[TIEMPO DE MILLENNIALS] En los últimos meses los medios han estado plagados de noticias negativas sobre nuestro país, demostrando que el Perú se encuentra en uno de sus peores momentos en materia económica, política y social. Nuestras instituciones públicas funcionan de manera deficiente, nuestra clase política evidencia no solo no estar preparada para los cargos que asumen, sino que poco les interesa el país, e incluso los mismos ciudadanos peruanos parecen estar más interesados en los asuntos políticos de otras regiones de Latinoamérica que en los de su propio país.

La inseguridad ciudadana atraviesa un momento crítico, tal es así que Lima se ha convertido en la ciudad número 19 más peligrosa del mundo, solo un puesto más abajo que Tijuana; los delitos de hurto y robo agravado han aumentado en un 45% vs el 2022; y, ¿qué hace el gobierno? Desde el 2021 ha declarado 9 estados de emergencia, sin ver resultados, y sigue usando la misma herramienta como “solución” a la inseguridad. Ya hemos normalizado las noticias como “hombre es asesinado a balazos”, “mujer es violada y torturada”, “niña de 4 años es encontrada muerta luego de ser abusada sexualmente”, “extorsionadores asesinan a empresario por no pagar cupo”, entre muchas otras.

Si hablamos de economía, en setiembre de este año el PBI se contrajo 1.29%, lo que representa una caída por tres trimestres consecutivos. La economía peruana está en su peor crisis desde 1990. Esto viene de la mano con la caída en la inversión privada que decreció en un 8,3 % en el segundo trimestre del 2023. Se ha perdido la confianza empresarial en nuestro país, y esto no sorprende ya que hemos tenido un intento de golpe de estado, escándalos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo que siguen saliendo a la luz hasta el día de hoy, un congreso de espaldas al país, exministros prófugos, nombramientos de autoridades no idóneas en el Estado, y conflictos sociales como las protestas, tomas de aeropuertos, etc.

¿Quién quiere vivir en un país que es tierra de nadie? Donde los políticos solo velan por sus propios intereses y prefieren poner en riesgo la democracia con un acto inconstitucional como la destitución de la JNJ. Donde nuestras autoridades no buscan soluciones a la crisis económica y de inseguridad. Donde los actos de proselitismo son cosa del día a día. Donde la corrupción viene destruyendo las instituciones públicas. Causa de ello es que en el 2022 más de 400 mil peruanos dejaron el país, cifra cuatro veces mayor a la del 2021, y muchos compatriotas más tienen planes de emigrar en los próximos años si la situación no mejora.

No Dina, el Perú no está en calma y en paz.

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[TIEMPO DE MILLENNIALS] La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.

Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.

Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.

Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.

El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.

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[TIEMPO DE MILLENNIALS] A raíz de estos sucesos, la productora anunció que procederían a realizar la devolución del importe de las entradas y brindaron un link para registrar la solicitud de devolución. Sin embargo, luego de casi 9 meses, la mayoría de los usuarios (65% del total), incluyéndome, no hemos recibido ni un sol de la devolución. Una de las últimas comunicaciones de Teleticket fue: “Actualmente estamos enfrentando una situación en la que no contamos con los fondos necesarios para procesar tu solicitud de devolución, ya que estos no han sido provistos por el organizador del evento, te solicitamos que dirijas directamente tu solicitud a la razón social Fans Music Entertainment”. No obstante, la productora no responde mensajes ni correos.

Lo que más sorprende es que Fans and Music siga realizando conciertos como si nada, y que Teleticket siga siendo su portal de venta de entradas. A principios de junio, INDECOPI ordenó a Teleticket que, de manera inmediata, retenga los fondos de la productora, para que devuelva el importe de las entradas a los consumidores afectados, pero esto no se ha llevado a cabo. Si siguen siendo su portal de ventas, entonces cuentan con los fondos. Pero en lugar de beneficiar a los consumidores prefieren enviar un comunicado desligándose de toda responsabilidad, y seguir lucrando en conjunto con Fans & Music.

Hace poco, INDECOPI multó con un total de 357.5 UIT (S/1.769.625), a la empresa Fans & Music por afectar los derechos de los consumidores durante los eventos arriba mencionados, ya que la empresa incumplió su deber de brindar servicios idóneos al sobrevender entradas para el concierto programado para el 22 de noviembre y por no realizar el concierto del 23 de noviembre de 2022, afectando así las expectativas de los consumidores, y por poner en riesgo la seguridad de los asistentes al evento ya que este superaba el aforo autorizado por la Municipalidad de Surco (Fuente: El Comercio).

Tenemos aquí a dos empresas faltándoles al respeto a los consumidores y omitiendo todos los principios de ética. Primero, ¿cómo puede una empresa como Fans & Music seguir operando cuando ha infringido tantas normas, cuando ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios, y cuando adeuda dinero a más de 5 mil personas que adquirieron entradas para uno de sus conciertos? Y segundo, ¿cómo puede Teleticket seguir siendo el portal de ventas de esta productora cuando están al tanto de lo que se adeuda, y cómo pueden desligarse del tema enviando ese comunicado cuando siguen teniendo acceso a los fondos de Fans & Music generados por los otros conciertos que llevan a cabo?

