Minedu

Desde conocidos de César Acuña y acusados de contratar a las amigas de su esposa hasta amigos de Nicanor Boluarte. Los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación obtendrían las peores notas por su historial y, sin embargo, fueron designados sin mayor inconveniente con la anuencia del ministro Morgan Quero.

Para cualquier gobierno que no puede alcanzar los dos dígitos de porcentaje de aprobación en las encuestas resultaría muy complicado sostenerse al mando de un país y más si se tiene en cuenta que las grandes falencias de dicho gobierno no se relacionan con ideologías políticas sino que fallan en aspectos que impactan en la mayoría de ciudadanos, como es el caso de la inseguridad.

Sin embargo, para suerte de Dina Boluarte, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso, quienes tienen las facultades para ponerle fin a su mandado, un grupo de bancadas que representan a partidos políticos dispuestos a escuchar qué tiene la presidenta para ofrecerles a cambio de garantizar la continuidad del gobierno sin importar sus deficientes resultados en diversos sectores.

Como se lo han expuesto Sudaca y otros medios de comunicación, además de no interferir con los proyectos de ley que impulsa el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte también ha utilizado a los ministerios como el botín a repartir y, en esta oportunidad, Sudaca ha podido encontrar los puestos de este ministerio que han quedado en manos de personajes vinculados a las agrupaciones políticas que tienen peso en el parlamento y hasta aprovechó para que entre algún conocido de su hermano.

PASADO PISADO

Fue hace poco menos de un año cuando el programa “Contracorriente” reveló que un grupo de personajes amigos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habían conseguido buenos puestos de trabajo para el Estado. Entre este selecto grupo de privilegiados, el informe del dominical incluyó a Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien por aquella época ocupaba el cargo de director de la DRELM (Dirección Regional de Educación Metropolitana de Lima).

Aproximadamente diez meses después de la emisión de dicho informe, el nombre Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez vuelve a sonar en un puesto de trabajo dejando en el olvido la polémica en la que estuvo involucrado y pretendiendo que nunca ocurrió. En una resolución ministerial del Minedu que data del pasado 10 de enero, Quintanilla Gutiérrez fue anunciado como el nuevo director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

En otra de las designaciones realizadas en los primeros días de este nuevo año figura el nombre de Carlos Christian Acuña Flores, quien desde el primer día de enero pasó a ocupar el cargo de asesor en el despacho viceministerial de gestión pedagógica. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre suena en la sede del Ministerio de Educación.

En marzo del 2023, el diario Perú21 había incluido a Acuña Flores en una lista de funcionarios con pasado como extrabajadores y militantes del partido de César Acuña que habían ingresado a trabajar en el Mineducuando el cargo de ministro todavía le pertenecía a Oscar Becerra.

Según la información que dio a conocer el medio escrito, Christian Acuña, que por aquel entonces era director de Innovación Tecnológica en Educación, venía de realizar consultorías para una de las universidades que integra el consorcio del cual es dueño el líder de Alianza para el Progreso.

Pero este no es el único vínculo entre el Ministerio de Educación y César Acuña. A finales del año pasado, más precisamente el 18 de diciembre, la Universidad César Vallejo firmó un convenio con el Ministerio de Educación que, acorde al documento revisado por Sudaca, tendrá una duración de cuatro años.

Cabe señalar que esta casa de estudios estuvo en el centro de los cuestionamientos recientemente cuando la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía utilizó las instalaciones del IRTP para grabar un spot en el cual se promocionaba a la universidad del gobernador de La Libertad.

Pero en el Ministerio de Educación no sólo hay lugar para los contactos de Nicanor Boluarte y personas vinculadas con César Acuña. En el mes de septiembre, una resolución anunció que Oscar Fausto Fernández Cáceres sería el nuevo director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Este nuevo director tampoco es ajeno a la escena política. En el año 2022, Fernández Cáceres postuló y obtuvo el cargo de regidor para el distrito de La Molina luego de acompañar la candidatura del actual alcalde Diego Uceda y Renovación Popular.

Anteriormente, Óscar Fernández Cáceres fue presidente del Instituto Peruano del Deporte y, aunque esta experiencia laboral podría considerarse valiosa, su gestión estuvo marcada por un informe del programa “Punto Final” emitido en 2019 y en el cual se relataba que el actual funcionario del Minedu contrató a amigas de su esposa para que trabajen en su despacho y reciban salarios de cinco mil y siete mil soles.

