Fiscalía

En la misma línea, en lo que respecta a la construcción de la planta de transferencia la empresa señala lo siguiente: mediante la Adenda del 25.06.1996 que modifica ese punto del contrato (segundo párrafo literal g de las bases de licitación pública internacional), la MML pone a disposición la planta de transferencia Huayna Cápac, cuya construcción había concluido. A cambio, el concesionario dejaba de cobrar S/ 66,000 mensuales por concepto de Inversión en la Instalación de la Planta de Transferencia y una reducción de 21.25% en la incidencia de dicho concepto en costos financieros, imprevistos y utilidad.

Innova Ambiental

Por otro lado, acerca de los problemas que presenta El Zapallal, las denuncias de incumplimiento de protocolos, y el impacto ambiental que supone la operación de dicho residuo sanitario, ellos responden que las buenas prácticas de Innova Ambiental en la gestión de El Zapallal se evidencian en los resultados de sus monitoreos ambientales. El último de ellos, que data de mayo de 2022, incluye estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el MINAM y PCM correspondientemente. 

Los hallazgos concuerdan con las afirmaciones, pues los niveles se encuentran por debajo de los estándares establecidos por las autoridades. Asimismo, sostienen que la empresa es fiscalizada de forma constante por el OEFA y MML. 

Sobre la denuncia a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Lima Norte que el Comité Parlamento 10 presentó en 2021 y los reproches de que en 25 años Innova no haya creado una centralización de biogases que evite el mal olor y contaminación de la zona responden: 

“Acogiéndose al DS 010-2020-MIMNAM, el 26 de julio de 2022 Innova Ambiental remitió al MINAM un PAMA para gestionar futuras ampliaciones (seis años) de El Zapallal y mejorar procesos. Entre esas mejoras figura un sistema de centralización de biogases”. A esta declaración hay que sumar la contestación acerca de los metales pesados que un estudio de 2017 de impacto ambiental halló en la zona de Lomas de Carabayllo. 

Según este reporte, la contaminación proviene de la entrada a una mina no metálica y la zona industrial, no al relleno ni sus operaciones. De igual manera, cuando se les interrogó acerca de la vida útil del relleno sanitario, respondieron que esta no se mide en años, sino que se calcula en volúmenes. Además, ante la pregunta sobre la posibilidad de reubicar el relleno no ofrecieron respuesta. 

Por último, Innova informa a la opinión pública que cuenta a día de hoy con una certificación ISO (International Standardization Organization) Anticorrupción, la cual fue emitida en noviembre de 2019 y se encuentra en proceso de revalidación. 

La respuesta de SONARE 

Ante el descargo de Innova, fuentes en la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos (SONARE) responden que la empresa está justificando su actividad irregular en un marco legal que no se encuentra vigente. En este sentido, el DS-010-2020-MINAM culminó en octubre de 2020, hecho por el cual ahora estarían operando sin permisos. Asimismo, de acuerdo al DL 1278, la licencia de funcionamiento del relleno sanitario debe ser otorgada por la municipalidad distrital; y ellos no cuentan con licencia, ni en Zapallal ni en Portillo. 

A pesar de todo ello, si bien ambas partes han presentado documentación que sustenta de una manera u otra sus afirmaciones, no deja de ser alarmante la pasividad de las autoridades por subsanar la concesión en materia estricta del contrato. Con todo, no deja de ser curioso que en el mismo portal institucional de INVERMET (organismo descentralizado supervisor de la municipalidad de Lima) se señala que el plazo de concesión es de 120 días, término que se sigue sucediendo en un bucle infinito desde 2015. 

Innova Ambiental

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TAFUR

Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.

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Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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César Hinostroza, Fiscal, Fiscalía, Ministerio público

Este es el mundo que Pedro Castillo nos quiere imponer y en el cual no queremos vivir. Por ello es imprescindible defender el actuar de la Fiscalía de la Nación que ha mostrado profesionalismo, entereza y determinación en conseguir los elementos probatorios suficientes para presentar una denuncia constitucional contra el presidente y varios de sus allegados ante el Congreso.
La Fiscal Benavides ya rajó el cascarón con tremendo picotazo que ha remecido a todo el gallinero presidencial.
Corresponde ahora a nuestro Congreso tomar la posta con honor, con patriotismo, con deber cívico y terminar de romper ese nefasto cascarón de realidad alterna y mafiosa, de podredumbre y oscurantismo, para librarnos de una vez y constitucionalmente, de este nefasto Mundo para Pedrus.

