Política

Así de ridículo suena y así de grave es la situación de nuestro país.

En la historia reciente del Perú, desde que regresamos a la democracia en 1980 e incluso un poco antes con la Constituyente del ‘78/’79, el ejercicio de la política estaba limitado a los partidos políticos y a sus representantes tanto en el poder ejecutivo como en los gobiernos locales y a la academia.

En ese entonces, los medios se limitaban en sus noticieros a informar sobre los acontecimientos nacionales y mundiales, incluyendo en su programación espacios políticos, deportivos, de espectáculos y las siempre vistas telenovelas. El poder judicial, siempre con sus cuestionamientos de probidad, aplicaba la ley sin hacer notar una preferencia política, al menos, de manera pública. De los fiscales y procuradores, ni sabíamos quiénes eran.

Cuando Alberto Fujimori se convierte en presidente del Perú en 1990 y para, desde su punto de vista, combatir al terrorismo y la hiperinflación, y luego, mantenerse en el poder, es que comienza la politización de la política, que como bien lo define la Real Academia de la Lengua Española significa, en su primera acepción, es :  “ Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen.”

En la década de los 90’s la política entró en el Ministerio Público con aquella vocecita casi imperceptible y celestial de la fiscal Blanca Nélida Colán que terminó presa, el recién formado Tribunal Constitucional que se armó a la medida del régimen fujimorista y con Vladimiro Montesinos que cerró el círculo comprando al poder judicial y a los medios de comunicación. 

Han pasado más de 23 años desde que renuncia Fujimori y llega Toledo luego de la transición con Paniagua, y la verdad, estamos peor que antes.

La política está ahora en todas partes, incluso en aquellos lugares e instituciones donde no debería estar.

Los fiscales son ahora vedettes que salen a declarar a medios afines y se despachan a diestra y siniestra sin ninguna vergüenza ni ética profesional de guardar reserva en sus investigaciones. Ya no tienen sangre en la cara para expresar condenas a colegas o incluso dejar entrever sus preferencias políticas. La guerra del trono actual por el control de la fiscalía es un claro ejemplo de ello.

La Junta Nacional de Justica, creada políticamente por Martín Vizcarra, tiene el desparpajo de emitir opiniones ex ante como en el caso de la fiscal Zoraida Avalos y de establecer un procedimiento ad-hoc para destituir a la fiscal de la nación Patricia Benavides, con cronometrada coordinación con cierta prensa cómplice.

Tenemos jueces que dan cautelares como el árbitro argentino Javier Castrilli sacaba tarjetas rojas, permitiendo el enfrentamiento de competencias entre instituciones cuando el Tribunal Constitucional ya tiene este tema oleado y sacramentado.

Que los medios tengan sus programas políticos, por supuesto, y que sus conductores tengan afinidad con ciertas ideologías está bien, para eso son programas políticos. Pero cuando la ideología o los intereses de los propietarios de esos medios son también llevados al resto de su programación como noticieros y espectáculos, se está dando contenido político a entornos que no deberían tenerlos. Politizando la política.

La política debería estar concentrada, primariamente, en aquellas instituciones donde los funcionarios son electos por voto popular y a esto me refiero a partidos políticos, poder ejecutivo, gobiernos locales y congreso. Como ciudadanos, ya sea de manera colegiada o individual, también podemos y debemos ejercer política constructiva que sea alimento de los partidos políticos y de los funcionarios electos.

Pero el resto de las instituciones deben regresar a su esencia y trabajar no en función de intereses mercantilistas o ideológicos, sino en función del bienestar de los ciudadanos. 

Basta de fiscales vedettes y magistrados en la televisión, basta de periodistas que fungen de voceros de fiscales en base a posiciones ideológicas, basta de noticieros que chancan día a día y sistemáticamente la labor del congreso cuando deberían individualizar responsabilidades. Basta de doble raseros fiscales como el allanamiento a Juan Carlos Tafur que dignamente responde de inmediato a las preguntas mientras que cuando se allana a Gorriti, éste agarra el celular y llama al fiscal Pablo Sánchez para que le paren el procedimiento.

Si no detenemos esta vorágine de abusos y de enfrentamientos sin pensar en el bien común, y siendo laxos con amenazas latentes como la de Antauro Humala, ya atenuada por algunos periodistas que dicen que será controlado por el congreso o por políticos como Marisol Perez-Tello que ante un escenario Keiko-Antauro en la segunda vuelta votaría en blanco, pues vamos directo hacia la autodestrucción.

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“Mediocracia: Cuando los mediocres llegan al poder”, de Alain Deneault, es un lúcido análisis que desentraña cómo la mediocridad se ha infiltrado en las esferas de poder de la sociedad contemporánea. Deneault expone cómo los mediocres no solo ocupan posiciones de liderazgo, sino que también moldean y perpetúan un sistema que premia la mediocridad en detrimento de la excelencia y el mérito. Además, precisa la relación entre la «mediocracia» y los medios de comunicación.

¿Cómo se manifiesta esta «mediocracia» mediática? En una serie de prácticas que socavan la integridad del periodismo y debilitan el debate público. El sensacionalismo y la banalidad reinan en la mayoría de los medios, donde el contenido escandaloso y superficial eclipsa las noticias relevantes y los análisis profundos. La falta de crítica y análisis serios del poder contribuye a la perpetuación de la mediocridad en la esfera política y social. Además, los medios celebran y exaltan a figuras mediocres como políticos sin ideas, alimentando una cultura que valora lo banal sobre lo significativo.

