Minedu

¿Clases presenciales? Las brechas que hacen imposible el retorno a las aulas

Por: Giovani Alarcón 19.08.2021

El Ministerio de Educación (Minedu) no se ha destacado precisamente por su eficacia para afrontar la pandemia. ‘Aprendo en Casa’, como ya ha reportado Sudaca, es un ejemplo de eso. Hace dos días, según tres fuentes, se despidió de sus subordinados en la institución una de las principales responsables del mal manejo, la viceministra de Gestión Pedagógica Killa Miranda. El regreso a clases, sin embargo, aparece ahora como un desafío mayor: se deben superar brechas básicas que la gestión anterior no solucionó.

El exministro Ricardo Cuenca terminó su mandato haciendo un balance positivo del retorno a las aulas en las zonas rurales del país. Las cifras, sin embargo, son incipientes. A fines de julio pasado, según información proporcionada por el Minedu a este medio, había poco más de 48.000 colegios públicos -más del 90% en zonas rurales- que se encontraban «habilitados» para recibir a los alumnos. Es decir, que están situados en provincias con bajas tasas de contagios por Covid-19.

Sin embargo, solo 5.119 instituciones aceptaron retornar a las clases, el 10,48% de ese universo. ¿Por qué? Principalmente por la negativa de algunos padres de familia, un grupo minoritario (según Datum, el 69,1% sí quiere retorno*) que no ve en las aulas un ambiente seguro para sus hijos, a los que se sumaron las voces de las autoridades regionales. Sus preocupaciones tienen asidero.

*Nota de edición: Este dato fue agregado y la precisión «algunos padres» fue hecha luego de publicado el informe.

La Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo, emitió un comunicado en sus redes sociales el pasado 12 de agosto indicando que sus instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas. Uno de los principales problemas es la falta de baños y servicios de agua y desagüe. De hecho, según información que el mismo Cuenca publicó en redes sociales en febrero de este año, 1 de cada 4 colegios públicos tienen silos en vez de baños y 3 de cada 10 tienen pozos con agua, pero que no es un servicio con tuberías.

Además, apenas el 58,5% de escuelas tiene acceso a servicio de agua a través de una red pública. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Junín y Tacna, cuyas autoridades no definen una postura sobre el regreso a las aulas, según los coordinadores del Minedu en esos territorios, padecen este escenario.

La otra cara de la moneda es Loreto, la región que más ha avanzado en este retorno a las aulas, con un 75% de sus colegios que ya han empezado a recibir alumnos. Le siguen Ucayali (38%), Ayacucho (31%) y Amazonas (13%). Estos colegios vienen atendiendo a unos 210.000 estudiantes acompañados por 14.916 docentes, de acuerdo a la información proporcionada a Sudaca.

PRESIONES Y RECLAMOS

Uno de los principales obstáculos para el retorno, para el que se necesitan servicios básicos de higiene y ambientes ventilados, ha sido la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo proyectos de infraestructura. “La brecha de infraestructura educativa, antes de la pandemia, ascendía a S/100.000 millones, que debía cerrarse en un plazo de 36 años. Hacia el 2018, un 84% de colegios [en cartera] no se construía por responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. No construyen casi nada porque no tienen capacidad técnica para hacerlo”, explica una fuente de alto rango del Minedu.

Según el portal de Transparencia Económica, la ejecución en infraestructura educativa de los gobiernos regionales deja bastante que desear, sobre todo en tres regiones. En el caso de Ica, de 21 proyectos de infraestructura vinculados a Educación, apenas se ha avanzado con el 54%; Amazonas está por el 38% de 13 proyectos; mientras que Cajamarca lleva un 18% de avance en 16 proyectos.

Desde los gobiernos regionales le tiran la pelota al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, que tiene en cartera otras cientos de obras. “No es posible que a estas alturas el Pronied no haya podido ejecutar proyectos de infraestructura educativa en ningún nivel de educación básica”, dice Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Lo cierto es que tanto gobiernos regionales como locales, y el mismo Pronied, tienen varias deudas pendientes. Hace poco, Sudaca reveló que de las 1.527 instituciones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017, apenas se han terminado de reconstruir 354. La responsabilidad, como detalla el informe, es compartida.

