justicia

Que un ministro diga que no tiene ninguna duda de que el presidente está comprometido en actos de corrupción es grave, que lo haga el exministro del Interior es gravísimo. Castillo está embarrado hasta las narices y no hace falta esperar el audio o video bomba para proceder en consecuencia. El país, la democracia, el Estado, la economía y la sociedad en su conjunto agradecerán que este sujeto salga lo antes posible por la puerta falsa de Palacio.

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Un tribunal de Australia decidió recientemente que el retiro de la visa de Novak Djokovic o No-vac Yo-Covid -como simpáticamente han empezado a llamarlo- se ajusta a ley y por consiguiente fue expulsado del país y con ello se pierde la posibilidad de disputar el Abierto de Tenis de dicho país, donde muy posiblemente hubiese sido el campeón. ¿La razón? La salud pública. La consideración del Poder Ejecutivo, ratificada en los tribunales, de que permitirle la exención generaría una controversia interna y alentaría al movimiento antivacunas fue suficiente para terminar con un par de semanas de recursos legales y de disputa judicial.

El tenista serbio no está vacunado y el gobierno de Australia prohíbe el ingreso de extranjeros sin vacuna. La razón “legal” que esgrimía su defensa era que a mediados de diciembre había contraído el Covid y por lo tanto tenía una inmunización natural y por lo tanto podía proseguir su viaje sin problemas. Ello supone, como ha reconocido el propio Djokovic, que estuvo en reuniones con otras personas mientras estuvo con Covid y que en dichos encuentros no hubo mascarillas ni mecanismos de protección ni advertencias.

En resumen, la defensa para poder quedarse en Australia y jugar el torneo hizo que admitiera una conducta peor y que confesara que lo hizo sin mala intención. Como si bastara. Su padre, el viejo Djokovic, ha convertido el caso en una cruzada. Habla de su hijo como víctima y cree que el paradigma de la libertad en el mundo ha ganado un nuevo líder. Sí, su hijo. Se sienten discriminados. Sienten que les han amputado los brazos, como a Maradona las piernas cuando lo suspendieron por el doping que el sabía prohibido. Entonces, ahora resulta que no solo era que no quería vacunarse, sino que el no hacerlo implicaba un ejercicio de la libertad en su sentido más “revolucionario”. Hoy, gracias a la corte australiana, No-vac está camino a Dubai y su puesto lo ocupará un tenista que nadie conoce pero que tiene tres dosis de vacuna en su organismo.

El caso es que se trató de una batalla legal en la que diversos argumentos se esgrimieron. Con una primera etapa en la que la justicia estuvo a favor del tenista -y nadie la discutió- y con otra definitiva en contra -que nadie discutió tampoco-. Porque si algo debe tener la justicia, y el ejercicio de esta y quienes la determinan, es esa capacidad de ser respetada. Esa posibilidad de determinar sin dudas sobre el ejercicio hecho, quién es culpable y quién inocente. Apreciar el desarrollo de ese caso durante la semana resultó en satisfacción por el fallo y una profunda depresión por ver lo que ocurre en nuestro país.

El lunes 10 de enero, hace una semana, un juez supernumerario señaló que el periodista Cristopher Acosta era culpable de difamación en perjuicio de César Acuña, millonario político, experto en hacernos creer que es un meme permanente, siendo condenado a dos años de prisión suspendida y al pago de S/ 400 000 de reparación civil al agraviado, una bicoca considerando que había pedido la friolera de 100 millones de soles, lo que alegremente decían que era “lo que ganaba en un mes”. De manera solidaria, Jerónimo Pimentel, editor y representante de la casa editorial que publica el libro, fue sentenciado a lo mismo. Lo bueno es que la reparación es conjunta.

Desde el lunes lo que se ha vivido es un gran compendio de reseñas sobre el tema que se agrupan en dos temas fundamentalmente: en publicitar el libro (hoy por hoy debe ser un best seller sin precedentes) y en desestimar la actuación del juez. La lógica es la siguiente: es un juez que no sabe, un juez que no conoce, un juez que no ha seguido la doctrina básica, un juez que ha intepretado a su gusto, un juez que se dejó llevar por el abogado del demandante (a quien otro periodista señala como alguien que hace que el Poder Judicial se mueva al ritmo del dinero), etc. No se discute el acto legal sino quien lo ejecuta. Se discute al juez. Salen los antecedentes. Sale su CV. Nos preguntamos si estaba capacitado para algo así. Aseguramos que con un mejor juez la sentencia será otra. Damos por hecho, aún siendo muy lejanos al mundo del derecho, qué importa, que el juez está equivocado, comprado, incentivado, lo que sea que queramos que sea. Discutimos al juez. A partir de allí descalificamos la sentencia.

Un juez no es un “nadie”. Es alguien que tiene un mandato muy particular. Puede decidir, con los instrumentos y herramientas adecuados, quién es inocente y quién es culpable. Tomar esa clase de decisiones no es algo sencillo ni mucho menos grato. Más cuando se trata de casos tan públicos. Un juez está sujeto al sesgo, como Sunstein, Siboney y el Nobel Kahneman han señalado en su último libro Ruido, donde analizan centenas de sentencias judiciales y evalúan como los jueces pueden actuar distinto dependiendo del día de la semana, del clima o de la hora en que exponen. Sin embargo, un juez determina así y todo qué es lo que la justicia precisa en cada caso.

El problema es que, en un país de instituciones tan debilitadas como nuestro querido Perú, el ejercicio de la justicia es demasiado arbitrario. Si una sentencia no nos gusta, cuestionamos al juez. Porque los jueces son cuestionables. Porque no generan la confianza de que estarán en la capacidad de afrontar los retos que se demandan. Salimos de una crisis enorme generada por la evidencia comprobada de un Poder Judicial tomado por mafias que ponían y sacaban jueces a criterio propio y para beneficiar decisiones específicas. Los casos judiciales más escabrosos pasaron de ser los de homicidios y pasaron a ser los de los propios magistrados. Los hermanitos, cuellos blancos y demás solo socavaron una institución en la que cada vez confiamos menos.

De acuerdo con datos de la ENAHO 2018, la desconfianza hacia el Poder Judicial supera el 80% de la población peruana. Sin duda que la posibilidad de confiar en una decisión del Poder Judicial es bastante baja. 

¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que ni siquiera la justicia sea justa en el país? ¿Que nos atrevamos a desconfiar de lo único de lo que debiéramos -la capacidad de impartir justicia-? ¿Que un juez sea percibido más como parte de una mafia que alguien que realmente puede solucionar algo? ¿Cómo es posible que semana a semana discutamos esto? Si en un momento se jodió el Perú, Zavalita, creo que fue acá. Cuando asumimos directamente que la forma menos justa de solucionar algo es recurrir a la justicia.

 

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Desconfianza, juez, justicia, Poder Judicial
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