Feminicidio

Sheyla Cóndor tenía 26 años y una vida por delante. Desapareció un miércoles de noviembre y dejó tras de sí un vacío que su madre intentó llenar con preguntas. Preguntas que chocaron contra una pared de indiferencia en la comisaría de Santa Anita. «Seguro está con un noviecito», le dijeron, palabras que hoy resuenan como sentencia. No era la primera vez que el sistema le daba la espalda a una mujer; tampoco será la última, si seguimos permitiendo que esto ocurra.

La madre insistió, porque las madres siempre saben. Porque los silencios de sus hijas son gritos que las desvelan. Y aunque encontró pistas —mensajes, un nombre, una dirección—, el reloj seguía corriendo, y con cada minuto que pasaba, la posibilidad de un final diferente se desvanecía. Para la Policía, era solo otro caso más que esquivar. Para Elsa Torres, era su hija, su Sheyla, que no volvía a casa.

El hallazgo del cuerpo, días después, fue un golpe seco, brutal, que nadie debería experimentar. Encontrarla no fue un alivio; fue confirmar los peores miedos. Sheyla fue asesinada por Darwin Condori, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, alguien que debía proteger, pero que en cambio se convirtió en verdugo. El detalle macabro de cómo se ocultaron sus restos no es lo más indignante, aunque es insoportable. Lo peor es todo lo que pudo evitarse.

Condori no era un desconocido para las autoridades. Tres denuncias de abuso sexual ya pesaban sobre él. Tres mujeres que hablaron, que gritaron su dolor, y no fueron escuchadas. ¿Qué se necesita para que alguien así sea apartado de un uniforme? ¿Cuántos gritos ignorados, cuántas señales pasadas por alto? La respuesta está en el silencio cómplice de quienes prefirieron mirar hacia otro lado.

No fue solo un feminicidio; fue una cadena de traiciones. Una institución que debía proteger y falló. Un sistema que dejó a Sheyla sola. Una sociedad que aún permite que ser mujer sea una condición de riesgo. El destino de Sheyla estaba marcado desde el momento en que quienes tenían el poder de actuar eligieron no hacerlo.

Y cuando todo parecía insostenible, la tragedia se volvió aún más oscura. Darwin Condori apareció muerto en un hostal, con una carta cuyo contenido aún no conocemos. Un cierre que no es cierre, una verdad que parece querer ocultarse. Las imágenes de policías manipulando la escena, de nuevo, dejan más preguntas que respuestas. ¿Fue suicidio? ¿Fue un encubrimiento? ¿Quién más está detrás de todo esto? Porque no nos engañemos: este no es un crimen aislado. Es un reflejo de un sistema corrupto que no solo protege a los culpables, sino que perpetúa la violencia.

Sheyla ya no está. Su madre no podrá abrazarla de nuevo, ni verla cumplir sus sueños. Pero su nombre sigue resonando, convertido en bandera de indignación y lucha. En las calles de Comas, las marchas claman por justicia, no solo para Sheyla, sino para todas las mujeres que han sido olvidadas por un sistema que las desampara.

Esta historia no debe ser un cierre, sino un comienzo. El Perú no puede seguir siendo un país donde las denuncias son desestimadas, donde los feminicidas llevan uniforme, donde las madres lloran solas. Sheyla merece justicia, sí, pero también merece memoria. Porque su muerte no puede ser en vano. Porque ella, como tantas otras, debe ser el grito que despierte a un país que no puede seguir dormido.

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[ENTRE BRUJAS] Según los registros del Ministerio de la Mujer, se han perpetrado 122 feminicidios y 192 tentativas de este crimen en lo que va del año.

Este es un crimen específico que insta al Estado a evaluar el contexto de violencia de género que prevalece en nuestro país.

No se trata de cualquier crimen, como algunos sectores intentan sugerir tendenciosamente para deslegitimar esta lucha. El Feminicidio es el asesinato de una mujer movilizado por un contexto de violencia de género, donde subyacen la afirmación de roles sexistas y el deseo de control de las decisiones, la sexualidad, la autonomía y vida de la víctima.

Este tipo penal fue incorporado en nuestro marco jurídico en 2013 como delito autónomo y ha experimentado varias modificaciones para definir adecuadamente el delito y operacionalizar lo que significa «un contexto de violencia de género.»

