Por otra parte, recientemente se ha implementado el control previo de operaciones de concentración empresarial, a partir del cual INDECOPI evalúa las fusiones y adquisiciones entre compañías que operan en el Perú, con el objetivo de evitar que estas operaciones tengan un impacto negativo en el mercado. Esto, en la práctica, limita la formación artificial de monopolios.

La tercera falla es que esta propuesta es inejecutable.

La razón por la que la Constitución señala que se combate “el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” es que se reconoce que en la práctica no es posible prohibir un monopolio u oligopolio. Hoy en día en Lima existe un monopolio en la prestación del servicio de agua potable. Prohibir los monopolios implicaría: (a) forzar a un competidor a entrar a ese mercado, independientemente de si hacerlo es eficiente o no; o, (b) forzar al actual prestador del servicio a salir del mercado y, en consecuencia, dejar de prestar el servicio. 

La estructura de un mercado responde a diversas características de la industria. En algunos escenarios es positivo que exista un gran número de competidores, pero este no es siempre el caso. Sea porque operar en el mercado requiere de grandes inversiones, por escasez de insumos o infraestructura limitada, es posible que lo eficiente en algunos casos sea que existan pocos o incluso un solo proveedor.

Esto, sin embargo, no significa que el Estado no pueda hacer nada para promover la competencia. Ahí donde la reducida competencia responda a falta de incentivos para invertir, el Estado puede trabajar en reducir las barreras burocráticas que alejan la inversión, así como fomentar la confianza de los inversionistas, a través de la implementación de reformas para el fortalecimiento de la estabilidad política, la designación de funcionarios públicos preparados y el respaldo a políticas de cumplimiento y anticorrupción.

Finalmente, es notoria la importancia del INDECOPI en el diseño, cumplimiento y constante evolución de las políticas de competencia en mercados dinámicos. En tal sentido, resulta fundamental que el Gobierno concentre sus esfuerzos en fortalecer su institucionalidad, diseñar mecanismos para su autonomía funcional y otorgar los fondos suficientes para el desempeño de sus funciones. A la ciudadanía le toca el rol de vigilar que la institución haga bien su trabajo.

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Monopolio

Hace un poco más de dos meses escribí aquí una carta abierta de una tibia, con la intención de llamar al diálogo empático y a tender puentes con quienes alguna vez nos alejamos por debates ideológicos en los que podríamos haber estado en posiciones enfrentadas. Lamentablemente la polarización sigue dominando el debate público, en el que quien llama la atención quien tiene posiciones más extremas, en lugar de quien propone debates serios y sustento real.

Hoy propongo algunos temas que, independientemente de la posición ideológica de cada uno, deberían poder generar consensos. Sin duda a partir de ellos se podrá generar debate, y bienvenido sea, siempre que podamos partir de una base común, con diálogo alturado y sin descalificar a quien piensa distinto. 

  1. La vacuna contra la COVID-19 funciona, es útil y necesaria para combatir la pandemia, pero además debemos seguir respetando las medidas de seguridad. Las vacunas que ya han sido aprobadas son producto de trabajo científico supervisado en distintas instancias por personas y entidades especializadas. Incentivar su uso no es un complot universal ni una violación de derechos fundamentales, es posiblemente la única medida que realmente podrá dejar la pandemia atrás.
  2. La reforma en la educación es clave para el desarrollo del país. ¿Quién podría no querer que la educación en el Perú mejore? Una mejor formación en el colegio independientemente de la condición económica, y el posterior acceso a educación superior de calidad redunda en beneficios para toda la sociedad. Como toda ley, estas reformas son perfectibles, pero es necesario partir de una base, que en ambos casos ya existe y que ya viene rindiendo frutos. No podemos retroceder en el poco terreno avanzado ni permitir que las autoridades elegidas por voto popular no reflejen esta necesidad en su trabajo.
  3. Como en todo trabajo, se debe designar a personas preparadas para ejercer cargos en el Estado. Los cargos políticos son ocupados por personas que tienen mayor afinidad a la autoridad de turno, y eso no está mal. No podemos pretender que un congresista o un ministro contrate como asesor a una persona que piensa distinto en aspectos fundamentales. Sin embargo, es necesario que la afinidad esté acompañada de un nivel de conocimiento apropiado para el cargo. El fortalecimiento se Servir es un camino para alcanzar la idoneidad de los perfiles para ocupar cargos públicos.
  4. La violencia contra la mujer es inaceptable. No podemos ignorar la situación de la mitad de la población, pero subirnos al coche cuando es políticamente conveniente. El rechazo a actitudes machistas y misóginas debe ser constante, independientemente de quien es la víctima y el agresor.
  5. Los derechos son universales. El goce de los derechos fundamentales no debe conocer distinción en base a nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, u otros criterios de discriminación. La ironía de este punto es que es, posiblemente, el que más controversia genere en un debate, y sin embargo es el primero en ser recogido en nuestra Constitución. 

