Estado

Una de las banderas principales que la izquierda enarbola en el mundo es el de la provisión de una salud pública eficiente, digna, capaz de contribuir a la creación de ciudadanía.

Porque, efectivamente, no hay mejor forma de hacerle sentir a la población que el Estado se preocupa por su bienestar y considera a sus compatriotas ciudadanos de primera clase, que proveerle de salud y educación gratuitas de primer orden, competitivas y comparables a las que pueda ofrecer el sector privado.

Bueno, pues, la pregunta que, al cabo de cinco meses de gestión, cabe hacerle al ministro de Salud, Hernando Cevallos, es qué está haciendo al respecto. Porque la logística de la vacunación, que viene funcionando adecuadamente, suponemos que no genera un desvelo de tiempo completo en el titular de la cartera, ya que habrá funcionarios subalternos encargados de velar por el eficaz cumplimiento de los planes anticovid.

¿Se va a integrar por fin el Minsa con EsSalud, eliminando la contribución que hace el empleado, bajo retención de su sueldo, a un sistema de seguro, práctica absolutamente antitécnica (como la de las AFP)? ¿Se va a integrar el SIS al resto o a universalizar? ¿Se ha previsto partidas presupuestales para compensar la pérdida de ingresos de EsSalud? ¿Entre las prioridades que el gobierno se ha trazado, con las facultades delegadas, está esa reforma en la salud pública?

Al año se producen en el Perú, 70 millones de actos médicos, de los cuales 50 millones deben ser públicos, señalan los expertos. Casi 150 mil contactos médicos diarios en algún hospital, posta o centro de salud estatal. Y, me atrevo a señalar, en el 80 o 90% de esos contactos, el trato que el paciente y su familia reciben debe ser indigno. No les dan medicamentos porque no hay, no les dan citas porque están topadas, no les entregan camas porque son insuficientes, no los operan porque no hay médicos o salas disponibles; las muertes o daños médicos por cualquiera de esas causas debe superar ampliamente a aquellas que inevitablemente se deberían producir.

En suma, nuestra salud pública es una fábrica de peruanos antisistema, irritados con el Estado, prestos a cualquier narrativa antiestablishment, que sienten y resienten una situación que los coloca como ilegales dentro de su propio país.

¿Está haciendo algo al respecto el gobierno izquierdista de Castillo? Que se sepa, nada. Un ejemplo más de la pasmosa mediocridad gubernativa, medida, inclusive, bajo sus propios parámetros ideológicos.

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antiestablishment, Estado, Salud pública

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delictivo, Estado, mafioso, narcotráfico, Perú

Uno de los efectos colaterales de la parcial reforma política que se desplegó durante la gestión de Vizcarra fue que, al restringir el financiamiento electoral de las empresas formales, no es que haya producido una sequía de liquidez en los candidatos, sino que los mismos se han terminado acercando a fuentes ilegales de financiamiento (mafias del transporte, narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de madera y demás) que, luego, como suele ocurrir, piden su correspondiente contraprestación.

Lo acabamos de ver con la protección que el Congreso le ha brindado a la mafia del transporte, la que mueve millones de dólares informalmente y necesita protección política para sobrellevar su irregular y dañina actividad. Como se ha visto, sus financiados le han devuelto el favor, al sabotear la interpelación al ministro de Transportes, que les había prometido todas las gollerías habidas y por haber, incluyendo las cabezas de las principales autoridades que desarrollan la reforma del transporte.

Y el problema se da no cuando hablamos del poder expresado en el gobierno central o en el Parlamento, sino cuando descendemos en la escala del poder y llegamos a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Todos, o casi todos, son financiados por fuentes ilegales provenientes de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico, en las zonas donde esta actividad delictiva necesita alguna sombrilla protectora para la siembra, distribución o comercialización de la droga.

Luego, como consecuencia de ello, tenemos autoridades funcionales a los dineros ilícitos, corruptas de origen, prestas a cualquier presión o enjuague que se les solicite por parte de sus financistas.