Fernández justificó estas contrataciones y, casualmente,renunció a su cargo poco tiempo después. “Eran de confianza mía. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de mi confianza. Son conocidas nuestras, de mi esposa y mías”, declaró al programa dominical de Latina.

La presidenta Dina Boluarte no habría querido quedar fuera de este festín de designaciones sin filtros en el Ministerio de Educación y en el cargo de jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se ha colocado a Roxana Magly Mayorga García, quien en 2023 fue incluida por la Contraloría en una lista de personas que el despacho presidencial estaba contratando con serias irregularidades de por medio.

“Es necesario que mínimamente se establezcan lineamientos, se redacte una premisa que nos remita a la norma, o se establezcan procedimientos para hacer factible su ejecución a fin de salvaguardar los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades”, se puede leer en el documento que Infobae difundió en noviembre del 2023, aunque nueve meses después Mayorga García llegaría sin mayor problema al Minedu.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO?

Ante esta situación que atraviesa el Ministerio de Educación, resulta lógico cuestionar cuál es el rol del titular del sector, Morgan Quero Gauime, en lo que parece ser una invasión de personajes cuestionables en puestos clave del Minedu. Sin embargo, sus apariciones más resaltantes en los medios, como en la oportunidad que dijo “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, invitan a creer que su única misión no es velar por la educación de los peruanos sino intentar defender a Dina Boluarte.

A ello se le suma una nueva polémica debido a que en las últimas horas se han difundido videos en los cuales se ve al ministro Morgan Quero presente en la celebración de cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, quien fue denunciado por abusar sexualmente de su hija y dejarla embarazada.

 

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Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.

Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.

DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL

En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.

Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.

Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.

Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.

Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.

Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.

Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.

No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.

EL FINANCISTA DE KEIKO

“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.

Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.

Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.

El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.

Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.

 

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SE REPITE LA HISTORIA

Pero esta no es la primera vez que existe un conflicto entre los trabajadores del Ministerio de Educación y las personas a cargo de dicho sector. En febrero del presente año, los empleados que se encuentran bajo el régimen CAS habían denunciado que Óscar Becerra, quien entonces era ministro de Educación,  había generado un clima de confrontación con ellos al repetir en sus apariciones en medios de comunicación que el Minedu contaba con más de ocho mil empleados CAS pese a que, tal como lo expuso Sudaca en el informe titulado MENTIRAS Y POLÉMICAS EN EL MINEDU, el número real apenas superaba la mitad de la cifra señalada por el ministro.

Además, el clima en las oficinas del Minedu venía de otro escenario de tensión, esta vez originado por el predecesor de Becerra, el exministro Rosendo Serna, quien había acusado a los coordinadores territoriales de no viajar para cumplir con sus obligaciones y señaló que estos recibían un salario “exorbitante” mayor al de gerentes y directores regiones de educación pese a que esto era mentira.

Pese a los cambios en Palacio de Gobierno, en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el mismo Minedu, el ministerio parece sumido en una interminable crisis que no sólo afecta a los estudiantes sino a los propios trabajadores del sector educación. Sudaca intentó comunicarse con dicho ministerio, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

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FALTA DE DIÁLOGO

Otro de los trabajadores del Ministerio de Educación que ha resultado cuestionado por sus antecedentes es Luis Alfonso Tafur Gonzáles, quien actualmente se viene desempeñando en la Oficina de Diálogo. Sin embargo, no sólo ha recibido duros cuestionamientos en el pasado sino que ha tenido reacciones que distan mucho de una actitud dialogante.

En enero del 2019, Tafur Gonzáles se encontraba designado como administrador de la Universidad Nacional de Jaén. Sin embargo, este puesto le llevó a recibir críticas debido a que, como señalan medios de la zona, la comisión que lo había puesto en este lugar despertaba desconfianza y Edwin Guido Boza Condorena, titular de dicha comisión, era acusado de realizar designaciones con el objetivo de aferrarse al cargo además de ser amigo personal de Luis Tafur.

Ante este panorama, los medios locales fueron al encuentro de Tafur Gonzáles, quien no dudó en mostrar una actitud agresiva contra el periodista que había acudido a las instalaciones de dicha casa de estudios para obtener sus descargos e incluso llegó a acusarlo de ser un sicario político.