A pesar de este desolador antecedente, Rúa le echa la culpa a la falta de una política eficiente de descentralización. “Todos los estudios se evalúan en la capital y se ha vuelto muy burocrático reacomodar el presupuesto. Creo que se deben hacer transferencias de funciones a las regiones, lo que tiene que ir acompañado de recursos. El gobierno central debe transferir y fortalecer capacidades”, apunta.

Los gobiernos regionales han tomado el primer paso y han visto una oportunidad en el nuevo gobierno. El pasado 14 de agosto, la asamblea que los reúne acordó plantearle a Castillo una «agenda mínima» que apunte a eliminar programas como Provias (de Transportes), Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y, justamente, Pronied, que reciben gran parte del dinero para la ejecución de obras.

Acuerdo de GOREs del 14 de agosto. — *Acuerdo de GORE del 14 de agosto.*

Las autoridades regionales apuntan a canalizar estos recursos para hacerse cargo de los proyectos, en particular de la infraestructura educativa. Además, apuestan por una estrategia para que los colegios logren cumplir con los requisitos de bioseguridad y la aceleración de la vacunación. Este último es un factor clave para que los maestros empujen el carro en la dirección del retorno a las aulas.

Al cierre de esta edición, apenas el 38% del personal de educación (unos 253.000 profesionales) se había inoculado con las dos dosis, mientras que el 21% (143.000) había recibido solo la primera, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. La situación responde a factores como la dificultad de llegar a algunos lugares en el país y la falta de una estrategia más efectiva de parte de las autoridades sanitarias.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya se ha reunido por estos días con la PCM y tiene un nuevo encuentro agendado para la tercera semana de setiembre. El gobernador Carlos Rúa dice que el gobierno se ha mostrado dispuesto a admitir sus demandas.

Lo cierto es que no son los únicos que ejercen presión. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio magisterial afín a Pedro Castillo e inscrito velozmente como sindicato, viene reclamando por una reunión con el ministro Juan Cadillo, a pesar de que sus representantes sí se han reunido con el mismo presidente de la República.

De acuerdo a Segundo Vásquez, dirigente de este sindicato que cuenta con más de 50.000 afiliados, hasta ahora no han recibido ninguna pauta para el retorno a clases. “Pese a que lo hemos solicitado desde el 4 de agosto, el señor Cadillo no ha tenido tiempo y nos ha agendado recién para un diálogo virtual, a pesar de que creemos que debe ser presencial, para el 20 de agosto. Parece que al ministro no le interesa conversar con nosotros”, cuenta.

Los dirigentes también enviaron al Minedu un plan que busca que el sector Educación sea declarado en emergencia, tal como prometió Castillo en su discurso presidencial. El objetivo, dice Vásquez, es la reorganización del financiamiento pedagógico, entre otras cosas, para la infraestructura educativa. El mismo reclamo que tienen los gobiernos regionales.

“El Estado debe disponer un presupuesto extra para afrontar las dificultades más urgentes en las escuelas. Muchas instituciones no tienen baños ni agua, así como tampoco aulas adecuadas para el distanciamiento, ni tópicos, ni medicamentos. Otro tema es que no se están haciendo los gastos para acortar la brecha tecnológica, una de las razones por las que el padre de familia también quiere la presencialidad”, señala el sindicalista.

El gremio busca que se genere una partida de S/5.000 millones para estos fines. ¿De dónde saldría la plata? Según el docente, hay recursos que se pueden reorientar del mismo presupuesto. Apela a que el dinero que algunas empresas mineras están pagando por deudas a la Sunat pueda ser utilizado. La Fenatep también pedirá, a largo plazo, un bono a las familias de los estudiantes.

En el corto plazo, sin embargo, esperan todavía una propuesta concreta del gobierno. Al menos para que los 8 millones de estudiantes que hay en el país y los padres de familia no aguarden otro año más en la incertidumbre.

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¿Volver al cole? Cientos de escuelas públicas se caen a pedazos

Por: admin.noticias 15.07.2021

Ni reconstrucción, ni cambios. Hay 1.173 colegios en el país que aún no tienen cómo regresar a clases porque o bien se caen a pedazos, o recién están siendo reconstruidos. El Estado ha sido incapaz de renovarles la infraestructura en los últimos cuatro años, luego del Fenómeno de El Niño del 2017. Desde aquel momento, el proceso para recuperar cientos de escuelas a nivel nacional, principalmente en zonas rurales, ha avanzando como si no se tratase de una tarea urgente. Y tiene vergonzosos capítulos de lavado de manos.