Así, paulatinamente, el Perú se acerca a convertirse en un narco Estado o un Estado mafioso, sujeto a los intereses de actividades que mueven miles de millones de dólares delictivos, que destruyen la economía empresarial sana y generan un masivo proceso de lavado de activos que perturba hasta al propio sector financiero.

Es menester que las autoridades electorales pongan especial celo en supervisar las cuentas partidarias y las fuentes de financiamiento de los partidos que postulan. Y especial atención debe colocar la Unidad de Inteligencia Financiera ante las muestras evidentes de que acá se está lavando dinero con política sucia contaminando los poderes democráticos.

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3 niveles de gobierno, ejecución de gasto, Estado, gastos de gobierno, gobierno de Castillo, gobiernos regionales, Plan de Gobierno, presupuesto económico

Mirella Oré Mónago es una persona con suerte. En los últimos años ha ocupado cargos clave al interior de Promperú, el más reciente como asesora de la Dirección de Promoción de Turismo. Hoy está en los Emiratos Árabes, trabajando para una empresa contratada por su anterior empleador.

Oré fue asesora en Promperú en un momento importante: cuando la entidad preparaba su participación en la Expo Dubái, uno de los eventos más grandes del sector turismo en el mundo. En busca de un operador para el pabellón peruano en aquel evento, Promperú contrató –en un proceso plagado de irregularidades, como reportó Sudaca– a la empresa Continuous Events. 

Inmediatamente, Oré -que había accedido a información privilegiada sobre este proceso- apareció como parte del staff de la compañía y salió de viaje. ¡La puerta giratoria en todo su esplendor!

 

Destino Dubai 

Mirella Oré Mónago es una vieja conocida en Promperú. Trabajó allí desde el 2012, ocupando los cargos de Especialista de Alianzas Estratégicas y Coordinadora del Departamento del Mercado Europeo, puesto que dejó en septiembre del año pasado.

Esta última oficina forma parte de la Dirección de Promoción de Turismo, de acuerdo a la estructura de la institución. Dato importante, considerando que luego de retirarse como coordinadora, Oré se volvió asesora de esa misma dirección. Le pagaban por órdenes de servicio. 

Según Promperú, colaboraba con la entidad para fomentar el turismo de cara al Bicentenario. Sin embargo, también daba recomendaciones sobre la misión peruana en los Emiratos Árabes para la Expo Dubái 2020, donde Perú viene participando junto a casi 200 países más.

Su principal rol como asesora fue elaborar informes técnicos, precisamente, sobre la gestión del pabellón peruano para la Expo Dubai 2020. La misma Oré lo menciona en uno de estos documentos cuando brinda avances de su trabajo. 

Primera cara de uno de los informes que Oré presentó a la Dirección de Promoción de Turismo en mayo. Destaca su asesoramiento para las actividades peruanas en la Expo Dubai 2020.

En un segundo informe, del 13 de mayo de este año, agrega que una de sus tareas era “articular con el equipo técnico del Proyecto Expo Dubai respecto de las actividades que propone la Dirección de Promoción del Turismo, los cuales se llevarán a cabo en el Pabellón Perú en la Expo 2020 Dubái”. Páginas más adelante, incluso, cuenta que fue nombrada representante de su dirección ante el grupo de trabajo encargado del tema. Llegó a participar en reuniones con el viceministerio de Turismo, donde sustentó sus informes previos. 

En este rol, Oré recibió cinco órdenes de servicio de Promperú por un monto total de S/90.000, de acuerdo al portal de la OSCE. La última, de S/24.000, fue adjudicada en junio. En aquel momento había varias empresas compitiendo por hacerse de la operación del pabellón peruano. Oré, a todas luces, tenía información privilegiada del proceso.

En agosto, mediante un proceso expedito, la empresa Continuous Events ganó la buena pro para operar el pabellón. Ojo: no para construir la infraestructura, que fue adjudicada a otra empresa mucho antes y fue considerada una de las más bellas del evento, sino para operarla. Este proceso, bajo el actual gobierno, estuvo plagado de irregularidades. 

