[Cosecha Roja] Desde que empezó la actual legislatura, se han presentado en el Congreso más de 45 proyectos de ley que proponen el endurecimiento de penas y condenas en aras de frenar la actual arremetida de crimen y delincuencia que mantiene a la población en vilo. Es decir, en promedio se ha presentado un proyecto y medio por mes en los últimos dos años y pico que tiene el actual parlamento en funciones. De todas estas iniciativas, 10 han tenido el mismo objetivo: crear la figura penal de “terrorismo urbano” e incorporarla al Código Penal. Ante tanta insistencia, finalmente, la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso decidió aprobar el dictamen de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal y establece penas de entre 23 a 30 años, así como sus causales.
¿En el país donde una película, una obra de teatro, una presentación de libro y una manifestación pueden ser calificadas de “terroristas” o de “apología al terrorismo” (y lo han sido) qué significa que ahora el crimen también pueda serlo?
Ciertamente, el terrorismo urbano existe: los atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, los ataques terroristas de Paris en 2015 y la explosión provocada en el Manchester Arena de 2017 son solo algunos ejemplos recientes. Pero, a diferencia del crimen que actualmente agravia al país, todos estos ataques fueron motivados por objetivos ideológicos, religiosos y políticos de organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico.
Con esto no estamos buscando invisibilizar el trágico legado que ha dejado el accionar de organizaciones que en el pasado ejercieron la violencia para avanzar sus respectivas plataformas ideológicas y políticas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero equiparar el accionar de estas organizaciones ⎯y, sobre todo, las estrategias para combatirlas⎯ con el de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, puede terminar siendo más perjudicial a la larga.
Tampoco pretendemos negar el hecho de que muchas de estas organizaciones criminales recurren a la violencia extrema y tácticas terroristas para instalar el miedo en poblaciones enteras y/o ejercer un control territorial tiránico en los espacios donde despliegan sus actividades delictivas: trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y muchas más. Pero su lógica sigue estando motivada por las ganancias económicas de sus negocios ilícitos y no necesariamente por cuestiones ideológicas.
Es fundamental reconocer que etiquetar la violencia y las tácticas de organizaciones criminales bajo el término de “terrorismo urbano” no solo puede diluir el significado del terrorismo verdadero, sino también complicar los esfuerzos para abordarlo eficazmente. La militarización de la respuesta al crimen organizado (y nuestra sociedad) es un riesgo real que este dictamen podría precipitar. En el país donde potencialmente todo puede ser terrorismo, esta realidad no parece estar tan alejada.
Lo que causa rechazo es que el proceso de exterminio ideológico de la izquierda “caviar” en la que se halla empeñado el Congreso de la República, en base a la mayoría espúrea conseguida por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, es que sucede por la puerta falsa.
Es equivalente a lo que se quiso hacer con el gabinete Flórez Araóz durante el cortísimo mandato de Manuel Merino. De la noche, a la mañana, la inmensa mayoría de la población que endosaba su respaldo a Martín Vizcarra se encontró con otro gobierno, de cariz distinto, queriendo hacer y deshacer.
En el caso actual sucede lo mismo. La población votó mayoritariamente por Castillo y ahora ve con sorpresa que desde un Congreso envalentonado se quiere hacer tabla rasa de uno de los sectores que facilitó el triunfo del maestro chotano.
Si alguien quiere emprender una restauración conservadora, como la ha bautizado Rosa María Palacios, o, mejor aún, una conversión del Estado peruano en uno derechista liberal y despejar las habitaciones de resabios izquierdistas, hasta bienvenido sería, pero debe hacerse con la legitimidad precedente de haber conquistado el poder por las urnas.
Como bien señala Michael Reid, exdirector senior de The Economist, “el desafío que enfrenta el Perú es sobre todo político. Es volver a construir organizaciones políticas que tengan credibilidad con los ciudadanos y que puedan agregar intereses e implementar políticas buenas. Ahí está el desafío en liderazgo y comunicación política”.
El Congreso, con este intento de tirarse abajo a toda la Junta Nacional de Justicia por causas injustificadas, está yendo más allá de la legitimidad que posee e, inclusive, de la legalidad de la propia medida que quiere implementar. Así no se construye una república derechista ni mucho menos. A trompicones, con leguleyadas y trastiendas jurídicas lo único que se logra es reacciones adversas y efectos contrarios al buscado.
