desaparecidos

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo (DP) advierte que en el 2021 se registraron alrededor de 16 alertas de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes por día, lo que ha significado un total de 5904 casos, representando esto un 7% de incremento frente al 2020.

Más allá de las cifras que son escalofriantes, se viene llamando la atención sobre un problema que se agrava y que demanda de parte del Estado acciones intersectoriales, primero, para conocer mejor las conexiones de la desaparición de mujeres con el feminicidio y otras formas de violencia como la trata de personas; así como para reforzar los sistemas de búsqueda e investigación de los casos. 

Según el informe de la DP, de los 146 feminicidios reportados el año pasado, en 19 casos las víctimas fueron previamente desaparecidas; es decir existe una conexión entre ambos crímenes.  No se conoce el vínculo que existe entre la trata interna y externa de personas y la desaparición de mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que dicho delito es de mucha incidencia en nuestro país y afecta fundamentalmente a niñas, adolescentes y jóvenes. 

Son muchos los desafíos alrededor de esta problemática, como, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas para que se generen protocolos y capacidades especializadas en la búsqueda de mujeres, quienes están especialmente en riesgo de graves formas de violencia de género.

Sin embargo, otro de los desafíos (muchas veces olvidado) es promover una adecuada y diligente investigación de los casos, que permita a los familiares ejercer su derecho a la verdad con dignidad y acceder a la justicia. Definitivamente una dimensión profundamente dolorosa de esta problemática es la angustia y la incertidumbre que viven las madres, padres, hermanos/as o cualquier familiar que busca a una mujer, sin poder conocer – incluso en años- qué paso con ella. 

En muchos de los casos judicializados la búsqueda e investigación esta plagada de estereotipos de género que conllevan a la culpabilización de las mujeres por su desaparición; así mismo, pueden pasar años y los familiares ven estancarse los procesos, sin saber qué pasó, se sienten humillados por un sistema que miran con impotencia. 

Las mujeres no desaparecen, nos desaparecen, y, si bien se necesita prevenir estos hechos, fortalecer y agilizar la búsqueda en el marco de la debida diligencia, se necesita también garantizar investigaciones idóneas y respetuosas con el sentir de los familiares, quienes tienen derecho a saber qué paso, sin que esto implique su humillación y tormento. 

 

 

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