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Comunidades de Ayacucho rechazan grupo de trabajo de la PCM. La moción de interpelacion al ministro del Ambiente. Y la devolución de los aportes del FONAVI

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Una primera pequeña victoria de PCM en Chumbivilcas, al menos hasta el 18 de enero. Las internas moradas. ¡Y Patricia Chirinos pide vacancia mientras cocina!

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Las negociaciones entre la minera china MMG -que opera Las Bambas- y el Frente de Defensa de Chumbivilcas (Fudich) han llegado a un punto muerto. Hace dos días, en una misiva enviada a la premier Mirtha Vásquez, el gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de la minera, Carlos Castro, le indicó que se retiraban de todo diálogo.

“Las Bambas, apelando al principio de reciprocidad y consecuente con la difícil decisión adoptada, se ve imposibilitada de seguir participando en los citados espacios y grupos de trabajo, creados o por crearse, hasta que se puedan concretar acuerdos que sean viables y verificable”, se lee en el escrito. Anoche, en conferencia de prensa junto a otros empresarios mineros, el gerente general de Las Bambas se reafirmó.

Los días previos a aquella decisión estuvieron marcados por inesperadas contramarchas en las mesas de diálogo que impulsan el ministerio de Energía y Minas (Minem) y la PCM. El 6 de diciembre, un día antes de que se votara la moción de vacancia contra Pedro Castillo, cuatro funcionarios de la minera se reunieron con el titular del Minem, Eduardo González.

Una fuente del Ejecutivo dice a Sudaca que en ese encuentro se acordó que las comunidades provean el servicio de 14 vehículos para el transporte de minerales, el alquiler de 14 camionetas para otras tareas y que se encargarían del mantenimiento vial en sus tres fases: el regado de vías, el mantenimiento de carreteras y el de micropavimento. Cualquier pacto de este tipo supone la creación de una empresa comunal que brinde todos esos servicios a la minera. 

El preacuerdo fue comunicado por la noche a Víctor Villa Zambrano, asesor legal del Fudich. Villa dice para este informe que conversó con un funcionario del Ejecutivo y con Marcos Santos, de Las Bambas, y que se comprometió a llevar la propuesta a las comunidades. Señala, además, que los comuneros la aceptaron a regañadientes. Sudaca intentó recoger la versión de la minera, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta de parte de su agencia de comunicaciones. 

Sin embargo, al día siguiente, la historia cambió repentinamente. En una asamblea en Cruzpampa, en la que participaron funcionarios del Minem, el Fudich y la minera, hubo un giro en la propuesta, asegura Villa. “Estaban los comuneros, el Minem y Marcos Santos [gerente de Asuntos Corporativos Regionales de Las Bambas]. Cuando llegó el representante de las Bambas, dijeron que serían 12 tracto camiones [para trasladar los minerales], el alquiler de 12 camionetas y solo el mantenimiento del micropavimento”, cuenta. Es decir, dos menos de lo convenido antes. “No sabía qué estaba pasando”, agrega el abogado. Una fuente del Ejecutivo, que prefiere mantenerse en reserva, corrobora esta versión.

Había otro punto en debate: el monto que, por ley, iba a pagar Las Bambas para mitigar los daños ambientales. Las comunidades pedían S/1,2 millones, pero la empresa terminó por ofrecerles apenas S/100.000.

El 10 de diciembre, la compañía envió un documento a la PCM con su última oferta. La mina volvió a proponer que el servicio de transporte de concentrado mineral de parte de las comunidades sea con hasta 14 camiones. Pero, tal como habían retrocedido en la asamblea de Cruzpampa, sólo estaban dispuestos a alquilar 12 camionetas y que se hagan cargo del mantenimiento únicamente del micropavimento. Finalmente, se comprometía a entregar S/100.000 anuales en proyectos de inversión social para cada comunidad. 

La empresa dio a conocer esta propuesta el 11 de diciembre, en una reunión en la localidad de Cruzpampa (Chumbivilcas, Cusco) convocada por la PCM. Pero, nuevamente, las negociaciones no llegaron a buen puerto. 

Según Villa Zambrano, en dicha reunión los funcionarios de la PCM señalaron que iban a impulsar las actividades empresariales de la comunidad alrededor de las actividades mineras. Hablaron incluso de que la creación de la mentada empresa comunal para proveer de servicios a la mina era una buena idea. Pero insistieron en que se liberara la vía antes de cualquier acción.