Aunque la mayoría de casos en nuestro país son feminicidios íntimos, es decir, donde el agresor es pareja o expareja de la víctima, existen otros tipos de feminicidio en los que el criminal no necesariamente mantiene una relación.

Por ejemplo, los casos de acoso y hostigamiento sexual, incluso perpetrados por desconocidos hacia las víctimas.

Hoy, un Tribunal Simbólico Contra el Feminicidio, organizado por «Familias Unidas por Justicia,» ha dado voz a madres y padres de víctimas; como un mecanismo para dar voz a quienes ya no la tienen.

En este espacio, ha quedado claro que la impunidad es un lamentable denominador común. Los familiares, que según los estándares de derechos humanos también son víctimas, reviven el dolor cuando sienten el olvido y la indiferencia de las autoridade.

Este Tribunal simbólico ha determinado que el feminicidio es un crimen pluriofensivo, ya que no solo vulnera el derecho a la vida, sino que también atenta contra el principio de igualdad y no discriminación.

Además, se ha evidenciado que el Estado no actúa con la debida diligencia reforzada, un estándar fundamental en materia de violencia de género, vinculante y desarrollado en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.

Esto significa que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con mayor prontitud y celeridad en la atención e investigación, incorporando el análisis de contexto y rechazando la influencia de estereotipos de género en los procesos.

La indiferencia judicial en los casos de violencia hacia las mujeres incrementa el sufrimiento de las víctimas que han logrado sobrevivir a las agresiones y de los familiares que buscan justicia.

Entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808,483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, enmarcados en la Ley N° 30364. En ese mismo periodo, apenas el 0.044% (354) obtuvo una sentencia

Hoy luego de escuchar a las madres, me quedó con su clamor de justicia y su dolor por la impunidad. Tal como ellas lo señalaron, «Ojalá que esto no fuera solo simbólico» «Queremos justicia”.

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[INFORMES] Hace unos días, nuestro país se despertó pasmado después de ser informada de la muerte de una estudiante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Sudaca pudo acceder al parte policial y al proceso que ha iniciado la fiscalía con relación al feminicidio; sin embargo, es importante hablar de estos problemas en medio del Día de la Salud Mental.

En el Perú, se han implementado leyes y políticas para combatir la violencia de género y los feminicidios. En 2011 se promulgó la Ley de Feminicidio, que establece penas más severas para los perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los feminicidios siguen siendo una realidad preocupante en el país. Especialmente en los más jóvenes.

El 29 de septiembre en horas de la tarde se cometió este grave delito contra la vida de Ana Paola Vargas Ramos de tan solo 19 años de edad. Su asesino quien indiscutiblemente es repudiado y se rechaza todo tipo de justificación, es Rodrigo Franco Larico Olarte de 18 años. Quien fuese retenido por un personal de seguridad de la casa de estudios.

Sudaca accedió a la documentación del Ministerio Publico para averiguar qué fue lo que verdaderamente paso ese día. El caso fue enviado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La fiscal responsable fue Elizabeth Sejje Suarez cuya acta no es mostrada públicamente, pero es del mismo día (29 de septiembre del 2023).

Se sabe que estudiantes de la UNSA llamaron al 105 para informar sobre lo sucedido en la casa de estudios. A las 17:50 horas, personal policial llegó a la Escuela de Física de la universidad (Área de Ingeniería). En esta lamentable situación, encontraron a Diego Franco Torres Acosta quien desempeña el cargo de seguridad de la universidad, quien tuvo retenido en todo momento al asesino de la estudiante, Rodrigo Larico mientras que a un lado se encontraba inerte el cuerpo de la joven asesinada.

Al examinar, se dan cuenta que la joven tiene cortes al parecer con arma blanca y a pocos metros encontraron un cuchillo (presunta arma). Lamentablemente el personal de bomberos llegó al lugar sin encontrar con signos de vida a la joven estudiante quien presentaba cortes en el cuello y abundante sangre en sus prendas.

Ahora bien, el feminicidio se dio sin presencia de alguien cercano. Y es que el parte menciona que el señor Darwin Jallo Escobar, técnico de laboratorio de física, estaba revisando las cámaras de seguridad cuando ocurrió este desagradable momento y quien comunicó inmediatamente al personal de seguridad.

