A partir de esos puntos cardinales señalados de quiebres es que se puede sostener que en el país -en los 21 años que llevamos de democracia- se han generado rupturas de ciertos consensos. Consensos que permitieron avanzar, en democracia, en materia económica. Era evidente que nuestra institucionalidad necesitaba (y sigue necesitando) reformas que mejoren la calidad de las políticas públicas, pero ha sido -ahora- todo detenido, propiciando coyunturas críticas como la que actualmente vivimos como país.
Casos como el de Solsiret Rodríguez,cuyos agresores al pagar la caución saldrán en libertad; o como el de Marcela que es sancionada por defender a víctimas de acoso, son solo un ejemplo.
Los agresores se apoyan en el orden de género, una estructura de poder que los sostiene y se resiste a ceder. Cada caso que queda impune, es un mensaje claro de permisividad y es un triunfo del patriarcado, que le dice a las mujeres: si te atreves a cuestionarme, te destruyo. Hasta cuándo?.
El mercado genera riqueza, pero no logra una distribución que necesariamente es la más justa. Entonces, a través del pago de impuestos, el mercado le entrega el dinero al Estado para que éste último se encargue de las tareas redistributivas. La inversión estatal en educación, salud, seguridad ciudadana, entre otros campos, son fundamentales para que se logre una sociedad con igualdad de oportunidades. Por eso se requiere de ambos.
Ante un Estado ausente, queda la impunidad y la miseria. Dejar a una persona que muera es inhumano, debemos exigir una investigación y castigo ejemplar del Poder Judicial, así como la toma de decisiones claras del Ejecutivo y Legislativo para proteger la vida en las carreteras del país y en las calles de las ciudades. En nuestras carreteras no puede manejar cualquier inexperimentado, las señalizaciones deben estar visibles y claas, así como el buen control de la velocidad siempre con infraestructura adecuada. Manuela, la vía con el mayor número de excesos de velocidad fue la Carretera Panamericana Norte según la SUTRAN. ¿Coincidencia? Existe un desgobierno que se refleja en un Estado ausente y desinteresado de su población. Por ello, debemos exigir que se investigue y se sancione a los infractores así como exigir más control y mejor infraestructura por parte del Estado. No hay sistemas de emergencia ni interconexión con los hospitales o clínicas, hay pocos establecimientos de salud equipados a lo largo de las carreteras. Debe haber servicios de atención para emergencias. No es posible que la propia PNP establezca que la legislación peruana y el modelo procesal penal son muy suaves para el que ocasiona un accidente de tráfico.
Estamos viviendo sin Estado, donde ya 259 hombres y mujeres han perdido su vida. Exigimos que se investigue y se identifique al asesino, porque sí debe pasar algo. Por Doris.
El nombramiento de alguien como Daniel Salaverry, quien no tiene oficio ni beneficio, para un cargo técnico como el de presidente de un organismo altamente especializado como Perupetro, es el mejor indicador de la mediocridad ejecutiva de este gobierno.
La designación fallida de Mario Carhuapoma, y el nombramiento de un reemplazo prontamente cuestionado por su idoneidad, en EsSalud. La caída del proyecto Majes-Siguas por inacción del Estado, etc., son otros indicadores -entre muchos más- de una gestión paupérrima, tal cual subrayábamos en nuestra columna de ayer.
Como bien ha señalado el economista Miguel Palomino, exvicepresidente del BCR, Pedro Francke, quien es de lo mejorcito que tiene este régimen (¡pudo haber sido Juan Pari el titular del MEF!), si no fuera en este gobierno jamás hubiera sido ministro de Economía.
Y hay que sumarle a lo dicho los destrozos institucionales que vienen ocurriendo en la tecnocracia de sectores como Transportes, Educación (copado por el Fenatep), Energía y Minas, Minam, etc., para entender el oscuro porvenir que le espera al Estado peruano.
Salvo el proceso de vacunación, que ha seguido el impulso dejado por la administración anterior, en prácticamente todo lo demás, la gestion pública llega a niveles tan misérrimos que es dable temer el colapso del Estado en varios frentes de acción.
Organismos que antes constituían islas de excelencia, como Indecopi, la Sunat, Perupetro, Proinversión, y algunos más, están siendo infiltrados por funcionarios allegados al partido de gobierno, sin ninguna experiencia ni capacidad gestora adecuada para los cargos que se les entregan graciosamente.
Ya no estamos siquiera ante un problema de izquierdas o derechas. Por cierto, ha quedado demostrado que la izquierda peruana carece de una red de profesionales y tecnócratas en capacidad de asumir las riendas de un gobierno en sus aspectos esenciales, pero los niveles a los que se está llegando, exceden ya cualquier tipología ideológica y apuntan, más bien, a una mediocridad corrupta: regalarle un puesto a alguien, solo por sus credenciales partidarias, sin estar calificado para la responsabilidad que se le encomienda, es la peor corrupción, porque genera un enorme perjuicio social, tangible y altamente costoso.
