Rafael Lopez Aliaga

La insólita historia detrás del divorcio entre el alcalde López Aliaga y el estratega detrás de su llegada al sillón municipal. Sudaca accedió a un documento exclusivo que, además, expone los irregulares manejos del  dinero de la Municipalidad de Lima y los vínculos con Andrés Hurtado.

Pasar de obtener menos del 2% en las elecciones parlamentarias del 2020 a ganar la alcaldía de Lima y hasta soñar con la presidencia es, sin lugar a dudas, producto de una exitosa campaña de comunicación política. Este ha sido el caso del alcalde Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular, el cual pudo dejar atrás las sombras que acompañaban a su nombre original (Solidaridad Nacional) y se convirtió en el burgomaestre de la capital.

Pero este tipo de giros radicales rara vez dependen del político que es la cara de la candidatura sino que suelen tener como autores intelectuales a expertos en marketing y comunicación política. Por supuesto, el caso de López Aliaga no fue la excepción y encontró en un especialista argentino la posibilidad de revertir la mala imagen que arrastraba de sus épocas con el exalcalde Luis Castañeda Lossio y sus dificultades para afrontar debates y entrevistas.

Ariel Ricardo Correa es el nombre del autor intelectual de la campaña que le devolvió las esperanzas de un triunfo a la agrupación política del empresario. Sin embargo, la relación entre Correa y el ahora alcalde entró en su momento más crítico. Sudaca ha accedido a documentos exclusivos que exponen una historia de traición, mentiras y deudas entre Rafael López Aliaga y el estratega argentino, y que además comprometen a la Municipalidad de Lima.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El documento que se expondrá a continuación corresponde al mes de diciembre del año pasado. En estas hojas se detalla el inicio del vínculo entre Ariel Correa y el líder de Renovación Popular en la época que todavía era un aspirante al sillón municipal. Según detalla el propio Correa, el acercamiento con López Aliaga ocurrió en el año 2021 y, a pedido del entonces candidato, constituyó la empresa Focus Marketing & Management para poder recibir los cinco mil dólares mensuales acordados como pago por su asesoría.

Cristian Rebosio

En esta parte de la historia también se puede identificar lo que podría catalogarse como la primera situación extraña. Correa detalla que los primeros pagos que recibió por su asesoría política se realizaban usando a terceros, como es el caso del chofer de López Aliaga.

Cristian Rebosio

Tras consumarse el triunfo en las elecciones municipales, el nuevo alcalde de Lima le habría propuesto al argentino quedarse en la capital peruana hasta el año 2026. Para ello, el líder del partido celeste le habría prometido un considerable aumento de sus ganancias mensuales que ya no serían de cinco mil dólares  sino que se convertirían en cuarenta mil soles.

Cristian Rebosio

En el documento al que accedió Sudaca, Correa señala que esta relación laboral iba a ser estable y con los derechos laborales correspondientes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta promesa sea incumplida. Según detalla Correa en el texto enviado a la Municipalidad de Lima, desde enero del 2023 hasta mayo del 2024, sólo recibió treinta mil soles mensuales en pagos que se hicieron por medio de Renovación Popular.

Cristian Rebosio

LA RUTA DEL DINERO MUNICIPAL

Es en este punto cuando la historia deja de ser un caso de promesas incumplidas para convertirse en un irregular manejo de los fondos de la Municipalidad de Lima. Ariel Correa explica que, en el mes de mayo del año pasado, tuvo una reunión en la que participó el gerente municipal, Oscar Lozan, y dos personas vinculadas a Renovación Popular, Luis Rubio y Fernando Sandoval, en la que, bajo la insólita excusa de tener que destinar fondos para el programa de Andrés Hurtado “Chibolín”, le habrían impuesto un esquema de cobro fraccionado.

Cristian Rebosio

Tal como se puede leer en la imagen anterior, con el esquema impuesto se estaría obteniendo un total de sesenta y siete mil soles mensuales usando para ello a la ONG ACAP (Asociación Cristiana de Asesores Políticos), Focus Marketing & Management y organismos públicos de la Municipalidad de Lima. 

La situación se tornó más compleja y extraña al mes siguiente cuando, según explica Correa, el alcalde de Lima instruyó a una de las regidoras municipales para que le pague usando la cuenta bancaria de los colegios PRODEC, instituciones educativas que pertenecen a una asociación sin fines de lucro vinculada al Opus Dei.

Cristian Rebosio

Para los pagos de los meses siguientes, la estrategia habría sido usar a los organismos públicos de la Municipalidad de Lima alegando trabajos que no tenían relación con las funciones que originalmente le habían propuesto al asesor argentino y, sumado a ello, encubrirían el origen de los fondos.

Cristian Rebosio

La situación no mejoró y, en el mes de noviembre, la congresista Norma Yarrow le informó a Correa que estaba despedido. Al solicitar explicaciones al respecto, el alcalde López Aliaga le habría dicho que no encontraba capacidad de pagarle de manera legal y justa.

Cristian Rebosio

Correa explica en esta carta dirigida al alcalde de Lima que, además de no cumplir con el monto prometido, no se cumplió con obligaciones legales como el registro de su contrato ante el Ministerio de Trabajo y se le involucró, según él mismo señala, “en un esquema que aparenta eludir las normas nacionales”.

Cristian Rebosio

A poco más de dos años de su llegada a la Municipalidad de Lima, la gestión de Rafael López Aliaga ha acumulado varias críticas, pero lo detallado en este documento que pudo revisar Sudaca revela, con la versión de quien fue una pieza clave en su triunfo electoral, que en el Palacio Municipal existirían numerosas irregularidades en el manejo del dinero.