Villa Zambrano cuenta que todo quedó en intenciones. Señala que, de regreso de Cruzpampa a la ciudad de Cusco, compartió vehículo con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Pablo Sánchez. Según el asesor legal de las comunidades, allí Sánchez se mostró en desacuerdo con la idea de la empresa comunal.

“Me dijo que no entremos en inversiones de alto riesgo y que era mejor que se compren los terrenos [se refiere a que el Estado compre los terrenos de las comunidades], que eso era más seguro. Ahí se cayó la PCM, ya que no estaban en la línea que teníamos”, cuenta Villa. Sudaca buscó comunicarse con Sánchez, pero se excusó diciendo que no tenía buena señal.

Las comunidades no supieron más de la PCM, de acuerdo al asesor del Fudich. “En las últimas semanas, nadie ha dicho nada. El ministro González sí llamó para solidarizarse. Teníamos esperanza con Mirtha Vásquez, pero esa fue la única vez que se comunicaron. A ella nunca la vimos”, señala.

Así, el 12 de diciembre, el frente arremetió con un pedido que sobrepasaba por mucho los acuerdos previos. Solicitó ser proveedora con 25 camiones encapsulados, alquilarle a la empresa 25 camionetas y hacerse cargo de los servicios de mantenimiento vial en conjunto. Además, pedía de nuevo S/1,2 millones anuales por la mitigación de impactos ambientales en cada comunidad. Esta fue la última solicitud por parte de las comunidades.

Toda iniciativa, sin embargo, hoy ha quedado desechada. Villa Zambrano dice que ahora apostarán por la vía constitucional para que la carretera por la que pasan los camiones de Las Bambas deje de ser considerada como nacional y vuelva a ser de las comunidades. El punto muerto en las negociaciones para el desbloqueo de la vía lleva ya varios días. Y MMG ha informado de la paralización total de sus operaciones. ¿Llegará una tregua antes de Navidad?

Actualización: Tras la publicación de esta nota, Las Bambas -cuya versión solicitamos previamente- nos envió el siguiente comunicado, que reproducimos en su totalidad:

*Las Bambas indica que en la reunión del 6 de diciembre en el MINEM se presentó y sustentó la propuesta de la minera para las comunidades de Chumbivilcas y que esta, en todo momento, fue por 12 camiones, 12 camionetas y servicios en la vía. Las Bambas señala que tal postura fue reiterada por ejecutivos de la empresa, entre ellos Marcos Santos, a funcionarios del MINEM y la asesoría legal de las comunidades de Chumbivilcas antes de la asamblea de Cruzpampa. Respecto a su participación en el diálogo, la empresa reitera su vocación por un diálogo constructivo en un marco de respeto a la ley y la libertad e integridad de personas y bienes.

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EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Bruno Pacheco, pcm, poder ejecutivo, Presidente Castillo

Resulta pasmosa la lentitud del presidente Castillo para tomar decisiones que no son tan complicadas de activar ni ameritan un profundo periodo de reflexión.

El caso del secretario de Palacio, Bruno Pacheco, debió haber sido resuelto hace más de una semana, cuando se conoció su irregular injerencia en los ascensos militares.

A la fecha, la premier, Mirtha Vásquez, y el ministro de Economía, Pedro Francke, han señalado que el referido funcionario debería dar un paso al costado, más aún si se tiene en cuenta información posterior que vincula al citado secretario en intentos de trasiego a favor de un contribuyente ante el jefe de la Sunat, como revelara el portal Lima Gris.

El presidente Castillo no parece ser consciente de que este caso es aún más tóxico que el que ha afectado a algunos de sus ministros (como el recientemente renunciante, Walter Ayala), porque se trata de alguien de su entorno más íntimo, de su entera confianza, y que conforme pasen los días sin que tome una decisión, la responsabilidad del referido funcionario empieza a convertirse en complicidad del Primer Mandatario.

Un signo distintivo de este gobierno es la pachocha ejecutiva, no se deciden las cosas rápidamente, se procrastina y se deja todo para más adelante, se dan vueltas y revueltas a las discusiones internas, se crean sinfín de comisiones de trabajo y mesas de diálogo, en suma, no se activan decisiones ni se avanza.

