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Hola amigos. Soy Pedro Guevara y esto es “En pellejo ajeno”. Hoy hablaremos de las Asociaciones Público Privadas como una alternativa para mejorar la educación peruana.

Démosle una mirada a la educación peruana. La expansión de los servicios educativos de las últimas décadas no ha venido acompañada de una mejora en la calidad. La punta del iceberg son los resultados del examen Pisa del 2019, donde ocupamos el puesto 64 entre 77 países. El sector público por si solo, no ha podido ofrecer educación de calidad y de manera equitativa. En resumen, la educación peruana constituye una traición para millones de estudiantes. Es un sistema que genera discriminación y exclusión social.

 

 

Veamos los sistemas educativos en el mundo. El problema en el Perú y muchos países del mundo es que el sector público, por si sólo, no ha podido ofrecer educación de calidad y de manera equitativa. La alternativa de solución en muchas partes del mundo: las APP (Asociaciones Público-Privadas). En ese sentido, proponemos (como complemento de la educación pública) el establecimiento de APPs para mejorar la calidad y cobertura de la educación peruana.

¿Cómo y dónde funcionan las APPs educativas? Las APPs como mecanismos de “School Choice” o “escogencia de colegios es una alternativa que funciona en muchas partes del mundo, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo.  Tiene su fundamento en la libertad que se les da a los padres, para escoger la escuela que consideren más aptas para sus hijos. Las APPs funcionan para enseñar a estudiantes de todo nivel socio económico, en diferentes modalidades y niveles educativos.

¿Cómo podríamos clasificar a los tipos APPs que proveen servicios educativos?  (Ver Tabla adjunta)

Tendríamos que considerar primeramente, quienes ofrecen la provisión del servicio y el financiamiento. La provisión, puede ser privada o pública y el financiamiento también. En un caso extremo tenemos a los centros educativos en los que tanto la provisión como el financiamiento son públicos. Es el caso de las escuelas públicas, universidades públicas e institutos tecnológicos públicos. En el otro extremo están los centros educativos en los que tanto el financiamiento como la provisión descansan en el sector privado. Es el caso de los colegios privados, institutos tecnológicos privados, universidades privadas, la educación en casa y la tutoría.

Tipos de financiamiento 

 Lo interesante es cuando -tanto el sector público como privado comparten- el financiamiento o la provisión del servicio. Es el caso en el que el financiamiento es público y la provisión del servicio privada. En este caso tenemos los vouchers. Una alternativa en la que los padres de familia reciben un bono o documento de parte del Estado, que les permite pagar o sufragar la educación de sus hijos, en una entidad privada. Otra modalidad son los contratos con las escuelas. Por ejemplo, se puede contratar a una academia deportiva para que enseñe educación física o entrene a los equipos deportivos del colegio. O una academia de arte para que se encargue de la formación artística en ese centro educativo. Existen también las escuelas en concesión como, por ejemplo, las escuelas de Fe y Alegría, en las que la escuela pública es administrada por una organización privada, una organización religiosa. La subcontratación se da también para determinados servicios, como por ejemplo, el mantenimiento o la construcción de infraestructura.

Otra alternativa es la de provisión pública con financiamiento privado. Este es el caso de pensiones estudiantiles o préstamos estudiantiles.

En el mundo, el sector privado juega un papel cada vez más importante en la educación. El rol del sector privado está creciendo más, puesto que está educando tanto a ricos como a pobres. Está asumiendo nuevos papeles como gestor y operador de escuelas, como consultor (capacitación docente, en diseño curricular y gestión educativa), como proveedor de servicios especiales (a estudiantes con discapacidades, ofreciendo capacitación empresarial, o suplementación alimenticia), e inclusive estableciendo joint-ventures educativos para la construcción y mantenimiento de locales, como es el caso de Proinversión, que en días pasados adjudicó 3 COARS (Colegios de Alto Rendimiento) en los departamentos de Pasco, Huancavelica y Cuzco.

Un caso interesante de APPs educativas es el de Holanda. Funciona desde 1850. La clave está en dar libertad a los padres en un entorno de sana competencia entre los centros educativos. Los padres son quienes escogen el colegio que creen es mejor para sus hijos en función de sus valores y prioridades. Puede tratarse de un colegio que enfatiza la labor artística. Otro que prioriza la ciencia y la tecnología. Otro que enfatice probablemente la educación física y el desarrollo de deportes. En todo caso, el Gobierno financia a todas las escuelas. En Holanda, los privados educan a dos tercios del estudiantado. El Gobierno Central fija políticas educativas y cada escuela es responsable de su gestión. El resultado: un sistema educativo equitativo, eficiente y de alta calidad.

APPs por el mundo: las encontramos en todos los continentes… En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, en Asia, en África. Básicamente los gobiernos buscan sacar provecho de la capacidad y el “know-how” de los privados. Los privados saben cómo educar. Es el caso, por ejemplo, de los jesuitas, que desde el siglo XVII vienen educando en primaria, secundaria, básica regular y en la universidad. En los países de la OCDE, más del 20% de recursos públicos se transfieren a los privados para la educación. Más del 12% del presupuesto educativo va para que los privados eduquen.