Antes de la publicación de este informe, Sudaca intentó comunicarse con el abogado de Ariel Correa. Pero, tras señalar que en ese momento no contaba con la autorización de su cliente para pronunciarse, no volvió a responder. Por su lado, el alcalde López Aliaga anunció que sus abogados habían procedido a denunciar a su exasesor por extorsión y difamación.

Cristian Rebosio

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[La columna deca(n)dente] En el país, la expresión coloquial «hablando huevadas» se utiliza para describir la práctica de decir tonterías, mentiras o cosas sin sentido. En el contexto político, esta expresión adquiere una connotación crítica, refiriéndose a discursos o declaraciones de políticos y autoridades que son percibidos como vacíos, engañosos o carente de fundamento. Es una forma de señalar la falta de sinceridad o la manipulación de la información por parte de figuras públicas, sugiriendo que lo que se dice no es creíble ni tiene valor real.

Los discursos políticos en Perú, al igual que en muchos otros países, están a menudo plagados de expresiones sin sentido, promesas vacías y frases hechas que buscan tranquilizar a la ciudadanía sin comprometer realmente a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un funcionario asegurar que «se están tomando las medidas necesarias» o que «el pueblo es su prioridad», mientras los problemas persisten o incluso empeoran? Este tipo de retórica es, lamentablemente, el pan de cada día en nuestro país.

Por ejemplo, en medio del auge de la extorsión, el sicariato y los asaltos, el Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que «los que viven en mi condominio perciben que salen más tranquilos a la calle». Por su parte, la presidenta Dina Boluarte declaró que “el Tren de Aragua está prácticamente desbaratado”. Estas declaraciones, que parecen desconectadas de la realidad que viven muchos ciudadanos y ciudadanas, son un claro ejemplo de «hablando huevadas» en la política. Hablar sin decir nada es una estrategia que permite a los políticos mantenerse en el poder sin rendir cuentas.

El «hablando huevadas» político puede manifestarse de varias maneras. Está el discurso salamero o sobón, como el del Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien sostuvo que “en 14 mil años de presencia de la especie humana en esta parte del mundo, es la primera vez que una dama dirige el destino de los peruanos», o cuando la presidenta Boluarte afirmó que tenemos “un excelente Ministro del Interior” refiriéndose a Juan José Santivañez. También encontramos la retórica cínica, como la afirmación del Congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien justificó su voto a favor de la eliminación de la detención preliminar diciendo que “mi error fue no leer las letras pequeñas”.

Además, está la retórica emocional, donde se apela a la unidad sin ofrecer soluciones concretas. “Nos corresponde a todos promover el diálogo y la unidad para consolidar el crecimiento económico del Perú”, declaró la presidenta al inicio del año. ¿Cuántas veces hemos escuchado «el Perú primero» o «vamos a salir adelante» mientras la corrupción sigue campante?

En tiempos de crisis, esta forma de comunicación se multiplica. Los políticos no hablan para resolver problemas, sino para evitar que la población exija soluciones. Un ejemplo claro es la declaración del Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien afirmó: “estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.

El problema no es solo de los políticos. Los ciudadanos también nos hemos acostumbrado a aceptar estas frases sin exigir contenido. Nos conformamos con discursos huecos y seguimos votando por quienes dominan este idioma de la evasión. ¿Cuántas veces hemos escuchado «esta vez será diferente» o «el cambio ya empezó» solo para encontrarnos con más de lo mismo?

A fin de cuentas, si la política sigue siendo un espacio donde se premia el «hablando huevadas», la democracia seguirá siendo un espectáculo vacío. Los ciudadanos, cansados de esta retórica, exigen más transparencia y responsabilidad de sus líderes, políticos y autoridades. Es hora de que los discursos políticos sean más que simples «huevadas» y reflejen un compromiso genuino con la solución de los problemas reales del país. Es hora de dejar de premiar a quienes solo saben decir “huevadas”.

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En el último tiempo se ha vuelto común escuchar casos de trabajadores fantasmas, aquellos personajes que son contratados y cobran un salario pese a no cumplir con las funciones que les corresponden y muchas veces ni estar presente en su centro de labores, pero en esta oportunidad lo que se va a relatar es el caso de un trabajo fantasma.

Sudaca ha conocido la historia de un supervisor de obra cuyo certificado de trabajo con graves irregularidades le costó una dura sanción a la empresa para la cual trabajaba debido a una insólita incongruencia en las fechas en las que, supuestamente, había desempeñado una determinada función durante la ejecución de una obra.

Sin embargo, pese a este antecedente sobre una clara manipulación en su experiencia laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima lo eligió para ser supervisor de obra y recibir más de siete mil soles. En el siguiente informe conocerá los detalles de un caso en el que, indiscutiblemente, hubo mentiras que involucran a empresas y al propio trabajador.

LA FALSA EXPERIENCIA LABORAL

Para conocer mejor esta historia es preciso remontarse al año 2018 cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo convocó a una licitación pública para una obra de mejoramiento de algunos tramos de una importante avenida trujillana y por la cual estaba en juego un elevado presupuesto que superaba los tres millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, los propios candidatos a que se les encargue la obra suelen indagar sobre el historial de sus competidores y exponer alguna irregularidad si es que la encuentran. Este caso no fue la excepción y, en octubre del 2018, uno de los postores, Constructora Pavimentos del Perú, presentó un recurso de apelación en el cual solicitaban que se le retire la buena pro al Consorcio Nazareno y sea descalificado.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó siendo expuesta una irregularidad en la oferta del postor que originalmente estaba pidiendo la descalificación del ganador del proceso de licitación pública. Según lo señalado, Hugo Santisteban Alejandro, uno de los profesionales que era parte de la oferta presentada por la Constructora Pavimentos del Perú para la licitación habría justificado su experiencia laboral con lo que sospechaban eran documentos falsos o adulterados.