Las dos principales responsables de esta situación son la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación. Aunque la primera sí se ha puesto las pilas en el último año, aún hay cientos de colegios en condiciones calamitosas. Y un grupo de estos -en especial- sobre los que ambas instituciones se culpan entre ellas.

«Dadas las condiciones epidemiológicas [se podrá] estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre”, dijo el pasado 7 de julio el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, luego de hacer un balance positivo de las vacunaciones a miles de maestros. La noticia fue resaltada por la agencia de prensa estatal Andina. ¿Pero en qué condiciones regresarán los niños a las aulas?

La peligrosa vuelta al cole

El plan del gobierno, según ha declarado Cuenca desde abril de este año, es que los colegios de zonas rurales sean los primeros en retomar sus actividades presenciales. Por eso a Heydi Berrou, la directora del colegio Santa Sara, en el caserío del mismo nombre en Piura, le hicieron una encuesta telefónica en la que se le preguntó si deseaba regresar a las clases presenciales. Su respuesta fue tajante: las condiciones para ello no están dadas.

“Nos ha llamado el ministerio de Educación, más o menos en abril, preguntando si queremos regresar. Pero les dijimos que no teníamos condiciones de infraestructura. No tenemos ni agua. Acá se abastecían con cisternas”, dice la docente, que llegó a dirigir su institución el año pasado.

El colegio tiene dos aulas donde estudian cerca de 60 alumnos de primaria. Eduardo Morales Litano (46), secretario general del caserío, cuenta que fueron los vecinos los que levantaron la construcción en 1960. Sin expediente técnico. “En el 2000, Defensa Civil lo declaró inhabitable, pero desde ahí solo se le ha dado mantenimiento”, apunta.

Morales dice que desde el 2018, y por mientras, el Minedu construyó dos pequeños módulos donde los estudiantes tomaban las clases, pero un espacio así de estrecho en plena pandemia es riesgoso. Otros colegios de la región optaron por alquilar la casa de algún vecino. Y en otros casos, como veremos, los menores tuvieron que exponerse y seguir tomando clases en los pabellones que habían sido menos afectados por los huaicos.

colegio piura — Colegio Santa Sara, en Piura. Uno de los afectados por el Fenómeno del Niño del 2017. No tiene ni agua.

Santa Sara es parte de las más de mil instituciones educativas que se vieron afectadas por el Fenómeno del Niño el 2017 y a las que el gobierno de PPK prometió volver a poner a punto.

De las 1.527 instituciones que había que reconstruir o rehabilitar, 932 están a cargo de los gobiernos regionales y locales, y 447 del Pronied, una unidad del Minedu que se encarga de los proyectos de inversión pública de la cartera que tienen que ver con infraestructura de colegios. Todas las obras son financiadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). ¿Quién se encarga de gestionar la transferencia de los recursos y monitorear el avance? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que a la vez debe ejecutar 147 obras.

La efectividad de esta maraña de instituciones, sin embargo, ha dejado mucho que desear. Cuatro años después del desastre natural, apenas se han entregado 354 colegios. Desde la ARCC admiten la demora, aunque resaltan que ya hay 530 obras más en ejecución y que lo más probable es que este año se termine la mayoría de estas. Un salto importante respecto a las gestiones anteriores, pero también un anuncio entusiasta que tiene otra cara que no lo es tanto. Hay cientos de colegios que no solo siguen esperando, sino que ni siquiera ven la reconstrucción en el horizonte porque no les habilitan el presupuesto.

El problema Pronied

“Como congresista de la región Piura, puedo decirle que desde el año pasado se ha agilizado la entrega de presupuesto para estos colegios”, dice la congresista Angélica Palomino, del Partido Morado, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción.

Palomino señala que en la sierra del país ha habido cierto retraso por temas climatológicos, lo que ha impedido la entrega de materiales de construcción; y también por el alza en el precio del fierro y el cemento. “Sobre los colegios que tiene el Ministerio de Educación (Pronied), sí con mucha pena he visto que algunos que ya debían estar en un 80% de avance, están en 15%”, apunta, sin embargo.

Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC, que llegó al cargo a fines del 2019, también hace un balance negativo del Pronied. “Yo te puedo decir que de estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied”, señala. De hecho, en 2020 la ARCC gestionó un financiamiento de S/654.386.284 para el Pronied, del cual apenas se ejecutaron S/14.950.347. Es decir, el 2.28% del presupuesto transferido.

En un reciente ensayo titulado ‘La reforma imposible: enfrentando desafíos del sector educación’, el exministro de Educación Martín Benavides describe así la situación en la que encontró al Pronied en el 2020: “Se trata de la unidad ejecutora responsable de todos los programas de infraestructura del ministerio, y, como tal, maneja un presupuesto considerable, pero tenía muy poca eficiencia en su gasto y siempre estuvo rodeada de sospechas de corrupción”.

amalia moreno arcc — Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: «De estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied [del Minedu]».

Durante la gestión de Benavides se hicieron cambios y la unidad pareció tomar un paso importante. En febrero, con los recursos asignados por la ARCC, el Pronied anunció que invertiría S/530 millones en un grupo de 130 colegios cuyas obras debían empezar ese año. El proceso quedó desierto. En agosto insistieron y, finalmente, se adjudicaron más de 100 de estas obras.

Pero llegó setiembre y, en vísperas de firmar los contratos, el programa del Minedu anunció que solo había dinero para 15 colegios ese año. Esto significaba que 115 instituciones de la cartera se quedarían en el aire, como publicó en octubre el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Santa Sara fue uno de estos colegios.

La explicación que le llegó a los postores de las licitaciones y a los directores de los colegios en aquel momento fue que se estaban haciendo los esfuerzos de conseguir el financiamiento para el 2021.

En febrero pasado, Nemesio Cayhualla, director del colegio ‘El Tigre’ de Cañete, pidió que se le informe si finalmente consiguieron el dinero. La respuesta lo decepcionó. “Yo he estado enviando constantemente oficios al Pronied pidiendo informes de cuándo va a empezar la reconstrucción. La última respuesta fue que están en proceso de contar con el presupuesto de la Autoridad con Cambios”, dice Cayhualla.

conclusiones el tigre 2019 — Informe de Defensa Civil del 2019 sobre el colegio ‘El Tigre’, de Cañete: «Los alumnos están sujetos al daño que pueden ocasionar estas estructuras». Con el sismo del pasado 23 de junio, la situación se agravó.

La respuesta a la que se refiere es del 4 de febrero pasado. La carta revela que no lograron incluir a los 115 colegios en el presupuesto general del 2021: “A la fecha, el Pronied sigue cursando documentos y gestionando reuniones con la ARCC a fin de que se pueda confirmar la transferencia de recursos para el 2021 de todas aquellas intervenciones que no fueron atendidas en el 2020 por el tema presupuestal, con la finalidad de poder ejecutar las obras”.

Cayhualla ha escuchado las noticias sobre el retorno a las clases, principalmente de los colegios de zonas rurales como el suyo, que consta de dos pabellones y que atiende unos 380 alumnos de primaria y secundaria. El 2019, cuenta, el Minedu le instaló un módulo prefabricado, pero el espacio era muy pequeño. Tuvieron que tomar el pabellón del colegio que resultó menos afectado por los huaicos.

Luego del fuerte temblor del pasado 23 de junio, cuyo epicentro fue en su provincia, esta opción ya no es viable. “No podríamos retornar. Más aún porque en este último sismo que hubo [del pasado 23 de junio], la situación empeoró. Se han rajado más las columnas, las paredes y los salones ya están totalmente inhabilitados», dice Cayhualla.

En el distrito de Mariatana, en Huarochirí, los colegios Daniel Alomía Robles y Glorioso San Cristóbal, que atienden a 90 alumnos de primaria y secundaria, también siguen a la espera. “Hice una consulta a Pronied y me dijeron que estaban solicitando una transferencia presupuestal a inicios de este año. Eso fue en febrero o marzo, ¡ya estamos julio! No es posible retornar a las aulas. Hay aulas que están totalmente destruidas, a punto de caerse”, apunta el alcalde distrital Julio Santos.

huarochiri colegio daños — Grietas en el patio del colegio Daniel Alomía Robles, de Huarochirí. Un peligro para los estudiantes.