De igual modo, el discurso vacío y carente de contenido que caracteriza a muchos medios solo empeora las cosas, mientras que la falta de diversidad de voces limita la pluralidad de ideas y perspectivas en el espacio público. Las consecuencias de esta «mediocracia» mediática son profundas y preocupantes: desinformación, manipulación, apatía política y un debate público empobrecido que prioriza los ataques personales sobre el diálogo constructivo. Al respecto, cualquier parecido con la realidad, la nuestra, no es pura casualidad.

Por el contrario, en nuestro caso, medios de comunicación independientes o programas periodísticos como Bunker, Epicentro.TV, La Encerrona, A pensar más con Rosa María Palacios, Ojo Público, El Foco, Wayka, IDL-Reporteros, Sudaca, IDL-Radio, entre otros, ofrecen un periodismo de calidad, serio y comprometido. Los ataques a estos medios y programas por parte de la “mediocracia” política no son fortuitos; responden a razones concretas que reflejan sus intereses y estrategias.

En primer lugar, los mediocres buscan desacreditar a los medios para evitar la fiscalización de sus acciones y el escrutinio público sobre su gestión. Al difamar a los medios intentan socavar su credibilidad y legitimidad, debilitando así su capacidad para exponer la corrupción y la ineptitud. Además, los mediocres ven a los medios independientes y críticos como una amenaza a su dominio, ya que estos pueden desafiar su narrativa oficial y ofrecer una visión alternativa de la realidad. Por lo tanto, los ataques a los medios son una estrategia para mantener su poder y perpetuar la mediocridad en la sociedad.

Ante este panorama desolador, ¿qué podemos hacer para combatir la “mediocracia” en la política y en los medios de comunicación? Deneault ofrece algunas sugerencias valiosas. Es crucial apoyar a los medios independientes que no están sujetos a presiones políticas o comerciales; promover la educación mediática para fomentar la capacidad crítica de la ciudadanía; y trabajar en la creación de nuevos espacios de comunicación alternativos que promuevan perspectivas críticas y diversas. Solo así podremos construir una sociedad más informada, crítica y participativa, capaz de resistir los embates de la mediocracia política y mediática; y avanzar hacia un futuro donde la excelencia y la calidad sean los pilares de nuestra vida pública y democrática. La batalla está en nuestras manos. ¿Estamos listos para librarla?

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Estoy siguiendo de cerca lo que pasa en Argentina. En realidad, escribí sobre la crisis económica de este querido y entrañable país sudamericano antes del “fenómeno” Javier Milei. Lo que señalé entonces es que los peruanos, para ordenar nuestra economía en la década de 1990, tuvimos que pasar por el shock y reducción del Estado emprendidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Indiqué entonces mi alta valoración del conjunto de la sociedad que supo comprender que, tal mal como andaban nuestras finanzas, había que hacer enormes sacrificios para salir adelante. Tres años después, en 1993, comenzaron recién a apreciarse los resultados, la inflación había sido controlada, la venta de empresas estatales había dotado al gobierno de reservas que invertía en programas sociales y el Perú, tras décadas de crisis, volvía a respirar. 

He apoyado y apoyo, en líneas generales, las reformas económicas planteadas por Javier Milei por razones análogas. Argentina se acostumbró a vivir gastando más de lo tiene, con un Estado que brinda servicios maravillosos que es incapaz de costear, por eso no hay reservas, por eso hay déficit fiscal, por eso hay inflación, devaluación de la moneda, dolarización de la economía. Por eso los argentinos son pobres en un país rico, por intentar lo imposible: vivir por encima de sus posibilidades, puro populismo para contentar a masas que, al final, son las que sufren las consecuencias. 

Luego, soy políticamente opositor al fujimorismo porque soy un demócrata. Para mi el golpe del 5 abril de 1992, como atentado contra la institucionalidad y la clase política entonces existente -buena o mala pero allí estaba- me resulta imperdonable, máxime porque, como sabemos, el GEIN ya estaba tras los pasos de la cúpula de Sendero Luminoso. Su caída era cuestión de tiempo y con esto no voy a entrar en la discusión de quien acabó con el terrorismo. Lo que señalo es que el sacrificio de la democracia nunca debió ser parte de la solución a la violencia política, de hecho no lo fue. 

Mi opinión no es mejor ni peor que la de nadie, pero quizá me ayude ser historiador y docente. Ello me obliga a enseñar, entre otras cosas, diferentes gobiernos o procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva política, económica y social. Cuando hablo de Augusto B. Leguía debo resaltar su moderno concepto de Estado, el que desarrolló hasta donde pudo, pero también debo subrayar su carácter autoritario y su absoluta dependencia, no solo económica, sino también política, frente a los Estados Unidos de América. 

¿Entonces qué? ¿Soy un tibio por no sumarme a uno de los extremos que hoy rigen la política peruana, latinoamericana y mundial? ¿Debería escoger un bando y, desde él, ensalzar a los propios y denostar a los extraños? ¿A este esquema tan pernicioso debemos reducirlo todo? ¿tan rápido olvidamos los claroscuros de la democracia, del análisis político y de la búsqueda de consensos?