En muchos países en vías de desarrollo, tanto en gobiernos de Africa, Asia y América Latina se subsidia a entidades privadas -mayormente entidades religiosas- como es el caso de la Federación Internacional de Fe y Alegría, una red de escuelas privadas que provee servicios educativos en las zonas más pobres de 17 países de América Latina, ofreciendo educación a más de 2.5 millones de estudiantes. ¿Qué hace el Estado mientras tanto? Financia los salarios de docentes, los textos, o los costos por pupilo. Otro caso es el de Chile, en el que se ofrecen “vouchers” de 100 a 140 dólares por mes. Los privados educan al 51% de los estudiantes en primaria y 52% de los estudiantes en secundaria. Y así, con todos sus problemas, Chile tiene hoy los más altos puntajes en los exámenes PISA de América Latina. En Gambia, Lesotho, Kenya, los gobiernos dan subsidios a las llamadas “escuelas independientes”.

¿Cuáles son los argumentos a favor de las APP Educativas? Primero, la mayor competencia y libertad en el mercado educativo. Hay una mayor flexibilidad en contratación y gestión. Los gobiernos, en licitaciones abiertas, pueden escoger proveedores con requerimientos de calidad educativa específicos. La APP, al compartir mayores niveles de riesgo, incrementan la eficiencia en la asignación y generación de recursos hacia la educación. Es decir, la responsabilidad de la educación, recae en el sector privado, compartiéndola con el sector público. En buena cuenta, aprovechan el “know-how” de los privados, para mejorar en calidad y cobertura educativa, principalmente de los más pobres.

¿Cuáles son las posibles ventajas de una APP bien implementada? Primero, aumentaría la eficiencia, las alternativas educativas disponibles y el acceso a servicios de calidad, especialmente de los que actualmente son marginados en las escuelas públicas tradicionales. El gobierno aprovecharía las competencias y habilidades de ciertas organizaciones privadas. El Gobierno superaría las restricciones operativas como la inflexibilidad de escalas salariales y reglas de trabajo que prevalecen en el sector público. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas de Fe y Alegría, en donde pueden escoger a los profesores más competentes y con mayor vocación por la docencia. Esto no siempre sucede en las escuelas públicas.

¿Más posibles ventajas de una APP bien implementada? Los hacedores de política no estarían tan expuestos a las críticas y controversias de la llamada “privatización de la educación”. La palabra privatización es para los políticos, como lo que era la criptonita para Súperman. Pues los gobiernos no quieren saber nada con la privatización. Las APPs ofrecen una alternativa más aceptada en la narrativa política. Los gobiernos podrían enfocarse en canalizar al sector privado para conseguir objetivos educativos específicos, dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, por ejemplo, los estudiantes con impedimentos, los discapacitados, los más pobres, o los que viven en la sierra o la selva, en las áreas rurales con difícil acceso. Ustedes dirán, ¿cómo es que la empresa privada puede tener incentivos para irse a esas áreas de geografía tan difícil? Bueno, pues se recurre a “Premiums” o mecanismos compensatorios: “Si tú como empresa privada me vas a ayudar a educar en la sierra o la selva, entonces vas a recibir un bono o reconocimiento compensatorio por esa labor”. Los gobiernos entonces se convierten en supervisores, ya no en hacedores. Los hacedores son quienes saben educar. Y esto es importante porque el destino de un educando se define en el aula, en el proceso de aprendizaje. Y es dándole a los expertos la posibilidad de ejercer sus competencias que se consiguen los resultados.

Existen contra argumentos y argumentos, a favor y en contra de las APPs. Argumento 1: Las APP podrían conducir a la privatización de servicios educativos y, por tanto, a la reducción del control del Gobierno sobre un servicio público. Hay contra argumentos semánticos y filosóficos. Contra Argumentos Semánticos: ¿Tiene sentido discutir entre lo público versus lo privado en pleno siglo XXI? Contra Argumentos Filosóficos: (a) Debe primar la libertad individual sobre la presencia y las decisiones del Estado. (b) Debe haber un mínimo de igualdad de oportunidades, con un Gobierno o Estado que sea inclusivo. (c) Se genera capital social, porque quienes ofrecen y comparten los servicios educativos, acumulan los conocimientos y la experiencia de los expertos.

Argumento 2: Al incrementar las alternativas educativas para padres de familia y estudiantes, existe el riesgo de segregación socio económica, si los estudiantes mejor preparados acaban autoseleccionándose para las mejores escuelas y éstas a su vez, obtienen los mejores resultados. Contra argumentos: (a) “Segregación´que se base en  aptitudes, interés, valores: si, son bien venidos, en buena hora. Así, si un padre quiere poner a su hijo para que desarrolle sus aptitudes deportivas, en buena hora si escoge un colegio que destaca por las actividades deportivas. Si un estudiante tiene aptitudes sobresalientes para la música, entonces el padre probablemente escogerá un colegio en el que se ponga énfasis en la formación musical. (b) Segregación socio económica: No, (c) En buena cuenta se propone que existan Premiums compensatorios para operadores privados y vouchers para estudiantes en necesidad.

¿Cuáles son los factores claves para el éxito de una APP en educación? En primer lugar, depende de qué tan bien se diseñe la asociación entre el  sector público y el sector privado. En segundo lugar, del marco regulatorio del país. En tercer lugar, de la capacidad del gobierno para supervisar y hacer cumplir los contratos y asociaciones con el sector privado.