El pase de pelota entre la ARCC y el Pronied

Los colegios de los que habla Santos también son parte de los 115 supuestamente excluidos por falta de presupuesto. En un comunicado enviado a Sudaca, el Pronied intenta responsabilizar a la ARCC del asunto. “El presupuesto para la reconstrucción de estas instituciones educativas estuvo asegurado desde febrero del 2020, razón por la cual el Pronied pudo lanzar 42 procesos de contratación (15 en febrero y 27 en agosto). Si estos procesos hubieran obtenido la previsión de recursos por parte de la ARCC para el año 2021 se hubieran desarrollado de acuerdo con sus cronogramas, el total de escuelas estarían ya en proceso de ejecución, próximas a culminarse”, dice por escrito.

Desde el Minedu insisten en que fue una situación no prevista. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sin embargo, precisan que el presupuesto estaba listo para ser ejecutado el 2020, pero que el problema está en que el Pronied quiso postergar su uso al 2021. “Al no haber sido ejecutados en el año que fueron programados, los recursos retornarnon al Tesoro Público como todo presupuesto no utilizado por una institución pública”, señalan en un escrito enviado a Sudaca.

“En agosto o setiembre, prácticamente estamos cerrando el presupuesto del siguiente año. Eso lo sabemos todos [los funcionarios públicos]. Cuando ellos han terminado el proceso en setiembre, me dicen que les asegure S/400 millones para el 2021. Yo tengo que voltear al MEF y decirle que me aseguren esa plata. ¿Qué me dijeron en el Mef? ‘Mira, te felicito por tu preocupación, pero yo no tengo esa plata, pero sí te voy a dar una plata para tus obras que están en ejecución y priorices el trabajo con los gobiernos subnacionales’. Son los gobiernos locales los que están funcionando en estos momentos”, precisa Amalia Moreno, la directora ejecutiva de la ARCC.

Moreno señala que en el MEF ya no querían darle más recursos al Pronied porque los años 2017, 2018 y 2019 (cuando fueron ministros de Educación Marilú Martes, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo) lo habían hecho y no habían construido nada. Todo parece indicar que ya no tendrán que hacerlo.

En comunicación escrita a Sudaca, el Pronied señala que ya tiró la toalla con este grupo de 115 colegios y que el pasado 1 de julio “realizó la devolución de la cartera de inversiones del Plan integral de Reconstrucción con Cambios por falta de asignación de recursos presupuestales”. Es decir, los colegios tendrán que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que los gobiernos regionales o locales, o la propia ARCC, tengan que ejecutar las obras. Así estamos.

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Represalias del Ministerio de Educación contra trabajadores de ‘Aprendo en Casa’

Por: Giovani Alarcón 16.05.2021

Poco tiempo después del lanzamiento de ‘Aprendo en Casa’, a fines de marzo, varios de sus trabajadores han sido separados del programa ancla del Ministerio de Educación (Minedu). Y no solo eso: al menos cuatro de las seis fuentes consultadas para este informe reclaman que aún no se les paga por sus servicios pese a que se han presentado informes de sus trabajos que incluyen jornadas de más de 12 horas diarias.

Las personas que hablaron con Sudaca −que han pedido su anonimato para este reportaje, dado que ya fueron víctima de represalias− aseguran que la decisión de los ceses vino después de dos situaciones: la primera, una carta enviada a la alta plana del ministerio y que fue firmada por los “supervisores de comunicación” del programa. En esta, manifestaban una serie de situaciones adversas que perjudicaba el desarrollo de su trabajo.

La segunda: las publicaciones de Sudaca en las que se denunciaba la improvisación con la que se venía trabajando. No sólo llegaron un mes tarde al inicio de clases, sino que lo hicieron mal.

[Lea aquí los dos informes de Sudaca sobre Aprendo en Casa]

“Nos avisaron que no nos van a contratar más por la nota que sacaron ustedes. Hemos quedado en nada y tengo compañeros bastante desolados porque estamos en una coyuntura bien complicada [de pandemia]», cuenta a este medio una extrabajadora recientemente cesada a la que, en el colmo de la desfachatez, se le pidió recomendaciones para ver quién sería su reemplazo.

