¿Qué se hace cuando un ministro, como el de Educación, Carlos Gallardo, lanza un lamentable comunicado respaldando en la práctica el golpe institucional que se ha perpetrado contra la Sunedu y la reforma universitaria en la Comisión de Educación del Congreso, mientras su jefa, la premier Mirtha Vásquez señala que el gobierno respalda dicha reforma?
¿Con qué autoridad moral, el ministro de Economía pide delegación de facultades legislativas y señala explícitamente que gran parte de los recursos que se obtendrían, irán al sector Educación, si vemos al titular del pliego tirándose abajo la reforma magisterial, una de las más importante efectuadas en los últimos años en el país, consagrando así la mediocridad en el sector?
Corre intensamente el rumor de que sobrevendría un cambio de gabinete en los próximos días, no se sabe si inclusive de la Premier o solo de algunos ministros. Sea cual fuera al escenario, lo cierto es que el ministro de Educación no puede seguir un día más en el cargo que ocupa. Es el Atila de las reformas magisterial y universitaria peruana. Solo está en el cargo para favorecer irregularmente al sindicato apócrifo del Fenatep, vinculado al Movadef, y que pretende golpear en la línea de flotación al sindicato histórico del magisterio, el Sutep. Ese es su principal propósito, pero en el camino está destrozando el sector.
Causa sorpresa mayúscula, por cierto, que un importante núcleo político y tecnocrático de la izquierda, que acompañó durante más de una década los cambios positivos que se han ido emprendiendo en el sector Educación, guarde sepulcral silencio respecto de los desmanes de este gobierno en el mismo, desplegando una contrarreforma de tal envergadura que ni siquiera la ultraderecha se atrevió a plantear entre sus propuestas.
Causa igual o mayor sorpresa, que el Congreso, mayoritariamente opositor, no haya procedido ya a censurar a un ministro que carece de las condiciones mínimas para ejercer el cargo y, lo que es más grave, que muchos de sus miembros (al menos de la Comisión de Educación; ojalá que en el Pleno ello varíe) se sumen al lobby turbio de las universidades bamba que, sin duda, debe estar corriendo importantes sumas de dinero para convencer a algunos parlamentarios de que les permitan una nueva oportunidad de volver a las andadas de la mediocridad y corrupción académicas, sin tutelas ni exigencias.
“Por los cuidados que necesita un hombre de 81 años, cuidas de mi alimentación y alegras mi día”, escribió en su cuenta de Twitter, el 28 de octubre, el ministro de Educación Carlos Gallardo. Era un mensaje dedicado a su hija, Ynés Gallardo Calixto. “Alimentarlo”, sin embargo, no parece ser el único motivo de las recurrentes visitas de su retoña.
De acuerdo con el registro del Ministerio de Educación (Minedu), Ynés Gallardo, de 54 años, acumula cerca de 135 horas de visitas a la sede de la cartera. En total, ha ido 17 veces desde el pasado 12 de octubre, poco después de que Carlos Gallardo asumiera las riendas del sector. La hija del ministro siempre se dirige a un piso en especial, el 12, desde donde despachan los altos funcionarios del ministerio.
Allí, según se advierte en el registro, Ynés Gallardo asiste a “reuniones de trabajo” con su padre. Durante las horas de sus visitas, por ejemplo, ha coincidido en nueve oportunidades con Alfredo Rodríguez, asesor del despacho; y en seis ocasiones con Víctor Rodríguez Rabanal, sociólogo y asesor II del ministro desde el 21 de octubre.
También ha estado 13 veces junto al excongresista del extinto Frente Amplio, Edgar Ochoa Pezo, pese a que este no está nombrado, ni es funcionario del Minedu. Hasta inicios de octubre, Ochoa se desempeñaba como asesor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Tan solo esta última semana, Ochoa fue tres días para sostener “reuniones de trabajo” con el ministro Gallardo. Ynés Gallardo, de acuerdo con el registro, también estuvo presente en el lugar. Según fuentes del ministerio, pronto Ochoa sería nombrado nuevo jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), entidad que maneja un presupuesto anual de más de S/1.300 millones.
@EdgarOchoaPezo, excongresista del extinto Frente Amplio asumirá esta semana la jefatura del Pronied. Desde que entró el ministro @CA_GallardoG, hace un mes, Ochoa registró más de 10 visitas al @MineduPeru. 1/2
La semana pasada, América Noticias mostró los lazos de amistad que tendría Ynés Gallardo con la educadora Maritza Sánchez Perales y la psicóloga Carolina Lizano Espinoza. Ambas fueron nombradas en importantes cargos bajo esta gestión: la primera como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la segunda como jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica.