Aunque en las últimas semanas se ha visto al ministro Óscar Becerra realizar duras críticas al uso que se le ha dado al presupuesto del Ministerio de Educación en los años recientes, les designaciones que lo vinculan nuevamente con la cuestionada gestión aprista y los perfiles agresivos de algunos trabajadores dejan serios cuestionamientos al cambio que pretende liderar Becerra Tresierra. Sudaca intentó comunicarse con el Minedu, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

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PROBLEMAS INTERNOS

Pero, además de las cuestionadas designaciones, también se registran problemas con respecto a la relación entre el ministro Óscar Becerra y los trabajadores del Minedu. Un clima interno muy tenso que se viene registrando desde hace varias semanas debido a los numerosos pronunciamientos del titular del sector educación en los que cuestiona a los trabajadores del Ministerio de Educación contratados bajo la modalidad CAS y señala que son más de ocho mil trabajadores CAS.

 

Sudaca pudo conversar con fuentes que están dentro del Ministerio de Educación y señalan que el número de trabajadores que actualmente cuentan con contrato CAS es muy inferior al número que el ministro Becerra señala en las entrevistas que ha brindado a la prensa. Además, su gestión ha empezado a ser comparada con la de Rosendo Serna, quien ocupó la cartera de educación durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a que él también había adoptado una política de amedrentamiento a los trabajadores del Minedu y era cuestionado por las designaciones que se realizaron durante su paso por dicho ministerio.

La llegada de Óscar Becerra había despertado cierta desconfianza por su pasado vinculado al gobierno aprista y, con las decisiones y acciones adoptadas durante el breve tiempo que lleva en el cargo, pareciera confirmar que su gestión al frente del Ministerio de Educación no era la solución que el sector necesitaba sino la continuidad de una conducción deficiente en uno de los ministerios más golpeados en los últimos meses.

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Minedu

Por ello, pensamos que una narrativa más aceptable para un sector mayoritario de la sociedad debería plantear que en el periodo estudiado se produjo una guerra iniciada por las bandas terroristas contra el Estado y la sociedad, y que la actuación de dichas bandas se caracterizó por el nulo respeto a la vida humana y la violación indiscriminada de los derechos humanos. En esta guerra, las FFAA y policiales actuaron en defensa del Estado y de la sociedad y derrotaron a las bandas terroristas. Sin embargo, en su actuación violaron los derechos humanos de la población; es decir, de la sociedad. Al respecto, dejo las siguientes recomendaciones:  

  1. Es necesario un profundo trabajo de reconciliación entre las FFAA y los pobladores o descendientes de pobladores víctimas de dichas violaciones a sus derechos humanos. Es decir, entre las FFAA y la sociedad. 
  2. Las bandas terroristas no formarán parte de ninguna política de reconciliación en tanto que únicas responsables del conflicto armado o terrorismo. La reconciliación debe darse exclusivamente entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. 
  3. Las políticas específicas, las dejo para otra columna. 

  

 

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Las entrevistas personales representan el 50% del peso en la evaluación.

Otra de estas contrataciones CAS que planteó la gestión de Tito Medina Warthon en Digeiriba para este año es otro puesto que es descrito como especialista y, al igual que en el caso detallado previamente, otorgará un salario extrañamente elevado de once mil soles. Sin embargo, las obligaciones de la persona que sea contratada comprenden principalmente la asesoría de la dirección general y la participación en reuniones.

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Algunos de estos nuevos puestos recibirán hasta once mil soles mensuales.

Pero estas convocatorias CAS no son la única razón que por estos días ponen la lupa en la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicios Educativo en el Ámbito Rural (Digeibira). Según documentos a los que pudo acceder Sudaca, una de las personas que se ha encargado de solicitar contrataciones con salarios inesperadamente altos ha sido Saturnina Margarita Soriano Mallaupoma.

Soriano Mallaupoma, quien postuló al Congreso de la mano de Perú Libre en 2021, no es una persona ajena a las decisiones cuestionables en Digeiriba. Esto debido a que fue ella la designada para suceder en el cargo de directora de Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural a Alfonso Isuiza Pérez, el exdirector de línea que fue hostigado y retirado de su trabajo por negarse a acatar órdenes del director general Tito Medina Warthon que iban en contra de los procedimientos estipulados para la contratación de personal bajo régimen CAS.
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Según el memorándum que data del mes de septiembre, Saturnina Soriano solicitó la contratación de un servicio de locación que consistía en asistencia técnica y , paradójicamente, revisión de los requerimientos para la contratación de servicios, uno de los aspectos que más se le ha cuestionado a la gestión que hoy tiene en sus manos a la Digeiriba. El afortunado en ser seleccionado para realizar dicha labor recibiría la llamativa cifra de diez mil soles por el mes trabajado.