Si la derecha quiere efectuar una poda ideológica en el Estado peruano, tiene el derecho político de hacerlo si es que, previamente, ganase las elecciones y obtuviese mayoría congresal, y además gozase de un alto grado de aprobación, pero no lo puede hacer un Parlamento hechizo, armado con componendas truchas, y con una desaprobación que bordea casi el absoluto rechazo ciudadano. Y encima con trampas jurídicas ostensibles y groseras, como las que apreciamos en el caso de la JNJ, la que, dicho sea de paso, tampoco ha puesto de su parte con un comportamiento ejemplar.
Llegamos a julio de 2023. Cómo pasa el tiempo. Se han cumplido dos años de nuestras cartas. Es un gusto poder compartir contigo el Perú del Bicentenario. Cómo me gustaría que me pudieses contar tu sentir sobre la lucha de tantos peruanos y peruanas por la independencia. El tiempo vuela y dos años de correspondencia nos debe llevar a ciertas reflexiones sobre nuestra historia contemporánea.
Llegamos al mes de la patria con una presidenta que tiene cinco meses en el cargo y acusaciones graves contra los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante los meses en los que no te pude escribir, como te conté en mi carta anterior, se presentó el informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el Contexto de las Protestas de la CIDH, que confirma que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Hasta la fecha el Ejecutivo no ha presentado sus descargos fácticos sobre el mencionado informe. Los congresistas se han pasado insultando a la Comisión, sin haber fiscalizado al Ejecutivo para que explique la muerte de 60 personas durante las protestas sociales. Hasta el alcalde de Lima a desacreditado a la Comisión y su trabajo sin leer el informe.
Todas las autoridades se han unido para negar la muerte de los ciudadanos. Parece que estos demócratas no saben que deben rendir cuentas a los ciudadanos ya que nos deben sus puestos. Los ciudadanos tenemos el derecho a elegir, ser elegidos, así como de expresarnos contra autoridades que no nos representan, mas aún cuando queda claro que están gobernando por intereses (propios) que van en contra del país y la Nación. Sus leyes, como la última de colaboración, atentan contra los actuales procesos de corrupcion y el congreso.
La represión militar y la impunidad ha llevado a la búsqueda de la protesta mediante el arte. Músicos anónimos de la ciudad de Juliaca (Puno) han creado la canción “Dina Asesina”, himno en las marchas, así como en las comparsas de las fiestas patronales. Por otro lado, hace unos días, en las fiestas jubilares del Cusco (Corpus Christi, Inti Raymi), los cusqueños celebraron el pasacalle con alegorías que representaban a la presidenta Dina Boluarte como responsable de los fallecidos en las protestas: un claro y abierto cuestionamiento al régimen en pleno desfile en la Plaza Mayor. Las alegorías “La Descarada” y la “Trilogía andina de la corrupción”, de los alumnos de la Universidad Diego Quispe Tito, fueron desmanteladas y retiradas el 21 de junio de la exposición pública en un claro acto de censura. La libertad de expresión se está concretando mediante el arte, quizá la mejor forma de rebelión pacífica que muestra la creatividad de los ciudadanos y ciudadanas.
Esto me lleva a pensar en el arte contemporáneo, que aborda temas tan diversos de la actualidad como el sexo, la muerte, la religión, el comportamiento humano, la influencia de los medios, cuestiones políticas o sociales, el medio ambiente o situaciones personales. Hay dos artistas contemporáneos que me marcaron en la vida: Mona Hatoum y Duane Linklater. Ambos están exponiendo actualmente en el Museo de Arte de Contemporáneo de Chicago (Estados Unidos). Mona es una artista británica-palestina que vive en Londres y que mediante esculturas, instalaciones, videos y audios cuestiona el poder, en especial el impuesto sobre las mujeres, sus cuerpos, así como las conexiones con las comunidades marginalizadas globalmente. Su exposición ¨Mona Hatoum: Early Works¨ contiene sus primeros trabajos de videos y grabaciones que llevan al espectador a entenderla a ella y a su familia musulmana.