El problema es que el techo lo marca el propio Presidente de la República, un personaje altamente descalificado, en términos administrativos y politicos, para ejercer el cargo que le tocó en suerte desempeñar. Si esa es la cima, se entiende la grisura de espanto de los niveles burocráticos inferiores.
Una de las banderas principales que la izquierda enarbola en el mundo es el de la provisión de una salud pública eficiente, digna, capaz de contribuir a la creación de ciudadanía.
Porque, efectivamente, no hay mejor forma de hacerle sentir a la población que el Estado se preocupa por su bienestar y considera a sus compatriotas ciudadanos de primera clase, que proveerle de salud y educación gratuitas de primer orden, competitivas y comparables a las que pueda ofrecer el sector privado.
Bueno, pues, la pregunta que, al cabo de cinco meses de gestión, cabe hacerle al ministro de Salud, Hernando Cevallos, es qué está haciendo al respecto. Porque la logística de la vacunación, que viene funcionando adecuadamente, suponemos que no genera un desvelo de tiempo completo en el titular de la cartera, ya que habrá funcionarios subalternos encargados de velar por el eficaz cumplimiento de los planes anticovid.
¿Se va a integrar por fin el Minsa con EsSalud, eliminando la contribución que hace el empleado, bajo retención de su sueldo, a un sistema de seguro, práctica absolutamente antitécnica (como la de las AFP)? ¿Se va a integrar el SIS al resto o a universalizar? ¿Se ha previsto partidas presupuestales para compensar la pérdida de ingresos de EsSalud? ¿Entre las prioridades que el gobierno se ha trazado, con las facultades delegadas, está esa reforma en la salud pública?
Al año se producen en el Perú, 70 millones de actos médicos, de los cuales 50 millones deben ser públicos, señalan los expertos. Casi 150 mil contactos médicos diarios en algún hospital, posta o centro de salud estatal. Y, me atrevo a señalar, en el 80 o 90% de esos contactos, el trato que el paciente y su familia reciben debe ser indigno. No les dan medicamentos porque no hay, no les dan citas porque están topadas, no les entregan camas porque son insuficientes, no los operan porque no hay médicos o salas disponibles; las muertes o daños médicos por cualquiera de esas causas debe superar ampliamente a aquellas que inevitablemente se deberían producir.
En suma, nuestra salud pública es una fábrica de peruanos antisistema, irritados con el Estado, prestos a cualquier narrativa antiestablishment, que sienten y resienten una situación que los coloca como ilegales dentro de su propio país.
¿Está haciendo algo al respecto el gobierno izquierdista de Castillo? Que se sepa, nada. Un ejemplo más de la pasmosa mediocridad gubernativa, medida, inclusive, bajo sus propios parámetros ideológicos.
Uno de los efectos colaterales de la parcial reforma política que se desplegó durante la gestión de Vizcarra fue que, al restringir el financiamiento electoral de las empresas formales, no es que haya producido una sequía de liquidez en los candidatos, sino que los mismos se han terminado acercando a fuentes ilegales de financiamiento (mafias del transporte, narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de madera y demás) que, luego, como suele ocurrir, piden su correspondiente contraprestación.
Lo acabamos de ver con la protección que el Congreso le ha brindado a la mafia del transporte, la que mueve millones de dólares informalmente y necesita protección política para sobrellevar su irregular y dañina actividad. Como se ha visto, sus financiados le han devuelto el favor, al sabotear la interpelación al ministro de Transportes, que les había prometido todas las gollerías habidas y por haber, incluyendo las cabezas de las principales autoridades que desarrollan la reforma del transporte.
Y el problema se da no cuando hablamos del poder expresado en el gobierno central o en el Parlamento, sino cuando descendemos en la escala del poder y llegamos a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Todos, o casi todos, son financiados por fuentes ilegales provenientes de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico, en las zonas donde esta actividad delictiva necesita alguna sombrilla protectora para la siembra, distribución o comercialización de la droga.
Luego, como consecuencia de ello, tenemos autoridades funcionales a los dineros ilícitos, corruptas de origen, prestas a cualquier presión o enjuague que se les solicite por parte de sus financistas.
Así, paulatinamente, el Perú se acerca a convertirse en un narco Estado o un Estado mafioso, sujeto a los intereses de actividades que mueven miles de millones de dólares delictivos, que destruyen la economía empresarial sana y generan un masivo proceso de lavado de activos que perturba hasta al propio sector financiero.
Es menester que las autoridades electorales pongan especial celo en supervisar las cuentas partidarias y las fuentes de financiamiento de los partidos que postulan. Y especial atención debe colocar la Unidad de Inteligencia Financiera ante las muestras evidentes de que acá se está lavando dinero con política sucia contaminando los poderes democráticos.
