Fiscalía

La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, por autorizar el rastreo de sus llamadas sin justificación alguna. El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

QuejaDiviac
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

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corrupción, Cuellos Blancos, diviac, Fiscalía

María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción. 

De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.

La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.

Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político. 

El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.

Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.

La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».

Redes clientelares

María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.

Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.

Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.

Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”. 

Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.

Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.

Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.

Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.

Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales. 

“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.

El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.

 

Cobro de cupos

“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.

Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.

La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.

Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.

En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre. 

Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.

Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.

 

“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”

Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.

La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.

Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.

Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.

Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.

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Acción Popular, Edmundo del Aguila, Fiscalía, San Juan de Miraflores

El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos. 

¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.

Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.

El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.

“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.

 

Hablan los testigos

La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.

INPE
Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz

Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas. 

“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.

La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.

Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.

De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.

La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.

Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500. 

Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.

 

Cobros crueles

Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.

Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.

En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.

También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.

Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.

Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería». «Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.

El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de «Los Piaras de Huacariz» en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.

“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.

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Cajamarca, corrupción, Fiscalía, INPE