Esto nos permitiría cambiar la visión de los maestros sindicalistas… Hoy en día tenemos maestros sindicalistas que anteponen los intereses políticos del sindicato a los intereses del estudiante. Bajo el modelo de APPs planteado, ¡Los maestros podrían asociarse para constituir empresas educativas! Es decir, en vez de tener maestros sindicalistas, podríamos tener maestros-empresarios para la educación. ¿Cuáles serían los factores clave para conseguir esto? (1) Ascenso en el status social del maestro. Los sistemas educativos en el mundo no son iguales. Así el sistema educativo de Corea del Sur es completamente distinto al sistema educativo finlandés, y este es a su vez distinto al sistema holandés. Pero si algo comparten los sistemas educativos más exitosos en el mundo, es la consideración y respeto que tienen hacia los maestros, que se encuentran en la cúspide de la consideración y el respeto por su status de ser maestros. (2) Incentivos para la capacitación y la innovación (becas para posgrados, diplomados, estudios de pedagogía, gestión e incentivos para innovar). (3) Incentivos económicos que estén amarrados al rendimiento. Los maestros que saben enseñar, no deben salir. Deben quedarse en el aula, recibiendo el incentivo económico por su labor.

(4) Apoyo financiero con créditos, préstamos, donaciones para que puedan constituir sus empresas educativas.

En conclusión: Las APPs Educativas podrían convertir a los profesores sindicalistas en empresarios educativos y así, mejorar la cobertura y la calidad de la educación peruana…

 

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Los indicadores de calidad que tienen en la cabeza los directivos de la Sunedu corresponden a otras realidades”, Alfredo Rodríguez, asesor de Carlos Gallardo, hoy censurado Ministro de Educación.

¿A cuáles “indicadores de calidad” se refiere el asesor? ¿Acaso a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) cuyo cumplimiento permite el licenciamiento de las universidades? Según la Ley Universitaria, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es la instancia responsable del licenciamiento de las universidades. Licencia que, por cierto, es temporal y renovable y tiene una duración mínima de 6 años. Asimismo, es la que supervisa la calidad del servicio educativo universitario y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades son destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

Como se sabe, desde finales del 2015, cada una de las universidades del país, públicas o privadas, debía demostrar ante la Sunedu el cumplimiento de las CBC para prestar el servicio de educación superior universitario. En total son 8. La primera, alude a la existencia de objetivos académicos;  grados y títulos a otorgar; y planes de estudios correspondientes. La segunda, a la oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. La tercera, a la infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). La cuarta, a las líneas de investigación a ser desarrolladas. La quinta, a la verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo. La sexta, a la verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). La séptima, a la existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros). Y, la última, a la transparencia de las universidades.

Desde aquel entonces, 145 universidades solicitaron su licenciamiento. De ese total, 94 fueron licenciadas y 51 no. De las 51 universidades no licenciadas, 48 fueron privadas y 3 públicas. Todas estas universidades, por ejemplo, incumplieron tres CBC relacionadas a objetivos académicos,  programas de estudio y grados académicos; investigación y mecanismos de inserción laboral de sus egresados y graduados. Una evidencia que el anterior procedimiento para crear universidades, bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), no era el más adecuado y no garantizaba condiciones mínimas de calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario. Por eso mismo, se le reformó mediante la promulgación de la Ley Universitaria el 3 de julio de 2014.

A la fecha, el impacto de la reforma universitaria ha sido positivo. Por citar solo algunos ejemplos. En primer lugar, el aumento de publicaciones en revistas indexadas en Scopus. Se pasó de 1770 en el 2014 a 5823 en el 2020. Scopus es una base de datos de prestigio en el mundo académico y los criterios que utiliza para incluir una publicación son muy exigentes. En segundo lugar, el porcentaje de docentes a tiempo completo en las universidades públicas y privadas, en promedio, se duplicó entre el 2015 (25%) y el 2021 (48%). En tercer lugar, el porcentaje de docentes incorporados, luego del licenciamiento, en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) aumentó de 2% a 5.5%. Los cuales son calificados, clasificados e inscritos de manera rigurosa.  

El sentido de la reforma universitaria ha sido garantizar condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de las universidades. A partir de lo cual, revisarlas y mejorarlas periódicamente para ir elevando el nivel de la calidad educativa. Una apuesta y una necesidad que se condicen con lo señalado por Unesco: “En las dos últimas décadas, la garantía de calidad en la educación superior ha alcanzado un impulso significativo en todo el mundo, en un esfuerzo por asegurar que los estándares educativos se mantienen y refuerzan”. 

Por último, confiemos que quien reemplace al Ministro de Educación no piense, como pensaba su asesor, que “el concepto de calidad es un concepto eurocéntrico que quiere decir que creen que las universidades del Perú deben ser equiparables con las universidades europeas”. 

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Minedu, ReformaUniversitaria, SUNEDU

Un informe de Sudaca da cuenta de que dos documentos firmados por funcionarios del Ministerio de Educación se manifiestan en contra del proyecto de ley que pretende hacer cambios en la Sunedu pero el silencio continúa en el MINEDU.

Hoy conversamos sobre este tema con María Fe Sánchez, ex Directora de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad Universitaria, quien explicó que el principal inconveniente ahora para el ministro Gallardo es que las áreas técnicas de MINEDU coinciden en que el proyecto de la comisión de Educación es inviable, y él aún no ha enviado su respuesta al Congreso.

Además indicó que, entre el 2015 y 2021, los 10 ministros han defendido la reforma universitaria y parece que ahora nadie está defendiendo el derecho a la educación de los jóvenes.