El caso Pacheco no es sino un síntoma de una peculiar característica de este gobierno, que flota, que navega en piloto automático y que no parece ser consciente del año tormentoso que se avecina, con la sumatoria perfecta de crisis sanitaria (tercera ola), económica (la inversión privada va a estar por los suelos), crisis política (por el desgaste del gobierno) y crisis social (por la proliferación de conflictos), el mismo que va a merecer acciones rápidas, decisiones ejecutivas, golpes de timón ante el cambio de las circunstancias, etc.

Un gobierno lento y dubitativo, puede ser un lujo que se permitan los países nórdicos o muy desarrollados, cuyas instituciones funcionan sin necesidad de voluntarismos personales, pero en un país como el nuestro, con un Estado burocrático, que de por sí no se mueve si no es a punta de empellones, la morosidad gubernativa trae consecuencias nefastas.

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Bruno Pacheco, pcm, poder ejecutivo, Presidente Castillo

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 260: Mirtha Vásquez le jala las orejas al Ministro de Transportes. ¿Se quedará en el premierato? ¿Lo querrá así Castillo? Y las perspectivas económicas según el BCR.

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ministro de Transportes, Mirtha Vasquez, pcm, Pedro Castillo, Premier

Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.

Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.

Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.

Sudaca accedió al documento,  donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa. 

En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión. 

Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.

 

Hoteles, malls y estudios jurídicos

En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.

Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral. 

A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.

INDECOPI-INFOGRAFÍA
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.

El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput. 

Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. “Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo”, dice.

El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín. 

José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses. Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza. 

Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.

Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.

Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.

 

La abstención como problema

La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.

Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.

Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años. 

En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total. 

Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. 

Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”. 

Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.

Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.

Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.

¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.

El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato  “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.

Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400. 

Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito. 

También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.

Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. 

 

**Fotoportada e infografía por Darlen Leonardo

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¿Le dará el voto de confianza al nuevo Gabinete?

Hay 30 días todavía para que la puedan pedir. Hay que esperar, ¿no? Eso [esa decisión] se toma faltando unos días, en su momento. No puedes limpiarte la boca antes de haber comido.

¿Está conforme con los integrantes del nuevo Gabinete? 

Mira, nosotros consideramos que debería estar un militante cercano de Perú Libre en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero el presidente ha visto conveniente que ya [no]. Esas son las dos miradas.

¿La presencia de Dina Boluarte en el Midis no representa a Perú Libre?

No, en realidad. Dina Boluarte, hasta donde se ha visto, ha planteado varias cosas que no son del partido. Pero el partido no ha aprobado la participación de ella como ministra. No es propuesta del partido, sino una decisión del presidente.

¿El partido no está conforme con la participación de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social?

No, simplemente el partido no lo ha planteado.

¿Y Betssy Chávez no es una representante de Perú Libre en la cartera de Trabajo?

Ella es, al momento, militante. Pero no responde a un acuerdo de la postura partidaria. De lo que estoy seguro es que el partido no la ha propuesto. 

¿Y Perú Libre ha planteado a algún ministro en este nuevo Gabinete?

Ninguno.

¿Acaso no es un representante de Perú Libre el ministro del Interior Luis Barranzuela, un cuestionado expolicía que ha sido abogado de usted y del secretario general de su partido, Vladimir Cerrón?

Pero no es militante, no es parte del partido.

Pero es una persona cercana a ambos. Los ha defendido en el caso del financiamiento de la campaña de Perú Libre que lleva la Fiscalía, por presunto lavado de activos

No, es un profesional como cualquiera.

¿Cómo llegó a ser abogado de ambos el nuevo ministro del Interior?

Como todo profesional que trabaja en el campo de la defensa. No hay nada en especial. 

¿Usted no lo ha recomendado para el cargo de ministro del Interior?

No, de ninguna manera. Yo me he sorprendido cuando ha juramentado. Pensamos que era otra persona, hasta que después ya nos enteramos. 

¿Cuándo le pidió el presidente su carta de renuncia?

Ayer [miércoles 6], en la mañana. 

¿Qué motivos le dio el presidente cuando le pidió su renuncia?

Los motivos no me los ha dicho. Simplemente, [me dijo]: “hemos decidido renovar, te agradezco mucho por todo tu apoyo”. Nada más.

