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EN MANOS DEL EJECUTIVO

José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.

Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.

Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó. 

Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.

La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.

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En los modernísimos años noventa, con caída del muro de Berlín, globalización, televisión por cable, inicios de internet y todo, Alberto Fujimori nos contó la historia de que el Perú todavía era caldo de cultivo para sofisticadísimas dictaduras, con inteligencias grises a la cabeza. Me refiero a Vladimiro Montesinos -especie de gran hermano orwelliano, que todo lo ve y todo lo sabe, y todo lo controla y todo lo corrompe y con el amén, explícitamente firmado en cartas de sujeción de las Fuerzas Armadas. Con estos métodos se quebró el orden constitucional el aciago 5 de abril de 1992 y se intervinieron todas las instituciones del Estado. Cuánta nocturnidad, cuánta extorción, cuánto chantaje, cuántos destrozos en nuestra per se precaria institucionalidad; el Estado quedó en pie porque no puede desaparecer ¿o sí? Pero los partidos políticos no. Agentes de inteligencia con un mínimo de pudor y que denunciaron las miserias del régimen acabaron torturados, estudiantes dinamitados, fosas comunes a la orden del día, tanto como madres esterilizadas sin que nadie se los advierta primero. Estaba por advenirse nuestro nuevo milenio y las prácticas de Fujimori eran peores de obscenas que las de Sánchez Cerro, solo que con internet.

¡Pero no participamos tampoco en lo de Manuel Merino! Nos dicen. Sí, sí. Sí participaron, puesto que lo permitieron y sus fuerzas disuasivas, entre ellos se lucieron los impresentables ternas, que se movían como cangrejos del apocalipsis, arrestando a nuestros jóvenes, lo que nos hizo notar que rápidamente se erguía, de súbito, una nueva dictadura. Por eso salimos los mayores en masa a las calles, para cuidarlos y proteger a nuestros jóvenes, pero nada impidió que perdiésemos a Inti y a Bryan, a punta de fuego policial, lo que sí logramos fue impedir el asentamiento de una nueva dictadura, apenas ayer, en 2020. Triunfo de la sociedad civil y de nadie más.

Y ahora el cuento es que los militares se han convertido, de súbito, en paladines de la democracia por no sumarse a la pantomima de un pobre infeliz, Pedro Castillo, que nunca entendió de qué trataba la banda bicolor que lucía y a quien la casta militar odiaba profundamente: primero por tratarse de un campesino rural al que les costaba mucho cuadrársele y reconocerlo como su Jefe Supremo, segundo porque veían en él a un terruco, debido al partido de izquierda que lo llevó al poder. No cabe duda de que Pedro Castillo es un villano por donde se le mire y que es un alivio que él mismo, en su inconmensurable torpeza, se haya autoeliminado políticamente con su pantomima golpista, pero ¿tenían acaso los militares algún motivo para seguirle el rumbo a esta bala perdida?

No seré tan concluyente en mis últimas palabras; la negativa de las FFAA a plegarse a lo que fuera que intentó Pedro Castillo el martes 7 -además de autosabotearse- no suprime de un plumazo su secular vocación golpista y de irrespeto impenitente al orden constitucional. Aunque declarativamente se grite su vocación democrática, la respuesta no la tiene la voz de los jerarcas castrenses sino Cronos, el Dios olímpico del tiempo. 

Sólo las próximas décadas, que de seguro nos traerán coyunturas complicadísimas                                   -probablemente colmadas de aprendices de Fujimori y Montesinos- como complicada es nuestra historia republicana, nos dirán si realmente los militares se quedarían en sus cuarteles si un aspirante a sátrapa, que les insinué una sonrisa con la parte derecha de la cara, los disponga a una nueva y harto patrimonialista -léase corrupta- aventura autoritaria. El tiempo lo dirá, pues Pedro Castillo “nunca dijo nada”. Su corrupta inteligibilidad fue su rasgo más saltante. 

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Por supuesto, las Fuerzas Armadas tendrían que desempeñar un papel preponderante si Castillo recorre la ruta del golpismo. Solo en ese único caso. En tales circunstancias, estarían obligadas, por mandato constitucional, a intervenir e impedir el atentado jurídico y disponer la restauración democrática que correspondería en tales circunstancias.

Castillo no es un personaje valiente. Más bien peca de huidizo y taimado. En principio, no parece capaz de acometer semejante tropelía, pero el pánico que lo embarga lo puede imbuir de la sinrazón suficiente para creer que puede cometer un autogolpe y salir indemne, con apenas un 23% de respaldo de la opinión pública, sin calles movilizadas a su favor, sin el respaldo de la mayoría congresal, sin la rendición moral de los institutos castrenses. No hay nada más peligroso que un culpable de delitos probados, con poder para hacer daño, como es el caso del inquilino que nos tocó en mala suerte tener sentado en Palacio.