Carta premonitoria

El pasado 20 de marzo, los supervisores de comunicación del Minedu −hasta entonces intermediarios entre el equipo pedagógico del ministerio y la productora contratada para la realización de los programas−, enviaron una carta a Nora Delgado, directora general de Educación Básica Regular; María Luisa Chávez, directora de Educación Primaria; y Maribel Aguilar, directora de Educación Secundaria.

En la misiva −la cual revisó Sudaca− los firmantes se quejan de la falta de lineamientos claros para la redacción de los guiones y una burocracia desmedida en la revisión del material que terminaba retrasándolos. “En el caso de secundaria […] el equipo pedagógico ha hecho pedidos y observaciones sobre la presentación de algunos insumos que luego, en las reuniones de esta semana, han venido contrariando a esas observaciones iniciales que se recibieron”, se lee en el oficio.

Los supervisores indican, además, las faltas a los cronogramas establecidos para aprobar los guiones y se quejan de las contradicciones en las directivas, de la excesiva cantidad y duración de reuniones, y de la ausencia de claridad en los roles de trabajo. No solo eso. También dejan constancia de que se les está haciendo trabajar hasta 14 horas diarias.

“Hace un mes venimos trabajando 14 horas al día, en promedio a más, muchos sin tomarnos descansos ni para almorzar (almorzamos trabajando) y trabajando los fines de semana. El trato inicial con cada uno de los firmantes incluyó la propuesta de que este puesto no nos demandaría trabajar durante los fines de semana (que se presentó como mejora al año pasado)”, se lee en el documento.

Los trabajadores del Minedu terminan recomendado que se tome como experiencia lo hecho el año anterior, pero ninguno de sus reclamos fue tomado en cuenta. A algunos se les empezó a excluir de algunos correos y reuniones, según denuncian varios colaboradores y excolaboradores del Minedu. “Cortaron la comunicación con el equipo de comunicaciones”, cuenta un actual trabajador del Minedu. Valga la redundancia.

En paralelo −pocos días antes y también después de la carta interna presentada por los trabajadores− se hicieron públicos dos informes de Sudaca que dejaron al descubierto el caos y la improvisación con la que se estaba trabajando. Ambos factores habrían desencadenado la ira de las cabezas del Minedu, tras lo que se decidió no renovar el contrato de varias personas a fines de marzo.

Otra de las consecuencias fue que, en la práctica, según las fuentes, la responsabilidad de coordinar el trabajo pasó del equipo de “supervisores de comunicación” a la empresa productora elegida para la realización de los programas: Marketing Táctico.

Calidad cuestionada

Todos los entrevistados coinciden en que el material que se está emitiendo no alcanza los estándares de calidad esperados, al punto de que ‘TV Perú’ lo transmite con un anuncio donde se señala que el canal no se responsabiliza por los contenidos. “Desde el viceministerio de Gestión Pedagógica, dirigido por Killa Miranda, surgieron órdenes directas para abaratar los costos de producción, simplificando los contenidos”, cuenta un actual trabajador del Minedu.

“Vi un par de episodios y me dio pena. Están super mal hechos. Querían hacer un programa de Netflix sin ser conscientes de los recursos y la realidad. A eso se suma una productora improvisada”, revela una fuente que fue separada de la producción.

Un exmiembro que se retiró por voluntad propia del equipo de editores detalla que la realización partió mal desde un inicio porque se usó el mismo número de profesionales del año pasado, en el que solo trabajaron contenidos de secundaria. La diferencia es que este año se ha contemplado primaria, secundaria y otras áreas. Más chamba con la misma cantidad de gente.

La misma fuente confiesa que, al tener poco personal y estando tan cerca de la emisión, entregó el contenido a TV Perú siendo consciente que “era cualquier cosa”. “La producción estaba muy desorganizada y había solo una persona que veía todas las observaciones de todos los grados, lo cual es imposible. Era inviable, íbamos a patinar. Luego me retiré porque profesionalmente no era atractivo”, agrega.

“Nos duele profundamente ver cómo nos piden que saquemos programas sin coherencia entre ellos. El desorden y la improvisación son el pan de cada día de esos programas”, cuenta un miembro del equipo de postproducción.

De acuerdo a un informe interno de mediados de abril, al que también pudo acceder Sudaca, trabajadores ya han advertido la falta de coherencia en algunos episodios y han sugerido mejoras en los programas. Un ejemplo es la representación de una niña con vestimenta típica de la calurosa selva peruana, pero que vive en la fría sierra de Junín.

