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La historia de la democracia directa en Suiza es de larga data. Los ciudadanos tienen voz y voto, a través del referéndum, para aprobar (o no) los textos elaborados por las autoridades comunales, cantonales y confederales, y pueden proponer cambios constitucionales por medio de iniciativas populares. Además, toda modificación a la Constitución es sometida en automático al voto del pueblo.

El domingo pasado, los suizos votaron por dos cosas: el matrimonio igualitario, y una iniciativa de los jóvenes socialistas que proponía introducir un impuesto a las ganancias por dividendos, acciones y rentas, con el supuesto objetivo de reducir la desigualdad, buscando incrementar los impuestos en ganancias de capital en 1.5 comparado con los impuestos regulares. Los resultados fueron los soñados por cualquier liberal: 64% de aprobación para el matrimonio igualitario, y un rotundo 65% en contra de la iniciativa del partido socialista. 

Suiza ostenta el puesto #4 en términos de libertad económica en el mundo, y es un país bastante atractivo para las grandes fortunas. No en vano, muchos de los millonarios de otros países con políticas tributarias más restrictivas deciden poner su plata aquí. Es, además, uno de los países con menos pobreza en el mundo. Ante esta realidad, los suizos no consideraron que fuera necesario hacer una reforma tributaria, a pesar de que, seguro a la mayoría de los votantes les hubiera convenido en el corto pazo. 

Esta no es la primera vez que los suizos votan en contra de iniciativas que suenan muy atractivas, pero que técnicamente no son lo mejor para la economía. Casi todas las propuestas de los partidos de izquierda por modificar el sistema fiscal han fracasado en las últimas décadas. La introducción de un impuesto a las herencias, intentos de introducir impuestos a las ganancias de capital, y otras iniciativas de aumento de los impuestos a los más ricos, se vieron frustradas en el voto popular. Incluso, en el 2018, un 77% de los suizos votaron en contra de una iniciativa que planteaba que cada ciudadano adulto podría recibir una pensión de 2.250 euros solo por ser ciudadano suizo, porque la consideraron dañina para la economía. ¡Increíble!

Quienes se oponían a la llamada iniciativa “del 99%”, que no logró prosperar, sostienen que suiza ya cobra impuestos a las personas de manera escalonada, la desigualdad en suiza es una de las menores en el mundo (puesto 24 de 160 países, incluso en mejor posición que Alemania), y el sistema de seguridad social en el país europeo es suficiente para mitigar las desigualdades. Los números, tanto macroeconómicos como de la votación, terminaron dándoles la razón. 

*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.

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Hoy se cumplen 66 años desde que se reconoció el derecho a voto de la mujer peruana alfabetizada, gracias a la lucha de María Jesús Alvarado Rivera, Zoila Aurora Cáceres, Ángela Ramos Relayze, Magda Portal, y muchas otras mujeres cuyos aportes a nuestra sociedad usualmente pasan desapercibidos.

Sin duda, este hito marca uno de los logros más relevantes en el largo camino hacia la igualdad de derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en dicho camino en estas casi 7 décadas.

42 años después del reconocimiento del voto a las mujeres con capacidad de leer y escribir, las mujeres podíamos elegir y ser elegidas, pero esto último no ocurría realmente. Así, se introdujo una nueva institución en la política peruana: el sistema de cuotas. Un concepto, con vocación temporal, que buscaba lograr la equidad en la representación. En las primeras elecciones en las que se aplicó la cuota de 25% de mujeres en las listas parlamentarias, la representación femenina pasó de 10.8% a 20%.

Sin embargo, la cuota por sí sola no rindió los resultados esperados. Si bien la cantidad de candidatas aumentó, ello no se tradujo en la cantidad de autoridades femeninas electas. Por ello, en las últimas elecciones se implementó la paridad y alternancia, una institución que además de asegurar la participación, también establecía reglas para la asignación de las posiciones de las mujeres en las listas electorales. Mediante esta institución, las listas parlamentarias son presentadas de manera intercalada por hombres y mujeres. Como resultado de la aplicación de este nuevo concepto, las últimas elecciones resultaron en un 38% de representación femenina.

El camino para lograr una representación que nos permita estar en todos los lugares donde se toman las decisiones, parafraseando a Ruth Bader Ginsburg, es largo y no tiene los incentivos suficientes. Ejemplos sobran del maltrato y acoso que sufren las mujeres políticamente expuestas por el único y exclusivo hecho de ser mujeres.

Recientemente los medios mostraron la agresión verbal sufrida por una Congresista de la República por parte nada menos que del Presidente del Consejo de Ministros. Esta situación ha suscitado diversas reacciones. Por un lado, algunos condenamos este hecho. No obstante otras personas han pretendido  justificar  al agresor con argumentos falaces relacionados con su lejanía a la capital, o incluso han negado la afectación de la víctima haciendo referencia a su tendencia política. 

El hecho de que  no haya una condena unánime, y que sigan existiendo  excusas o justificaciones para este tipo de situaciones, particularmente a una autoridad política nos hace notar lo lejos que nos encontramos de la igualdad que buscamos. La lucha por la igualdad de los derechos no es una de carácter ideológico, la equidad solo se alcanza cuando incluye a todas las mujeres.

Han pasado 66 años desde que el primer grupo de mujeres obtuvo el reconocimiento de su derecho al voto. ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que podamos celebrar una igualdad real en nuestra sociedad?

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