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Dándole la importancia necesaria, podemos entender a la seguridad nacional como un bien público desde un punto de vista económico, lo que implica que no hay ni exclusión ni rivalidad en el beneficio que da a la sociedad. Todos nos beneficiamos de un país más seguro, independientemente de si pagamos impuestos, o cuánto pagamos. Una persona o un grupo adicional de personas en el país tampoco disminuye la calidad de la seguridad nacional. 

Es tarea de los formuladores de políticas identificar cuáles son las actividades y proyectos que las fuerzas armadas pueden desarrollar con un presupuesto comparativamente más bajo que el del sector privado, y dónde los retornos sociales son más altos. En otras palabras, qué proyectos tienen los mayores beneficios sociales netos si son ejecutados por las fuerzas armadas. Una vez identificados, se deben asignar recursos a estos proyectos ya que todos nos beneficiamos de una provisión eficiente de bienes públicos y servicios de alto retorno social. 

Solo por mencionar algunos ejemplos: El Perú es uno de los países a nivel global más afectados por la brecha digital en los servicios públicos y privados, hay potencial para proyectos a través de las fuerzas armadas para llevar infraestructura digital a las áreas de más riesgo y aislamiento del país. La protección de los recursos forestales de la Amazonia es además un bien público que tiene repercusiones globales.

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Para el general en retiro y congresista de Renovación Popular, José Cueto las Fuerzas Armadas no están para hacerle el amén a ninguna persona. Además indicó que si se demuestra que el Presidente quebró la constitución correspondería un pedido de vacancia.

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fuerzas armadas, José Cueto, Renovación popular, Vacancia

Abimael o Guzmán debían ser más consensuales, pero desde el modo de llamarlos ya constituyen dos sujetos distintos. Debían ser consensuales porque agredieron a nuestra sociedad como nadie lo había hecho antes, e iniciaron, ellos solos, una guerra que duró más de una década y que nos costó 70 mil vidas humanas. 

Es cierto que hay causas estructurales como reza la CVR para que estos dos sujetos, que en sustancia son uno solo, armasen la grande en el Perú, pero pongamos las cosas en contexto. En 1980 recuperamos la democracia luego de 12 años de dictadura militar, y salimos de un fallido proceso de reformas radicales. A ello hay que añadirle la herencia de una inmensa e impagable deuda externa, esto es crisis económica, que toda América Latina había adquirido la década anterior desde que a los países de la OPEP, en 1973, se les ocurrió embargar el petróleo multiplicando cuatro veces su valor en pocas semanas. Por si fuera poco, el Perú atravesaba un vertiginoso cambio demográfico y una masiva migración del campo a la ciudad que el Estado, así, empobrecido como se encontraba, no estaba en capacidad de atender. 

El dato, en el que nadie repara, Constitución del 79 en mano, es que por primera vez en nuestra historia republicana teníamos algo parecido a una democracia gobernando el país, solo que a ese par de señores, que en realidad conforman una sola sustancia, no se les vino en gana regalarnos la oportunidad de construirla y lo petardearon todo, comenzando por la esperanza. ¿Y después vienen mis colegas a llamarla década pérdida?, podrá ser latinoamericano el mote, pero en el Perú se trata de una década petardeada por el terrorismo ¿por qué no llamar las cosas por su nombre?  

Y hablando de eso, los que me conocen saben lo lejos que estoy de la DBA, pero ¿por qué no puedo llamarle terrorismo al terrorismo? ¿cómo? ¿porque no incluye a las fuerzas armadas? ¿y porque tendría que ponerlas al mismo nivel que las bandas subversivas? Sé que las FFAA violaron derechos humanos, no hablo de errores o excesos, designo las cosas por su nombre, pero no por eso voy a caer en el maniqueísmo de plantear una guerra entre dos bandos en condiciones de igualdad, cuando de lo que debo hablar es de una sociedad atacada por bandas terroristas; a su turno, las FFAA deberán responder por sus crímenes, eso nadie lo discute, en todo caso, yo no lo discuto. 

Así veo las cosas y no voy a plantearlas de otra manera.  Y por favor que no me aplaudan las cruces de Borgoña, cuya mirada racialista del país, ya cumplido el Bicentenario de esta paradoja que llamamos república, contraviene, una vez más, el reloj de nuestro telúrico proceso histórico. ¿Velasco no les hizo comprender la sustancia del Perú? ¿Haría falta más o ya podemos sentarnos a construir un proyecto inclusivo para el país?

Termino hablando de la reconciliación que debe darse entre dos bandos, sí: las Fuerzas Armadas y los sectores sociales que fueron dañados por ellas. A este nivel, los voceros de aquellas deben tener la humildad (que hasta ahora no asoma) para reconocer que allí hay un gran trabajo por delante, desde dentro de las instituciones castrenses y proyectado hacia la sociedad. Pero ni Sendero, ni el MRTA tienen asiento en esta cena de paz.

Los dos sujetos, Abimael y Guzmán, han partido, junto a su única sustancia, la que debe esparcirse en sus cenizas, por los confines más remotos del planeta. Dudar en este punto es acuchillar, una vez más, la vieja herida que tanto le duele a nuestra sociedad y que aún no cicatriza.  

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