Cristian Rebosio

Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, entre estos documentos cuestionados figuraba el certificado de trabajo de Hugo Enrique Santisteban Alejandro por el trabajo que supuestamente había desempeñado como supervisor de obra en el año 2010 en la construcción de pistas y veredas en Lambayeque.

Cristian Rebosio

En la siguiente imagen se puede observar el cuestionado certificado de trabajo. Este documento emitido por la empresa Trebol S.A.C. señala que Hugo Enrique Santisteban Alejandro llevó a cabo las tareas de supervisor de obra entre el 10 de febrero del 2010 hasta el 12 de julio del 2010.

Cristian Rebosio

Pero al revisar las fechas correspondientes al proceso de selección de la construcción de pistas y veredas se puede ver que la buena pro recién fue otorgada en los últimos días del mes de marzo del 2010, varias semanas después de la fecha en que supuestamente Hugo Santisteban había iniciado sus labores como supervisor de obra.

Cristian Rebosio

Ante esta indiscutible incongruencia entre las fechas, el Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que la experiencia como supervisor de obra que pretendía acreditar Hugo Enrique Santisteban Alejandro no era válida porque la fecha en la que dicho documento señalaba como inicio de la obra era incluso antes que se convoque al proceso de licitación.

Cristian Rebosio

Cabe señalar que también se descartaría un error por parte del empleador del supervisor de obra debido a que en la carta de compromiso que firma el propio Hugo Enrique Santisteban Alejandro se observa que coloca la fecha que no coincide con el periodo de tiempo en el cual se iniciaron las obras realmente.

Cristian Rebosio

Este caso llegó a su final el 21 de enero del 2022 cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la empresa Constructora Pavimentos del Perú por haber presentado documentación con información inexacta, entre los cuales se encontraban los relacionados con Hugo Enrique Santisteban Alejandro.
MUNICIPALIDAD SIN FILTROS
Sin embargo, y pese a que los documentos de este extraño caso de un trabajo fantasma están disponibles para cualquier interesado que realice una búsqueda sobre los nombres involucrados, la Municipalidad de Lima parece no haberle dado mayor importancia a este cuestionable antecedente.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien junto con los integrantes de su agrupación política suelen acusar a cualquier adversario de recibir dinero público injustificadamente, habría mirado hacia otro lado y contrató a Hugo Enrique Santisteban Alejandro para que sea supervisor de obra en la creación de una ciclovía.

Cristian Rebosio

Acorde a lo que se puede observar en la imagen anterior, el involucrado en la presentación de un certificado de trabajo inexacto recibió una cifra que supera los siete mil soles por llevar a cabo la tarea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como supervisor de una obra ejecutada este año.

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[Agenda País] Al día de hoy, ya son 31 organizaciones políticas oficialmente inscritas para participar en las elecciones presidenciales del 2026, más otras 19 que están en el proceso y que podrían sumarse a esta lid electoral.

Con el vencimiento el último viernes 12 de julio del plazo para afiliarse a los partidos para poder integrar las planchas presidenciales y ser candidato a una de las cámaras del parlamento, se ha iniciado el proceso electoral.

No ha sido sorpresa alguna la cantidad de movidas políticas con renuncias, afiliaciones, transfuguismo en el congreso, acomodos y renacimientos de políticos olvidados que han confirmado la informalidad y la poca ética de quienes manejan y manejarán los destinos del Perú.

Es una vergüenza que se permita a los congresistas cambiarse de bancada como si fuera ropa interior y una falta de respeto a los electores que votaron por cada uno de ellos dentro de un partido político. Dentro de la inconclusa reforma electoral falta una que prohíba el transfuguismo y que la renuncia a una bancada signifique el desafuero del congresista y su reemplazo por el accesitario. Pero las leyes las hacen los congresistas…

Luego de este reacomodo, lo que debería esperarse de los verdaderos líderes políticos es, por un lado, trabajar a la interna de sus organizaciones para canalizar las demandas de la población en planes de gobierno humanos y factibles, así como en la formación de cuadros que puedan implementar esos planes en políticas públicas efectivas. 

Por el otro lado, y si los egos pueden ceder a la visión de un Perú mejor, sería saludable para la democracia el encontrar consensos entre varias fuerzas políticas para realmente ser una opción viable, con mayoría relativa en el parlamento y no estar al filo de la navaja de la censura o incluso, de la vacancia.

¿Será mucho pedir?

Si tomamos en cuenta la historia política reciente pareciera un imposible que dos partidos o más se puedan unir para crear un frente político con miras a las elecciones del 2026. De hecho, para las elecciones del 2021, la única alianza PPC-APP se cayó por las infames declaraciones que Marisol Perez-Tello hizo de César Acuña, y cuyo audio fue convenientemente filtrado por sabe Dios quien.

Aun con nuestro historial caudillista, la multiplicidad de cacicazgos llamados partidos políticos y la polarización de los argumentos, se encuentran ciertos signos de esperanza en que algunas fuerzas políticas puedan encontrar puntos en común y formar alianzas con acuerdos pragmáticos.

Un ejemplo de ello son las constantes declaraciones de Carlos Añaños haciendo un llamado a la unión de los lideres políticos, otro es Rafael López-Aliaga quien también está buscando aliados, también el nuevo PPC con Carlos Neuhaus a la cabeza está abierto a confluencias e incluso hasta Keiko Fujimori, que, habiendo lanzado a su padre de candidato presidencial, no descarta ir en alianza.

También, por el lado oscuro, ya hay una alianza del mal entre Antuaro Humala y Veronika Mendoza, a la cual habrá que enfrentarse en las urnas para que no aprovechen de la democracia para luego destruirla.