Después de este desagradable relato, el mismo día, el despacho fiscal abrió investigación preliminar contra RODRIGO FRANCO LARICO por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la

modalidad de FEMINICIDIO en agravio de Ana Paola Vargas Ramos. Se sabe que el caso está a cargo del ÁREA DE HOMICIDIOS DEL DEPINCRI PNP AREQUIPA.

RESULTADO DE UN GOBIERNO QUE DESCUIDA LA SALUD MENTAL
Oficio que formaliza el caso de feminicidio cometido en la UNSA

Los testigos claves del caso y que han sido citados para declarar sobre el hecho son Darwin Javier Jallo Escobar, Diego Franco Torres Acosta y Víctor Alfaro Huaco, a efecto declare sobre los hechos cometidos en la UNSA. Además, se han retenido los celulares de los jóvenes a efecto de investigar los momentos claves del delito.

La UNSA se pronunció

La casa de estudios se pronunció con respecto al tema. “La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa lamenta el hecho ocurrido en el campus de nuestra casa superior de estudios, que tuvo como resultado la pérdida de una de nuestras estudiantes A.P.V.R. Las autoridades de la casa agustina están dando todo el apoyo a la Policía y la Fiscalía para que investiguen el lamentable suceso y se proceda de acuerdo a ley”, se lee en el comunicado publicado por el rectorado.

COMUNICADO Nª 069 - 2023

Sudaca intento comunicarse con la oficina del rectorado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, pero no obtuvo respuestas. De la misma manera, se intentó comunicar con el Dr. Hugo Rojas Flores, rector de la universidad, pero han preferido guardar silencio.

El caso de Ana refleja lo tan desatendida que está nuestra salud mental a nivel nacional. El último 10 de octubre se conmemoró justamente el Día de la Salud Mental reflejando los últimos casos que se han visto, tanto el de Ana y lo acontecido en la Universidad de Lima.

No cabe duda que cuando un acto ocurre en la capital, recién ahí toma importancia este tema. Tampoco podemos olvidar que tan asqueada puede estar la mentalidad de algunas personas. Es el caso de la estudiante de la Universidad del Pacifico que se burló de la caída del joven de la Universidad de Lima. Es lamentable que en estos tiempos veamos irónicamente este tipo de actos que se piensa que con unas simples disculpas se puede solucionar las atrocidades que se vieron reflejadas en el video de la estudiante que esperamos sean sancionadas y no una promesa tapada con mentiras.

La salud mental es fundamental y la prevención del feminicidio son cuestiones profundamente emotivas y urgentes que requieren nuestra atención y acción. Este último tema tiene un impacto devastador en la salud mental de las mujeres y en toda la sociedad. Es crucial que el Ministerio de la Mujer, Salud y el Gobierno puedan poner un plan de acción para concientizar a la ciudadanía sobre estos temas y su relevancia. Seamos agentes de cambio que busquemos caminos necesarios a una sociedad mejor y no caigamos en la ignorancia de que salga de nuestra boca, en algún video, cualquier palabra irónica que solo demuestra nuestra falta de empatía y solidaridad como ciudadanos.

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Entonces, ¿el varonicidio existe?, mi respuesta es no.  Este término absurdo ha vuelto a ser colocado por algunos abogados/as que, en mi opinión, ejercen su profesión sin ética, al no promover el principio de igualdad y no discriminación, dimensiones básicas que debe tener en cuenta toda persona que defienda los derechos humanos.

El varonicidio es una invención absurda y misógina. No tiene base para su problematización, ni es una figura jurídica. Este término solo busca enfrentar a los hombres contra las mujeres y seguir reproduciendo sociedades patriarcales.

La violencia de género es un problema estructural, un problema que amerita la lucha común de todas y todos.  Esperemos algún día la cifra de feminicidios llegue a cero.

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Segundo, el accionar de la Policía y el Poder Judicial no siempre es el adecuado. La Policía a veces falla en actuar rápido para capturar a los agresores, y en diversas ocasiones los dejan libres a las pocas horas “por falta de pruebas”. La fiscalía juega un rol importante en estos casos, ya que siempre escuchamos en las noticias que algún juez dejó libre al agresor o no solicitó detención preventiva. Pero qué podemos esperar, si en el 2022, más de 180 servidores públicos fueron sancionados por acoso, abuso y violación sexual. De estos, casi el 70% pertenece al sector Educación [El Comercio]. Y no olvidemos que, en el 2017, el exjuez César Hinostroza liberó en a un condenado por violar a una niña de 13 años.