Como contó Sudaca en un informe previo, para adjudicarle a Continuos Events -que no tenía trayectoria en operación de pabellones, sino en marketing- se flexibilizaron los requisitos y se descartó a otro postor con experiencia, que pedía menos dinero. 

La compañía recibirá casi S/7 millones de soles y Oré tendrá una tajada de la torta. ¿Por qué? Luego de terminar de asesorar a Promperú la exfuncionaria pasó a trabajar en Continuous Events como ‘protocol manager’, según el sitio web de la compañía

Hoy el flamante ‘jale’ de Continuous está en Dubái y no desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies con viejas colegas. Aparece, por ejemplo, junto a Amora Carbajal, actual presidenta ejecutiva de Promperú, afuera del pabellón peruano. Carbajal encabezó, antes de presidir la entidad, la Dirección de Promoción de Turismo en los primeros tres meses de este año. Coincidió con Oré cuando esta asesoraba al departamento.

Amora Carbajal (derecha) aparece junto a Mirella Oré (en el centro) y una visitante del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020 en una selfie que subió la turista.

Los últimos meses de Oré en Promperú no están libres de cuestionamientos. Sudaca tuvo acceso a una denuncia anónima presentada el pasado 5 de agosto a César Catacora, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría en Promperú, donde se le solicita que investigue la contratación de varios locadores de servicios para la Dirección de Promoción del Turismo. Entre ellos, la protagonista de esta historia. 

La denuncia señala que hay un incremento de sueldo a favor de Oré que no se justifica, que ha presentado informes con errores gramaticales y propuestas insuficientes, y que ha actuado en representación de sus superiores sin tener la potestad de hacerlo. Oré habría tenido -dice el escrito- la venia de María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo; Amora Carbajal, la presidenta ejecutiva que posa junto a ella en Dubái; e Irene Suárez, la gerenta general.

Esta última funcionaria ha tenido un proceso en Fiscalía por temas similares. Suárez ha sido investigada preliminarmente por el delito de negociación incompatible, desde julio del año pasado, por hechos cometidos cuando era directora general de la Oficina de Administración del Mincetur, entre 2011 y 2014. 

Suárez, que es la principal responsable de la gestión peruana para la Expo Dubái 2020, solicitó en octubre del año pasado al ministerio que se le otorgue defensa legal para ese caso, beneficio que le fue otorgado ese mismo mes. La acusación ante la OCI de Promperú, de momento, esté en un punto muerto. 

Según fuentes de Promperú, no se ha hecho nada con la denuncia. Sudaca preguntó al área de prensa de la institución sobre la atención de este caso, pero la respuesta fue apenas que este órgano “cuenta con autonomía” para atender estos asuntos. Ojalá ello no se traduzca en desinterés. 

Mientras la denuncia se empolva, Oré no pierde oportunidad de lucirse en Dubái. La trabajadora de Continuous Events aparece como representante oficial de la empresa en una imagen junto a la comisionada boliviana para la Expo Dubái 2020 y Marco Antonio Santivañez, cónsul general peruano en los Emiratos Árabes Unidos, que compartió en su LinkedIn. 

 

Contra la ley

El caso de Oré no es el único que involucra a locadores de servicios contratados con presuntas irregularidades. Jorge Mufarech Carcedo, exaccionista de dos empresas en liquidación, es asesor de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales al menos desde julio, según confirmó Promperú a Sudaca. 

Hasta ahí nada raro, de no ser porque su vínculo laboral con la entidad sería ilegal. Mufarech ha sido asesor en el Mincetur durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme. El empresario fue consultor del gabinete de asesores de ese despacho entre noviembre del 2020 y junio de este año, según señala en su declaración jurada de intereses. 

Un mes después de dejar ese cargo, Mufarech pasó como locador a la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en Promperú, un cambio express que va en contra de lo que señala la Ley General de Contrataciones. La norma indica que todo servidor público está impedido de contratar con el Estado en los 12 meses siguientes de abandonar su cargo.