Parece que falta mucho para el 2026, pero el tiempo pasa volando. Más temprano que tarde veremos quienes son los verdaderos lideres en los cuales la población debería confiar su voto, que más que una cédula electoral, es una entrega de esperanza a quienes manejarán los destinos de nuestro país. Tremenda responsabilidad.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En las democracias de hoy en día, la consulta a los ciudadanos y ciudadanas para destituir de sus cargos a una autoridad democráticamente elegida se presenta como una herramienta esencial. La revocatoria lejos de ser una mera formalidad tiene una relevancia crucial en la dinámica política y social de los sistemas democráticos.

En primer lugar, la revocatoria es un pilar fundamental para la responsabilidad y la rendición de cuentas. Las autoridades electas, como gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, conscientes de que su permanencia en el cargo depende de la percepción ciudadana de su desempeño, están incentivadas a cumplir con sus promesas y a actuar para lograr el bienestar ciudadano. Esta constante vigilancia ciudadana garantiza que dichas autoridades no se desvinculen de las demandas y expectativas, no solo de quienes los eligieron, sino también de aquellos que no.

Además, este mecanismo promueve la participación ciudadana. En una democracia que se precia de ser representativa, la interacción de los ciudadanos con el proceso político no debe limitarse al acto de votar cada pocos años. La posibilidad de convocar una revocatoria anima a los ciudadanos a mantenerse informados y activos en la vida pública, reforzando su sentido de responsabilidad sobre las autoridades elegidas.

Otra ventaja significativa es la corrección de errores. En ocasiones, las elecciones pueden producir resultados insatisfactorios para la mayoría del electorado, ya sea porque el candidato electo no cumple con sus promesas o porque surgen situaciones imprevistas. La revocatoria ofrece una vía democrática para rectificar estos errores sin tener que esperar al final del mandato.

Asimismo, este mecanismo actúa como un freno contra el abuso de poder. Las autoridades electas, conscientes de la posibilidad de una revocatoria, están menos inclinadas a actuar de manera autoritaria o contraria a los intereses de la ciudadanía. La amenaza de una revocatoria sirve como un recordatorio constante de que su legitimidad y permanencia en el cargo dependen de su comportamiento y desempeño.

Aunque pueda parecer paradójico, la posibilidad de una revocatoria puede contribuir a la estabilidad social y política. Cuando los ciudadanos cuentan con un canal institucional para expresar y resolver su descontento, se reducen las probabilidades de que recurran a protestas violentas o a conflictos sociales prolongados. Este mecanismo ofrece una salida pacífica y democrática para el descontento ciudadano, facilitando una gobernanza más estable y ordenada.

Todo esto ha llevado a que los ciudadanos y ciudadanas de Lima y Miraflores, por ejemplo, se organicen y promuevan las revocatorias de los alcaldes Rafael López Aliaga y Carlos Canales, de Lima y Miraflores respectivamente. Con entusiasmo, alegría y la voluntad de cambiar las cosas en sus jurisdicciones, recogen las firmas necesarias para que las revocatorias sean posibles. Este proceso no solo refleja el descontento con las actuales administraciones municipales, sino también el compromiso de la ciudadanía con la democracia participativa. La recolección de firmas ha fomentado un mayor diálogo entre los vecinos y una conciencia ciudadana sobre la importancia de la participación activa en la política local.

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El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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El prematuro lanzamiento a la carrera presidencial de Rafael López Aliaga es un disparate descomunal que nadie de su entorno parece haber sido capaz de advertirle.

Primero, porque incumple una enfática promesa de campaña de que no renunciaría a la Alcaldía de Lima para postular a las lides presidenciales (ello le sería enrostrado corrosivamente durante toda la campaña por sus adversarios). Segundo, porque su gestión edil es tan mala que no tiene madera para hacer flotar alguna expectativa de dar el salto presidencial.

Pocas veces se ha visto una actuación administrativa en el municipio capitalino tan errática, ineficiente e improductiva como la que está desplegando López Aliaga y de allí sus altísimos niveles de desaprobación. La Lima que nos va a entregar va a ser una bastante peor que la que recibió.

Si en algún momento pensó que el sillón de Nicolás de Ribera era el mejor atajo político para llegar al solar vecino se equivocó de cabo a rabo. No solo por los antecedentes fallidos que existen al respecto (Bedoya, Barrantes, Belmont, Andrade, Castañeda, Villarán, etc.), sino porque mal puede, quien no es capaz de lo menos, de mostrarse como alguien con la capacidad de hacer lo más.

Seguramente, en su imaginación cree poder encarnar el carácter disruptivo y motivador de las dos figuras que la derecha regional mira con embeleso, como son Bukele y Milei. Lo que no está al alcance mental de López Aliaga es que él ya perdió ese aire disruptivo que lo acompañó cuando recién apareció en el firmamento político peruano y, además, que el Perú no parece demandar figuras de ese perfil.

Lo que se necesita para derrotar a los disruptivos radicales de izquierda, que sí tienen tela por cortar, como Antauro Humala, Guido Bellido o Aníbal Torres, es un gran frente de centroderecha, republicano, liberal y demócrata, y para conformarlo se requieren virtudes de las que adolece el burgomaestre limeño.

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Desde que empezó la gestión del burgomaestre se venía advirtiendo sobre la falta de sostenibilidad en las promesas que venía proyectándose con la comuna limeña. Con una desaprobación del 70%, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se encuentra bajo una intensa presión debido a la falta de avances y los esfuerzos incumplidos en su gestión municipal. La ciudadanía expresa crecientes niveles de insatisfacción, especialmente en relación con las promesas de campaña no cumplidas y las decisiones controvertidas tomadas durante su mandato. 