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Educación, María Fe Sánchez, Minedu, reforma universitaria, universitarios

La contrarreforma universitaria avanza en el Congreso a la espera de la postura oficial del Ministerio de Educación (Minedu), pero esta se demora extrañamente. Sudaca ha podido corroborar que, desde el 2 de diciembre, los asesores del ministro Carlos Gallardo tienen un par de informes técnicos -realizados por funcionarios de su cartera- que califican como «no viable» el proyecto de ley “que restablece la autonomía universitaria». 

En el Congreso, la iniciativa legislativa contra la Sunedu ya ha sido plasmada en un dictamen de la Comisión de Educación, pero el ministro Gallardo no parece tener apuro. Al cierre de esta edición, no había enviado al Congreso la opinión elaborada por sus técnicos sobre el proyecto de ley. “Pudiera ser que el ministro tenga una opinión distinta a lo técnico”, reconoce Juan Falcón Ugarte, secretario general del Minedu, en comunicación con este medio.

El tibio comunicado que la cartera publicó el 12 de diciembre muestra, en cambio, otra posibilidad: que el ministerio juegue en pared con el Parlamento. “Defendemos la autonomía de Sunedu, sin embargo, señalamos con transparencia que hay aspectos de la reforma que necesitan ser mejorados”, se lee en el escrito. Un tono opuesto al de los informes técnicos que Sudaca ha podido revisar. José Luna Gálvez, el mandamás de Telesup, debe haber esbozado una sonrisa.

 

MINEDU VS MINEDU

Fuentes de Sudaca señalan que en la interna del Minedu se vive una relación tensa entre los técnicos que se han manifestado en contra la iniciativa legislativa y el ministro Carlos Gallardo, quien tendrá la última palabra antes de enviar su opinión a la comisión de Educación.

El proyecto de marras propone que el jefe de la Sunedu no lo elija el Minedu, sino un consejo formado -entre otros- por dos representantes de las universidades del Estado y uno de las particulares. Es decir, los fiscalizados pasarían a ser sus propios fiscalizadores. El pasado 10 de diciembre se aprobó el dictamen favorable a este proyecto.

Para elaborarlo, a mediados del mes pasado, la Comisión de Educación pidió la opinión técnica del Minedu y los funcionarios de esta cartera se pusieron en marcha. El 25 de noviembre, la jefa de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu), Catie González, envió un informe a la viceministra de Gestión Pedagógica, Nelly Luz Palomino. El documento concluía que la iniciativa era “no viable”.

Informe de la Digesu.

El principal punto -señala el escrito- es que existe un antecedente del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que fundamenta el rol rector del Estado y la existencia de una superintendencia independiente. “Puede colegirse que los artículos que pretenden modificarse por el proyecto de ley son artículos que deben su existencia a un mandato constitucional (…) además, establece expresamente que el Minedu asume el rol rector”, se lee.

La Digesu también apunta que, con esta propuesta legislativa, el Consejo Directivo de la Sunedu pasaría a ser un órgano político. Lo que “significaría un retroceso en todo el avance técnico que se ha logrado, en busca de la calidad en la educación superior universitaria».

El informe de Catie González fue trasladado a la Oficina General de Asesoría Jurídica (Ogaj) del Minedu, liderada por Luis Rodríguez. Este funcionario también emitió un oficio con su opinión técnica al secretario general, Juan Falcón Ugarte, el pasado 2 de diciembre, ocho días antes de la aprobación del dictamen.

Dicho informe legal también señala que el proyecto de ley es inviable y apunta: «la propuesta de incorporar cuatro representantes de las universidades públicas y privadas podría vulnerar el principio de imparcialidad al generarse posibles escenarios de conflictos de intereses». Además, aclara que la actual forma de designación del superintendente no supone una intervención política.

Informe de la Ogaj.

El informe, finalmente, indica que no es exacto afirmar que el consejo directivo carece de representatividad universitaria dado que tres docentes de universidades públicas (2) y privadas (1) lo conforman.

Sudaca conversó con el secretario general del Minedu, Juan Falcón, quien señaló que la demora en enviar la postura oficial al Congreso responde a un tema burocrático. “Lo que sube a secretaría no es la opinión institucional, es de los sectores, de la parte técnica. El tema pasó de secretaría al Gabinete de Asesores, que ve la opinión de las áreas, las socializan con otros asesores especializados, visualizan la opinión del ministro y, luego, sale la opinión del sector”, explica.

No hay una respuesta clara sobre la demora ante un tema crucial. Falcón agrega que la respuesta formal del ministerio debería enviarse a más tardar mañana miércoles, y que hubo demoras por los fines de semanas y feriados. Además, planean pronunciarse también por el proyecto de ley que propone otorgar dos años más de plazo para universidades que no obtuvieron el licenciamiento. El dictamen sobre esta iniciativa también fue aprobado el 10 de diciembre.

“Se envió el 2 de diciembre [el informe de Ogaj], pero formalmente entró a despacho el 6. Estamos juntando los dos proyectos para dar la respuesta y ahora está en Gabinete de Asesores”, apunta. El secretario reconoce que podría entrar a tallar en la postura del Minedu “la visión pedagógica del ministro y del Gabinete [de Asesores]”.

Según las fuentes del Minedu que conversaron con Sudaca no es habitual que un ministro ponga trabas a un tema con informes de esta naturaleza. «En realidad lo único que ha faltado ahí es un oficio de la secretaria general haciendo llegar la postura institucional. Es solo un trámite. No se pueden sopesar criterios políticos cuando se trata de políticas públicas, sino la opinión técnica y legal del sector. Me parece que es claro que lo que el ministro quiere hacer es debilitar a su propia área técnico-legal», cuenta una fuente con conocimiento del tema.