Sudaca se puso en contacto con Guido Vaccaro, gerente general de Marketing Táctico, pero se excusó de responder hasta el cierre de esta nota. La responsabilidad principal, sin embargo, recae en un nombre: Killa Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica.

Cuando este reportero la contactó, la funcionaria sólo atinó a decir que el canal para solicitar sus descargos es el de área de prensa del Minedu. “Me parecen tan raras sus preguntas”, le escribió al autor de este informe. Desde el despacho de prensa se limitaron a responder sobre los ceses: “Los contratos se acaban, eso sucede en el ámbito laboral”. Parece que en el Minedu no aprenden.

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La educación al servicio de la política: los locales que López Aliaga utiliza para su campaña

Por: Juan Carlos Chamorro 30.03.2021

De centro educativo a local de campaña política de Renovación Popular. La antigua casona de dos pisos del jirón Costa Rica N°157, en Jesús María, se ha convertido, desde diciembre del año pasado, en el local partidario del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Antes de esa fecha, en ese inmueble funcionaba la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo, más conocida como CAME, que es parte de los negocios educativos “sin fines de lucro” de Rafael López Aliaga.

CAME es una de las instituciones educativas de la Promotora de Educación y Cultura (PRODEC), asociación presidida por el candidato celeste que también administra a los colegios Los Álamos y Montealto, y al nido Los Alamitos. Todos están vinculados al Opus Dei. Si bien en el transcurso de los años la escuela ha brindado cursos de posgrado universitario, específicamente de “formación integral de ejecutivos intermedios”, sus instalaciones también han sido frecuentemente utilizadas por los alumnos del colegio Los Álamos, ubicado a escasos metros del inmueble, para realizar actividades educativas.

El año 2018, por ejemplo, el auditorio de CAME fue uno de los escenarios donde los estudiantes del colegio Los Álamos compitieron con escolares de otros centros educativos en el conocido Torneo de Debate Interescolar “Exprésate”, según información que ha quedado registrada en Facebook. Hoy las cosas han cambiado en este inmueble de 526 metros cuadrados.

Lopez Aliaga — La casona donde queda el local de campaña de Renovación Popular es un lugar estratégico para López Aliaga. Está ubicado frente a la parte trasera del colegio Los Álamos y, además, está en la misma cuadra del nido Los Alamitos (Infografía: Leyla López).

El color gris de su fachada ha sido reemplazado por el celeste de Renovación Popular. El inmueble fue utilizado para la presentación de su plancha presidencial el pasado 22 de diciembre. En el balcón del segundo piso, López Aliaga dio a conocer a los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Neldy Mendoza y Jorge Montoya. El evento fue transmitido en vivo y en directo por varios medios de comunicación.

Prodec fue creada como una asociación sin fines de lucro, según su partida de Registros Públicos, el 6 de noviembre de 1990, con David Kuoman Saavedra como presidente. En estas elecciones, Kuoman postula al Congreso por Renovación Popular. Según información proporcionada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se trata de un millonario empresario dueño de 27 inmuebles que juntos suman más de S/300 millones.

En 1991, Prodec adquirió el inmueble de marras situado en Jesús María. Al año siguiente, la asociación educativa compró otra casona que está ubicada a menos de 100 metros, en el jirón Estados Unidos N° 721, N° 727 y N° 731. Desde esa fecha, allí funciona el colegio Los Álamos. Rafael López Aliaga pasó a ocupar el cargo de presidente de Prodec en 1994, el cual ocupa, según Registros Públicos y su propio testimonio, hasta la actualidad.

¿Qué dice la normativa electoral? El abogado José Manuel Villalobos, señala a Sudaca que, según el artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, las personas jurídicas con o sin fines de lucro “no pueden” realizar aportes de campaña o realizar donaciones de inmuebles a organizaciones políticas. Lo que sí podría ocurrir, explicó, es que haya un contrato privado de alquiler entre una asociación sin fines de lucro –en este caso, Prodec– y una organización política – es decir, Renovación Popular–. Según Villalobos, si existiera este contrato, tendría que haberlo comunicado a la ONPE en el primer informe del mes de marzo. En los reportes de la ONPE, sin embargo, no hay rastro de que esto haya sido así. El experto apunta que aún tendría tiempo de hacerlo en el segundo informe que se realiza a mitad de año. De lo contrario, puede ser sancionado

Asociación contra el Covid

Lo cierto es que el candidato presidencial ha utilizado su poderoso imperio educativo al servicio de su campaña. Frente al CAME, en el jirón Costa Rica N°160, por ejemplo, existe un predio que ha sido empleado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú, una asociación sin fines de lucro dirigida por militantes de Renovación Popular y que tiene el objetivo, según ellos, de “asistir a las personas naturales y jurídicas, sin discriminación, que estén siendo o hayan sido afectadas por el Covid”.