Perdón, pero abdico. Abdico de sumirme al maniqueísmo contemporáneo y me reafirmo en mis valores que colocan por delante la tolerancia, el republicanismo, los derechos fundamentales y la democracia como sistema de encuentro, de igualdad de oportunidades y principalmente de diálogo. Creo en el universo abierto, así lo llamó alguna vez Karl Popper, creo en que hay que evaluar cada cosa de acuerdo con su naturaleza, creo que la teoría debe adecuarse a la realidad y no a la inversa, y creo en la justicia, en mi justicia, si es que existe alguna y, lo más importante, no creo en verdades absolutas. 

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[CIUDADANO DE A PIE] El XIX Encuentro Internacional de Periodistas, llevado a cabo a inicios de este mes en la ciudad mexicana de Guadalajara, tuvo como invitado a Pablo Iglesias Turrión. Politólogo, fundador de Podemos, exvicepresidente del Gobierno de España y actualmente periodista en medios digitales, Iglesias tuvo a su cargo la conferencia titulada “La delgada línea entre el periodismo y la política.” Su experiencia en movimientos sociales e instituciones democráticas, así como el hecho de haber sido el blanco de una intensa campaña de lawfare, permitieron a Iglesias abordar este complejo tema con un enfoque perspicaz e incisivo, el cual nos ha servido como punto de partida para hacer algunas breves reflexiones sobre el periodismo político en nuestro país.

El periodismo como política 

El desprestigio mundial que sufre la política ha alcanzado niveles paroxísticos en el Perú, donde el sistema democrático representativo atraviesa una profunda crisis causada, como ya ha sido dicho tantas veces, por la ausencia de partidos políticos dignos de ese nombre. Esta carencia se hace particularmente evidente en el paupérrimo nivel moral e intelectual de la mayoría de nuestros congresistas, incapaces como son de articular un discurso propositivo y medianamente coherente. Es en estas condiciones de dolorosa ausencia de liderazgos, que adquiere especial relevancia la observación que hace Pablo Iglesias sobre el nuevo rol que han adquirido los periodistas, en tanto que verdaderos actores políticos e ideológicos en nuestras sociedades. Son ellos quienes, con sus formas de jerarquizar, abordar y analizar la actualidad nacional e internacional, van modelando la opinión pública según sus propias convicciones, motivaciones e intereses. No creemos que exista actualmente un personaje político en nuestro país, cuyas opiniones puedan atraer más la atención que las de un Marco Sifuentes en “La Encerrona” o las de un César Hildebrandt en “Hildebrandt en sus trece”. “La gente ya no milita en los partidos políticos, sino en los medios de comunicación, y no existe proceso político trascendente sin ellos. El poder mediático es el poder político fundamental en sociedades en las que se deja a la gente votar”, afirmó enfático Iglesias.

Medios de comunicación y calidad democrática

El derecho ciudadano a la información veraz sobre los hechos de relevancia pública es, al mismo título que la libertad de expresión y de opinión, pilar fundamental que sustenta el buen funcionamiento de la democracia, de ahí su reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A este respecto, Iglesias plantea dos preguntas muy pertinentes que tocan a la propiedad de los medios de comunicación: ¿Es posible que el periodismo asuma la función democrática que le corresponde, si grandes empresas con intereses económicos particulares, son las propietarias de lo que pueden ver, leer y oír los ciudadanos? Y ¿Tiene protección el periodismo independiente cuando los medios pertenecen a empresas privadas? La recientemente defenestrada periodista Juliana Oxenford podría, sin lugar a duda, responder apropiadamente a estas preguntas, de las que en última instancia, depende la calidad democrática de un país como el nuestro.

El paradigma Fox de los hechos alternativos

En su conferencia, Pablo iglesias hizo referencia a lo que él ha denominado “el paradigma Fox de los hechos alternativos” que recibe su nombre de la cadena norteamericana de noticias Fox, condenada a pagar 787,5 millones de dólares por propagar falsedades en torno a las elecciones presidenciales norteamericanas del 2020. Este paradigma periodístico tiene dos componentes: la legitimación de la mentira informativa con fines políticos, y la relativización de la verdad, consistente en dar versiones diferentes y hasta contradictorias sobre un mismo asunto, con el objetivo de que la gente tenga muchas dificultades para conocer la verdad. Periodismo no es, como afirma el politólogo español, “contar que alguien dice que llueve y que alguien dice que hace sol, sino abrir las ventanas y comprobarlo.” Ambos procederes pueden ser detectados en los medios de comunicación de nuestro país, los que en su inmensa mayoría defienden posiciones de derecha neoliberal. Así por ejemplo, en la portada del último jueves 21 de diciembre, el diario Perú 21 publicó en su portada el siguiente titular: “Fracasó paro contra Milei. Rígido protocolo de seguridad evitó bloqueos y actos de vandalismo de grupos de izquierda.” La realidad es que para ese día en Argentina, no se había convocado ningún paro (por lo que mal podría haber fracasado), sino que se trataba de la marcha trotskista anual conmemorativa -que suele convocar un número modesto de participantes- de las movilizaciones del 2001, que significaron la caída del fracasado gobierno derechista presidido por Fernando de la Rúa. En cuanto al controvertido (por ilegal) “Protocolo de seguridad” de la ministra Bullrich, ese mismo día por la noche, no pudo impedir la movilización de decenas de miles de ciudadanos de todas las tendencias políticas, que llenaron las calles en protesta contra las medidas económicas de Milei, medidas por cierto, muy del agrado, tanto de la línea editorial de Perú 21, como del resto de la prensa concentrada.