“Lo habitual es que el ministro correspondiente la eleve [los informes técnicos] al Congreso, si está de acuerdo. De lo contrario, tiene la potestad de elevar la opinión que él considere conveniente o no hacer. Generalmente, el funcionario, por ser de confianza, opina igual que lo que piensa el ministro. Pero si un ministro ve que un director no guarda coherencia con lo que él piensa, entonces vienen los problemas. Yo, como director, renunciaría», apunta el exministro Idel Vexler.

Las baterías de Perú Libre ya estaban cargadas contra la Sunedu desde la campaña electoral, cuando en mayo Pedro Castillo dijo que su gestión iba a “revisar” y “corregir” el accionar de la superintendencia. Oswaldo Zegarra, jefe de la Sunedu, alertó recientemente sobre la nula relación que tienen con esta cartera. 

«Con [el exministro] Cadillo comenzamos a establecer mesas de trabajo para ver la situación de estudiantes y con este ministro [Carlos Gallardo] hemos tenido una sola oportunidad de conversar, no precisamente para ver la mejora de los proyectos que el Minedu piensa impulsar y manteniendo nuestra autonomía en aspectos técnicos», dijo ayer a RPP. Mañana por la tarde, se ha convocado a una marcha contra este ataque parlamentario a la reforma universitaria. ¿Irá finalmente Gallardo en contra de la opinión de sus técnicos?

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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carlos gallardo, Minedu, SUNEDU

Comentamos el tibio comunicado del Ministerio de Educación sobre el ataque parlamentario a Sunedu. Los chats de Castillo sobre ascensos militares. ¡Y Bolivia en la política peruana!

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Lima – Perú

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Minedu, Podcast, SUNEDU

Se está discutiendo si es que se podrá volver a clases en marzo del 2022. Es urgente hacerlo. Por falta de liderazgo del MINEDU desde que inició la pandemia, no se ha podido regresar a clases semipresenciales y presenciales con mayor rapidez. En lugar de poner en duda el retorno a clases, deberíamos estar discutiendo estrategias para recuperar clases en verano y extender jornadas escolares para ayudar a recuperar aprendizajes a los alumnos.

Se está discutiendo sobre el cierre arbitrario de algunas operaciones mineras en Ayacucho. Deberíamos estar concentrados en encontrar estrategias para duplicar nuestra producción minera y poner en operación múltiples yacimientos de gran potencial. El debate debería ser en cómo el Estado asume un rol mayor para atender las necesidades de la población. Se debe evitar la confrontación empresa vs. comunidad.

Se está discutiendo sobre la reforma tributaria para incrementar la recaudación marginalmente. Deberíamos estar discutiendo una estrategia para formalizar la economía y el empleo. El debate debería ser integral y cubrir aspectos diversos de la protección social incluyendo salud, pensiones, seguro de desempleo y, por otro lado, aspectos varios del desarrollo productivo e incremento de la productividad de las empresas y trabajadores.

Se está discutiendo de la contaminación del agua y de la minería en cabeceras de cuenca. Es un debate amplio que se debería tener. La gran minería es una actividad que gestiona sus impactos ambientales. Si existiesen incumplimientos deben ser identificados, sancionados y corregidos. Sin embargo, en la minería ilegal e informal hay mucha contaminación y no se está gestionando. Además, la gestión del agua es otro punto ausente del debate.

Se está discutiendo de la vacancia o el cierre del Congreso. Deberíamos pensar en cómo vamos a evitar estar de vacancia en vacancia. El tema nunca debió entrar a la agenda ni con PPK ni con Vizcarra. El reto es cómo fortalecer partidos políticos y el sistema electoral de modo que los políticos electos rindan cuentas ante los electores y mejore la oferta política.

Debemos empezar a discutir los temas sustantivos. Dejar el clientelismo, populismo que llena los espacios políticos. La lucha contra la corrupción es clave y no debemos normalizarla en ningún escenario.

 

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Minedu, Minería, Nathan Nadramija, reforma tributaria

“No me he podido preparar en comprensión lectora”, reconoce el profesor de Matemáticas, Física e Inglés, Juan Luis Zegarra, que enseña en el colegio ‘Julio César Tello’ de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima. El docente, que trabaja hace más de 24 años y aún no está en la planilla del Minedu, dice que está casi seguro que saldrá desaprobado en el examen de nombramiento que rindió ayer sábado. «Me faltó contestar 15 preguntas de letras», asegura.

Ayer, más de 250.000 docentes contratados de todo el país rindieron una evaluación para obtener una de las 37.000 plazas y conseguir el anhelado ‘nombramiento’. Es decir, ingresar a la planilla del Minedu con todos los beneficios de ley. 

La prueba está dividida en tres partes: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimiento pedagógico de la especialidad. Para aprobar el examen se debe responder correctamente al 60% o más de las preguntas de cada área.

 

Los docentes Sonia Roque, Juan Luis Zegarra, Jorge Recines y Martha Dueñas confirmaron a Sudaca que no todos sus colegas pudieron prepararse, para dar la evaluación, en academias o grupos de estudio, porque no tenian los recursos económicos. Pidieron además suspender el examen (foto: Juan C.Chamorro).