Uno de los puntos más críticos ha sido la gestión del servicio de limpieza de la ciudad, donde el concurso internacional para reemplazar a la concesionaria Innova Ambiental ha generado controversia y preocupación por la falta de transparencia y eficiencia en el proceso. Además, otras promesas clave, como la reestructuración de los peajes y la implementación de programas de seguridad ciudadana, han quedado en el aire. 

En este contexto, el alcalde enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos y demostrar resultados concretos que aborden las necesidades y preocupaciones de la población limeña.

Benjamín Zevallos - Informe

Promesa de inversión en seguridad ciudadana ha sido una iniciativa llamativa para la comuna, sin embargo, los resultados no se han visto reflejados en la práctica. Foto: Andina

¿Qué ha llevado al fracaso de la gestión de López Aliaga en la MUNILIMA en los últimos meses?

En el 2023, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunciaba su intención de negociar con los actuales concesionarios de peajes, los cuales, según él, han obtenido beneficios a expensas de la población limeña y están implicados en casos de corrupción. Aunque reconoció que no tiene la facultad para anular los contratos de concesión, afirmó que estaba tomando otras medidas, como explorar rutas alternativas y buscar vías legales para abordar la corrupción, mencionando específicamente el caso de Susana Villarán. Hoy por hoy se ha dado la orden por parte del Poder Judicial hacia RUTAS DE LIMA para que suspenda el cobro de peajes en Puente Piedra.

En su momento y debido a una presión por parte de las municipalidades y vecinos en general de la zona, el alcalde anunció que tenía la intención de trasladar los peajes de Puente Piedra y Lurín para eximir a los vecinos del pago de peajes al salir de sus hogares. 

Otra de las promesas de López Aliaga durante su campaña electoral fue el alquiler de 10 mil motos para combatir la delincuencia en la capital. Sin embargo, esta adquisición aún no se ha materializado y podría tardar entre seis y siete meses más. Aunque se había anunciado que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) gestionaría este proceso, aún no se ha llevado a cabo. 

Asimismo, López Aliaga se comprometió a destinar el 10% del presupuesto municipal a las ollas comunes. Sin embargo, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana informó que no han recibido los fondos prometidos. Aunque la administración de López Aliaga ha asignado S/80 millones para este fin, esta cifra representa una fracción del presupuesto originalmente prometido durante la campaña.

El colmo de la vergüenza es que el burgomaestre para simplemente dar a entender que “atiende las necesidades de los vecinos” se reunión con integrantes de las ollas comunes de la capital para donar 500 cuyes en la sede del municipio de Lima. ¿De esta manera se solucionan los problemas y necesidades?

Benjamín Zevallos - Informe

El alcalde de Lima posando con una de las donaciones de cuyes para las ollas comunes

La falta de conexión con los vecinos de Lima

En cuanto a otras promesas, como la instalación de tanques elevados de agua en los cerros de Lima y la declaración de las quebradas como intangibles para evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo, aún no se han cumplido. Anticipadamente al inicio de su gestión se mencionaba que las ambiciones del burgomaestre eran viables, pero que no podían ser ejecutadas en corto plazo.

Además, la administración de López Aliaga ha enfrentado críticas por las designaciones de funcionarios, con al menos 20 de ellos cuestionados por aparecer en informes de la Contraloría General de la República. Por ejemplo, el expresidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Humberto Guzmán, fue intervenido en tres ocasiones por presuntamente conducir en estado de ebriedad. 

Justamente entre estos funcionarios se encontraba también Hernán Roberto Pérez Vélez, servidor de quien nos hemos referido en anteriores informes e Sudaca. Pérez Vélez asumía el cargo de Gerente de Servicios a la Ciudad, y quien actualmente ya no posee dicho cargo público debido a que fue expuesto sin experiencia en el cargo; además, se sabe que no respaldo ni atendió de manera oportuna las denuncias de los vecinos de Lomas de Carabayllo sobre el Relleno Sanitario “El Zapallal”.

El caso de Innova Ambiental

El Relleno Sanitario “El Zapallal», operado por Innova Ambiental, ha sido objeto de numerosas denuncias y controversias relacionadas con incumplimientos de protocolos ambientales que han generado una profunda preocupación en la población de Lima y sus autoridades. Una de las principales preocupaciones se centra en los estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los cuales, según informes, se encuentran por debajo de las normativas vigentes, lo que representa un riesgo para la salud y el bienestar de la población local.

Este revés llevó a Innova Ambiental a presentar un recurso de reconsideración, el cual fue aceptado en marzo de 2022, permitiendo así que el relleno continuará operando mientras se resolvían los problemas pendientes. No obstante, esta situación ha generado tensiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM, especialmente en lo que respecta a la aprobación final del PAMA y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos.

La situación alcanzó su punto álgido cuando la Municipalidad de Lima, respondió a las demandas y preocupaciones de la comunidad local, decidió cerrar temporalmente el Relleno Sanitario El Zapallal debido a preocupaciones sobre contaminación, mal manejo de residuos y la duración cuestionable del contrato con Innova Ambiental. Sin embargo, este cierre temporal genero tensiones entre las autoridades municipales y el MINAM, especialmente en lo que respecta a la aprobación del PAMA y las medidas necesarias para resolver los problemas ambientales en el área. En ese sentido, el alcalde cumplió “a medias” su promesa, y es que actualmente el problema persiste y no tiene fin. Además, se sigue insistiendo en que la MUNILIMA pueda iniciar el concurso internacional para que una nueva concesionaria se encargue de la limpieza pública de la ciudad.