La hija del ministro estuvo en el piso 12 al mismo tiempo que ambas funcionarias, incluso antes de que fueran designadas en sus puestos. Con Sánchez, coincidió en siete oportunidades; mientras que con Lizano, en 11 de los 17 días que fue al ministerio.
Ynés Gallardo también estuvo en el Minedu el pasado miércoles 3 de noviembre, entre las 10:22 a.m. y las 12:24 p.m., cuando el presidente Pedro Castillo visitaba el ministerio. Todas sus visitas registradas hasta antes del 4 de noviembre responden a “reuniones de trabajo”. Luego de que RPP revelara la cantidad de veces que ha visitado a su padre, los registros cambiaron y pasaron a llamarse “otros motivos-visita personal”.
Bajo esa denominación, Ynés Gallardo volvió a visitar el Minedu el 4 de noviembre, el día en que se llevó a cabo el voto de confianza en el Parlamento. Permaneció una hora y 40 minutos.
Sudaca buscó varias veces a Gallardo Calixto, quien prefirió no responder a nuestras consultas. Sí se pronunciaron desde el Minedu, negando que ella tenga algún tipo de participación en las labores del ministerio. «Su presencia obedece a las relaciones de cariño y respeto que existen en todas las familias y son parte de su ámbito íntimo y privado», respondieron ante nuestra inquietud. No se entiende -entonces- qué significa una “reunión de trabajo” para el ministro Gallardo, ni por qué su hija coincide tanto con asesores y funcionarios posteriormente nombrados.
Fuentes de alto rango del Minedu, sin embargo, desmienten la versión oficial, aunque piden mantener la reserva de sus nombres por temor a represalias. Dos funcionarios dicen, por ejemplo, que las mamparas de las oficinas del piso 12 se empezaron a cerrar cuando asumió Gallardo y que había que pedir permisos inusuales para acceder a este piso. Antes no era así. Las mismas fuentes opinan que ello se debe a que el ministro no quiere que vean con quién despacha y, por tanto, con quiénes decide las políticas del sector.
Cuatro trabajadores del Minedu con los que conversó Sudaca señalan que el ministro busca el apoyo de su hija debido a su avanzada edad. Segundo Vásquez, secretario general de la Fenate Perú, con quien Gallardo se reunió el último viernes, también reconoce que el viejo sindicalista ya no es el mismo. “Su comportamiento y temperamento no es igual que el de alguien menor. Es lo normal de su edad”, dice.
JUGANDO CON EL CARGO
La última visita que registra Ynés Gallardo es la del 5 de noviembre. Estuvo aproximadamente siete horas, siempre en el piso 12. Ese fue el primer día de la gestión de Carlos Gallardo con el voto de confianza del Congreso. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Recibir a los dirigentes del gremio de maestros que fundó Pedro Castillo, la Fenate Perú.
Gallardo se reunió en una maratónica jornada con una treintena de dirigentes de ese sindicato. En dicha reunión, la Fenate Perú presentó su pliego de reclamos y, luego de varias horas, acordaron armar siete mesas de trabajo sobre distintos puntos. Sin embargo, al momento de discutir sobre el examen de nombramiento de los profesores del próximo 13 de noviembre, ambas partes no parecían llegar a un acuerdo. La reunión, entonces, se tornó tensa.
El ministro sostuvo que era imposible postergar el examen por lo avanzado del proceso y que una salida para ello podría ser una iniciativa legislativa para cambiar la evaluación a futuro. Pero no era una solución inmediata. La Fenate, por su parte, insistía en aplazar la prueba a cómo dé lugar.
Gallardo entonces puso su cargo a disposición del gremio, según dos fuentes confiables que estuvieron en dicha reunión. “Gallardo les dijo que eso les podía ofrecer y que, si no aceptaban, renunciaba”, señala uno de los presentes a Sudaca.
Mauro Concha, dirigente de la Fenatep por Apurímac, otro de los asistentes a dicha reunión, confirma la versión. “Gallardo dijo que si no le entendían, daría un paso al costado. Somos conscientes de que no está cometiendo un acto irregular, está dentro del marco legal [el no aplazar el examen de nombramiento]. Nosotros tampoco encontramos fundamentos legales para ir en contra de lo que propuso”, asegura el dirigente.
Así las cosas, parece que la influencia del gremio de profesores, que según Vasquez acumula ya más de 150.000 afiliados a nivel nacional, puede tranquilamente sacar a un ministro.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 214: Conversamos sobre la pugna sindical por poder dentro del magisterio. La FenateP no es el Movadef, pero sí ha tenido vínculos. Y lo que la huelga del 2017 dice sobre Castillo.
Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 3. Lucio Castro: «El SUTEP no tiene vínculos con César Tito Rojas sino que los miembros del FENATEP utilizan el nombre de la institución para conseguir la atención de las autoridades».
La Derrama Magisterial es el siguiente objetivo de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio fundado por Pedro Castillo. La institución previsional, que tiene cerca de 300.000 docentes afiliados, es un jugoso botín para este nuevo sindicato, que logró inscribirse oficialmente recién bajo el mandato del actual presidente. En concreto, tras menos de 72 horas de haber asumido Palacio.
Hoy la Derrama Magisterial (DM) está bajo el control del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), gremio vinculado al Partido Comunista del Perú-Patria Roja. El Sutep, como es de esperar, no dejará que le arrebaten tan fácilmente la gallina de los huevos de oro.
De acuerdo a sus Estados Financieros, hasta enero de 2020 la Derrama tenía activos por un valor de S/2.650 millones. Además de ofrecer créditos a sus afiliados, la institución ha invertido el dinero de los profesores -entre otros- en proyectos de vivienda y hoteles tres estrellas en Arequipa, Asia, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Ica, Nasca, Tacna y Tarapoto. También tiene una unidad de venta de retail online llamada DM Plaza y la más reciente joya de la corona: Librerías Crisol.
Esta última fue adquirida en 2016. Para esa fecha, el valor de la librería se estimaba hasta en S/36 millones, sin contar la deuda financiera. Su participación en el mercado, con una treintena de tiendas, era de más del 50% del canal moderno.
El manejo de todo ese imperio está ahora en juego. El movimiento magisterial que fundó Castillo, y que tiene irrefutables vínculos con el Movadef, cuenta con aproximadamente 50.000 afiliados y está en una activa campaña, en el sur y el norte del país, para captar más. Sudaca pudo conocer que al interior de la Fenatep hay dos vertientes sobre qué hacer con dicha entidad si llegan a tomarla. La primera es “democratizar” la participación de otros sindicatos en el directorio. La segunda: cerrar la institución y liquidar sus activos. Esta última responde a las voces más radicales de la agrupación.
Partidario de la primera opción es el actual congresista Édgar Tello, quien a fines del mes pasado ya solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la situación económica de la DM, aunque no ha tenido respuesta por el momento. “En el estatuto que el Minedu ha aprobado para la Derrama existe una condición para ser miembros del directorio y esta es ser afiliado al Sutep, lo que vulnera el derecho de la libertad sindical y de libre asociación”, se queja el parlamentario, consultado para este informe.
El estatuto de la DM señala que el directorio está conformado por cuatro representantes del Sutep, uno del sindicato de profesores de educación superior y un representante del Ministerio de Educación. No se permiten cambios a menos que sean propuestos por el directorio y aprobados por la cartera ministerial.
Otra vía podría estar en el Congreso, donde la Fenatep es parte de la bancada de Perú Libre. En los dos últimos años se han presentado 14 proyectos de ley sobre la Derrama, a través de parlamentarios de distintas bancadas. Entre ellas, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú o Frepap. Algunos de los proyectos buscaban, por ejemplo, que se incorporen representantes regionales en el directorio, que se autorice el retiro de fondos y la desafiliación o que se modifique el estatuto mismo de la entidad. Ninguna de estas iniciativas vio la luz en El Peruano.
“La ley es muy clara en el sentido de que quien representa a los trabajadores es el sindicato mayoritario. Y el sindicato mayoritario, para todo efecto, es el Sutep. A no ser que cambien la legislación y adecúen todo a los intereses del Fenatep. Entonces ya sería un actuar mucho más descarado”, dijo hace unas semanas Lucio Castro, secretario general del Sutep, a Sudaca. El dirigente asegura tener más de 200.000 afiliados en su gremio.
Sudaca buscó la version de la DM, pero no obtuvo respuesta. Castro, en tanto, sí cuestionó la cercanía del Fenatep con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, y apuntó: “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen. Lo que ellos quieren seguramente es meter la mano en el dinero de los maestros. Eso los afiliados no lo vamos a permitir”.
Lo cierto es que otro sector de la Fenatep que no tiene intenciones de conformar el directorio, sino que quiere liquidar los activos para repartir los recursos entre los docentes. Luego se crearía una nueva entidad. “Nuestro planteamiento es que la Derrama sea intervenida y que se produzca una auditoría, porque no está funcionando a favor del maestro. Además, que se produzca la liquidación y la devolución de los aportes, tanto personales como de capital que existen ahí”, dice Segundo Vásquez, secretario general del nuevo gremio, a Sudaca.