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Una de las personas que solicita nuevas contrataciones es una excandidata de Perú Libre

En un país con tan notorias brechas educativas por cerrarse, difícilmente se podría ser mezquino con el presupuesto destinado al sector educación. Sin embargo, ante manejos como los que se vienen cuestionando en la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicios Educativo en el Ámbito Rural (Digeibira), los criterios usados en las contrataciones y el hostigamiento a quienes no se someten al autoritarismo, existen razones para creer que estas ostentosas remuneraciones poco tienen que ver con una mejora de la educación peruana. Sudaca intentó comunicarse con las autoridades del Ministerio de Educación para obtener su versión, pero no obtuvimos respuesta.

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UN REEMPLAZO DE MUCHA CONFIANZA

Además de reemplazar a un director que claramente le resultaba incómodo, Medina Warthon encontró un reemplazo mucho más afín. Soriano Mallaupoma postuló en 2021 al Congreso de la mano de Perú Libre, el partido de gobierno, como representante de Junín. Y este trabajo en la Digeibira no es el primero que la excandidata al Congreso obtiene durante el gobierno del partido por el que postuló. Según el portal de transparencia económica, Soriano Mallaupoma ha recibido S/23,000 soles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otra de las carteras más cuestionadas durante el gobierno de Pedro Castillo.

La información que se consigna en el portal de proveedores del Estado da cuenta de que el MTC emitió tres órdenes de servicio a Soriano Mallaupoa, la primera por S/8,000 y las dos siguientes por S/10,000. El concepto en las tres es el mismo: “Servicio de verificación y conciliación de los bienes del MTC”.

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Saturnina Soriano Mallaupoma fue candidata al Congreso con el partido Perú Libre en las elecciones del 2021.
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Durante el presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido órdenes de servicio a nombre de Soriano Mallaupoma.

Lo más desconcertante en este caso es que, según su declaración jurada, Soriano Mallaupoma es licenciada en educación primaria y, como señalan los documentos entregados al Jurado Nacional de Elecciones, durante los últimos años se ha dedicado a la docencia en Junín en la I.E. N° 30460 Ántero Zenón Millán Reyna. 

NO ES LA PRIMERA VEZ

No es la primera vez que se denuncia hostigamiento laboral durante la gestión de Rosendo Serna en el Minedu. En julio pasado Sudaca ya publicó un informe al respecto, en el que se exponía como el mismo ministro buscaba iniciar procesos disciplinarios contra trabajadores CAS y al mismo tiempo se contrataba a personas en puestos para los que no cumplían los perfiles.

El 22 de agosto, Alfonso Isuiza envió un documento dirigido al ministro Rosendo Serna en el que explicaba su tormentoso paso por la Digeibira y denunció el hostigamiento y abuso de poder que padeció a manos de Tito Medina. Aunque, si se tienen en cuenta los antecedentes de Serna con una situación similar, es poco probable que quien se jacta de ser su brazo derecho sea sancionado por proceder de la misma forma y tener un filtro perulibrista para contratar personal. Sudaca intentó comunicarse con las autoridades del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre del informe no obtuvimos respuesta.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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El Sutep tiene clara la situación: se está dando un asalto a la Derrama Magisterial. Esta es la única prioridad del ministro de Educación, y se están empleando fondos públicos para llevar a cabo objetivos de Conare – Movadef.

Pedro Castillo, antes de ser presidente de la República, había manifestado a un grupo de los integrantes de de su organización “primero matamos al lobo, después nos repartimos el cuero”. Esa es la consigna con la que justifica su plan de asalto contra el fondo previsional de los maestros.

“Repartirse el cuero es la metáfora empleada por Castillo para explicar a su círculo más íntimo que el objetivo de tomar el control de la Derrama Magisterial y liquidarla. Es, en el fondo, apoderarse de sus activos, del dinero de más de 250 mil maestros, y con ello financiar sus planes políticos, pero además cumplir el sueño de Sendero Luminoso”, suscribe el Sutep.

“No es un secreto que la sanguinaria organización terrorista y sus apéndices, como el CONARE y el MOVADEF, han postulado la destrucción del fondo previsional de los maestros, pues en su irracional modo de ver la realidad no comprenden que el docente tiene derecho, como cualquier otro trabajador, a gozar de servicios de calidad y de participar por decisión propia de un sistema que le permita obtener rentabilidad por su aportes”, añade.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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