Espero que estos temas sean un punto de partida desde donde se pueda construir consensos, en un mundo en el que se da cada vez más espacio a la polarización. Sin duda no son los únicos, así que los invito a hacer el ejercicio de encontrar más aspectos sobre los cuales podamos trabajar independientemente de la ideología con la que nos identificamos. 

Un criterio comúnmente utilizado para medir la labor parlamentaria es la cantidad de proyectos de ley que presenta un congresista. Sugeriría reconsiderarlo. No es la cantidad, sino la calidad de las normas propuestas la que debe medir su labor legislativa. De lo contrario, nos encontramos en un escenario en el que la creatividad lleva a los parlamentarios y sus asesores a indagar qué nuevas regulaciones o días conmemorativos pueden crearse, lo cual inevitablemente nos lleva a la sobrerregulación. Otra consecuencia de la sobre producción legislativa es que no se le dedica suficiente reflexión a proyectos de ley que tienen impacto en distintos aspectos de nuestra vida como la economía, salud o ambiente. 

Esta columna tiene el propósito de llamar la atención a un proyecto de ley presentado en la actual legislatura, cuyo adecuado debate e implementación podría llevar a una mejora sustancial la gobernabilidad. Se trata del proyecto de ley de reforma constitucional para la renovación por mitades del parlamento. Esta noción no es nueva. Es aplicada, con algunas variantes, en varios países de la región e incluso fue parte de nuestro sistema político hasta inicios del siglo XX. Ha sido, además, propuesta en varias oportunidades en periodos parlamentarios recientes, sin éxito en su aprobación.

Se trata de la convocatoria a elecciones hacia la mitad del periodo parlamentario, a fin de someter a renovación a la mitad del Congreso. De esta manera, se premiaría a aquellos congresistas que han venido desempeñando una buena labor de representación, y reemplazar a quienes no cumplieron adecuadamente con el encargo de los ciudadanos que los eligieron. Es, además, una herramienta que coadyuva a la relación Ejecutivo-Legislativo, en tanto la nueva mitad electa podría pertenecer al partido de gobierno, si este muestra ser efectivo en sus políticas, otorgándole mayor respaldo desde el legislativo. De esta manera, se asignan los incentivos tanto para que los congresistas como para el gobierno de turno.

No debe perderse de vista, no obstante, que para que esta propuesta sea beneficiosa, deberá ser acompañada de una reforma para la reelección de los congresistas, pues de lo contrario solo tendrá como consecuencia el recorte del periodo congresal de la mitad del parlamento a dos años y medio.

Si bien la propuesta del expresidente Martín Vizcarra respecto a la no reelección parlamentaria tuvo una amplia aprobación ciudadana, lo cierto es que esta se debió a una coyuntura política y al mal desempeño de gran parte de los congresistas durante los últimos periodos, reflejado en las bajas tasas de aprobación, mas no al sistema propiamente dicho. La reelección parlamentaria trae diversos beneficios, cuyo desarrollo escapa del tema de la presente columna. Sin embargo, un beneficio particularmente relevante para la materia bajo análisis es el incentivo que genera la reelección. Este es, en esencia, el mismo que se genera en la renovación parlamentaria. Un congresista que sabe que puede continuar con su trabajo si lo desempeña bien, tendrá los incentivos para proponer y desarrollar reformas a largo plazo. Por el contrario, parlamentarios que no podrán continuar con sus labores tras cinco años -o dos años y medio, según esta propuesta- en el cargo, no tendrán la misma proyección para emprender importantes cambios que trasciendan de cinco años.

Por otro lado, se deberá prevenir que esta reforma derive en la creación o refuerzo de relaciones de clientelismo, en las que los parlamentarios posponen sus labores y se dedican al cumplimiento de otras demandas que no son de su competencia y que muchas veces violan su mandato al generar gasto público. Para ello, el retorno a la bicameralidad será fundamental. Este sistema invita a un mayor debate y reflexión de las propuestas legislativas, evita aprobaciones express de propuestas que no han sido suficientemente tratadas y, estructurado adecuadamente, previene crisis de gobernabilidad como las que hemos sufrido en los últimos años.

Finalmente, amable lector, quisiera recordarle que todas estas reformas, adecuadamente implementadas, no serán de mayor utilidad, si renunciamos a nuestro derecho y deber de informarnos sobre los candidatos que buscan representarnos, así como de hacer seguimiento a su labor parlamentaria una vez elegidos, para lo cual, se deberá enfocar en la calidad de la participación de los congresistas, en lugar de la cantidad de producción legislativa.

