[PIE DERECHO] A días de cumplirse un año del caricaturesco golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, aún hay muchas interrogantes por resolver respecto de qué llevó al exmandatario, primero, a tomar esa decisión, y, segundo, a pensar que podía prosperar semejante exabrupto constitucional.
Respecto de lo primero, la gran duda se plantea a propósito de si fue un acto impulsivo motivado por las investigaciones fiscales que lo cercaban o acaso era parte de un plan diseñado desde que asumió el poder y que solo esperaba el momento propicio para desatarse.
Y sobre lo segundo, será menester esperar que las investigaciones en curso respecto de esa jornada del 7 de diciembre del año pasado, esclarezcan finalmente quiénes fueron partícipes y corresponsables del atentado democrático que felizmente abortó. Más de uno, sin duda, participó del hecho, hubo quienes lo alentaron y quienes le aseguraron contar con respaldos que le hubiesen permitido lograr su cometido. A todos ellos les debe caer encima el peso de la ley.
El antecedente más próximo a algo semejante -y respecto del cual casi fue calco y copia- fue el autogolpe fujimorista del 5 de abril del 92, por el cual ha habido varios que han purgado condena. En el de finales del 2021 aún falta mucha tela por cortar, mucho terreno por desbrozar.
No puede pasarse por agua tibia lo sucedido. Lo que se quiso hacer fue un delito mayúsculo y Pedro Castillo, dada su poca envergadura política, no puede haber actuado solo sino que debe haber habido, sin duda, una trama siniestra y oculta detrás.
Ojalá esta guerra civil desatada al interior del Ministerio Público no afecte las investigaciones en curso y se sepa toda la verdad de lo sucedido y que todos los responsables, directos e indirectos, terminen en la cárcel, donde les corresponde estar.
La democracia peruana es precaria y a pesar de vivir el periodo más largo, en toda su historia republicana, de sucesiones constitucionales, no ha logrado consolidarse como modelo político a seguir y no goza, por ende, de la legitimidad social que correspondería. Mayor razón para castigar a quienes la violentan o intentan hacerlo.