La relativización de la verdad es un método más sinuoso y no siempre fácil de detectar. El diario “progresista” La República, cuenta en su plantel de periodistas con dos connotados defensores del neoliberalismo: Rosa María Palacios y Augusto Álvarez-Rodrich, quienes disponen de espacios de opinión en este medio “muy de izquierda” (Palacios dixit) con el que ya quisieran contar personalidades de esa tendencia política. Ambos despliegan lo que bien podría calificarse como una estrategia de “hechos alternativos”. Así, mientras RMP defendía el derecho a la protesta y lamentaba las muertes extrajudiciales ocurridas durante las movilizaciones sociales en el sur del país, AAR abundaba en la tesis gobiernista -sin pruebas hasta el día de hoy- de que las mismas eran instigadas por grupos delincuenciales y extremistas aunadas a oscuras fuerzas foráneas de inspiración izquierdista, lo que desgraciadamente no podía sino justificar indirectamente su brutal represión. Al tiempo que RMP abogaba por un adelanto de elecciones como único medio para superar la crisis, AAR criticaba las marchas en pro de la renuncia de Dina Boluarte, asegurando que estas deberían exigir únicamente el cambio de algunos ministros. Cuando el pasado noviembre, RMP criticó duramente la afirmación de Dina Boluarte de que el Perú “estaba en calma y paz” recordándole la responsabilidad de su gobierno en 49 muertes extrajudiciales y los graves problemas de seguridad ciudadana existentes, el buen AAR afirmaba que Boluarte en el fondo tenía razón. Todo esto podría bien atribuirse al sano derecho de opinión y discrepancia, pero en todo caso, menudo problema habrán tenido los seguidores de ese medio de comunicación, para saber de qué lado se encontraba la verdad, y más aún para  entender cuál es su línea editorial… si es que tiene alguna. Hay algo en lo que RMP y AAR coinciden plenamente, aunque discrepen en ello con el 88% de los peruanos: mantener intocable la Constitución neoliberal de 1993 ¿Sorprende eso a alguién?

¡Feliz 2024!

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[CIUDADANO DE A PIE] El primer discurso del flamante Presidente de la República Federal Argentina, Javier Milei, ha abundado en los tópicos libertarios acostumbrados, pero acompañados esta vez y como era de esperarse de los argumentos, verdaderos o no, que pudieran justificar ante los ojos de su nación la aplicación de las durísimas medidas económicas que se estaban preparando. Para este efecto, y como preludio del ajuste y shock que su gobierno ha puesto ya en marcha sin ninguna “sensiblería progresista”, Milei se ha referido a una inexistente inflación anual del quince mil por ciento y a una supuesta estanflación (estancamiento económico más inflación) que la Argentina vendría padeciendo desde hace una década. Pero lo que más ha llamado la atención de su discurso, ha sido la total ausencia de la palabra que hizo su fortuna política. En efecto, a todo lo largo de sus apariciones mediáticas y mítines, Milei se presentó siempre a sí mismo como un enemigo acérrimo de la “Casta”, y al calor del estribillo ¡La Casta tiene miedo! coreado por sus fervorosos seguidores, prometió solemnemente acabar con ella. ¿Qué explica entonces esta notoria ausencia? Para responder adecuadamente a esta pregunta, analicemos primero los significados que “Casta” posee en términos políticos.

Casta a la italiana

La grave crisis mundial capitalista del año 2007 golpeaba inmisericorde a la sociedad italiana, cuando la aparición del libro “La Casta. Así es como los políticos italianos se han vuelto intocables.”, escrito por los periodistas Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, puso los reflectores de la opinión pública sobre una corrompida clase política que, lejos de interesarse en las urgentes necesidades de los ciudadanos, disfrutaba de un escandaloso tren de vida gracias a sus turbias relaciones con los grupos de poder económico. Este título no era fortuito, pues evocaba directamente el término con el que dos intelectuales italianos de fines del siglo XIX, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, utilizaron para describir a los miembros de una minoría social organizada que, gracias a una supuesta superioridad moral e intelectual, estaban en condiciones de monopolizar el poder a través del ejercicio de los altos cargos del Estado y disfrutar sin límites de todos los privilegios y ventajas inherentes a su posición. Este afortunado grupo social fue bautizado entonces como “la Casta”. Un siglo después, en 1992, la operación “Manos Limpias” llevada a cabo por fiscales de Milán, y que llevó a prisión a cientos de políticos y empresarios implicados en el pago de millonarias coimas para la adjudicación de obras públicas, mostró claramente el nivel de corrupción que la clase política había alcanzado. Por desgracia, algún tiempo después, el mafioso y recientemente fallecido Silvio Berlusconi, impulsó desde el gobierno el llamado “decreto salva-ladrones”, que excluía de la pena de cárcel los delitos de soborno, fraude, abuso de poder y financiación ilegal, debilitando significativamente la lucha contra la corrupción. Rizzo y Stella no hicieron sino reavivar el profundo malestar de la sociedad frente a los privilegios y corruptelas de una clase política al servicio de turbios intereses empresariales, y a partir de ese momento “Casta” terminó incorporándose al lenguaje cotidiano.

