aborto terapéutico

[EN LA ARENA] Una semana atrás el Congreso aprobó por insistencia el Proyecto de Ley que reconoce los derechos del concebido. Aprobar por insistencia significa que aunque el poder ejecutivo lo rechazó, el pleno del congreso volvió a votar a favor de su promulgación. Como este proyecto atenta directamente contra el derecho al aborto terapéutico e implica cambiar el Código Civil y toda la legislación vinculada, ya se habían pronunciado instituciones como la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con sustento en determinaciones del Tribunal Constitucional. Cada una de estas organizaciones había emitido informes de rechazo con impecable argumentación jurídica y sin embargo, 73 congresistas prefirieron optar por la sustentación que presentó Milagros Jáuregui, la pastora evangélica de Araujo, para atacar nuevamente los derechos de nuestras niñas, de aquellas que crecieron en duros entornos de abuso sexual.

Si 73 congresistas peruanos prefieren hoy argumentación religiosa, ¿alguna vez conseguimos que un “espíritu laico” primara en nuestra normativa social? Si miramos los últimos cien años de búsqueda de modernidad, muchos de nuestros partidos políticos estuvieron vinculados con la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, o con órdenes religiosas de violenta tradición conservadora. Los protestantes, por razones de convenios políticos con sus países,  participaron de muchos proyectos estatales de desarrollo, pero no tuvieron mayor protagonismo político, aunque sí influencia ideológica, como en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo la directa irrupción de la religión y del cristianismo en la política peruana comenzó en 1990 cuando ingresaron los evangélicos con sus propias organizaciones políticas al Congreso.

Las iglesias evangélicas (a diferencia de las protestantes que llegaron con los colonizadores europeos de Estados Unidos) nacieron y se expandieron por todo el continente americano a lo largo del siglo pasado, derivando algunas de ellas en el movimiento que hoy se denomina Neopentecostal. Este movimiento religioso y político está compuesto por empresas familiares de fe lideradas por la sus pastores. En sus sermones utilizan fragmentos de la Biblia sin contexto, sin sustento teológico o ético, pero con la fuerza para atraer y crear redes sociales y económicas a las que añaden poder político. Su discurso sustenta el libre emprededurismo, la disminución del control estatal y la estratégica negación un conjunto de derechos humanos para el sometimiento de amplios sectores excluidos de la población. Por eso ha resultado muy sencillo establecer en todo el continente alianzas políticas y económicas entre el Estado, el diezmo de sus fieles y los emprendimientos de narcotraficantes, servicios paramilitares y diversas formas de lavado de activos. La congresista Milagros Jáuregui y su esposo, conocidos como los Araujo, tienen su propia iglesia evangélica. Ella sólo terminó el colegio y hoy es una exitosa pastora. Es congresista porque fue la segunda en la lista de Renovación Popular, el partido de Rafael López, el católico alcalde de Lima que más ha invertido en participar de eventos en contra del aborto en la historia de la capital. Esa es nuestra realidad política.

Dudo que existan países en los que las ideologías (aquellos conjuntos de principios que proponen los partidos políticos como base para la convivencia social) puedan estar realmente libres de afinidades religiosas, pero al otro extremo hay algunos estados, como Israel o la India que aún basan su sistema de justicia en normativa religiosa. Pareciera que el sueño moderno de un estado laico se ha podido establecer en muy pocos países, a lo que cabe sumar que algunas ideologías, sobre todo las totalitarias, culminan en éxtasis religiosos narcisistas que imponen creencias sin mayor sustento que el de surgir de su autor, como el presidente Bukele en el país, que no casualmente, se llama El Salvador.

En el Perú ya hemos visto que hay políticos que hasta monumento a sí mismo se han levantado. Otros han planteado por escrito la creación de una nueva religión étnica. Los nuevos partidos se reúnen para orar y los viejos, como el Partido Aprista y Acción Popular, de pobre postura religiosa y sin líder narcisista, ya quedaron en abandono. Si queremos replantear nuestro sistema político, debemos partir de que aquí, como en todo el continente, la religión, el abuso y la política han resultado inseparables, por encima de cualquier proyecto de gobernabilidad. Mientras no resolvamos este dilema, nuestros derechos, los de nuestras niñas y niños permanecerán acosados.

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[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Solo en lo que va del 2023 se han registrado 636 casos de niñas entre los 11 y 14 años que han sido obligadas a continuar con embarazos producto de una violación sexual. Todas ellas, no han accedido a un aborto terapéutico, aunque el riesgo grave sobre su salud integral y su vida era evidente.