Esto demuestra lo mal que estamos como sociedad, y esta es la principal causa del aumento de violencia contra mujeres y niñas. Así el marco legal sea el adecuado, nuestra idiosincrasia es paupérrima. No vamos a avanzar como sociedad y seguiremos siendo #muchasmenos mientras tengamos una clase política que se oponga a enseñar educación sexual en colegios, mientras los padres de familia sigan transmitiendo la masculinidad tóxica en casa, mientras no aceptemos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, mientras no avalemos la libertad de la mujer.

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Aún en este contexto de agresiones y dolor, los sectores conservadores y antiderechos que han cooptado los espacios de decisión continúan con su agenda basada en odios, siguen desplegando esfuerzos para atacar a las mujeres, la lucha contra la violencia y la igualdad. Ayer, por ejemplo, se aprobó en Comisión de Educación el Proyecto de Ley 3464 que retira el lenguaje inclusivo de los textos escolares, propuesta impulsada por la congresista Milagros Jáuregui.

Es decir, sin importar el contexto violencia y crueldad contra las mujeres, las autoridades insisten con  desaparecernos simbólicamente de los textos escolares, mientras que feminicidas desaparecen nuestros cuerpos.

Ante tanta dejadez, impunidad y crueldad, es la ciudadanía la llamada a insistir y demandar cambios concretos, transformaciones culturales a favor de la paz, la igualdad y una vida sin violencia ni discriminación.

Que la indignación nunca se pierda. #VivasNosQueremos.

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Niños, niñas, adolescentes y mujeres, siguen desapareciendo día a día, y la agenda para avanzar en la prevención de la violencia sigue siendo enorme. Lo sucedido con Gabriela, que conmocionó a tantas personas, que se hizo viral y puso a todos en alerta, debería ser motivo para que nuestras autoridades pongan foco en la realidad de nuestro país y se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para prevenir y luchar contra la trata de personas, violencia contra la mujer y desapariciones.

Como mujer, ¿cómo me siento yo viviendo en Perú? Cuando tomo un taxi “seguro” jamás me siento segura, cuando saco a pasear a mi perro de noche entro en estado de alerta si siento que alguien camina detrás de mí, si voy a un bar siempre tengo que ver lo que me sirven y “vigilar” mi trago, si camino sola por la calle tengo que aguantar “piropos” desagradables. Ser mujer es vivir con miedo, es estar alerta 24/7 porque nunca me siento segura más que en mi propia casa, es salir sin saber si voy a regresar. ¿Hasta cuándo?

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En la última audiencia el juez del 4º Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, ha determinado que los imputados Andrea Aguirre, Kevin Villanueva, Yolanda Castillo y Bryan Villanueva pasen a la etapa de juzgamiento. La defensa de Solsiret, a cargo del CMP Flora Tristán, impulsa que el crimen sea juzgado como un feminicidio, exigiendo que las autoridades hagan una interpretación amplia del tipo penal, lo que no solo contribuiría a qué realmente se acceda a la justicia, sino además a sentar un precedente importante en materia de feminicidio, crimen que puede ser cometido tanto por varones como por mujeres en un contexto de violencia de género.

La madre y el padre de Sol esperan justicia; pero a la vez, se han convertido en activistas y defensores por los derechos de las mujeres, en medio de su dolor buscan que lo que le pasó a su hija no le pase a más mujeres: «Que no hayan más Sol», es lo que su madre constantemente señala, con una fuerza y entereza digna de admiración. No puedo negar que se me encoge el alma al pensar en su indescriptible sufrimiento.

Dicen que la justicia que tarda no es justicia, pero aun así hay que insistir en que esta llegué y por fin se supere la impunidad, aplicando la máxima sanción a los criminales, garantizando la reparación para sus familiares y exigiendo que el Estado aplique medidas concretas para que estos casos no vuelvan a repetirse.

Las desaparecidas importan y sus familiares también.

Con la colaboración de Cecibel Jiménez

 

 

[1] Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 2009, párr. 258.

[2]  Este es un formato emitido por la Policía Nacional del Perú posterior a la presentación de la denuncia por desaparición de una persona en situación de vulnerabilidad que contiene información de la denuncia y fotografía de la persona desaparecida y es difundida, entre otros medios, a través del Portal de Personas Desaparecidas. (D.L. Nº1428, “Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad”).

 

 

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