Desde mediados del siglo XX, las fuerzas armadas han intentado reclutar a la mayor cantidad posible de personal siempre y cuando los candidatos cumplan ciertos requisitos mínimos preestablecidos: ciertas aptitudes físicas, altura mínima, o máxima, rangos de coeficientes intelectuales, etc. En tiempos en los que los conflictos armados convencionales están ausentes, las fuerzas armadas gastan presupuestos sustanciales en la educación y capacitación de su personal. A tal punto que estás inversiones en capital humano han sido cruciales en facilitar la movilidad social e intergeneracional, por ejemplo, en el Perú, al ayudar a hogares de bajos recursos a hacer una transición a deciles de ingresos más altos. Esto se da al proporcionar salarios que correspondan a los puestos y especializaciones ocupacionales que están orientados a las habilidades, intereses y al nivel de competencia relativa de los reclutas. Se debe tener en cuenta también que el capital humano y la experiencia laboral adquiridos son no solo valiosos para el Estado sino también para las empresas privadas. Además, en el contexto del bienestar social hay servicios y acceso a infraestructura, por ejemplo, educativa, de salud, recreacional, etc., que son facilitados a las familias del personal militar para que haya un desarrollo integral de la familia como institución.
Las fuerzas armadas han generado en el Perú transferencias de tecnología y conocimiento en mecánica, administración, seguridad privada, aeronáutica, marina mercante, telecomunicaciones, etc. Por ejemplo, en la década de los noventa en el Perú, uno de los pocos pools de mano de obra para la industria de las telecomunicaciones provenía de las fuerzas armadas. Así mismo, la expansión de los gastos militares puede entenderse principalmente como una expansión fiscal si proporciona nueva infraestructura que genere multiplicadores fiscales regionales. A manera de ejemplo, la presencia de bases militares en la Amazonía ha proporcionado infraestructura de salud, y digital; y provee servicios sociales a varias comunidades nativas. Las fuerzas armadas peruanas participan y colaboran sobre todo en programas de desarrollo social donde el acceso a los servicios sociales y privados convencionales son bastante limitados, o donde han estado totalmente ausentes durante varias décadas.
Las claras estructuras jerárquicas de las fuerzas armadas permiten la implementación de proyectos complejos a bajos costos en comparación a algunas opciones que el sector privado ofrece. En cuanto a la prestación de servicios y bienes, estos suelen estar relacionados a temas de seguridad y a las consultorías correspondientes. Sin embargo, debemos considerar cuáles son los costos de oportunidad ya que puede haber efectos de desplazamiento. La provisión de algunos servicios podría ser proporcionada idealmente por empresas privadas, lo que es socialmente más eficiente en caso de haber menores costos y ausencia de mercados monopólicos, o situaciones en las que los trabajadores calificados de las fuerzas armadas podrían haber ganado potencialmente salarios mucho más altos en el sector privado y consecuentemente haber creado mayor valor agregado para la sociedad.
No obstante, se debe tener en cuenta que las fuerzas armadas obtienen a los reclutas cuando son jóvenes y no tienen experiencia laboral, por lo que es muy probable que sus miembros transiten a otras industrias, se den de baja, en caso de recibir ofertas salariales más atractivas. Desde este punto de vista, las fuerzas armadas no privan al sector privado de mano de obra calificada, más bien se da el caso contrario. En adición, el que las carreras militares sean altamente jerárquicas, dado que no todos pueden ascender y las promociones son limitadas; fomenta que haya transiciones del personal militar al sector privado.
Dándole la importancia necesaria, podemos entender a la seguridad nacional como un bien público desde un punto de vista económico, lo que implica que no hay ni exclusión ni rivalidad en el beneficio que da a la sociedad. Todos nos beneficiamos de un país más seguro, independientemente de si pagamos impuestos, o cuánto pagamos. Una persona o un grupo adicional de personas en el país tampoco disminuye la calidad de la seguridad nacional.
Es tarea de los formuladores de políticas identificar cuáles son las actividades y proyectos que las fuerzas armadas pueden desarrollar con un presupuesto comparativamente más bajo que el del sector privado, y dónde los retornos sociales son más altos. En otras palabras, qué proyectos tienen los mayores beneficios sociales netos si son ejecutados por las fuerzas armadas. Una vez identificados, se deben asignar recursos a estos proyectos ya que todos nos beneficiamos de una provisión eficiente de bienes públicos y servicios de alto retorno social.
Solo por mencionar algunos ejemplos: El Perú es uno de los países a nivel global más afectados por la brecha digital en los servicios públicos y privados, hay potencial para proyectos a través de las fuerzas armadas para llevar infraestructura digital a las áreas de más riesgo y aislamiento del país. La protección de los recursos forestales de la Amazonia es además un bien público que tiene repercusiones globales.