La única vez que Zegarra estuvo cerca de ser ‘nombrado’ fue hace más de 16 años, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En ese tiempo, recuerda, no se rendía examen como ahora. “Estuve apto para que me nombren en provincia. Allí era entrevista personal y [evaluación de] experiencia. No había examen. Saqué el puntaje mínimo para que me nombren. Pero, me descuidé y no viajé”, comenta, y lamenta la oportunidad perdida.

Asegura que en el 2019, bajo el actual modelo, no le quedó tiempo para contestar todas las preguntas de comprensión lectora y cultura general. Salió desaprobado. Zegarra, de 54 años, lamenta no haber tenido dinero para pagar una clase en alguna academia o en un grupo de estudio donde preparan a los docentes para este examen. Hay academias cuya clase de preparación puede llegar a costar S/50 soles, como es el caso del ‘Grupo Auge’, conocido entre los docentes. El profesor Zegarra no tiene hijos, pero su madre y su pareja dependen de su magro sueldo de S/ 2.000.

“No tengo los recursos. Tengo a mi hijo en la escuela militar y no me alcanza para pagar ni los S/20 que cuesta tomar una clase de preparación”, dice la profesora Marta Dueñas Ayala, del centro educativo inicial ‘Paraíso’, de Lurín.

Otros de sus colegas sí lograron pagarse una academia, un negocio que cada dos años -el tiempo en que se realizan las evaluaciones a docentes- parece hacer su agosto. Y es que algunos profesores no se sienten capacitados para afrontar las secciones del examen que no son de su especialidad.

La profesora de Comunicación Sonia Roque, por ejemplo, dice no tener vergüenza al contar que viene siendo desaprobada desde hace años. No puede con las preguntas de razonamiento lógico-matemático. “Es mi debilidad, por más que me preparo e invierto en una academia o con algunos amigos, no es mi especialidad. Yo soy de Comunicación. [Razonamiento lógico-matemático] lo dejo para última hora y ya no me da tiempo para resolverlo”, señala la docente, que enseña en el colegio para jóvenes y adultos (CEBA) ‘Ollantay’, en San Juan de Miraflores, 

Jorge Recines Padilla, que enseña Lengua y Literatura, también se dio tiempo para participar en un grupo de estudios gratuito en Whatsapp. Apenas pudo repasar porque trabaja, además, como vigilante privado en un condominio.

Recines, que labora en el colegio para jóvenes y adultos (CEBA) ‘Pronoepsa’, en Breña, tiene que dobletear para pagar un préstamo bancario por el que le descuentan S/1.100 de sus S/2.200 de sueldo. El profesor tiene a su cargo una hija de 22 años y a su madre, María Angélica Padilla Delgadillo, una profesora cesante con 38 años de servicio que ha llegado a ser premiada con las Palmas Magisteriales.

En su examen de ayer, cuenta, solo respondió la mitad de las preguntas en el área de lógico-matemática. “En razonamiento verbal puedo sacar 20; en lógico-matemática, 10; en conocimiento pedagógico, 15. Pero, como he desaprobado matemática, estoy jalado. El examen técnicamente está hecho para jalar”, dice.

Hay otras quejas. La profesora de primaria Amelia Sánchez, por ejemplo, dice tener nueve años como docente contratada y haber rendido ya cinco evaluaciones. Pero hasta ahora no ha podido ser ‘nombrada’. Recuerda que en las últimas evaluaciones le fue bien en la primera fase, la del examen. No obstante, en la siguiente etapa, que consiste en que un jurado evalúe el desempeño de la docente en un simulacro de clase, no consigue avanzar.

“Cuando uno pasa a la segunda fase, allí se presentan 20 profesores para competir [por una plaza]. Obviamente, se ve ‘amiguismo’ [se refiere a favoritismo], pero no tengo las pruebas [para denunciarlo]”, señala. En esta ocasión, Sánchez, que trabaja en el colegio ‘Javier Heraud’, ubicado en San Juan de Miraflores, también optó por recibir clases en una academia. Dice haber desembolsado en total S/200.

La academia más solicitada, para preparar de forma virtual a los profesores para el examen, fue el ‘Grupo Auge’. Daban cursos hasta en la madrugada.

A los gastos en academia, otros le suman factores emocionales. La profesora de Arte, Sonia Apcho, madre de tres hijos, dice que cada dos años sufre de cuadros de estrés y ansiedad porque tiene temor a no pasar la prueba. “Llega diciembre y todos los contratados vamos a sufrir de eso. Es una preocupación. Nos podemos quedar en la calle y, otra vez, a comenzar de cero, a buscar trabajo”, dice la docente del colegio ‘Alfonso Ugarte’, de San Juan de Miraflores. Y es que una nota muy baja puede hacer, incluso, que otro colega la reemplace en el colegio donde trabaja.

Debido a la pandemia, sus gastos han aumentado porque tiene que pagar ahora el Internet en casa y ha tenido que adquirir un celular de alta gama para grabar y almacenar sus videos y enviarlos a sus alumnos. Con miras al examen, ha invertido S/120 en seis clases virtuales. No pudieron ser más porque “económicamente, todos los docentes nos hemos visto afectados en la pandemia, porque no hemos podido desarrollar otro tipo de trabajos”. La docente añade: “También porque hemos sufrido la pérdida de familiares y eso ha hecho que tengamos que gastar más”.

 

Los profesores Sonia Apcho, Franklyn Mendoza y Amelia Sánchez aseguraron a Sudaca, por separado, que el modelo del examen debe ser cambiado (fotos: Juan C. Chamorro).