¿Y usted no le preguntó al presidente a qué se debía esa “renovación”?

¿Por qué? Eso no sería correcto. Eso no corresponde.

¿Cuándo se entera usted que Mirtha Vásquez iba a ser la premier?

Hace un mes y medio atrás.

¿Ya sabía hace un mes y medio atrás que ella iba a ser la premier?

Para eso es la política. Te permite analizar y ver los diversos sectores. En la PCM, desde el primer día que asumes, siempre es deseado [tu lugar] por otros sectores y personalidades. Y es así, ¿no? Antes de que yo asumiera, ella era una de las que tenía posibilidades. Estaba dentro del bolo. Cuando me designan a mí, a los pocos días, nosotros nos enteramos que había varios sectores que estaban tras la Presidencia del Consejo de Ministros. Y quien tenía mayores ventajas para poder asumir era Mirtha Vásquez [expresidenta del Congreso por el Frente Amplio]. 

¿Usted tiene información de que, desde antes de que juramente como premier, ella era una de las posibilidades para ocupar el cargo?

Ella era una de las posibilidades. Y antes de ir al Congreso a presentar la política general de gobierno [el 26 de agosto], para la cuestión de confianza, ya se sabía que una de las personas que quería sucederme a mí era Mirtha [Vásquez], entre otras tres fuerzas.

¿Cuáles son esas otras tres fuerzas?

Hay que dejar eso en el tintero. 

En ese momento, ¿usted tenía conocimiento que la posibilidad de su recambio era ella?

Ella tenía grandes posibilidades y ventajas comparativas frente a las otras tres fuerzas.

Repito, ¿quiénes son esas otras tres fuerzas?

Eso te dejo para que puedas averiguar. Allí, en la Presidencia, también hay gente que se dedica a armar, ¿no?

¿A armar qué?

A armar escenarios políticos.  

Usted quiere decir que, desde que asumió el premiarato, ¿una de esas fuerzas se movía para que ella lo reemplazara?

Antes de que yo asumiera, había varios sectores que estaban tras la PCM. Me nombran y, después de unos días o un par de semanas, analizando y viendo los escenarios políticos, nosotros tenemos la información de las tantas fuerzas que desean y tienen posibilidades de sucederme. Quien tenía mayores ventajas era ella.

¿Qué tiempo cree que puede durar la premier? ¿Más que los casi tres meses que usted ha estado a cargo?

No podría ser pitoniso para poder ver en qué momento se dará eso. Requiere un análisis objetivo del escenario político y para eso se requiere cierta información. Y, en este momento, la información que se tiene es limitada. Mira, no creo que Mirtha Vásquez sea para los cuatro años y diez meses de gobierno. En el camino, mientras va pasando, irá clarificándose el escenario político. 

¿Mirtha Vásquez es la persona correcta para conducir la PCM?

Para nosotros y para muchos, hubiese sido interesante que quien asuma la PCM salga de las filas de Perú Libre. 

Y desde las filas de Perú Libre, ¿quién hubiera podido reemplazarlo en el cargo?

Esa es mucha especulación, mucha película. 

¿Estaba decidido que usted iba a presentar la cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Iber Maraví [con atestados policiales que lo vinculan presuntamente a Sendero Luminoso entre 1980 y 1982]?

Eso ha sido el planteamiento del presidente y yo he cumplido eso [Bellido pidió a Maraví, en agosto, su renuncia, tal como lo reveló Sudaca; el exministro de Trabajo puso su cargo a disposición y Castillo nunca la aceptó] .

¿Si el presidente no decidía cambiar el Gabinete, usted iba a presentar la cuestión de confianza por Iber Maraví?

El presidente planteó eso.

¿Y por qué si había decidido hacer eso, decidió antes cambiar el Gabinete? ¿Qué fue lo que pasó?

Habría que preguntar al presidente. No quiero especular.

¿Se reafirma en que no hubo la votación para la cremación del cadáver de Abimael Guzmán en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 16 de setiembre?

Eso nunca hubo. Primero, no estaba en agenda. Si no estaba en agenda, no se ha discutido, no se ha votado, ni nada. Ahora, las conversaciones personales o grupales de los ministros en un tiempo que hay para almorzar o al inicio o final de la reunión, eso ya escapa a mi responsabilidad. Allí están las actas, están los actuados y nadie puede decir lo contrario.