No queda otra que, nosotros como usuarios, seamos quienes castiguemos a este tipo de empresas para que no continúen atentando contra nuestros derechos como consumidores. Quedarse de brazos cruzados solo permitirá que sigan realizándose este tipo de abusos. Tomemos acción, iniciemos una demanda colectiva y no sigamos siendo usuarios de Teleticket o asistiendo a eventos de productoras que no velan por nuestra seguridad o por nuestros intereses.

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[TIEMPO DE MILLENNIALS]  El embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública que va en aumento y que el Estado parece no darle la importancia que amerita. En el 2022, 1,624 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, superando las cifras de años anteriores (Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea). En solo lo que va del 2023, ya hubo 364 nacimientos de madres entre 11 y 14 años. Las principales causas son violencia sexual, falta de educación sexual y desigualdad de género.

¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el presupuesto para prevenir el embarazo adolescente en Perú debería ser de entre S/ 55 y S/ 98 per cápita. Sin embargo, en promedio, las regiones manejan un presupuesto de S/ 9.3 por adolescente, muy por debajo de lo sugerido. Incluso existen regiones como Amazonas y Tacna donde se invierte tan solo S/ 0.70 por adolescente. Justamente en las regiones donde el presupuesto es menor, la taza de embarazo es mayor.

El acceso a anticonceptivos gratuitos también es otro problema, y cuya responsabilidad es del Estado. En las regiones más pobres, a menudo los centros de salud están desabastecidos y, en general, en el país, muchos de ellos no ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración que son más idóneos para prevenir los embarazos. Recién hace menos de un año se incluyó en la lista de anticonceptivos gratuitos el dispositivo intrauterino (DIU) liberador de progestágeno, cuando desde años atrás se ofrece en otros países.

Otro problema es el Congreso y el Ejecutivo, que tienen a un gran sector de extrema derecha que pone en riesgo que muchas adolescentes accedan libremente a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad. Un ejemplo es el caso de la “píldora del día siguiente”. Recién en marzo de este año el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud distribuir de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. Previo a ello, ni siquiera los kits de violación incluían esta píldora, ya que un sector de nuestros gobernantes aducía que era abortiva. Asimismo, si bien el aborto terapéutico es legal, según un reporte de la UNFPA, más del 70% de los centros de salud desconocen la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico.

Por último, la falta de acceso a la educación sexual integral (ESI) colabora a que el número de embarazos adolescentes vaya en aumento. Según la UNFPA, en el 2017 junto con la Defensoría del Pueblo, se supervisaron 91 establecimientos de salud diferenciados de atención integral a adolescentes, y en 23 de ellos no se les entregaba información sobre salud sexual y reproductiva si no iban acompañados por sus padres a pesar de que la norma señala que desde los 14 años los jóvenes pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos sin estar acompañados de un adulto. El problema también está en los colegios ya que a pesar de que existen lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación, la implementación de la EDI de calidad aún no se lleva a cabo de manera adecuada ya que no se asignan los recursos necesarios para la capacitación docente y, además, hay mucha controversia sobre lo que se debe enseñar.

Del 2021 al 2022 el embarazo adolescente creció en 22%. El Estado tiene todas las herramientas para abordar este tema, pero aun así no lo hace. Hay sectores que prefieren pasarse años debatiendo sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, u agrupaciones como «con mis hijos no te metas» que se oponen a la ESI en los colegios, sin ponerse a pensar en el daño que su inacción les hace a miles de niñas y adolescentes en el Perú. No cabe en estos tiempos ser conservadores, la realidad es que el inicio de las relaciones sexuales se da en promedio entre los 16 y 19 años en Lima, y a los 12 años en la Sierra y Selva, y gritar «con mis hijos no te metas» se simplemente ser ajenos a esa realidad y darle la espalda a un trabajo de prevención que urge en el Perú.

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Defensoría del Pueblo, embarazo adolescente, Tribunal Constitucional, UNFPA

¿Por qué nuestro país está tan desfasado en cuanto a la salud sexual y reproductiva? No solo es necesario que el Estado peruano cuente con una legislación específica sobre las técnicas de reproducción humana asistida y se incluyan como prestaciones básicas, sino también generar conciencia sobre la infertilidad y las acciones preventivas que se pueden tomar. Muchas parejas hoy en día deciden tener su primer hijo pasados los 30 años, y es recién en ese momento que algunas se enteran de las dificultades que tendrán para lograrlo.

A los 25 años la mujer tiene un índice de fertilidad óptimo, por lo que, según especialistas, lo ideal sería empezar a congelar los óvulos a partir de esa edad. Por desgracia, actualmente no se genera conciencia sobre ello, y muchas veces puede llegar a ser muy tarde cuando la mujer decide hacerlo, además de que es un tratamiento bastante costoso y accesible para un porcentaje bastante reducido de la población.