 

LA FILTRACIÓN

Por esa razón, algunos profesores ven con esperanza que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda anular la prueba del pasado 13 de noviembre debido a la filtración del examen. Sudaca pudo tener acceso, la noche de ayer, a un examen de 50 preguntas de razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora con las respuestas marcadas. Según los profesores Jorge Recines y Sonia Apcho, las preguntas eran similares a las que les hicieron en su evaluación.

La profesora Sánchez, por su parte, dice que la filtración era un secreto a voces desde el jueves pasado. “Incluso dicen que ya están vendiéndolo en provincias. Yo soy de Cajamarca y me dicen mis paisanos que varios lo tienen”, añade. Los congresistas de Perú Libre, Hamlet Echeverría y Wilson Rusbel Quispe,  fueron las primeras autoridades en solicitar al Minedu una investigación por la filtración del examen de los docentes.

El ministerio de Educación anunció el inicio de las indagaciones, pero no se pronunció sobre una posible suspensión de la prueba. ¿Cómo acabará esta historia?

 

Razonamiento lógico-matemático by Juan C Chamorro

Este es el examen de 50 preguntas de razonamiento lógico matemático y comprensión lectora que le fue entregado a Sudaca. Esta prueba es similar a la que se tomó ayer sábado, aseguraron a Sudaca los profesores Sonia Apcho y Jorge Recines.

(*) Fotoportada de informe periodístico: Darlen Leonardo

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“Por los cuidados que necesita un hombre de 81 años, cuidas de mi alimentación y alegras mi día”, escribió en su cuenta de Twitter, el 28 de octubre, el ministro de Educación Carlos Gallardo. Era un mensaje dedicado a su hija, Ynés Gallardo Calixto. “Alimentarlo”, sin embargo, no parece ser el único motivo de las recurrentes visitas de su retoña.

De acuerdo con el registro del Ministerio de Educación (Minedu), Ynés Gallardo, de 54 años, acumula cerca de 135 horas de visitas a la sede de la cartera. En total, ha ido 17 veces desde el pasado 12 de octubre, poco después de que Carlos Gallardo asumiera las riendas del sector. La hija del ministro siempre se dirige a un piso en especial, el 12, desde donde despachan los altos funcionarios del ministerio.

 

Allí, según se advierte en el registro, Ynés Gallardo asiste a “reuniones de trabajo” con su padre. Durante las horas de sus visitas, por ejemplo, ha coincidido en nueve oportunidades con Alfredo Rodríguez, asesor del despacho; y en seis ocasiones con Víctor Rodríguez Rabanal, sociólogo y asesor II del ministro desde el 21 de octubre.

También ha estado 13 veces junto al excongresista del extinto Frente Amplio, Edgar Ochoa Pezo, pese a que este no está nombrado, ni es funcionario del Minedu. Hasta inicios de octubre, Ochoa se desempeñaba como asesor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Tan solo esta última semana, Ochoa fue tres días para sostener “reuniones de trabajo” con el ministro Gallardo. Ynés Gallardo, de acuerdo con el registro, también estuvo presente en el lugar. Según fuentes del ministerio, pronto Ochoa sería nombrado nuevo jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), entidad que maneja un presupuesto anual de más de S/1.300 millones.


La semana pasada, América Noticias mostró los lazos de amistad que tendría Ynés Gallardo con la educadora Maritza Sánchez Perales y la psicóloga Carolina Lizano Espinoza. Ambas fueron nombradas en importantes cargos bajo esta gestión: la primera como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la segunda como jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica.

La hija del ministro estuvo en el piso 12 al mismo tiempo que ambas funcionarias, incluso antes de que fueran designadas en sus puestos. Con Sánchez, coincidió en siete oportunidades; mientras que con Lizano, en 11 de los 17 días que fue al ministerio.

Ynés Gallardo también estuvo en el Minedu el pasado miércoles 3 de noviembre, entre las 10:22 a.m. y las 12:24 p.m., cuando el presidente Pedro Castillo visitaba el ministerio. Todas sus visitas registradas hasta antes del 4 de noviembre responden a “reuniones de trabajo”. Luego de que RPP revelara la cantidad de veces que ha visitado a su padre, los registros cambiaron y pasaron a llamarse “otros motivos-visita personal”.

Bajo esa denominación, Ynés Gallardo volvió a visitar el Minedu el 4 de noviembre, el día en que se llevó a cabo el voto de confianza en el Parlamento. Permaneció una hora y 40 minutos.

Sudaca buscó varias veces a Gallardo Calixto, quien prefirió no responder a nuestras consultas. Sí se pronunciaron desde el Minedu, negando que ella tenga algún tipo de participación en las labores del ministerio. «Su presencia obedece a las relaciones de cariño y respeto que existen en todas las familias y son parte de su ámbito íntimo y privado», respondieron ante nuestra inquietud. No se entiende -entonces- qué significa una “reunión de trabajo” para el ministro Gallardo, ni por qué su hija coincide tanto con asesores y funcionarios posteriormente nombrados. 

Fuentes de alto rango del Minedu, sin embargo, desmienten la versión oficial, aunque piden mantener la reserva de sus nombres por temor a represalias. Dos funcionarios dicen, por ejemplo, que las mamparas de las oficinas del piso 12 se empezaron a cerrar cuando asumió Gallardo y que había que pedir permisos inusuales para acceder a este piso. Antes no era así. Las mismas fuentes opinan que ello se debe a que el ministro no quiere que vean con quién despacha y, por tanto, con quiénes decide las políticas del sector. 