Consultado sobre qué se haría con la previsión social de los docentes, Vásquez indica que eso se verá luego del cierre, en “los eventos realizados en cada base distrital y provincial para ir proponiendo contenido, estructura y estatuto de la nueva entidad de previsión”.
Vásquez no desaprovecha la oportunidad para arremeter contra la actual gestión de la DM. Dice, por ejemplo, que los créditos no son competitivos en comparación con otras entidades bancarias. El directorio -cuyo mandato acaba este año- lo preside Luis Espinoza Tarazona, quien figura como militante de Juntos por el Perú desde 2017 y es afiliado al Sutep.
La influencia del Fenatep sobre el presidente Castillo puede jugar un rol decisivo en la toma de la Derrama Magisterial. Sin embargo, el ministro de Educación, Juan Cadillo, es hasta ahora un muro de contención. “Con nosotros se hace el difícil para conversar. Con Patria Roja sí para coordinando”, dice Segundo Vásquez. Veremos hasta dónde resiste las presiones.
El Ministerio de Educación (Minedu) no se ha destacado precisamente por su eficacia para afrontar la pandemia. ‘Aprendo en Casa’, como ya ha reportado Sudaca, es un ejemplo de eso. Hace dos días, según tres fuentes, se despidió de sus subordinados en la institución una de las principales responsables del mal manejo, la viceministrade Gestión Pedagógica Killa Miranda. El regreso a clases, sin embargo, aparece ahora como un desafío mayor: se deben superar brechas básicas que la gestión anterior no solucionó.
El exministro Ricardo Cuenca terminó su mandato haciendo un balance positivo del retorno a las aulas en las zonas rurales del país. Las cifras, sin embargo, son incipientes. A fines de julio pasado, según información proporcionada por el Minedu a este medio, había poco más de 48.000 colegios públicos -más del 90% en zonas rurales- que se encontraban «habilitados» para recibir a los alumnos. Es decir, que están situados en provincias con bajas tasas de contagios por Covid-19.
Sin embargo, solo 5.119 instituciones aceptaron retornar a las clases, el 10,48% de ese universo. ¿Por qué? Principalmente por la negativa de algunos padres de familia, un grupo minoritario (según Datum, el 69,1% sí quiere retorno*) que no ve en las aulas un ambiente seguro para sus hijos, a los que se sumaron las voces de las autoridades regionales. Sus preocupaciones tienen asidero.
*Nota de edición: Este dato fue agregado y la precisión «algunos padres» fue hecha luego de publicado el informe.
La Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo, emitió un comunicado en sus redes sociales el pasado 12 de agosto indicando que sus instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas. Uno de los principales problemas es la falta de baños y servicios de agua y desagüe. De hecho, según información que el mismo Cuenca publicó en redes socialesen febrero de este año, 1 de cada 4 colegios públicos tienen silos en vez de baños y 3 de cada 10 tienen pozos con agua, pero que no es un servicio con tuberías.
Además, apenas el 58,5% de escuelas tiene acceso a servicio de agua a través de una red pública. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Junín y Tacna, cuyas autoridades no definen una postura sobre el regreso a las aulas, según los coordinadores del Minedu en esos territorios, padecen este escenario.
La otra cara de la moneda es Loreto, la región que más ha avanzado en este retorno a las aulas, con un 75% de sus colegios que ya han empezado a recibir alumnos. Le siguen Ucayali (38%), Ayacucho (31%) y Amazonas (13%). Estos colegios vienen atendiendo a unos 210.000 estudiantes acompañados por 14.916 docentes, de acuerdo a la información proporcionada a Sudaca.
PRESIONES Y RECLAMOS
Uno de los principales obstáculos para el retorno, para el que se necesitan servicios básicos de higiene y ambientes ventilados, ha sido la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo proyectos de infraestructura. “La brecha de infraestructura educativa, antes de la pandemia, ascendía a S/100.000 millones, que debía cerrarse en un plazo de 36 años. Hacia el 2018, un 84% de colegios [en cartera] no se construía por responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. No construyen casi nada porque no tienen capacidad técnica para hacerlo”, explica una fuente de alto rango del Minedu.