Casta, prensa y poder judicial

¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la clase política, están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios? Para responder a esta lacerante interrogante autoimpuesta, el periodista Daniel Montero publicó en 2010 “La casta: el increíble chollo (ganga) de ser político en España”, una adaptación del libro escrito por Rizzo y Stella a las realidades de una España que vivía su propia crisis económica bajo el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. Como consecuencia de esta crisis, el 15 de mayo del 2011 se desató un movimiento de protestas pacíficas en toda España -conocida como “Movimiento de los indignados” o del “15-M”- que bajo el lema “Democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, buscaba promover una participación directa de la ciudadanía mediante un estilo asambleario. Fruto de esta movilización social surgió “Podemos”, una agrupación que, descartando la clásica división de la política en izquierda-derecha, adoptó un eje de confrontación los de arriba versus los de abajo, o como se repitió mucho entonces “la Casta contra los nadie”. Este nuevo planteamiento tuvo mucho éxito y Podemos no solo canceló el tradicional bipartidismo español PP/PSOE, del que los grupos de poder económico se habían servido por décadas para imponer sus intereses, sino llegó a formar parte del gobierno entre el 2019 y el 2023, impulsando importantes medidas de carácter social. Como era de esperarse la Casta española, definida por el politólogo Manuel Monereo como una “trama organizada de poderes económicos, políticos y mediáticos que hace de la corrupción un componente estructural del sistema político”, ha hecho uso de todos sus recursos para debilitar la agrupación, cosa que por cierto ha conseguido en buena medida, gracias a incesantes campañas periodísticas difamatorias, a las que se sumaron delirantes causas judiciales a cargo de jueces afines a la derecha y que terminan por archivarse debido a su absoluta falta de sustento.

En Argentina, “la Casta está en orden” (Roberto Caballero, periodista)

Las experiencias italiana y española han permitido caracterizar a la Casta como una organización delictiva con cuatro componentes fundamentales: el político, el económico, el mediático y el judicial, los cuales se articulan y coordinan estrechamente con la finalidad de mantener el statu quo que les es favorable, sea mediante el soborno, la manipulación, la desinformación o la coerción. ¿Coincide esta definición con el pensamiento de Milei? Preguntado al respecto semanas atrás, el entonces candidato precisó que, en su concepto, la Casta agrupaba a políticos corruptos y los profesionales cómplices (economistas, abogados…), empresarios prebendarios, sindicalistas que entregan a sus trabajadore y micrófonos (periodistas) ensobrados (sobornados) que ocultan negociados. Esta definición dada por Millei, es bastante asimilable a la que acabamos de plantear, con dos salvedades: no incluye al poder judicial -cosa que los libertarios evitan debido a los importantes nexos de la derecha argentina con este poder del Estado- e inserta en cambio a los dirigentes sindicales, lo que corresponde naturalmente a su lógica de guerra contra el Peronismo de fuerte arraigo gremialista. Esta Casta “ladrona” con la que “nunca se negociará” declaró, sería extirpada totalmente de la conducción del país pues “es imposible hacer una Argentina con los mismos de siempre.” La realidad viene siendo en este y otros aspectos muy diferente, tal y como lo ha expresado el sociólogo y periodista Ernesto Tiffenberg: “Abandonados la dolarización, la voladura del Banco Central, la ruptura con China y Brasil y el repudio a la casta, poco queda de aquellos vestidos tan mágicos como extravagantes con que supo conquistar la imaginación de tantos argentinos.” En efecto, el nuevo gobierno mileista incluye una legión de “castatarios” neoliberales, ligados al expresidente derechista Mauricio Macri, cuyo fallido gobierno, según el propio Milei, intentó “restaurar un régimen fascista donde empresarios y políticos corruptos hacían negocios a espaldas de los trabajadores.”  La lista es larga y siniestra -no en vano Macri afirmó que “La Libertad Avanza” era fácilmente infiltrable-, pero de ella cabe destacar la figura de  Luis “Toto” Caputo, nuevo ministro de economía, y artífice del ilegal, descomunal e impagable endeudamiento de la Argentina con el FMI por 44 500 millones de dólares en el año 2018, gran parte de los cuales fueron utilizados irregularmente para pagar a fondos especuladores internacionales, además de estar acusado él mismo de servirse del fondo estatal de pensiones argentino para beneficio de una de sus empresas. Ahora es fácil entender claramente porque la palabra “Casta” no podía ser pronunciada en el discurso de Milei del domingo último. ¿Qué razones pueden haber llevado al mandatario argentino a desdecir con los hechos sus categóricas afirmaciones contra la Casta? ¿Será, como dice la excandidata izquierdista Myriam Bregman, que Milei es solo un “gatito mimoso” del poder económico, o acaso un “león domesticado” según la periodista Mar Centenera? Difícil saberlo, pero en todo caso, esto nos lleva a reflexionar sobre una idea expuesta en el libro “La Caste Cannibale” de Sophie Coignard y Romain Gubert: “La Casta está compuesta de altos funcionarios y astutos empresarios especuladores… pero también de idiotas útiles.”