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Auto, cuestión, Incentivos

Recientes propuestas de reformas al sistema de gobierno han llamado la atención, pues parecen no centrarse en atacar el problema de raíz, sino en respuestas a situaciones coyunturales. El proceso de reforma constitucional tiene un gran impacto y, por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.

Una constitución es un texto que recoge los principios y valores, las reglas de convivencia, de una sociedad. En ese sentido, no es propósito del texto constitucional desarrollar cada aspecto de nuestro quehacer cotidiano. En cambio, a partir de la norma suprema, se aprueban leyes y reglamentos específicos para cada sector y actividad que amerite regulación, siempre en armonía con los principios constitucionales.

Esta norma, al reflejar los valores de la sociedad, tiene vocación de permanencia en el tiempo que nos dé predictibilidad y seguridad. Esto no significa de ningún modo que nuestras reglas de convivencia no puedan evolucionar y adaptarse a los cambios sociales. La Constitución puede ser interpretada de manera dinámica por el Tribunal Constitucional, de tal forma que sus disposiciones se apliquen de acuerdo al contexto actual. 

Sin embargo, ante cambios sociales que lo ameriten, la propia Constitución contempla la regulación para introducir reformas que permitan ajustarla a la realidad nacional. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se reconoció el derecho al voto a nuestras Fuerzas Armadas, en el año 2005, o cuando se prohibió la reelección presidencial inmediata, según nuestra tradición constitucional.

Cualquier reforma constitucional debe ser evaluada con detenimiento y con particular enfoque en su impacto en el resto del texto constitucional. Es imprescindible mantener la armonía y consistencia de la norma suprema, de forma que el cambio en una disposición no entorpezca o vuelva inviable la aplicación de otra.

En este contexto, preocupa la reciente tendencia a la presentación de proyectos que buscan reformar la interacción de los poderes del Estado, pues no parecen derivar de un estudio profundo del problema que se busca solucionar y sus causas, sino más bien aparentan ser reacciones a situaciones a las que se ha enfrentado el país recientemente. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de interpretación de la cuestión de confianza, así como de las propuestas de modificación de la vacancia presidencial, o la llamada muerte cruzada, cuya aplicación derivaría en la disolución automática del Congreso.

No cabe duda que la relación ejecutivo legislativo es uno de los aspectos de la Constitución que mayor atención ha atraído, en particular a raíz de la interacción entre estos poderes en los últimos cinco años. En tal sentido, es necesario implementar cambios al sistema de balance de poderes. Sin embargo, estos cambios deben partir por evaluaciones profundas de expertos, seguidas por propuestas que ataquen el problema de raíz y de manera integral, en lugar de a cada figura de manera aislada. Finalmente, estas propuestas deben ser analizadas, reflexionadas y debatidas por los legisladores en búsqueda de la mejor alternativa. Es responsabilidad del legislador generar propuestas de calidad, debidamente sustentadas y evaluadas.

Urge regular adecuadamente un mecanismo real de control político al Ejecutivo, como el juicio político, así como el alcance de la cuestión de confianza. Pero la única manera de evitar futuras crisis políticas que nos paralicen de la forma en la que ha ocurrido en el pasado, es mediante una mirada integral y poniendo por delante el interés del país. Mucho bien nos haría retornar al sistema bicameral, entre otras razones porque las propuestas legislativas ameritan una reflexión más profunda.

 

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Ejecutivo, voto de confianza

Estimado lector,

¿Ha experimentado usted alguno de los siguientes síntomas en el último año? Hartazgo de la política, discusiones y alejamiento de familiares y amigos a causa de las recientes elecciones, profunda e incontrolable necesidad de calificar a personas que piensan distinto a usted con la finalidad de reducir argumentos y opiniones a etiquetas.

Si se siente identificado con uno o más de estos síntomas, no se alarme, no esta solo, se trata del fenómeno de los extremos, del que viene siendo víctima el mundo. Este mal nos ha tomado por sorpresa a muchos, aunque no debió ser así: su desarrollo ha sido lento y calculado, a la espera de que nuestra sociedad le cediera espacio para avanzar. Cada noticia falsa que difundimos sin corroborar, cada vez que utilizamos un argumento ad hominem, cada vez que dejamos el diálogo respetuoso de lado, cada vez que permitimos insultos o insultamos a una persona por pensar distinto, le damos más espacio a los extremos.

Es una tarea difícil no caer en algunas de estas prácticas, especialmente en tiempos en los que volverse “experto” en una materia está a un click de distancia. Nuestras interacciones se vuelven espacios para demostrar por qué tengo razón, pues los iniciamos teniendo ya una conclusión, independientemente de los argumentos o evidencia que nos puedan ofrecer. El problema de ceder a esta tentación es que destruimos todos los puentes de diálogo que nos permiten enriquecernos, como personas y como sociedad. Nos perdemos de recibir información valiosa que aporte nuevas perspectivas.

