Lucha contra la violencia hacia las mujeres

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo (DP) advierte que en el 2021 se registraron alrededor de 16 alertas de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes por día, lo que ha significado un total de 5904 casos, representando esto un 7% de incremento frente al 2020.

Más allá de las cifras que son escalofriantes, se viene llamando la atención sobre un problema que se agrava y que demanda de parte del Estado acciones intersectoriales, primero, para conocer mejor las conexiones de la desaparición de mujeres con el feminicidio y otras formas de violencia como la trata de personas; así como para reforzar los sistemas de búsqueda e investigación de los casos. 

Según el informe de la DP, de los 146 feminicidios reportados el año pasado, en 19 casos las víctimas fueron previamente desaparecidas; es decir existe una conexión entre ambos crímenes.  No se conoce el vínculo que existe entre la trata interna y externa de personas y la desaparición de mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que dicho delito es de mucha incidencia en nuestro país y afecta fundamentalmente a niñas, adolescentes y jóvenes. 

Son muchos los desafíos alrededor de esta problemática, como, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas para que se generen protocolos y capacidades especializadas en la búsqueda de mujeres, quienes están especialmente en riesgo de graves formas de violencia de género.

Sin embargo, otro de los desafíos (muchas veces olvidado) es promover una adecuada y diligente investigación de los casos, que permita a los familiares ejercer su derecho a la verdad con dignidad y acceder a la justicia. Definitivamente una dimensión profundamente dolorosa de esta problemática es la angustia y la incertidumbre que viven las madres, padres, hermanos/as o cualquier familiar que busca a una mujer, sin poder conocer – incluso en años- qué paso con ella. 

En muchos de los casos judicializados la búsqueda e investigación esta plagada de estereotipos de género que conllevan a la culpabilización de las mujeres por su desaparición; así mismo, pueden pasar años y los familiares ven estancarse los procesos, sin saber qué pasó, se sienten humillados por un sistema que miran con impotencia. 

Las mujeres no desaparecen, nos desaparecen, y, si bien se necesita prevenir estos hechos, fortalecer y agilizar la búsqueda en el marco de la debida diligencia, se necesita también garantizar investigaciones idóneas y respetuosas con el sentir de los familiares, quienes tienen derecho a saber qué paso, sin que esto implique su humillación y tormento. 

 

 

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Son muchas las veces que se llama la atención sobre la violencia contra las mujeres, es claro que este es uno de los principales problemas que tiene el país. Un drama que a pesar de los esfuerzos no logra erosionarse y que semana tras semana nos hace horrorizarnos con nuevos casos. 

Entre enero y octubre del 2021, el Ministerio de la Mujer ha registrado 114 casos de feminicidios, más de un centenar de mujeres que fueron asesinadas, muchos niños y niñas que quedaron sin madre; y una sociedad que se daña y se deshumaniza como consecuencia de la violencia de género. 

El feminicidio como crimen no es un hecho aislado es producto de la permanencia de otras formas de violencia, de la minimización que se hace de otros hechos de agresión, de la falta de atención a las denuncias, de medidas de protección inoperantes y de la impunidad. Muchas mujeres antes de ser asesinadas sufrieron otras formas de agresión como el acoso, la violencia psicológica, física y/o sexual. Muchas expresaron sus miedos, alertaron a sus entornos, a las autoridades, muchas buscaron ayuda y encontraron la indiferencia, muchas intentaron huir.

El feminicidio es un crimen que puede evitarse, porque la violencia contra las mujeres puede y debe prevenirse. De hecho, la obligación de prevención es parte de la debida diligencia que debe cumplir el Estado en materia de violencia contra las mujeres.  

En este escenario tan doloroso y trágico, el Congreso de la República blindó a un agresor, al congresista Luis Cordero Join Tay denunciado por acoso, violencia física y sexual por parte de su expareja. 

El martes 6 de diciembre del 2021, debemos recordarlo como el día en que la Comisión de ética del Congreso de la República protegió – con argumentos absurdos- a un agresor; convirtiéndose en un canal de impunidad y enviando – a su vez – un mensaje de permisividad y tolerancia frente a la violencia hacia las mujeres. Nada más vergonzoso. 

Luego de este proceder y de las declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Karol Paredes (Acción Popular) quién justificó la decisión y mandó a investigar a los medios de comunicación; es claro que el espacio se conduce sin ética, en un marco de extraños y pobres valores que ningún favor le hacen al país. 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es un asunto de derechos humanos y por lo tanto debe ser una prioridad ética. Al parecer, en el actual Congreso, no lo entienden así. Quedó claro que este grave problema social solo se utiliza con fines políticos, pero no existe un auténtico interés por abonar a su erradicación. Lamentable. 

Gracias a la insistencia de la Congresista Ruth Luque, una de las pocas que voto a favor de la investigación en la Comisión, se han logrado los votos para que la nefasta decisión pueda ser reconsiderada en una nueva sesión a desarrollarse este jueves 9 de diciembre, esperemos que sea oportunidad para enmendar el terrible error, aunque el daño ya está hecho. 

 

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