La irónica playa artificial de San Juan de Lurigancho

La playa artificial de San Juan de Lurigancho, proyecto “emblemático” de la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha sido objeto de polémica tras una nueva inspección del Ministerio de Salud que la califica como no saludable para bañistas. A pesar de las afirmaciones previas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Serpar sobre la subsanación de las observaciones de Digesa, esta última evaluación contradice dichas afirmaciones, señalando problemas de mantenimiento y calidad en el complejo del club Huiracocha. 

Esta situación refleja un panorama preocupante para la salud de los ciudadanos y sus expectativas de disfrutar de un espacio seguro y saludable. En un contexto marcado por denuncias y renuncias en otras esferas de la administración pública, este episodio resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. 

 

Benjamín Zevallos - Informe

La respuesta de la MUNILIMA con respaldo del SERPAR sobre el tema

El panorama que rodea la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se tiñe de un matiz de desaprobación que alcanza el 70% de la población. Desde los desafíos ambientales que abarcan el Relleno Sanitario “El Zapallal” hasta las promesas incumplidas y los conflictos institucionales, este escenario nos invita a contemplar con profundidad las prioridades y valores que guían el destino de nuestra ciudad y un llamado inmediato a la acción para el burgomaestre de la capital.

En esta encrucijada, donde las expectativas ciudadanas y la necesidad de soluciones efectivas convergen, es imperativo que las autoridades se comprometan con la transparencia, la responsabilidad y la búsqueda activa del bienestar común. Solo así podremos trazar un camino hacia un Lima más próspero, justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

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[ENTREVISTAS]  El 5 de abril de 1993, a un año exacto del auto golpe de Alberto Fujimori, un grupo importante de políticos “jubilados” antes de tiempo por el régimen autocrático y jóvenes contestatarios formaron el llamado Foro Democrático del Perú, que le dio batalla política e ideológica durante el resto de la década al fujimorato. Entre los jóvenes integrantes del colectivo estuvo desde 1996 el ingeniero Juan Sheput Moore, quien posteriormente fue consejero presidencial de Alejandro Toledo y ministro de Trabajo del gobierno de este último. Invitado permanente a paneles de radio y televisión, columnista en diarios y semanarios, Sheput nos dice aquí cómo ve al país en estas horas difíciles.

Ingeniero Sheput, usted siempre ha estado pendiente de los zigzagueos del poder, de sus idas y venidas, ¿por qué cree que el poder político nacido hace un año es puramente reactivo, no acierta una, no la achunta, como dicen los chilenos?

Porque hay tres componentes fundamentales. En primer lugar, ha asumido protagonismo nacional una generación que está más preocupada por sus seguidores en las redes que de los problemas del país; en segundo lugar, es gente sin experiencia, independientemente de la edad que tiene y que ha encontrado en la política una vocación tardía, me refiero precisamente a los generales y almirantes que no tienen la menor idea de lo que es la política; y, en tercer lugar, el grave error de algunos políticos de bajar a ligas inferiores, como Rafael López Aliaga y César Acuña, dejando al país sin oposición, por lo tanto sin liderazgo en el antagonismo que siempre se necesita en política.

Usted que es un viajero constante a Colombia, un país de enorme potencial económico y con varios polos de desarrollo además de Bogotá, ¿por qué cree que sus ciudadanos eligieron a Gustavo Petro, un marxista de ideas trasnochadas?

Bueno, porque simplemente ahí hay una fuerte institucionalidad; eso me recuerda a un chiste británico que dice: “¿qué pasaría si una manada de monos toma la totalidad de los ministerios, y, obviamente, uno de ellos asume la responsabilidad de ser Primer Ministro?”. Y los británicos contestaron: “¡nada!”. “¿Por qué?, les repreguntan”. “Pues porque hay instituciones, y eso es independiente de las personas”. En el caso colombiano hay una serie de posiciones, algunas muy fuertes en el ámbito ecológico, en la igualdad de género, en respeto a las minorías, y, sobre todo, a las etnias, a las más vulnerables, que han calado muy fuerte en la juventud; y en ese sentido, la izquierda, independientemente de las ideas trasnochadas que puede tener en materia económica, tiene mucha llegada con la juventud que es mayoritaria en el país, y de ahí es que cada cierto tiempo, sobre todo en Bogotá, ganen la alcaldía y otros puestos de elección popular personas muy vinculadas a la izquierda. No nos olvidemos que el propio Petro fue alcalde de Bogotá, la capital colombiana. En esa ciudad de características muy especiales, en los últimos 23 años ha habido un predominio de alcaldes de izquierda, entonces eso irradia al resto de la República. Es más, la presidencia de Gustavo Petro está controlada por un Senado opositor, por los representantes -que es como llaman a los diputados- y por la Corte Suprema. Hay oposición, una muy fuerte oposición, y, sobre todo, una institución presidencial compuesta por los expresidentes que son la conciencia crítica del mandatario y todos han sido formados en las mejores escuelas de gobierno de Estados Unidos y Europa. Acá no, acá todos nuestros expresidentes están presos, han pasado una temporada en la cárcel o esperan sentencia para ingresar a una celda. Entonces no hay un alter ego, no hay una conciencia crítica. En ese sentido, Colombia es muy diferente al Perú.

¿Cuál es su opinión sobre la excarcelación del expresidente Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentado una posición contraria sobre ello, pareciera que no le perdonan al expresidente haber casi erradicado el terrorismo de nuestro país?