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Castillo, Congreso, corrupción, Fiscalía

Saludamos, en todo caso, la valiente y enjundiosa labor de la Fiscalía de la Nación y el equipo policial que la ha acompañado, para lograr acopiar el número suficiente de pruebas que ojalá nos permita librarnos de la plaga política, corrupta y mediocre, instalada en Palacio y que, de durar hasta el 2026, nos dejaría un país en escombros, con un Estado colapsado y la mayoría de instituciones destruidas. Está en manos del Congreso elevarse a la altura de las circunstancias y proceder a sacar a Pedro Castillo de un lugar al que nunca debió llegar.

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Congreso, Estado, Fiscalía, Pedro Castillo

La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.

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Acción Popular, Fiscalía, Los niños, Pedro Castillo

La actual gestión, lamentablemente, está abriendo un sin fin de incertidumbres para, bajo un errado y aún desconocido concepto de evaluación del desempeño de casos de corrupción y complejos, retirar sin más (porque ningún fiscal provisional removido ha tenido a la mano previamente el informe que lo saca de las investigaciones que trabajaba, o ha tenido la oportunidad de decir algo sobre su evaluación), a fiscales de casos que involucran a operadores de justicia (incluso en actividad) e incluso a la hermana de la fiscal de la Nación. Se suma el retorno de personajes que hicieron méritos para que ya no estén en la actual historia fiscal. La contratación de personas cercanas a anteriores gestiones cuestionables, al poder político que antes tuvo impunidad, muestra que estamos en franco retroceso. El repetido “orden, firmeza y celeridad” se está haciendo violando la ley. Sí, la nueva gestión está violando la ley: ¿dónde está el respeto a la Ley de la Carrera Fiscal?, ¿dónde está la prohibición de interferir en investigaciones?, ¿dónde está la prohibición de interferir en casos de familiares?, ¿dónde está la igualdad en el ejercicio de la acción penal, o es que solo importa el caso Castillo?, ¿dónde está la igualdad en la aplicación de la ley?, ¿dónde está el respeto a la independencia de los fiscales?, ¿dónde está la institucionalidad? 

Esto compromete gravemente a la actual gestión fiscal y a todas las autoridades que deben hacer el control. Mientras el Parlamento solo tiene como agenda principal a Castillo en la que va y viene, la Junta Nacional de Justicia brilla por su ausencia. Pero la ley es la ley y los tiempos para hacerla respetar no han proscrito.

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Fiscalía, Gobierno

Los demás pedidos de rectificación

En la carta notarial se nos pide rectificación por el artículo WALTER RÍOS Y EL NARCOTRÁFICO. LOS AUDIOS OLVIDADOS DEL CASO “CARACOL” del 25 de abril del 2022 debido a que existiría “una investigación sobre ello y que no se encuentra a mi cargo”, sin indicar los hechos de la investigación, los cargos y las personas involucradas. Sudaca ha pedido información al respecto y se nos indica que no existe abierta investigación por los hechos que fueron destapados, pese a que comprometen en un hábeas corpus al narcotraficante peruano más famoso de los últimos tiempos: Gerson Gálvez Calle.  

También se nos pide rectificación sobre el artículo “LA FISCALÍA DE LA NACIÓN COMO BOTÍN” del 28 de mayo del 2022 en el que se refiere a un audio de la magistrada Ruth Benavides Vargas que habría sido entregado a la prensa como un boicot al nombramiento como Fiscal  Suprema de la actual señora Fiscal de la Nación y que tendría “en mi poder “copias espejo de los audios de la vergüenza” afirmación que resulta falsa pues no tengo acceso a la totalidad de los audios, por lo que desconozco que refiere tener la prensa”; al respecto es ciertamente preocupante que se nos pida la rectificación casi 50 días después de publicado el artículo periodístico y ello ocurra luego del nombramiento de la Dra. Patricia Benavides como Fiscal Suprema y como Fiscal de la Nación. No nos explicamos por qué se espera recién la formalización de un nombramiento incómodo y de una persona que no es de su cofradía para pedir rectificación periodística. Es un hecho innegable que dicho audio ha circulado por varias redacciones periodísticas y por varios medios de comunicación esperando acogida. La Dra. Fanny Quispe en su carta notarial reconoce que no tiene “acceso a la totalidad de los audios”, lo cual es gravísimo ya que como encargada de la colaboración eficaz de Walter Ríos es inconcebible que haya promovido beneficios sin contar con todos los audios que involucran al expresidente de la Corte del Callao. Asimismo, la carta notarial no niega conocer el audio de la hermana de la actual Fiscal de la Nación Ruth Benavides Vargas.

