políticas públicas

[AGENDA PAÍS] Hace poco, en una amena reunión social, uno de los asistentes recibió unos documentos relacionados con una infracción de tránsito en la Panamericana Sur.

Habiendo ya pasado varios procesos, sin respuesta a las autoridades ni pago de la multa por exceso de velocidad (el vehículo iba a más de 130 km/h cuando el límite era de 100 km/h), el caso había pasado a ejecución coactiva. Pequeño problemita.

La primera reacción fue de rebeldía, casi de ofensa, un cachetadón a nuestro bolsillo y a nuestra dignidad de intrépidos pilotos. Luego siguieron las sugerencias, como la del “no pagues que no pasa nada”, comentario que empezaba a generar entusiasmo el cual fue complementado por un comentario adicional de que en 4 años las multas prescribirían.

Luego de ver la foto adjunta al documento, donde se reconoce al vehículo y a un sonriente conductor, las siguientes reacciones fueron de una rebeldía distinta, que la velocidad permitida es muy baja (con lo cual coincido), que debería de haber una tolerancia (bueno de 100 km/h a 130 km/h difícil pero un 5% podría ser) o incluso alguien se animó a decir que recién pagaría una multa a partir de los 150 km/h.

Me atreví entonces a hacer un comentario nada inocente y quizá, poco pertinente para la ocasión. Aunque coincidía con algunos de los argumentos expuestos, argumenté que, si queremos construir de verdad una nación con valores deberíamos respetar la ley nos guste o no. La otra opción es buscar los mecanismos para poder proponer modificaciones, así se adaptan las leyes en beneficio de la sociedad y no solamente de unos pocos.

El cargamontón fue fenomenal, mi posición era ampliamente minoritaria. Felizmente nos conocemos hace tiempo, saben que me gusta provocar con el objetivo de buscar una reflexión, fuera del bosque, ya que lamentablemente nos hemos acostumbrado en el Perú a hacer lo que nos da la gana.

La ley de la selva en la cual vivimos no nos permite salir del subdesarrollo social que sigue generando brechas enormes, incentiva la informalidad y la corrupción a todo nivel, y agrega fuego al sentimiento de injusticia social que puede generar mayores desbordes violentos de los que ya hemos tenido.

Actuemos con el ejemplo. No porque muchos no cumplen la ley tenemos que actuar igual.

Es tarea de todos, pero principalmente de nuestras autoridades públicas, el implementar de una vez el curso de educación cívica y ser implacables con la corrupción, para que se escuchen las demandas de la ciudadanía y se sigan las recomendaciones de la OCDE para hacer políticas públicas que generen bienestar.

Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos también el deber de colaborar activamente en una visión de país con valores y no ponernos al margen, en el mundo de la indiferencia y de la amoralidad.

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Y Tudela tiene razón. Sin embargo, estas no son malas ideas sobre las cuales construir políticas públicas. En corto, el relativismo implica considerar que lo bueno y lo malo depende del contexto, que no hay verdades absolutas; por ejemplo, “matar es malo, a menos sea la única manera de detener a una persona de matar a otra”. Por otro lado, el utilitarismo es diferenciar el bien y del mal en base a las consecuencias, es buscar qué beneficia a la mayor cantidad de personas; por ejemplo, un seguro universal público de salud es resultado del utilitarismo en políticas públicas.

Lejos de ser un enemigo de la razón, el utilitarismo -el enfoque en las consecuencias- es el motor de un centro convincente. Pero para que además de convincente sea popular, necesita encontrar una agenda de políticas públicas construida en base a acciones que sean más útiles para más personas. Necesita estudiar el alcance del impacto de implementarlas. Necesita estudiar a las personas antes de hacer propuestas. Necesita recoger información y calibrar discursos en base a insights de los ciudadanos y sus dificultades. Por supuesto que además de esto, necesita estudiar la experiencia de otros países, leerse cuanto paper de evaluación de impacto encuentre, diseñar pilotos y recoger líneas de base. Es fácil sonar como que sabes de lo que hablas, lo difícil es realmente saber de lo que hablas.

No es un trabajo fácil, si lo fuera lo harían los extremos. Pues vemos que la alternativa a este enfoque en consecuencias es construir discursos en base a las emociones más visibles desde la superficie; como la xenofobia, homofobia, la mano dura y la división entre grupos. La política peruana se merece más que ese trabajo flojo que siempre termina en promesas incumplibles. Nos merecemos un centro que rompa el ciclo político de empeorarlo todo.

Si un político hace el trabajo de entender de verdad a las personas y las consecuencias de las decisiones que toma, será bien difícil que convenzan a la gente que es un ocioso vividor.

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En cuanto a la balanza de pagos, al primer trimestre de 2022 la cuenta corriente presentó un déficit equivalente al 3,2% del PBI. Se espera que al cierre de este año dicha cifra alcance el 3,4% del PBI, superior a la cifra presentada en 2021 (2,3% del PBI). Esto se debería principalmente al aumento de las importaciones, la ampliación del déficit por servicios y los mayores pagos de utilidades a empresas con inversión extranjera directa en el Perú[1].

Aunado a estos temas, resulta importante evaluar los aspectos institucionales de los actores involucrados en la política macroeconómica en aras de proponer medidas para fortalecer su institucionalidad política y gobernanza. Para tales efectos, resaltan propuestas como renovar el directorio del BCRP de manera escalonada para brindar una mayor autonomía a la institución. Esto permitiría (i) que los directores del BCRP asuman sus cargos sin presión política al evitar que sus nombramientos coincidan con un nuevo periodo presidencial, y (ii) garantizar un adecuado relevo al haber una transferencia de conocimientos apropiada entre los antiguos y nuevos directores[2]. Además, sofisticar el Marco Macroeconómico Multianual, que es una herramienta importante para generar credibilidad al MEF, de modo que presente proyecciones de gasto por funciones con el objetivo de mejorar su composición en el tiempo. Finalmente, asignar un pliego presupuestal al Consejo Fiscal para fortalecer su autonomía.

La lenta recuperación de los mercados laborales, la desaceleración económica y la mayor inflación aumentarán la pobreza y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en 2022[3]. En este contexto, se requiere resguardar y sostener los determinantes de nuestra estabilidad macroeconómica con el objetivo de evitar una reducción significativa de nuestros niveles de competitividad y productividad que afecten nuestro crecimiento de mediano y largo plazo.


[1] WEF. (2019). The Global Competitiveness Report 2019.

[2] Le Fort Varela, G., Gallardo, B. y Bustamante, F. (2020). Estabilidad macroeconómica y crecimiento económico: mitos y realidades. https://www.cepal.org/es/publicaciones/45956-estabilidad-macroeconomicacrecimiento-

economico-mitos-realidades

[3] Para mayor información ver columna “Un país sin brújula en la lucha contra la informalidad”. https://sudaca.pe/noticia/opinion/rocio-medina-polar-informalidad-consejo-privado-de-competitividad-un-pais-sin-brujula-en-la-lucha-contra-la-informalidad/

[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación. Junio 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023.

[5] BCRP. (2022). Índice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) – IPC.

[6] El rango meta de inflación del BCRP corresponde a 1%-3%.

[7] En julio de 1997 se presentó una cifra similar que ascendió a 8,9% durante el proceso de descenso de la hiperinflación de fines de la década de 1980.

[8] The Economist. (2022). People’s inflation expectations are rising and will be hard to bring down.

[9] BCRP. (2022). Reporte de inflación. Junio 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023.

[10] Proyecto de Ley 922/2016-CR

[11] CEPAL. (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?

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