Yo creo que acá uno de los grandes errores del Perú es que el debate se ha vuelto casi totalmente jurídico y no político, vemos en diversas instancias que los que pelean en los medios de comunicación son los abogados y no los políticos como corresponde. Los abogados creen que la realidad se puede cambiar a punta de leyes, y si no está en la ley no se puede cambiar; los políticos muchas veces tienen que actuar en favor de su responsabilidad y en un marco legal mucho más amplio y se olvidan por eso que acá la institución del indulto es política, es una decisión del presidente de la República indultar a alguien, es una institución ciento por ciento política y por lo tanto en ese contexto se tiene que ver sí Pedro Pablo lo otorgó y el Tribunal Constitucional lo ratificó no tiene que haber pedidos ni de disculpas, ni resarciones económicas porque eso es mirar el reglamento y la ley y no mirar el contexto político que acompañó la decisión de Kuczynski.  Y además como bien se ha señalado y siguiendo en lo político hay decisiones en otros países de gente que ha preferido la gobernabilidad antes que la sugerencia o mandato de la Corte, un caso específico es Chile con el presidente Lagos que cuando le exigían que metiera presos a los militares incluyendo Pinochet, él dijo: “Primero está la gobernabilidad de Chile”, y no les hizo caso esas son decisiones políticas otra cosa que acá en el Perú no haya temperamento político ni calidad en los políticos  ni convicción para poder hacer eso.

¿Y sobre la posición de la Corte IDH, respecto a la excarcelación del expresidente Fujimori que abre una polémica con el Perú?

Las discusiones a nivel de la Corte IDH son discusiones de Estado, vale decir, el individuo no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, es decir allí el individuo, no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, por lo tanto, nuestro representante fundamental es el canciller en este caso el señor Javier Gonzáles Olaechea que es el que debe dar las explicaciones de la decisión del gobierno peruano ante la Corte, inclusive se ha solicitado un informe que tiene que elaborar el Ministerio de Justicia que se ha canalizado a través de la cancillería, un elemento que podría utilizar el señor canciller es el de complementar la posición peruana con representante de la sociedad civil o de partidos políticos, es una decisión que él podrá tomar, pues así, como los sectores opuestos al indulto viajan permanentemente a Washington para hablar de su incomodidad respecto a esa posibilidad ahora ya ejecutada, igualmente podría ir la parte peruana o la parte interesada a justificar  el indulto de Alberto Fujimori, es una cuestión de cómo se enfrenta y creo yo que tiene que ser colectivamente.

¿Con ese tema pendiente con la Corte IDH, existe la probabilidad de que el expresidente Fujimori regrese a la cárcel?

Siempre existe esa posibilidad, no solamente con la CIDH sino lo que pueda dictaminar la Corte Suprema, por eso yo no creo en elementos victoriosos, la lucha recién empieza, por eso señalaba que el problema no es tanto el indulto sino el día después, ya el 18 de diciembre el presidente tiene que acudir a un juicio oral en el cual se va a ver el caso Pativilca, entonces la situación de tensión permanece, por eso vuelvo a indicar, el tema es estrictamente político no es un tema jurídico y de la forma cómo se comporte el Gobierno y el fujimorismo y aquellos aliados o personas que han complementado el trabajo del fujimorismo en este proceso de indulto de eso dependerá la libertad de Alberto Fujimori, es evidente que la víctimas las ONGs y los partidos de izquierda van hacer lo imposible para que se revierte la situación de Alberto Fujimori.

¿De presentarse Keiko Fujimori a las próximas elecciones, cree usted que tenga alguna posibilidad de ganar?

Sí, yo mantengo mi posición que en política no hay imposibles y también creo que la cantidad de veces que alguien postula no dice absolutamente nada en relación a un eventual triunfo electoral, si no habría que preguntarle a Lula o a Pepe Mujica cómo a pesar de sus debacles políticas obtuvieron finalmente sus triunfos electorales. Todo depende básicamente del contexto, la decisión de postular no se da 2 años antes sino en el momento y dependiendo del contexto, yo no estoy dentro de aquellos que dicen que ya Keiko se tiene que mantener al margen de cualquier proceso electoral yo no creo en eso con ningún actor político, para mí no existen muertos ni jubilados en política. En estos momentos el fujimorismo es la fuerza más ordenada y disciplinada de este Parlamento de eso no hay ninguna duda, y además abona en favor de Keiko Fujimori el declive de César Acuña y de Rafael López Aliaga, ambos decidieron jugar en líneas menores, en lugar de constituirse en líderes de la oposición se convirtieron en toca puertas de la Presidenta para terminar pidiendo presupuesto. La historia dice que ningún alcalde se convierte en presidente y Rafael López Aliaga lo sabía porque como alcalde se convierte en subordinado del presupuesto nacional, no se puede pelear con el presidente no puedes y ahora vemos que ni siquiera puede conformar un buen equipo, entonces no solamente hay limitaciones políticas sino también limitaciones en la gestión; no es lo mismo ser un gran empresario o un buen empresario que un gestor público son lógicas distintas, así de simple.

¿Como entiende usted lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia (JNJ); estamos hablando quizá de una lucha de posiciones ideológicas a través de unas instituciones tambaleantes?

Es un poder en declive que esta enquistado en la Junta Nacional de Justicia que se niega a perder el poco poder que le queda, ellos saben perfectamente que no tienen la fuerza que antes tenían que venía básicamente del apoyo que le daba el sector progresista y obviamente lo que hay ahí es una guerra por permanecer en esa hegemonía, y como es un tema complejo detrás de ellos hay ONGs, estudios de abogados, sectores políticos, sindicatos, que no sólo están en la JNJ, sino en otros estamentos como el Poder Judicial por ejemplo, es una forma de consolidar posiciones, de tener poder de tener influencia de lograr fallos a favor, entonces definitivamente están perdiendo esa hegemonía y eso los obliga a hacer este tipo de ataques para permanecer ahí y sacar a quienes le sean incómodos.