Según el portal de Transparencia Económica, la ejecución en infraestructura educativa de los gobiernos regionales deja bastante que desear, sobre todo en tres regiones. En el caso de Ica, de 21 proyectos de infraestructura vinculados a Educación, apenas se ha avanzado con el 54%; Amazonas está por el 38% de 13 proyectos; mientras que Cajamarca lleva un 18% de avance en 16 proyectos.
Desde los gobiernos regionales le tiran la pelota al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, que tiene en cartera otras cientos de obras. “No es posible que a estas alturas el Pronied no haya podido ejecutar proyectos de infraestructura educativa en ningún nivel de educación básica”, dice Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
Lo cierto es que tanto gobiernos regionales como locales, y el mismo Pronied, tienen varias deudas pendientes. Hace poco, Sudaca reveló que de las 1.527 instituciones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017, apenas se han terminado de reconstruir 354. La responsabilidad, como detalla el informe, es compartida.
A pesar de este desolador antecedente, Rúa le echa la culpa a la falta de una política eficiente de descentralización. “Todos los estudios se evalúan en la capital y se ha vuelto muy burocrático reacomodar el presupuesto. Creo que se deben hacer transferencias de funciones a las regiones, lo que tiene que ir acompañado de recursos. El gobierno central debe transferir y fortalecer capacidades”, apunta.
Los gobiernos regionales han tomado el primer paso y han visto una oportunidad en el nuevo gobierno. El pasado 14 de agosto, la asamblea que los reúne acordó plantearle a Castillo una «agenda mínima» que apunte a eliminar programas como Provias (de Transportes), Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y, justamente, Pronied, que reciben gran parte del dinero para la ejecución de obras.
Acuerdo de GORE del 14 de agosto.
Las autoridades regionales apuntan a canalizar estos recursos para hacerse cargo de los proyectos, en particular de la infraestructura educativa. Además, apuestan por una estrategia para que los colegios logren cumplir con los requisitos de bioseguridad y la aceleración de la vacunación. Este último es un factor clave para que los maestros empujen el carro en la dirección del retorno a las aulas.
Al cierre de esta edición, apenas el 38% del personal de educación (unos 253.000 profesionales) se había inoculado con las dos dosis, mientras que el 21% (143.000) había recibido solo la primera, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. La situación responde a factores como la dificultad de llegar a algunos lugares en el país y la falta de una estrategia más efectiva de parte de las autoridades sanitarias.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya se ha reunido por estos días con la PCM y tiene un nuevo encuentro agendado para la tercera semana de setiembre. El gobernador Carlos Rúa dice que el gobierno se ha mostrado dispuesto a admitir sus demandas.
Lo cierto es que no son los únicos que ejercen presión. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio magisterial afín a Pedro Castillo e inscrito velozmente como sindicato, viene reclamando por una reunión con el ministro Juan Cadillo, a pesar de que sus representantes sí se han reunido con el mismo presidente de la República.
De acuerdo a Segundo Vásquez, dirigente de este sindicato que cuenta con más de 50.000 afiliados, hasta ahora no han recibido ninguna pauta para el retorno a clases. “Pese a que lo hemos solicitado desde el 4 de agosto, el señor Cadillo no ha tenido tiempo y nos ha agendado recién para un diálogo virtual, a pesar de que creemos que debe ser presencial, para el 20 de agosto. Parece que al ministro no le interesa conversar con nosotros”, cuenta.
Los dirigentes también enviaron al Minedu un plan que busca que el sector Educación sea declarado en emergencia, tal como prometió Castillo en su discurso presidencial. El objetivo, dice Vásquez, es la reorganización del financiamiento pedagógico, entre otras cosas, para la infraestructura educativa. El mismo reclamo que tienen los gobiernos regionales.
“El Estado debe disponer un presupuesto extra para afrontar las dificultades más urgentes en las escuelas. Muchas instituciones no tienen baños ni agua, así como tampoco aulas adecuadas para el distanciamiento, ni tópicos, ni medicamentos. Otro tema es que no se están haciendo los gastos para acortar la brecha tecnológica, una de las razones por las que el padre de familia también quiere la presencialidad”, señala el sindicalista.
El gremio busca que se genere una partida de S/5.000 millones para estos fines. ¿De dónde saldría la plata? Según el docente, hay recursos que se pueden reorientar del mismo presupuesto. Apela a que el dinero que algunas empresas mineras están pagando por deudas a la Sunat pueda ser utilizado. La Fenatep también pedirá, a largo plazo, un bono a las familias de los estudiantes.
En el corto plazo, sin embargo, esperan todavía una propuesta concreta del gobierno. Al menos para que los 8 millones de estudiantes que hay en el país y los padres de familia no aguarden otro año más en la incertidumbre.