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[EN EL PUNTO DE LA MIRA] Acabo de terminar de leer La política va al cine (Universidad del Pacífico, 2015), de Manuel Alcántara y Santiago Mariani. Una recomendable compilación que reúne textos de un grupo de politólogos de ocho países que, desde la mirada del cine, ponen de relevancia a la política como un aspecto importante del ser humano.

Desde el estudio de películas y de sus directores, los autores abordan diversas temáticas de la ciencia política; como el entramado complejo que representa el poder y su relación con lo transgresor y sumiso del ser humano. Por solo mostrar un ejemplo, tenemos el texto del español Manuel Alcántara sobre la “complejidad, subjetividad y poder en Kubrick”. En dicho ensayo, el profesor Alcántara analiza la trayectoria del judío neoyorquino, dando a conocer su formación y la capacidad de este de desenmarañar las diversas tramas de sometimiento (político, tecnológico y de convivencia) a la que está expuesto el ser humano.

Asimismo, hace un estudio minucioso sobre las películas de este director: Senderos de Gloria, Spartacus, Lolita, La naranja mecánica, 2001: Una odisea en el espacio, Resplandor, entre otras. En ellas estudia el poder y la violencia, el poder y la confianza, y el poder y la subjetividad. El despliegue de estas relaciones complejas e interconectadas manifiestan ese carácter poliédrico del poder. Representa también el sino en el que está envuelto el ser humano, no solamente en el aspecto racional de la política. Alcántara nos demuestra que Kubrick apela a las emociones para interpelar el carácter mismo de los protagonistas y de los que aprecian la película.

El cineasta Bergman decía que “ningún arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine, tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas”. Así es.

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[MIGRANTE DE PASO] La humanidad se forjó en base a migraciones, desde tiempos en que la historia, como estudio, no pertenecía al imaginario colectivo. Previo a la escritura e ismos. Anterior a las religiones y cunas de civilización. Hace 100 mil años, nuestra especie recién evolucionada, vivió en movimiento constante. Era supervivencia y desarrollo. Este carácter fundamental de la naturaleza humana se encuentra bajo amenaza. Una tendencia antimigratoria va creciendo exponencialmente y de manera global. La fobia al recién llegado está reviviendo políticas de extremo signo. Aparentemente, jamás fueron enterradas. La gama sociopolítica se extiende y los polos contienen mayor respaldo. La xenofobia y el odio están ganando poder ¿Por qué la inmigración está despertando extremismos?

El escritor del aclamado libro, “Cometas en el cielo”, nacido en Kabul y exiliado en Estados Unidos, mencionó: “Los refugiados son madres, padres, hermanos, hermanas, hijos, con las mismas ilusiones y ambiciones que el resto de las personas, excepto que un giro del destino ha vinculado sus vidas con una crisis humanitaria global a una escala sin precedentes”.

Inmigrantes no son solo extranjeros en otros países. Están los desplazados que se vieron obligados a dejar todo por causas económicas y sociales (Invasiones, guerras y más tragedias). Los refugiados son personas fuera de su región por causa de uno de los temores primarios del ser humano: la persecución. Ya sea por etnia, religión, nacionalidad u opiniones políticas (término definido por las Naciones Unidas).

Suena inhumano, pero los hechos demuestran lo contrario. Las ideologías extremistas, en la actualidad, tienen una diferencia particular en comparación al fascismo, que destruyó Europa durante las guerras mundiales, y al comunismo de la vieja escuela que divulgaba ríos de sangre como medio. Los movimientos mencionados respondían a periodos de intensa confrontación social. Igual fueron injustificables.  Lo que sucede hoy, me atrevo a decirlo, son manotazos ahogados, xenófobos, racistas y conservadores que despiertan principalmente a la ultra derecha y, en menor medida, a la extrema izquierda.

Percepciones conservadoras sobre inmigrantes

El despecho anti migrante se ha consolidado como una ideología política. El conservadurismo está al acecho y no se encuentra escapatoria. Lo que está claro es que los Estados se han rendido ante el negacionismo y ahora son cómplices de la exclusión, presentándose como reivindicadores de una nación de antaño.

Gran parte de los ciudadanos se han unido para acabar con lo que llaman hordas invasoras. Cohesionados, buscan controlar el orden público de sus territorios. Se basan en excusas poco sustentadas y disparatadas. ¡Expulsen a los venezolanos, sirios, mexicanos, a todos! ¡Nos están quitando el trabajo! ¡Los ilegales deben ser extraditados! ¿Por qué el Estado debe mantenerlos? ¡Están erosionando nuestra cultura! Escuchar estas quejas se ha vuelto cotidiano. Normalizarlo, un síntoma de decadencia.

Consideran a los extranjeros como agentes que atentan contra la seguridad nacional. Pasaron a ser enemigos de la democracia y humanidad, cuando son los imputadores los que ensucian la libertad y no se percatan. Hay un perjuicio que correlaciona directamente la delincuencia con la inmigración. Son discriminados y marginados, tachados como un otro generalizado. Esto deriva en un racismo institucional de los Estados.

Los acusan de vulnerar los derechos laborales. No olvidemos que arquitectos, científicos, abogados, doctores, psicólogos y matemáticos forman parte de estos “otros”. Hay profesionales de alto calibre. Les echan la culpa de quitarles trabajo a los ciudadanos oriundos y de incrementar la competencia ¿De verdad es culpa suya?