Sobre la suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides

En el caso de la Fiscal de la Nación ya no me asombra el doble estándar de la Junta Nacional de Justicia quienes se indignan si el Parlamento empieza una investigación sumaria contra ellos o contra la señora Zoraida Ávalos, por la cual inclusive salieron al frente y, por otro lado, empiezan un proceso sumarísimo súbito contra la fiscal Patricia Benavides, es por eso que no tienen credibilidad, por la forma distinta cómo se comportan ante hechos similares. En el caso de Zoraida Ávalos, avalan y asumen su defensa, en el caso de Patricia Benavides la condenan de antemano en el caso de ellos mismos argumentan que el Congreso no los puede investigar que no pueden avalar un proceso sumario y en el caso de Patricia Benavides empiezan un proceso sumarísimo y en 72 horas sobre la base de unos pantallazos suspenden a toda una Fiscal de la Nación, es por eso que creo yo que se tiene que reorganizar la Junta Nacional de Justicia y el Congreso por otro lados está demostrando su ingenuidad una vez más, en política la debilidad nunca termina de pagarse, el Congreso pone la otra mejilla en el caso de la Junta Nacional de Justicia y esta les responde suspendiendo a Patricia Benavides, es parte de la ingenuidad que reina que habita en los parlamentarios actuales.

Podría reflexionar sobre el porqué de la salida de Pedro Castillo antes de cumplir año y medio en el poder, si tenía 44 votos que impedían su destitución en el Congreso y contaba con una altísima aprobación en el sur del país.

En el caso de Pedro castillo lo que sucede es que empezó a cometer actos de corrupción en un contexto de deterioro económico que los convertía en un personaje insalvable. La corrupción hace que la persona piense más en su supervivencia que en los problemas de la gente. La corrupción, por ejemplo, desatada en el año 2000 era la que impulsaba al régimen fujimorista a ir por una re-reelección, la corrupción es la que obligaba a Vizcarra a mantenerse en el cargo y hacer un golpe interno, y en este caso la corrupción de este señor el temor de que su familia empiece a ir presa, lo llevó hacer un golpe que lo convirtió en indefendible, y, por otro lado, como los 44 parlamentarios de Pedro Castillo más la diferencia tienen como objetivo fundamental sobrevivir al año 2026, entonces la lealtad era a su curul  y a su quincena más que a Pedro castillo, es la más volátil de las lealtades, entonces cuando vieron peligrar su remuneración  y su beneficio entonces no dudaron en traicionarlo.

Como ve las próximas semanas y meses en nuestra política nacional, ¿cree que Dina Boluarte podrá llegar por lo menos en cuidados intensivos al relevo constitucional de 2026?

No, Dina Boluarte es tan poca cosa en política, que no se da cuenta que su principal escollo es el señor Alberto Otárola su principal lastre, yo nunca he visto tanta inexperiencia política como la que encarna Dina Boluarte, creer que una persona que tiene menos popularidad que ella le va a servir de soporte hasta el año 2026 es realmente algo ingenuo. El señor Otárola no tiene dimensión ni respeto político, y él es el que debería abrir esta oportunidad para el Gobierno, cada vez que declara el señor Otárola su declaración sale en la página 10 del periódico en una pequeña esquina, esa es su dimensión política inclusive la presidenta de la República puede dar un mensaje a la nación hoy y mañana no tiene ninguna importancia y no le mueve un dedo a la gente, la señora Boluarte no se da cuenta que la única manera de reflotar es poniendo un gabinete de primer nivel y si ella quiere que se vaya dos años de viaje y que deje al gabinete que conduzca los problemas del país hasta el año 2026, pero como no piensa hacer eso sus posibilidades de sobrevivencia van a ser mínimas, el Congreso no la va a sacar, ella va a tener que renunciar porque el Perú en un contexto de crisis institucional, económica y delictiva pues simplemente se va a convertir en inmanejable, dos años y medio es demasiado para seguir con el mismo orden de cosas.

¿Esta crisis institucional de la que me habla cree usted que genere en la próxima campaña electoral un fenómeno Milei como el que vimos en Argentina?

No, no creo yo que la derecha se convierte en opción porque la gran mayoría de peruanos cree que la derecha está gobernando, y eso es un error de la derecha torpe que en estos momentos está en el Parlamento. Yo tengo oportunidad de conversar con muchos medios de provincias en forma diaria y el sentimiento en el interior del país en buena parte inclusive del sector limeño cree que gobierna la derecha, porque la derecha es la que soporta a Dina Boluarte, la derecha es la que tolera gente como Otárola o el Ministro de Defensa que es otro incompetente y la derecha es la que sale en su defensa, basta con ver las declaraciones de Rafael López Aliaga para ver cómo blinda permanente tanto a Otárola como a la señora Boluarte, entonces en el péndulo electoral mayores posibilidades va a tener la izquierda sin ninguna duda y va a venir acompañada esa opción de izquierda con la convocatoria a Asamblea Constituyente, ese es el gran error histórico que está cometiendo la derecha en estos momento por su poca capacidad intelectual y política.

Usted ha sido congresista, ¿cuál es su opinión sobre el Congreso actual?

Yo no podría catalogarlo como el peor Congreso porque esa etiqueta se les da a todos los congresos y eso es mundial, pero yo sí creo que es el Congreso más despreciado, tanto se le desprecia que a la gente le ha dejado de importar, actúan con una desfachatez impresionante priorizando beneficios económicos por encima de los intereses de la patria y se han convertido no en transformadores de la realidad que le corresponde a un Parlamento, es un Congreso formado por 130 opinólogos que no tienen ninguna fuerza política para transformar el rumbo de los acontecimientos. No será el peor Congreso porque eso se les atribuye a todos, pero si será el más despreciado sin ninguna duda de este siglo.

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