En el 2022 el panorama también ha sido dramático, 1623 niñas han tenido partos producto de violaciones sexuales. Niñas cuya infancia ha sido arrebata y lastimada por la violencia, pero además desprotegidas por un Estado que no solo las vulnera al no prevenir la violencia sexual adecuadamente, sino que las revictimiza al negarles el derecho a una interrupción de la gestación que pueda salvaguardar su salud física, mental y su dignidad.

Recientemente el caso Mila generó indignación en la ciudadanía y es gracias a la presión de las organizaciones de derechos de las mujeres y de la opinión pública que se logra que el Estado aplique adecuadamente el protocolo de aborto terapéutico, aprobado en el 2014. Esta pequeña, felizmente, encontró una salida.

Sin embargo, existen muchas Milas. Cientos de niñas que sufren la tragedia de una violación sexual, que no acceden a la justicia y que son revictimizadas por las autoridades estatales. Pequeñas que quedan en el anonimato, que no se conocen sus casos, madres que sufren en silencio por sus hijas, que se cansaron de denunciar y solo encontrar impunidad y culpa.

En este país, las niñas importan solo cuando son noticia. Cuando hay una cámara que puede ayudar a subir la popularidad de una autoridad.  Evidencia de esto es que, en la última década se han presentado diversos proyectos legislativos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Los intentos desde las organizaciones feministas y de mujeres ha sido constantes en reflejar un drama que azota a la infancia y es tolerado por el Estado.

Todas estas propuestas han sido archivadas. Desde el legislativo la indiferencia con este drama es brutal y se cuenta con la complicidad del Ejecutivo. “Nunca es el momento de abordar estos temas”, son clásicas afirmaciones de autoridades que defienden más su puesto que a las mujeres y a las niñas.

Entre el 2021 y 2023, según el Registro de nacidos vivos, 3684 niñas entre los 11 y 14 años, tuvieron partos. ¿Cuántos casos más?, ¿Qué cifra de horror se necesita para reaccionar?, ¿En qué “momento” las niñas y su derecho a no ser forzadas a un embarazo producto de un crimen, será “prioridad”?

Si el aborto en casos de violación sexual hubiera estado despenalizado en nuestro país, Mila no hubiera tenido que pasar por una larga y tortuosa espera para la aprobación de un procedimiento legal, no hubiera estado expuesta a la discrecionalidad de juntas médicas. No hubiera sido revictimizada una y otra vez.

Como sociedad nos hace falta empatía con el dolor ajeno. ¿Qué pasaría si fuera nuestra hija, hermana, amiga o sobrina?. Es tiempo que la ciudadanía exija un cambio, pues no lo harán las autoridades. Muchas de ellas son presas de sectores antiderechos, ultra conservadores, a quienes apenas se les menciona los derechos de las mujeres y niñas, o, los derechos reproductivos, ponen barreras para alcanzarlos.

Con ellos/as en el poder no se logrará nada. Es tiempo que la ciudadanía exija un cambio efectivo para garantizar la dignidad y salud de las niñas, así como su derecho a no vivir violencia.

La violencia sexual es un drama: Solo en lo que va del 2023 se han registrado más de 17, 500 hechos de violencia sexual, el 70% contra niñas/os y adolescentes, según el Programa Aurora. En cuanto a violaciones sexuales, se cuentan 6, 092 casos según la misma fuente. De estas el 66% son niñas y adolescentes.

Exijamos a las autoridades la prevención de este delito y una ruptura de la impunidad en la que quedan muchos agresores.  A la vez hay que demandar que se proteja a las niñas que son sobrevivientes de un crimen atroz.

Las niñas, son niñas, no madres. Procurar infancias dignas y felices es una obligación estatal y ciudadana.

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Por estos motivos, instamos al Poder Ejecutivo, atendiendo las graves implicancias de la vigencia de una normativa como la recientemente aprobada en la integridad y vida de las niñas, adolescentes y mujeres, en especial las que resultan embarazadas producto de violencia sexual, observe la autógrafa de ley (Proyecto de Ley Nº785).

Además exhortamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos intentos del Congreso de desconocer u obstaculizar el acceso a derechos, en especial los relacionados con las autonomías de las mujeres. Exigir y mantenerse vigilante de las instituciones del Estado, quienes tienen la obligación de cumplir la normativa nacional vigente.

Ver pronunciamiento y firmas en el siguiente link: https://bit.ly/3n4prF8

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