Finalmente, se nos solicita rectificación del artículo “SIN PRENSA, LOS FISCALES NO INVESTIGAN” del 12 de junio del 2022 al colocarse su nombre y apellido “a pesar que no se me ha asignado el caso, ni tener la jerarquía ni las facultades para la toma de decisiones del despacho fiscal”. Nuevamente el tema en discusión es que como Fiscal encargada de la colaboración eficaz de Walter Ríos –como ella misma reconoce– nunca le preguntó sobre el caso de Samir Abudayeh y los actos ilícitos que habría cometido con él y que luego se han conocido, y ha terminado confesando cómo tampoco le pregunto ni pidió que se abriera investigación por el caso de las prostitutas que como ventaja recibió Walter Ríos el 10 de agosto del 2017 del empresario Samir Abudayeh a cambio de favores judiciales.       

Los hechos y la prueba hablan y son elocuentes. Más que pedir rectificación debería someterse a las investigaciones penales y disciplinarias y allí hacer sus descargos.  

   

La carta notarial como instrumento de victimización y de condicionamiento a las altas esferas del Ministerio Público

En Sudaca, por nuestra formación plural y democrática, siempre estamos abiertos a corregir cualquier error informativo o dato inexacto que publicamos, por lo que recibimos con agrado y tolerancia cualquier pedido de rectificación que se nos haga llegar de manera directa como por los cauces formales.

Sin embargo, lo que lamentamos es que se pretenda utilizar una carta notarial con fines protervos, para curarse en salud frente a eventuales investigaciones y para victimizarse dentro del propio “Equipo Especial” y el Ministerio Público, buscando a toda costa fines distintos a la rectificación de la información.

En realidad, lo que determina a la Fiscal Fanny Quispe Farfán a enviar la carta notarial es evitar que pase con ella lo que ocurrió con el Fiscal Superior Víctor Tullume Pisfil, que fue removido de su cargo como Fiscal Superior encargado del caso “Cuellos Blancos del Puerto” por la Fiscal de la Nación mediante resolución N° 1340-2022-MP-FN del 4 de julio. Para ello la fiscal que ahora pide la rectificación cree que su permanencia está asegurada si la carta notarial que nos ha remitido llega a conocimiento del coordinador del Equipo especial del caso “Cuellos Blancos”, Pablo Sánchez, y de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, y se presenta como una víctima de una campaña mediática de desinformación, señalando que intereses oscuros la quieren fuera del Equipo Especial.

La carta de rectificación que se nos remite no quiere, en realidad, que se enmiende la información que se ha publicado, sino que busca utilizar el envío de la carta para presentarse internamente como víctima y evitar el desenlace que pasó con su amigo y colega Víctor Tullume, que ha regresado a su plaza de origen en Áncash. Lo que nos sorprende y alarma es que lo que pretende la Fiscal Fanny Quispe es instrumentalizar la carta notarial para victimizarse, evitar investigaciones y que no le pase lo mismo que a otros miembros del Ministerio Público que han regresado a sus plazas de origen como los Fiscales Superiores Omar Tello, Frank Almanza, Rosario López Wong y una larga lista de etcétera. 

 

 

 

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Cartas, Fiscalía

¿ME AYUDAS A APROBAR LA COLABORACIÓN EFICAZ DE WALTER RÍOS Y A CAMBIO TE AYUDO EN EL NOMBRAMIENTO COMO FISCAL?

Uno de los principales trabajos que se le habría encomendado a Castillo Nieto es que hiciera lo posible por aprobar el acuerdo de colaboración eficaz del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, cosa que hizo en tiempo récord y mostrando su plena eficiencia.