Sudaca no encontró que este inmueble esté a nombre de Prodec, pero la asociación sí se encarga del pago de los arbitrios y los impuestos prediales de dicho inmueble incluso hasta este año, según información de la Municipalidad de Jesús María. En los registros de gastos ante la ONPE, además, López Aliaga ha colocado esta dirección como un domicilio suyo de referencia. Hasta hace dos años, en ese local funcionaba el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional). Allí dictaban cursos de capacitación y gestión política. La casa ha sido derrumbada y las obras de construcción están paralizadas.

Según la partida de la organización inscrita en Registros Públicos, Ava Covid fue fundada el 17 de septiembre de 2020, en pleno ambiente preelectoral. La abogada Katty Cachay, candidata al Congreso por Renovación Popular, es presidenta de la asociación. Cachay se hizo conocida mediáticamente por haber defendido a la ‘exchica reality’ Macarena Vélez en un escándalo del mundo de la farándula.

Su esposo, Yorry Warthon (33), figura además como vicepresidente de Ava Covid. Al igual que Katty Cachay, estudió Derecho en la Universidad de Lima y postula al Parlamento con el mismo partido. Ambos personajes son muy cercanos a López Aliaga. Completan el directorio el tesorero de la asociación, Fernando Sandoval Ruiz, quien ha pertenecido a Solidaridad Nacional, y Diana Ángela Masamoto Rivas, quien es personera legal de Renovación Popular.

El año pasado, Prodec, que ahora utiliza sus propiedades al servicio de la campaña política de su presidente, recibió S/1.535.159 de préstamo garantizado de salvataje del programa Reactiva Perú. López Aliaga aseguró, en el programa Punto Final del pasado 21 de marzo, que recibió ese dinero del gobierno para pagar los sueldos de los profesores de sus colegios, pese a que había sido un duro crítico de dicha medida económica. “Para pagar a los profesores, una asociación civil sin fines de lucro, para no despedir a nadie, pido un Reactiva, pues”, justificó el candidato.

El empresario, que ha creado, desde el año 1989 hasta la fecha, 60 empresas y ocho asociaciones, dijo a la conductora Mónica Delta que, para postular a la Presidencia, había renunciado a todos los cargos de sus empresas, desde antes del inicio de la campaña, pero precisó que seguía vinculado “en una de ellas”. Según reportes de Reactiva Perú, nueve empresas de Rafael López Aliaga recibieron S/24 millones del programa Reactiva, entre ellas estaba Prodec.

No es la primera vez que un político utiliza recursos o una propiedad educativa para operar toda su maquinaria política. El año 2015, el programa “Mira Quién Habla” descubrió que dos vehículos de la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, fueron usados para transportar personas a un mitin de dicho candidato presidencial. Reveló, además, que en la sede de Los Olivos, se colocaron gigantografías con el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso.

En ese mismo año, durante la campaña electoral, diversos medios informaron también que el entonces candidato presidencial del Apra, Alan García, usaba su oficina en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP), donde ocupaba el cargo de director, para realizar reuniones de los miembros de la Dirección Nacional de su partido.

Sudaca envió un cuestionario al candidato presidencial Rafael López Aliaga, sobre los hechos desarrollados en este artículo, pero no nos respondió.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imagen del local de campaña del partido Renovación Popular, ubicado en una casona del jirón Costa Rica N°157, que es de propiedad de Prodec. Hasta el año pasaso, allí funcionaba CAME. Se trata de un inmueble que era muy frecuentado por los alumnos del colegio Los Álamos. En ese local, se realizaban diversas actividades, como el conocido torneo de debates «Exprésate».

Fecha de publicación del artículo: 30/03/2021

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Minedu, Rafael Lopez Aliaga

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