Por otro lado, el artista canadiense de origen Omaskêko Cree, Duane Linklater, se inspira para su muestra “Mymothersside” en la arquitectura Cree, elaborando tipis gigantes donde cuestiona a los museos y a la sociedad por excluir a los nativos estadounidenses de la sociedad e historia. Inclusive cuestiona la vida de los nativos, que pierden su representatividad, identidad y valor en sociedades que los invisibilizan. Utiliza la arquitectura tradicional del tipi para recrearla, criticarla y hacernos cuestionar qué ha pasado con la esta población que se dedicaba a la caza y al intercambio de pieles.
La libertad de expresión es un derecho y parece que comienza a transformarse en arte. Actualmente, el arte contemporáneo es sumamente político y crítico de las sociedades en el mundo. En el Perú del Bicentenario, el arte debería ser un cada vez más usado para manifestar la frustración que sienten los peruanos ante un congreso y Ejecutivo que no los representa. Sería retador tener espacios en museos, galerías, escuelas y facultades de arte para cuestionar la realidad. Manuela, inclusive, creo que sería ideal que los artistas de la Universidad Diego Quispe Tito tomen la censura a su trabajo como una oportunidad para expresarse más y hagan más acciones artísticas. ¿Te imaginas?
En Sudaca somos respetuosos del derecho de defensa y de la libertad de expresión, y vemos con agrado que la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos salga en diversos medios de comunicación escritos y televisivos a dar entrevistas; sin embargo, lo que no ha salido hasta ahora a la luz pública es el despliegue de influencias y de manejos oscuros que realiza para “convencer” a que los congresistas voten en contra de su inhabilitación como fiscal por cinco años y que la alejaría para siempre del poder que maneja en el sistema de justicia.
El lobby de Zoraida Ávalos en el congreso de la República
La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera viene realizando desde varios meses atrás una intensa actividad de influencias y lobby parlamentario con el fin de evitar que el Congreso de la República la inhabilite en el ejercicio del cargo de Fiscal Supremo. La conducta que realiza Zoraida Ávalos es la misma por la que abrió en su época de mandamás del Ministerio Público varias investigaciones penales por la comisión del delito de tráfico de influencias a diversos altos funcionarios.
Zoraida Ávalos trata de mover los hilos del poder en el Congreso de la República a través de diversas personas, entre las que se cuenta su ex asesora de confianza, que trabajó en la Fiscalía de la Nación: Malena Chacón Arenas, quien fue nombrada en dicho cargo el 19 de marzo del 2019 hasta el 3 de julio del 2023, es decir, laboró en la gestión de Ávalos Rivera los tres años que estuvo en el cargo como Fiscal de la Nación, desempeñándose como coordinadora parlamentaria del Ministerio Público. Malena Chacón viene sosteniendo diversas reuniones con congresistas y sus asesores a quienes trata de convencer de que voten en contra de la inhabilitación de Zoraida Ávalos o que simplemente voten en blanco con el único propósito de que no se alcance el número legal de votos requeridos para inhabilitarla. Chacón Arenas trabajó antes como secretaria general de la Municipalidad del Santa en la gestión de Victoria Espinoza García, quien fue condenada por el delito de colusión ilegal a cuatro años de pena privativa de libertad por el caso denominado “semáforos inteligentes”.
Malena Chacón Arenas (DNI N° 32964940) en el mes de abril del 2023 visitó tres veces el Congreso de la República: el 13 de abril, el 25 de abril y el 27 de abril. Todas las visitas fueron autorizadas por la congresista por Huánuco de Perú Libre, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, quien pertenece a la Bancada del Bloque Magisterial. La visita de Chacón Arenas a una congresista del partido del expresidente Pedro Castillo confirmaría la estrecha vinculación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos con el gobierno del defenestrado expresidente.
En el mes de mayo del 2023 Malena Chacón Arenas registra seis visitas, los días 3 de mayo (visita a la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla), 5, 15, 17 y 19 de mayo (visita a Javier Angeles Illmann: Director General Parlamentario,) y 22 de mayo (visita a la congresista María Acuña Peralta).