Como es de conocimiento público, el domingo 13 de diciembre del 2021 el programa de Claudia Toro en PBO RADIO emitió una primicia al publicar el audio del Juez Supremo Núñez Julca que sostiene con un oficial de la Diviac Jorge Rodríguez en donde trata a los investigados del caso Cuellos Blancos como delincuentes y corruptos, adelantando opinión sobre la responsabilidad penal de personas que estaban siendo investigadas violando el principio de presunción de inocencia y el deber de imparcialidad. Frente a la gravedad de los hechos y a la situación insostenible de Núñez Julca en el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria la Fiscalía Suprema de Eliseo Fernández Alarcón aceleró el paso y en tiempo récord logró presentar para su aprobación el acuerdo de colaboración eficaz que había firmado con Walter Ríos Montalvo.

Pese a que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Núñez Julca y Castillo Nieto tenía atrasado el despacho y estaban pendientes de resolver pedidos desde el mes de agosto del 2021, entre gallos y media noche, fijan fecha de la audiencia para la aprobación de la colaboración eficaz el día 22 de diciembre del 2021. En dicha audiencia, en la que intervino la Fiscal Fanny Quispe Farfán y el Procurador Público Javier Pacheco, se debía verificar cada uno de los 44 hechos que Walter Ríos Montalvo había delatado a fin de determinar si se había cumplido con corroborar y se habían respetado los demás requisitos fijados en la ley.

Pese a que la Procuraduría Pública de Corrupción de funcionarios había proyectado la realización de varias audiencias en el lapso de uno o dos meses para discutir cada uno de los puntos de la delación de Walter Ríos, sorprendentemente el Juzgado Supremo de Núñez Julca y Castillo Nieto resolvieron que un caso tan complejo se viera de manera fulminante en tres horas y el caso se dejó para resolver. Mientras el caso de la colaboración eficaz de Odebrecht duró más de 15 sesiones y tenía menos hechos delatados que la delación de Walter Ríos, el acuerdo de colaboración del expresidente de la Corte del Callao se vio de manera express como si se tratara de un servicio a la carta. Podemos preguntarnos si se buscaba acelerar los tiempos e impedir que si Núñez Julca era cambiado, otro juez conociera el caso, ya que si advertía los errores que contenía el acuerdo podía desaprobarlo.

El papel de Castillo Nieto aquí era determinante; si él demoraba la redacción de la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos después de la apertura del año judicial del 2022 se corría el riesgo de que con el ingreso de otro juez supremo al juzgado de investigación preparatoria el acuerdo de Walter Ríos no sea aprobado; de tal modo se aceleró el plazo a como diera lugar a fin de que la sentencia pueda estar lista antes de fin de año. Según fuentes judiciales, una Fiscal Suprema le habría ofrecido interceder con la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos para que sea nombrado como fiscal en el Ministerio Público y así no pueda quedar en el aire y sin trabajo frente a la inminente salida de Núñez Julca como juez encargado del Juzgado de Investigación Preparatoria.

Se coordinaron perfectamente los tiempos y el mismo día que Castillo Nieto entregaba el proyecto de sentencia de colaboración eficaz para la firma de Núñez Julca, el 31 de diciembre del 2021. Ese mismo día salió publicada en el diario El Peruano su designación como Fiscal adjunto provincial provisional. Se trataba de un evidente intercambio de favores al estilo Cuellos Blancos: la fiscalía recibía la aprobación de la colaboración eficaz y Castillo Nieto lograba un nombramiento delivery por los servicios prestados.

Se ha podido averiguar que la conducta de Castillo Nieto con la Fiscalía, en especial, con la Fiscal Fanny Quispe, no era aislada ni solitaria. Según las fuentes consultadas, Castillo Nieto tiene llamadas y comunicaciones constantes con la Fiscal Fany Quispe en la que coordinaban el resultado y el sentido de las resoluciones judiciales que le interesan a la Fiscalía como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, las tutelas de derechos, reexamen y algunas acciones semejantes. Dichas fuentes resaltan que Castillo Nieto pedía a la Fiscal Fanny Quispe el envío de resúmenes y de los argumentos en Word que querían que se ingresara en las resoluciones. 

La propia Fanny Quispe habría coordinado con los funcionarios de la Oficina de Registros y evaluación de fiscales a fin de cerrar la designación de Castillo Nieto en el tiempo más breve posible y habría convencido a la Fiscal de la Nación para que apurara su nombramiento. Las grabaciones de las imágenes de los pasadizos del Ministerio Público, luego de la segunda quincena del 22 de diciembre, despiertan suspicacias en ese sentido. Incluso, se ha tenido acceso a un audio en donde Fanny Quispe en una reunión admite conocer y tener amistad con Castillo Nieto. 