Pero en el plano social la pérdida es más grave aún. La polarización nos ha alejado unos de otros, arrinconándonos en nuestro extremo, llevando cada acontecimiento a una batalla de “ellos” contra “nosotros”. ¿Qué clase de país podemos construir bajo esa perspectiva? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos y consensos que nos permitan salir de la crisis política y sanitaria que enfrentamos? No hay diálogo que resista llamados a golpes de estado, a ignorar la Constitución, a la muerte de tal o cual líder, o a justificar las acciones irresponsables de una autoridad solo porque su ideología es afín a la mía y tampoco a adjetivos que buscan descalificar de entrada a cualquier interlocutor que se encuentre al otro lado de la mesa. 

Es urgente que busquemos un diálogo empático y respetuoso, en la política y fuera de ella, que tienda puentes para acercarnos con quienes alguna vez nos alejamos. Que las nuevas generaciones escuchemos de la experiencia de quienes vinieron antes que nosotros y aprendamos de aciertos y errores pasados, y que a su turno podamos compartir nuestros planes para el futuro del país. 

Madeleine Albright, diplomática de los Estados Unidos, rescató un extracto del testimonio de una persona que formó parte del régimen Nazi, en el que comenta “entonces, un día, cuando ya es demasiado tarde, te vienen a la cabeza todos tus principios, si alguna vez los tuviste. La carga del autoengaño ha crecido hasta hacerse demasiado pesada, y un incidente sin importancia hace que todo se venga debajo de repente; y entonces ves que todo, absolutamente todo, ha cambiado, y que lo ha hecho delante de tus narices.” 

La forma de hacer política está cambiando drásticamente. De cada uno de nosotros depende si dejamos pasar las señales de extremismo al que estamos encaminados o retomamos los puentes que nos acerquen para construir democracia juntos. 

 

 Atentamente, una tibia.

 

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Crisis política, Democracia, Política

Hoy se cumplen 66 años desde que se reconoció el derecho a voto de la mujer peruana alfabetizada, gracias a la lucha de María Jesús Alvarado Rivera, Zoila Aurora Cáceres, Ángela Ramos Relayze, Magda Portal, y muchas otras mujeres cuyos aportes a nuestra sociedad usualmente pasan desapercibidos.

Sin duda, este hito marca uno de los logros más relevantes en el largo camino hacia la igualdad de derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en dicho camino en estas casi 7 décadas.

42 años después del reconocimiento del voto a las mujeres con capacidad de leer y escribir, las mujeres podíamos elegir y ser elegidas, pero esto último no ocurría realmente. Así, se introdujo una nueva institución en la política peruana: el sistema de cuotas. Un concepto, con vocación temporal, que buscaba lograr la equidad en la representación. En las primeras elecciones en las que se aplicó la cuota de 25% de mujeres en las listas parlamentarias, la representación femenina pasó de 10.8% a 20%.

Sin embargo, la cuota por sí sola no rindió los resultados esperados. Si bien la cantidad de candidatas aumentó, ello no se tradujo en la cantidad de autoridades femeninas electas. Por ello, en las últimas elecciones se implementó la paridad y alternancia, una institución que además de asegurar la participación, también establecía reglas para la asignación de las posiciones de las mujeres en las listas electorales. Mediante esta institución, las listas parlamentarias son presentadas de manera intercalada por hombres y mujeres. Como resultado de la aplicación de este nuevo concepto, las últimas elecciones resultaron en un 38% de representación femenina.

El camino para lograr una representación que nos permita estar en todos los lugares donde se toman las decisiones, parafraseando a Ruth Bader Ginsburg, es largo y no tiene los incentivos suficientes. Ejemplos sobran del maltrato y acoso que sufren las mujeres políticamente expuestas por el único y exclusivo hecho de ser mujeres.

Recientemente los medios mostraron la agresión verbal sufrida por una Congresista de la República por parte nada menos que del Presidente del Consejo de Ministros. Esta situación ha suscitado diversas reacciones. Por un lado, algunos condenamos este hecho. No obstante otras personas han pretendido  justificar  al agresor con argumentos falaces relacionados con su lejanía a la capital, o incluso han negado la afectación de la víctima haciendo referencia a su tendencia política. 

El hecho de que  no haya una condena unánime, y que sigan existiendo  excusas o justificaciones para este tipo de situaciones, particularmente a una autoridad política nos hace notar lo lejos que nos encontramos de la igualdad que buscamos. La lucha por la igualdad de los derechos no es una de carácter ideológico, la equidad solo se alcanza cuando incluye a todas las mujeres.

Han pasado 66 años desde que el primer grupo de mujeres obtuvo el reconocimiento de su derecho al voto. ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que podamos celebrar una igualdad real en nuestra sociedad?

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derechos, mujeres, pcm, Voto