En las diversas visitas al Congreso de la República Chacón Arenas mantenía reuniones con diversos congresistas de las bancadas de izquierda, de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y otras tiendas políticas a fin de convencer a los congresistas de que voten por el rechazo por el pedido de inhabilitación de Zoraida Ávalos, ofreciéndoles que si Zoraida regresaba a la Fiscalía de la Nación iba a archivar cualquier investigación en su contra, dedicándose, además, a despotricar de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación, señalando que la Junta Nacional de Justicia la va a suspender del cargo y la va a destituir. La prueba reina de las gestiones y el lobby ilegal que hacía Malena Chacón Arenas a favor de Zoraida Ávalos se encuentra en un audio que grabó un Congresista de la República y que obra, según nuestras fuentes, en poder del Ministerio Público quien viene adelantando una investigación reservada al respecto.
Es muy grave que una exfiscal de la Nación utilice a sus antiguos asesores de confianza, quienes fueron contratados y pagados por más de tres años por el Ministerio Público, para hacer tráfico de influencias y para ofrecer una serie de beneficios y prebendas legales a los congresistas a cambio de votos en contra de la vacancia.
Zoraida Ávalos, como Fiscal Suprema en ejercicio, debe dar ejemplo de conducta ética y demostrar que para defenderse no es necesario acudir a acciones vedadas por la ley y menos utilizar a antiguas asesores de confianza para buscar acercamientos a congresistas para lograr que voten a su favor.
Los mails secretos de Zoraida Ávalos a los congresistas (jueces del congreso) que decidirán si la inhabilitan constitucionalmente
Zoraida Ávalos el 23 de mayo del 2023 envío desde su mail personal (zoraidaavalosrivera@gmail.com) al correo privado de casi todos los congresistas una copia de su escrito de defensa elaborado por el abogado Francisco Eguiguren Praeli, lo que supone realizar un manifiesto acto ilícito e indebido ya que a ningún litigante o abogado en el Perú se le permite que pueda enviar al correo privado de un juez o fiscal en el que se lleva un caso de su interés el escrito de alegatos de defensa o el informe elaborado por su abogado defensor. A ninguna persona investigada en el Perú se le autoriza enviar vía mail un escrito de defensa al correo personal de un funcionario público que conoce un caso. Cualquier litigante sabe que lo correcto es presentar el escrito que le interesa en la mesa de partes de una institución pública o enviar el documento al correo institucional de la mesa de partes, por ejemplo, de una fiscalía, de un juzgado o de cualquier dependencia pública.
Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.
A ningún ciudadano se le concede en el Perú el poder mantener una relación directa y personal, a través del correo electrónico, con algún funcionario (juez, fiscal congresista, etc.) que forma parte de un órgano colegiado que decide un caso de su interés. Todo abogado sabe que no es lícito ni correcto que los escritos de su defensa los pueda remitir al correo privado de un juez o fiscal o cualquier otro funcionario público, ya que está generando una relación extraprocesal prohibida por la ley.
Consultado el caso de Ávalos Rivera con algunos fiscales, se nos ha indicado que la exfiscal de la Nación habría cometido una infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal que sanciona, incluso, con destitución a quien “abusa de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado” (artículo 46.15). Se nos dice que Zoraida Ávalos solo por el hecho de ser todavía fiscal suprema se siente capaz de hacer algo que a ningún abogado se le ocurriría cometer: enviar los alegatos de su defensa al correo personal de los congresistas que dentro de poco deberán decidir si la denuncian constitucionalmente e inhabilitan para el ejercicio del cargo público.
Más allá de ese análisis, el libro -dentro de un panorama general de las democracias latinoamericanas- presenta los avances y estancamientos en la que se encuentran la democracia y lo liberal. Al respecto, Vergara propone una mirada republicana, que se sitúa por sobre las premisas presentadas anteriormente, en la que se haga necesario plantear análisis sobre la República desde el punto de vista del gobierno, de los ciudadanos y de la sociedad.
Y es a través de estos planteamientos de análisis que se puede apreciar el malestar permanente en el que se encuentra América Latina.
