre en la segunda vuelta, según El Comercio. Y es ampliamente menor que los S/60.500 que aportó al mismo partido el padre de esta, Jesús Achuy, con el mismo objetivo. ¿Combatir al comunismo en vez de pagar las deudas?
UNA VIDA FALSA
Al inicio todo transcurrió con normalidad para Soledad Llatas: Mercedes Figari ocupaba el inmueble y le pagaba por ello US$500 mensuales. Algo coherente con el discurso de una persona respetuosa de la propiedad privada, que recientemente se mostró muy preocupada en sus redes sociales por la inminente ‘llegada del comunismo al país’. En julio del 2019, sin embargo, dejó de desembolsar: mucho antes de la pandemia, la crisis y el gobierno de izquierda. Hoy acumula 27 meses sin depositar un solo centavo de renta. El doble que Don Ramón.
Y lo que es peor: desde hace 15 meses, tampoco paga los servicios de mantenimiento del edificio.
Mercedes Figari en su página de Facebook, donde hace cinco meses publicaba preocupados posts sobre la llegada del comunismo al país.
Figari Mendoza hoy habita un departamento de 60 m2 en una zona ‘turística’ y lo hace prácticamente gratis. Sí paga algunos servicios, como la luz, para que no se la corten. Una vida falsa, pero suficiente para aparentar. Cuando Sudaca se acercó a la vivienda para pedirle descargos, la mujer amenazó con llamar a la Policía desde el otro lado de la mirilla. No dio la cara. La puerta del inmueble está roída y sucia.
Mercedes Figari tiene 62 años y, al menos hasta el año pasado, vivía allí junto a su hija, Fiorella Guerra, de 25. En el 2015, esta última fue noticia en las secciones de farándula de los diarios locales por haberse vinculado con el ‘guerrero’ Patricio Parodi. En su página de Instagram dice ser una ‘artista de maquillaje’ (“makeup artist”) y, además, administra dos emprendimientos de repostería. Tiene más de 26.000 seguidores y un incipiente club de fans.
Su madre, la morosa, publicita un negocio de venta de comida en su página de Facebook. Se especializa −aunque no únicamente− en la entrega de pastas y lasañas. Este medio también intentó contactarla al número que lista para tomar los pedidos, pero nos bloqueó inmediatamente.
No sabemos cuánto factura, pero sí que no usa nada de ese dinero para pagar por el espacio donde vive. Y tampoco está dispuesta a dejar su vida miraflorina, pues se niega a abandonar el inmueble pese a las dos cartas notariales que ha recibido y que pudimos revisar.
En el paquidérmico sistema judicial, la demanda de desalojo que le ha entablado Llatas Arteaga −junto a su esposo, el exdiputado de izquierda y excandidato al Congreso por Perú Libre, Manuel Benza− recién ha sido admitida el 5 de marzo de este año. Fue presentada el 10 de diciembre del año pasado. Falta todavía un lento proceso por delante.
La página de Instagram de la micro-influencer Fiorella Guerra, la hija de Mercedes Figari que también ha habitado gratis el departamento de Soledad Llatas.
EL MALTRATO
Mercedes Figari no es muy querida por quienes la conocen en la zona. Sudaca conversó con el presidente de la Junta de Propietarios del edificio, Ramón Olcese, quien confirmó −más que contento− los datos sobre ella consignados en este artículo. Aseguró que a la señora ya le han requerido el pago del mantenimiento de todas las formas posibles, pero que ella se ha limitado a responder que no pagará. Ello −dice Olcese−, pese a que usa los servicios del edificio.
Pero sobre Mercedes Figari hay más. No solo no paga, sino que también trataría mal a quien se le cruza. Sudaca conversó con un vecino del edificio, que reside en el mismo piso que la señora y rogó por anonimato para no tener más problemas con ella. El hombre cuenta que ha tenido dos altercados con la inquilina morosa al momento de usar el ascensor, porque ella quiere subir o bajar sola pero demanda hacerlo antes de quienes están esperando. La conchudez hecha persona.
Además, dos porteros contaron a este medio que Mercedes Figari ha tratado mal al personal del edificio. Especialmente a uno, cuyo nombre mantendremos en reserva para evitar que lo despidan. Las fuentes manifiestan que lo trató con prepotencia y altanería, luego de ordenarle remover a unos jóvenes que estaban fumando al aire libre, afuera del lobby del inmueble. El portero no habría logrado hacerlo.
UN INFIERNO FINANCIERO
A Soledad Llatas le llegó hace poco una carta fechada en abril de la Junta de Propietarios del edificio. La firma su presidente, Ramón Olcese, y dice que procederán a cobrarle judicialmente los meses de mantenimiento (S/2.673 hasta agosto) que debe su inquilina. Pese a que según el contrato esta debe pagarlo, por ser la dueña Llatas Arteaga aparece como la deudora oficial.
El rol de morosos por mantenimiento del edificio consigna el nombre de Soledad Llatas, por ser la propietaria oficial del departamento, pese a que quien debería pagar es Mercedes Figari. También aparece la «discoteca local», que es la reconvertida Downtown, el negocio de los Achuy.
¿El problema? Que ella no solo no recibe un sol por su inmueble hace más de 2 años, sino que además sigue pagando la hipoteca mensual −de US$180− que debería descontarse de la mensualidad. Con lo restante, la jubilada planeaba pagar gastos derivados de su tratamiento como trasplantada del hígado.
Por ejemplo: debe tomar de forma regular el escaso medicamento inmunosupresor Everolimus, para que su cuerpo no rechace el nuevo órgano. Al estar inmunosuprimida, sin embargo, se convirtió en una persona de altísimo riesgo frente a Covid-19, lo que la obligaba a sumar gastos adicionales durante la pandemia. Por primera vez durante esta, pudo recoger Everolimus con su seguro social en octubre. Antes tuvo que comprarlo. En total, toma 14 medicinas.
“Imagínense, una señora de la tercera edad como yo compra un departamento con los ahorros de su trabajo de varias décadas en el Congreso con la esperanza de tener una vejez tranquila. Pero he tenido que cruzarme con esta señora que se niega a pagar y no deja mi departamento. Es un descaro”, dice Llatas a Sudaca.
Sudaca intentó contactarse de todas las formas posibles con Mercedes Figari, pero evitó con igual insistencia declarar. Sin embargo, a Soledad Llatas le ha dado antes el argumento de que ella no es la dueña del inmueble. Ello en atención a una disputa judicial sobre la propiedad del mismo −que sería motivo de otro artículo− que Llatas ha ganado en primera instancia.
Sudaca también buscó la versión de Downtown Market en el local. Un representante aseguró haber hablado con la dueña y que esta se comunicaría con nosotros para dar descargos. No lo hizo al cierre de esta edición.
Después de jubilarse, Soledad Llatas vive pagando un departamento −con temor a que si deja de hacerlo, el banco la embargue− que disfruta otra persona. Ya ni siquiera espera que le paguen lo adeudado, sino que solo pide que la inquilina morosa desaloje pronto para poder alquilar de nuevo el lugar. Solo quiere que esto deje de ser un calvario.