Acusan su estadía como un factor para exceder el gasto público. Los aborrecen por el aumento del costo de vivienda y renta por falta de vacantes. Todo esto es indicio de personalidades miedosas y cobardes. Temen ser desplazados por diferencias étnicas y culturales que podrían dañar el sentido de comunidad. Patriotismo frágil y arcaico. Conociendo un poco de historia: el progreso nace de la interculturalidad ¿Acaso quieren mantenerse iguales para siempre?

Es gracias a esto que la extrema derecha se ha vuelto tendencia en Europa, continente pionero de la libertad. El virus se está propagando a Estados Unidos y Sudamérica. Nos enfrentamos a una pandemia ideológica y, espero me equivoque, puede fulminar la igualdad.

La inmigración y los ultras: una relación estrecha

El anhelo social ya estaba marcado por un nacionalismo excluyente. Se había esparcido de forma general en una gran cantidad de partidos políticos. El populismo fue el gran incentivo, respondía al apetito de las masas. Prometían reforzar y endurecer las medidas inmigratorias. Creando países blindados. En las últimas décadas, una ola imparable apoyaba a la extrema derecha. Esto coincide con la marea de inmigrantes que sucedía al mismo tiempo.

En 1990, se estimaban 154 millones de migrantes. En el 2000, aumentó a 174 millones. Fueron 221 millones en el 2010. Para la siguiente década, creció drásticamente a 281 millones. Es aproximadamente 3.5% de la población mundial. India, Rusia, China, México, Venezuela y Siria son los de mayor emigración. Podemos ver que los desplazamientos no son novedad, solo fueron pasados por alto. Un manejo paupérrimo de la problemática radicalizó a las masas y a ellos les responden los gobiernos. Justamente durante estas décadas incrementaron las políticas extremas.

Hungría fue pionero en el despertar ultraderechista. Viktor Orbán, primer ministro de 1998 al 2002, inicio una cacería inquisidora de inmigrantes. Incluso amenazó con pena de cárcel para quienes los ayudaran. Desde el 2010, retomó su cargo y continuó con el asedio. La índole xenófoba fue tan grande que en el 2015 se construyeron kilómetros de alambres de espinas a lo largo de las fronteras con Serbia y Croacia. Un caso menos radical fue el de Japón. En el 2009 ofrecía 3 mil dólares a los latinos nacidos en el país nipón para que se vayan. Luego fueron ablandando las medidas.

Italia es un caso particularmente brusco. Durante el gobierno de Sergio Mattarella comenzaron a supervisar los puertos y amagaron con cerrarlos para impedir desembarcos. En el 2018 aprobaron el “Decreto Salvini”, tomando el nombre del ministro del Interior. La primera arremetida fue el desalojo del segundo mayor centro de acogida migrante. Se limitaron las protecciones de refugiados y facilitaron las expulsiones.

En octubre del 2022, Giorgia Meloni asumió el cargo de presidenta en Italia. “De Giorgio a Giorgia” fue su eslogan haciendo referencia al dictador Benito Mussolini. Eso ya explica bastante. Los migrantes que cruzan el mediterráneo, en muchos casos haciendo de ese mar su tumba, tienen acceso negado al territorio. Pero eso no es lo más escandaloso. Los que llegaron de manera clandestina son escogidos al azar y encerrados en “centros de repatriación permanente”, funcionan como cárceles, pero con convictos inocentes.

En Australia, 2019, ganó el partido conservador Coalición Liberal-Nacional. Bajo la estrategia “Fronteras Soberanas” regularon los flujos migratorios, dificultaron el acceso a la visa e impedían el desembarco de refugiados, principalmente indonesios.

En Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump se inició la construcción de una muralla que se prolonga por toda la frontera con México.  Un ataque letal sumado a las balas rancheras que apuntan a quienes cruzan el Rio Bravo. Echando leña al fuego dijo: “fue un gran error en toda Europa dejar entrar a millones de personas que cambiaron tan fuerte y violentamente su cultura”. Luego de su mandato la tendencia no se detuvo. El actual gobernador de Florida, Ron DeSantis pone limitaciones inviables para los trabajadores ilegales que sostienen la economía del país.

La ultraderecha no es la única enaltecida y contagiada por políticas antinmigrantes, los países nórdicos socialdemócratas también han caído en la misma inclinación. Dinamarca, que era reconocida por el buen trato hacia los refugiados, pasó de un paraíso liberal a una isla de destierro. Estos comenzaron a ser expulsados a otros países fuera de la Unión Europea. Se anunció que los refugiados ya no eran bienvenidos.

Finlandia, con su nuevo gobierno conservador, tras desbancar a la socialdemocracia, se une a la dinámica que se extiende en los países nórdicos. Todo detonado por la explosión migratoria del 2015 que intoxicó las tendencias sociales. Los permisos de residencia y ciudadanía han sido endurecidos. Las condenas penales serán más duras para extranjeros y las brutales medidas fronterizas han reducido la entrada de ilegales.

La xenofobia colectiva se propaga rápido y en Perú ya se respira. El líder etnocacerista, Antauro Humala, quiere crear campos de concentración para los venezolanos y dice: “Soy xenófobo y a mucha honra”. El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga mencionó: “Creo que el Perú debería ir más allá de expulsar: empadronar a todas las personas extranjeras y darles un plazo. Si no lo hacen se les expulsa. No podemos ser tan buena gente”.