Esta nueva visión es interesante y pertinente, sin embargo, no puede estar aislada de la ansiada reforma política, ya que un cambio tan trascendental debe estar acompañado de otras reformas como la recomposición del congreso (diputados) a mitad del periodo presidencial, el regreso de la bicameralidad, la eliminación del voto de confianza a los nuevos gabinetes, eliminar la posibilidad de disolver el congreso por censuras a gabinetes, pero incluyendo un articulo similar al ecuatoriano que permite la “muerte cruzada” y el incremento a 4/5 del numero legal de miembros para vacar a un presidente.
Estas reformas y otras más como el tener distritos electorales uninominales, deben permitir esta figura de la cohabitación, que podría darse a mitad del periodo presidencial si cambia la composición del congreso.
La posibilidad de tener un nuevo pacto social disminuiría radicalmente esa demanda constante de vacancias, disoluciones y “que se vayan todos”, ya que la ciudadanía sabría que, en un periodo relativamente corto, podrían elegir, a través del voto y no de la violencia, un nuevo rumbo político donde se cambia al premier (jefe de gobierno) pero se mantiene al presidente (jefe de estado).
Vizcarra encargó a Tuesta una reforma política que nos ha complicado más que otra cosa, pero una alternativa ante un congreso tan desprestigiado como el nuestro, sería que la presidenta Boluarte convoque a un nuevo grupo de expertos, liderado por algún constitucionalista de prestigio y de consenso, para que lidere una nueva propuesta de reforma política que quizá, quien sabe, se oriente de una vez, al semi-presidencialismo.
Los organismos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, los convenios firmados y las alianzas establecidas con otros países nos dan un marco fundamental de regulación. Como nuestros parlamentarios saben de ese marco, buscan agraviarlo. Nos quieren hacer creer que la justicia se resuelve con pena de muerte y que por eso debemos romper con el Pacto de San José de la OEA. Que debemos retirar a los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico que nos acusan porque el comunismo nos hundirá en la peor de las pobrezas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, por más que cuenten con la complicidad de la prensa y sus escandaletes mediáticos, con la evidencia compartida en las investigaciones de las autoridades internacionales contamos con una base para detener su desborde legislativo, su autoritarismo de gamonal y su festín de corrupción. Sépanlo bien, no nos vamos a rendir.
Si se reacciona morosamente, la tranquilidad relativa de la que se goza volverá a llevarnos a tiempos de agitación y entonces será tarde para preguntarnos por qué pasó ello. Nadie tendrá autoridad moral para darse por sorprendido.
Hay tiempo suficiente hasta el 2026 para retomar el rumbo de las reformas, algunas de ellas, la política y electoral, la macroeconómica, la regionalización, la policial, que hagan que la expectativa del futuro que tienen los peruanos cambie de la valencia negativa que hoy tiene a una positiva, que destierre la desazón que, a pesar de habernos librado de la terrible gestión de Pedro castillo, subsiste. La calma chicha referida debe dar paso a la inestabilidad reformista.
–La del estribo: maravilloso reencuentro cinéfilo con clásicos del cine: ¿Quién teme a Virginia Wolf?, con Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿Qué pasó con Baby Jane?, con las extraordinarias Bette Davis y Joan Crawford (feliz coincidencia: en Star Plus dan una serie documental sobre esta película, protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, que grafica el odio legendario entre Davis y Crawford), Lo que el viento se llevó, con Vivian Leigh y Clark Gable, Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie Wood, Charada, con Audrey Hepburn y Cary Grant, han servido de compensación a la rala emisión de películas que mi proveedor calificado ha tenido. Todo por HBO Max Clásicos.
Todo esto surge luego del asesinato de un miembro del Serenazgo de Surco por parte de un delincuente. Causa indignación lo sucedido, sin duda, pero no podemos dejar de advertir la temeridad irresponsable del sereno que nunca debió atreverse a enfrentar a un sujeto armado, sino que debió darle prudente seguimiento y reportar de inmediato a la policía.
Un hecho lamentable, pero equívoco, ha dado pie a esta ola de populismo punitivo, que a nada bueno conduce. El Estado, en su función básica de proveer seguridad, debe ser uno solo, no un personaje de mil caras. Si no lo hace a cabalidad, pues debe llevarse a cabo una profunda reforma policial para que lo haga, pero no menoscabar sus funciones o generar cuerpos parapoliciales de alto riesgo para la propia seguridad ciudadana.
Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.