En un chat de Perú Libre, publicado por Epicentro TV, Vladimir Cerrón dice que la votación fue 6 contra 13.

No sé de dónde habrá sacado esa información. Tendrías que preguntarle a él [a Vladimir Cerrón]. Yo no he hecho ese comentario. ¿No es cierto?

¿El tiempo que usted estuvo en la PCM ha realizado coordinaciones con Vladimir Cerrón?

No, ninguna coordinación porque no le corresponde.

Pero, están esos mismos chats publicados en Epicentro TV en el que ambos escriben…

Vladimir Cerrón está en todos los chats del partido. Los militantes y el secretario general participan en todos los chats que existen. Ese no es un chat de coordinación, sino uno donde se comparte información. Se alcanza, se conversa, se dialoga y se da opinión. Yo no coordino ni tengo nada que coordinar temas de gobierno. [Sobre los ] temas del partido, todos los militantes participamos y damos ideas. Yo estoy en todos los chats del partido.

Pero allí usted pide la renuncia del canciller Óscar Maúrtua…

Esa es mi opinión, como militante.

¿Qué le ha dicho Vladimir Cerrón por su salida?, ¿le ha llamado? [lo felicitó con un tuit el día de su renuncia]

No, por el momento no he tenido la oportunidad de comunicarme con él.

¿Va a hacerlo? ¿Se va a comunicar con él?

La verdad, no está entre mis planes. Mis planes están en el Congreso, atendiendo a los hermanos. Las actividades que se tienen en el despacho, como congresista. 

¿Ha tenido discusiones fuertes con algún ministro [en el informe de Sudaca, titulado “Las últimas horas de Guido Bellido” se cuenta que tuvo un cruce de palabras con Dina Boluarte]?

No, no hemos tenido ningún problema de ese tipo. 

¿Tuvo un cruce de palabras con el ministro de Economía, Pedro Francke, antes de su juramentación?

Eso es totalmente falso. Nunca he tenido un cruce de palabras fuerte con ninguno [de los ministros].

¿Con el ministro de Justicia, Aníbal Torres?

No, nunca. Es más, con él he tenido mucho respeto y consideración. 

Después de lo que ha pasado, ¿usted cree que es posible conseguir las 2,5 millones de firmas para el referéndum de la Asamblea Constituyente?

Más allá de lo que yo crea, hay un sector de peruanos que piden el cambio de la Constitución y hay un sector que no, que ha comprado un kit electoral para defender la actual Constitución.

¿Cree que todavía sigue vigente el plan de vacancia en el Congreso?

Eso está abierto desde que Perú Libre y Pedro Castillo han pasado a segunda vuelta. Lo que pienso es que las fuerzas que están en contra del gobierno van a seguir estándolo. 

¿Por qué cree que el dólar sigue entre S/4,10 y S/4,14 desde que se instaló el gobierno de Pedro Castillo? Se decía que si continuaba Julio Velarde en el BCR el dólar iba a bajar, ¿no?

Para mañana [se refiere a un día después de su renuncia], supongo que ya va a estar S/3.60.

¿Velarde les ha dicho eso?

Nunca he estado en una reunión con Julio Velarde. El presidente sí manifestó que había esa posibilidad, en todo caso. Hay que esperar.

¿El camino de la nacionalización de Camisea está descartado?

Mira, yo te puedo hablar hasta el escenario del día de ayer [miércoles 6]. Y hasta ayer, el consorcio [integrado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach] tenía la voluntad de iniciar un proceso de renegociación. [Mirtha Vásquez instaló la comisión multisectorial el jueves 7].

El martes 5 -un día antes de su renuncia- un Juzgado de Familia ordenó que se someta a una evaluación y terapia psicológica, a raíz de la denuncia de la congresista Patricia Chirinos. ¿Lo va hacer?

Claro. Supongo, vamos a pasar ambos [la evaluación]. Ella y mi persona. Todo lo que sea necesario.

¿Usted le dijo a la congresista Patricia Chirinos lo que ella señala [“solo falta que te violen”]?

No. Mira, ya se ha dado un espacio y hay que dejar que [la comisión de] Ética complete su trabajo [en el Congreso].

 

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo

Fotografía: PCM, tomada de la cuenta de Twitter del expremier Guido Bellido

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