La explosión migratoria de refugiados y desplazados vino con racismo, xenofobia y actitudes excluyentes de parte de los países donde llegaron. Surgió una tendencia antimigratoria plagada de discursos de odio. Los partidos políticos lo usaron como alimento y con medidas populistas llegaron al poder mandatos de extrema. Es increíble cómo algo tan humano como la migración haya despertado un monstruo hambriento de aversión. Tanto la derecha como la izquierda. Los ultras han renacido por la inmigración y la tendencia no parece detenerse ¿Qué será de aquellos cuya patria los ha abandonado? Las políticas antimigratorias, el extremismo y la xenofobia populista son hechos que van en contra del valor más sagrado que debería preservar Occidente: la libertad.

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Parece sensata la preocupación de la presidenta Boluarte por recomponer presencialmente la figura del país a través de la diplomacia presidencial (sin soslayar los cuestionamientos constitucionales que existen respecto de sus anunciados viajes al exterior), pero pareciera que el orden de prioridades palaciegas anda un poco de cabeza.

Antes que ir a Brasil, Europa o Estados Unidos, Dina Boluarte debe poder ir a Cusco, Ayacucho o Puno, entre otras regiones, donde en estos momentos su presencia es inadmisible. No es aceptable que haya localidades del país a las cuales la primera mandataria no pueda siquiera acudir.

El sur andino es el más refractario a la presencia presidencial. Razones de sobra existen. Y no se ve del lado del régimen un proyecto de recomposición política al respecto. Se ha hablado de una suerte de plan Marshall. Nada de nada. Vinculación política directa con las autoridades locales. Tampoco nada. Políticas de reparación a los deudos de las víctimas. Menos.

Es clave, en términos políticos, que el gobierno logre esa reconciliación. Si se mantiene la situación como está, el sur andino va a votar en bloque por una opción radical de izquierda, con lo cual aquella tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. Y conocido el ánimo antiestablishment de gruesos sectores de la ciudadanía, es probable que se repita el fenómeno Castillo. Y esta vez, con mayor presencia o mayoría congresal, asegurando así que se pierda el país democrático y el régimen económico en menos de un lustro.

A la propia Boluarte debería interesarle que eso no ocurra. Si le sucede un gobierno de esas características, conocida la ineludible influencia de Palacio en el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo más probable es que la dupla Boluarte-Otárola termine en prisión.

Si es auténtico el giro a la derecha del gobierno, a una derecha mediocre y sin luces, pero derechista, con mayor razón debería tener en claro que no es posible dejar el sur andino librado a esta suerte de emulsión radical creciente que se aprecia. Se necesita de un gran operativo sociopolítico y económico para remediar ese problema. Y ello debería ser prioridad política número uno, muy por encima de los arrellanados viajes al exterior.

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¿Alguien ha escuchado a alguna de las listas oficiales o extraoficiales que existen para hacerse de la mesa Directiva del Congreso, pergeñar siquiera un mínimo plan de acción legislativa para el periodo 2023-2024?

¿Alguna reforma? ¿Quizás retomar la político-electoral? ¿Tal vez retroceder en alguna de las barbaridades cometidas, como la de la Sunedu? ¿Cesar en su intento de maniatar a la Junta Nacional de Justicia o los organismos electorales? ¿Sorprender radicalmente y sugerir un paquete legislativo que, por ejemplo, corrija el desastre logístico que implica nuestra fallida regionalización? ¿Detener la vorágine de proyectos populistas regulatorios que tanto daño le hacen a la actividad económica?

De lo dicho ni un pelo. Nadie en el Congreso piensa en ello. Ni por asomo. Lo único que interesa es que la sumatoria de votos, en base a los acuerdos alcanzados (como el de Fuerza Popular y Perú Libre), les permita hacerse de la directiva congresal.

A estas alturas, con un Congreso tan fragmentado (en el 2021 eran nueve bancadas, ahora son trece), nadie debería escandalizarse porque se junten partidos de diferente ideología, pero ello admite comprensión si es que va acompañado de un consenso relativo respecto de algunas acciones a tomar una vez que tomen el poder, si finalmente lo logran.

No parece que ese sea el camino. Se trataría solamente de una sumatoria simple de votos para alcanzar un objetivo político, para, una vez instalados en el estrado del Legislativo, seguir dedicándose a lo mismo a lo que este Congreso se ha dedicado desde el 28 de julio del 2021. Y con las otras listas pasa exactamente lo mismo.

A este paso, el Legislativo va a seguir arrastrando el inmenso desprestigio que lo embarga. La última encuesta del IEP le da un índice de aprobación de 6.2% y una desaprobación de 90.4%, e Ipsos le otorga una aprobación de 9% y una desaprobación de 85%. Son cifras nunca antes vistas, por lo menos desde que se hacen encuestas y es, claramente, un factor que contribuye a la crisis social y política por la que transita el país.

No se ve salida a la estabilidad mediocre a la que han arribado tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Y mucho menos se ve cercana la posibilidad de que juntos, racionalmente, acuerden el adelanto de elecciones que la población demanda. Se quedarán los dos poderes del Estado, orondos ellos, sin importar el clamor popular o el daño que le están produciendo a la democracia (sus efectos los apreciaremos en las elecciones presidenciales venideras).

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