Según Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones estatales, el caso del empresario viola el literal f del artículo 11 de la ley. “En el caso de Mufarech él tiene un alto grado de información, alcance y conocimiento. Debería estar impedido de contratar. Es el asesor del ministerio de alto grado y conoce lo que harán». Además, agrega que se trata de una dependencia del mismo sector donde ya trabajó.

Mufarech ya recibió S/24 mil soles a finales de julio, de acuerdo al portal de la OSCE, lo que podría ponerlo como investigado por colusión agravada. “Hay perjuicio del Estado porque estando impedido para contratar lo ha hecho y le han pagado 24 mil soles”, dice Castillo. Por este presunto delito se podría dictar una pena de entre seis a 15 años de cárcel. 

La orden de servicio por 24 mil soles que ya recibió Mufarech de Promperú. Fuente: OSCE.

Sudaca preguntó por la ilegalidad de esta contratación al área de prensa de Promperú. Como respuesta, nos confirmaron que Mufarech Carcedo está actualmente trabajando en la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales y que “para este efecto firmó la declaración jurada de no encontrarse impedido para trabajar en el Estado”. ¿Papelito manda? 

 

Descargos de Promperú

A continuación Sudaca presenta de manera literal las preguntas y respuestas que recibió del área de prensa de Promperú para la elaboración de este informe.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Estado, Expo Dubái, Promperú

En el mes de octubre, una de las medidas para reactivar la economía fue destinar S/. 988 millones en compras estatales para beneficiar a 13 000 micro y pequeñas empresas (mypes) y para el próximo año, según lo expuesto en el Congreso por el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, se dispondrá de S/. 600 millones para apoyar a 6 000 mypes.

Si bien habrá una reducción en el apoyo vía compras estatales, Juan Carlos Mathews, exviceministro de Mype e Industria, precisó que los planes de inversión pública como Arranca Perú, para el que se han destinado S/. 3 268 millones, también tendrán un efecto positivo indirecto.

“Cuando se habla de reactivar programas de infraestructura, esa inversión arrastra la participación de mypes. El 2020 es un año difícil, pero si se compara con la recesión de 1988 o de años anteriores, esta vez saldremos más rápido de la crisis y el próximo año se debería revertir la tendencia”, estimó.

Indicó que el principal problema de las micro y pequeñas empresas es el mercado, y en una situación como la actual, donde el consumo interno se ha contraído, el Estado es un comprador muy relevante para las mypes, que podrían tener más programas de financiamiento.

“Con que se le compre a la empresa, se le está dando una ayuda espectacular. El segundo problema que tiene la mype es el financiamiento. Entonces, sí creo que el Estado como garante solidario puede seguir ayudando a la mype. Ese tema de la garantía solidaria sí lo mantendría para que el financiamiento sea más fluido y a tasas competitivas”, comentó.

 

Ajustes requeridos 

En el caso del programa Compras MYPErú, Dalila Gamarra, presidenta del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), recordó que estas convocatorias han sido gestionadas por Foncodes, a través de los núcleos ejecutores, y que al inicio funcionaron bien, pero muchas mypes no han podido aplicar.

“El requerimiento de proveerse de otras empresas que también postulan como proveedores, les encarece el producto. Además, hay un monto que reciben de adelanto, pero la aprobación es un trámite que demora y como se trabaja con un cronograma, si no llegan a la fecha de entrega, las empresas son castigadas. El problema es que las mypes viven el día a día y no tienen el capital suficiente para demorarse en cobrar”, explicó.

Teniendo en cuenta que las mypes no tienen tanta liquidez, aseguró que han pedido en varias oportunidades que las empresas de factoring acepten las facturas del Estado. También consideró que se podría dar algún otro programa de créditos garantizados porque algunos sectores ya estaban en crisis antes de la pandemia.

“Lo bueno es que tienen la experiencia, la maquinaria y la capacitación que, durante el periodo de paralización, ha sido diaria. En un tiempo normal de repente no se hubieran dedicado a capacitarse. Ahora, el riesgo de que queden fuera del engranaje de innovación y tecnología ha aminorado. Las mypes están conscientes de que eso las hará más sostenibles y competitivas”, sostuvo.

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Estado, MYPES, Reactivación
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