La infertilidad no debería ser un tema tabú y sus tratamientos tampoco deberían ser un bien de lujo. Toda mujer y/o pareja deberían estar informadas sobre esto desde jóvenes, y deberían poder acceder a los tratamientos necesarios de ser el caso. Que el 20% de parejas en nuestro país tengan problemas de fertilidad no es poca cosa, y el Estado debería ponerlo en agenda para que no solo los privilegiados puedan tener una solución a su alcance.

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Segundo, el accionar de la Policía y el Poder Judicial no siempre es el adecuado. La Policía a veces falla en actuar rápido para capturar a los agresores, y en diversas ocasiones los dejan libres a las pocas horas “por falta de pruebas”. La fiscalía juega un rol importante en estos casos, ya que siempre escuchamos en las noticias que algún juez dejó libre al agresor o no solicitó detención preventiva. Pero qué podemos esperar, si en el 2022, más de 180 servidores públicos fueron sancionados por acoso, abuso y violación sexual. De estos, casi el 70% pertenece al sector Educación [El Comercio]. Y no olvidemos que, en el 2017, el exjuez César Hinostroza liberó en a un condenado por violar a una niña de 13 años.

Esto demuestra lo mal que estamos como sociedad, y esta es la principal causa del aumento de violencia contra mujeres y niñas. Así el marco legal sea el adecuado, nuestra idiosincrasia es paupérrima. No vamos a avanzar como sociedad y seguiremos siendo #muchasmenos mientras tengamos una clase política que se oponga a enseñar educación sexual en colegios, mientras los padres de familia sigan transmitiendo la masculinidad tóxica en casa, mientras no aceptemos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, mientras no avalemos la libertad de la mujer.

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#muchasmenos, #niunamenos, Feminicidio, Machismo, Masculinidad tóxica, Violencia contra la mujer, Violencia de género

En Japón, por ejemplo, donde existe licencia menstrual desde 1947, muchas mujeres prefieren no ejercer este derecho por miedo a que se vea como señal de debilidad, y que puedan disminuir las probabilidades de que sean contratadas. Esto me suena a algo que sucedería en el Perú de contar con esta licencia. En mi experiencia, en algunos lugares donde he trabajado, he sido testigo de discriminación contra mujeres en casos relacionados a la menstruación, y no solo por hombres, sino también por otras mujeres. También he sido testigo de cómo amigas han sido objeto de discriminación para acceder a un empleo por estar embarazadas, o he escuchado a personas decir antes de entrevistar a una mujer joven «pregúntale si está casada porque no queremos más licencias post natales». Es un hecho que en nuestro país existe discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y que estamos muy lejos de lograr la igualdad, y preocupa que, de contar con una ley de este tipo, se pueda usar en contra de la mujer y aumentar la desigualdad.

En el Perú el empleo informal sobrepasa el 76%, y para ser exactos, la tasa de empleo informal afecta al 76,3% de las mujeres ocupadas (Fuente: INEI). Si tomamos en cuenta lo que pasa en Japón y la brecha de género existente en Perú en el ámbito laboral, por más que una ley que otorgue licencias por menstruación dolorosa sea necesaria, podría no ser positivo para el género femenino y en general, para la economía formal. Esto podría desmotivar las contrataciones de mujeres, podría aumentar el empleo informal para evitar cumplir con este tipo de leyes, y por ende ir en contra de la paridad que se busca lograr entre ambos géneros en el sector laboral.

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Licencia por menstruación

No queda claro si esta crisis política podrá solucionarse con una eventual aprobación del adelanto de elecciones al 2023, pero lo que sí queda claro es que el Ejecutivo y el Parlamento carecen de representatividad. Urgen nuevas caras, urgen personas capaces al mando del país, urge un pueblo informado, pero también urge escuchar al pueblo. No podemos seguir jactándonos del crecimiento del PBI para argumentar que el Perú está mejor cuando más de tres millones de peruanos no tienen acceso a agua potable, cuando la educación pública no es de calidad y nuestro Congreso se esfuerza por debilitar a la Sunedu, cuando la atención primaria de salud es muy deficiente y quienes no pueden pagar una clínica privada tienen que hacer largas colas y esperar horas para ser atendidos en un hospital.

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PBI

Sí, sería ideal tener adelanto de elecciones con reformas. Lamentablemente este proyecto de ley se presentó en mayo de este año, por la congresista Susel Paredes, donde se proponía que las elecciones fueran en el 2023 y alcanzaba el tiempo para hacer reformas, pero recién fue aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso el 1ero de diciembre. Pasaron 9 meses para que se aprobara, y ahora en medio de una crisis que parece no tener solución, quieren hacerse “los responsables” y no aprobar un adelanto sin reformas.

La Defensoría del Pueblo ya ha alertado sobre la urgencia de que se abran corredores y vuelos humanitarios debido a la situación de miles de personas y al desabastecimiento. Las protestas continúan, y son millones de personas las que se ven afectadas. Decir que aprobar este adelanto de elecciones es que la violencia triunfe o entregar a los peruanos al chantaje de la Constituyente es una prueba más de la poca representatividad que tiene el Congreso, del poco sentido de urgencia que tienen nuestros congresistas y del nulo consenso que existe. Si esta crisis empeora, también será responsabilidad de ellos. Ojalá no sea muy tarde cuando reaccionen.

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