La Fiscal Fanny Quispe y Castillo Nieto, de comprobarse todo lo expuesto, incurrirían en prácticas en las que estaban incursos algunos empresarios y abogados involucrados en el caso Cuellos Blancos, pero esta vez la relación extraprocesal provendría de los propios miembros del Ministerio Público con las autoridades jurisdiccionales. ¿Alguien investiga estos graves hechos? 

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COHECHO Y ANTECEDENTES FISCALES 

Se ha consultado a algunos fiscales y a abogados penalistas y nos señalan que la conducta de ofrecer o pagar por un determinado resultado judicial, antes o después, supone que se ha cometido el delito de cohecho activo. En ese delito debería investigarse si incurrieron Zoraida Ávalos y Fanny Quispe debido a que a cambio de obtener favores judiciales se lograría un nombramiento de Fiscal. Dicho hecho se vio consumado con la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN del 31 de diciembre del 2021 que fue suscrita por la misma Zoraida Ávalos.

Cuando se preguntó acerca de si había antecedentes parecidos los fiscales consultados nos remitieron algunas decisiones del propio Ministerio Público en las que se reflejaba el tratamiento como delito de cohecho del hecho de recibir designaciones o nombramientos como pago por obtener determinadas decisiones judiciales o fiscales.

El caso se remonta a mayo del 2017 en el que el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde autorizó a que se denuncie por cohecho al juez Edwin Elmer Yalico Contreras, debido a que el 2008 declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de ex Presidente Ollanta Humala Tasso por el caso del Andahuaylazo y el año 2013 fue contratado como asesor principal del Congresista José Antonio Urquizo Maggia, miembro de la bancada nacionalista. Se consideró que el nombramiento como asesor en el cargo de Profesional nivel SP-9 de Yalico fue un delito de corrupción, pese a que se produjo casi cinco años después de haber fallado en beneficio de Ollanta Humala. El caso de la designación de Castillo Nieto como fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos es mucho más grave porque se produce el mismo día que se dicta la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos, el 31 de diciembre del 2021, y meses después que se condenara por encubrimiento a Pedro Chavarry y se fallara de manera favorable a Zoraida Ávalos en casos relacionados con Fiscales Supremos que no eran de su grupo de poder: Tomás Gálvez y Carlos Arce.

Las irregularidades en el nombramiento del secretario de confianza Juan José Castillo Nieto como fiscal del Ministerio Público no terminan allí. Por ejemplo, su designación se produce antes que haya renunciado y su renuncia haya sido aceptada por el Poder Judicial; mejor dicho, cuando fue nombrado como Fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos seguía teniendo relación laboral con el Poder Judicial, tanto es así que el 31 de diciembre del 2021 termina suscribiendo la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos. Además, Castillo Nieto nunca ha trabajado en el Ministerio Público, ni como asistente fiscal, ni en un cargo administrativo en la Fiscalía; tenía cero experiencia; solo la suerte de una persona bendecida por los astros y el poder absoluto de Zoraida Ávalos explica su designación, rápida y fulgurante. Tanta suerte tiene Castillo Nieto que luego de su nombramiento como Fiscal Adjunto, producido en tiempo récord, no se le envía a trabajar en el pool de fiscales o en una Fiscalía provincial, de Lima o de provincia, sino que se le envía a laborar en la más alta esfera del Ministerio Público, en una Fiscalía Suprema Transitoria que depende de manera directa de Zoraida Ávalos.  

El día de su investidura como Fiscal de la Nación Patricia Benavides dijo: “las leyes nos hacen iguales y nadie puede estar por encima de ellas, por ello iremos tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común. Todos aquellos actos que caigan bajo sospecha tienen el deber de comparecer ante la justicia y rendir cuenta por sus actos».

Si el discurso de la flamante Fiscal de la Nación es sincero y honesto debería ser consecuente y, sin pensarlo dos veces, debe abrir investigación a Zoraida Ávalos, su votante en la Junta de Fiscales Supremos como Fiscal de la Nación y que le tomó juramentó en el cargo, y debe comprender en ella a la Fiscal Fanny Quispe y al Fiscal Juan José Castillo Nieto.

No basta hablar; es necesario predicar con el ejemplo. Solo así, como reconoció la Fiscal de la Nación, el Ministerio Público saldrá de su peor crisis.

 

 

 

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