Dándole la importancia necesaria, podemos entender a la seguridad nacional como un bien público desde un punto de vista económico, lo que implica que no hay ni exclusión ni rivalidad en el beneficio que da a la sociedad. Todos nos beneficiamos de un país más seguro, independientemente de si pagamos impuestos, o cuánto pagamos. Una persona o un grupo adicional de personas en el país tampoco disminuye la calidad de la seguridad nacional.
Es tarea de los formuladores de políticas identificar cuáles son las actividades y proyectos que las fuerzas armadas pueden desarrollar con un presupuesto comparativamente más bajo que el del sector privado, y dónde los retornos sociales son más altos. En otras palabras, qué proyectos tienen los mayores beneficios sociales netos si son ejecutados por las fuerzas armadas. Una vez identificados, se deben asignar recursos a estos proyectos ya que todos nos beneficiamos de una provisión eficiente de bienes públicos y servicios de alto retorno social.
Solo por mencionar algunos ejemplos: El Perú es uno de los países a nivel global más afectados por la brecha digital en los servicios públicos y privados, hay potencial para proyectos a través de las fuerzas armadas para llevar infraestructura digital a las áreas de más riesgo y aislamiento del país. La protección de los recursos forestales de la Amazonia es además un bien público que tiene repercusiones globales.