Cuatro trabajadores del Minedu con los que conversó Sudaca señalan que el ministro busca el apoyo de su hija debido a su avanzada edad. Segundo Vásquez, secretario general de la Fenate Perú, con quien Gallardo se reunió el último viernes, también reconoce que el viejo sindicalista ya no es el mismo. “Su comportamiento y temperamento no es igual que el de alguien menor. Es lo normal de su edad”, dice.

 

JUGANDO CON EL CARGO

La última visita que registra Ynés Gallardo es la del 5 de noviembre. Estuvo aproximadamente siete horas, siempre en el piso 12. Ese fue el primer día de la gestión de Carlos Gallardo con el voto de confianza del Congreso. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Recibir a los dirigentes del gremio de maestros que fundó Pedro Castillo, la Fenate Perú.

Gallardo se reunió en una maratónica jornada con una treintena de dirigentes de ese sindicato. En dicha reunión, la Fenate Perú presentó su pliego de reclamos y, luego de varias horas, acordaron armar siete mesas de trabajo sobre distintos puntos. Sin embargo, al momento de discutir sobre el examen de nombramiento de los profesores del próximo 13 de noviembre, ambas partes no parecían llegar a un acuerdo. La reunión, entonces, se tornó tensa.

El ministro sostuvo que era imposible postergar el examen por lo avanzado del proceso y que una salida para ello podría ser una iniciativa legislativa para cambiar la evaluación a futuro. Pero no era una solución inmediata. La Fenate, por su parte, insistía en aplazar la prueba a cómo dé lugar.

Gallardo entonces puso su cargo a disposición del gremio, según dos fuentes confiables que estuvieron en dicha reunión. “Gallardo les dijo que eso les podía ofrecer y que, si no aceptaban, renunciaba”, señala uno de los presentes a Sudaca.

Mauro Concha, dirigente de la Fenatep por Apurímac, otro de los asistentes a dicha reunión, confirma la versión. “Gallardo dijo que si no le entendían, daría un paso al costado. Somos conscientes de que no está cometiendo un acto irregular, está dentro del marco legal [el no aplazar el examen de nombramiento]. Nosotros tampoco encontramos fundamentos legales para ir en contra de lo que propuso”, asegura el dirigente.

Así las cosas, parece que la influencia del gremio de profesores, que según Vasquez acumula ya más de 150.000 afiliados a nivel nacional, puede tranquilamente sacar a un ministro.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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“Si sigue con la misma política [del exministro Juan Cadillo], pediremos la reorientación del ministerio y, en ese camino de reorientación, tiene que salir”, asegura a Sudaca el secretario general de la Fenate-Perú, Segundo Vásquez. Se refiere al actual ministro de Educación Carlos Gallardo, excompañero de luchas de este gremio.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) no la va a tener nada fácil con la Fenate-Perú. Si pensó que iba a calmar las aguas con su reciente anuncio de que se nombrarán (entrarán a planilla) profesores que “durante años” han venido siendo evaluados, se equivocó. 

Los anuncios realizados ayer por el ministro de Educación, Carlos Gallardo, en conferencia de prensa, no han caído nada bien en la Fenate.

“En el Perú, para el nombramiento, se presentan 220.000 maestros. A todos no se les puede nombrar, tienen que ser a aquellos que reúnan las competencias profesionales para el ejercicio de una docencia de calidad”, declaró ayer Gallardo durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Vamos a avanzar con una disposición […] para que quienes han pasado decenas de evaluaciones ya sean nombrados”.

El anuncio no ha caído bien en el sindicato que hizo conocido al presidente Castillo tras la huelga de 2017. Ellos demandan el nombramiento de los profesores contratados bajo la ley N°30328 -régimen parecido al CAS-, que tengan tres o más años en el sector. No solo de algunos que hayan pasado “decenas” de evaluaciones, como ha anunciado ayer Gallardo, que entienden que son los que tienen 10 años con contrato y no menos. La propuesta de Gallardo, para la Fenate, solo beneficiaría a 20 mil docentes. 

La Fenate-Perú calcula que son 100.000 profesores los que deberían ser pasados a planilla. Según cifras del gremio, hay alrededor de 350.000 ya nombrados, pero las cifras del Minedu indican que son 405.000. Una diferencia que seguro también será materia de discusiones entre la cartera que dirige Gallardo y los sindicalistas.

Otra demanda de la Fenate-Perú es la suspensión de las evaluaciones a los profesores que está programada para el próximo 13 de noviembre. También buscan el cambio del enfoque de género por el “enfoque científico” en el modelo educativo que se implementará con el nuevo currículo escolar, tal como informamos en mayo. La posición de la Fenate-Perú está plasmada en su “plan de reorientación”.

“El currículo debería tener vigencia a partir del próximo año -señala Vásquez- con la participación de padres de familia, alumnos de secundaria, alumnos de institutos y de universidades, y catedráticos”. Y añade: “Nosotros queremos una educación científica: un enfoque científico, democrático, tecnológico, humanista, porque esta educación de ahora ha descuidado la formación de valores. La cuestión de género hay que tomarlo como algo natural y no darle mayor importancia”.

El dirigente de la Fenate dice que, como las evaluaciones a los docentes “están a la vuelta de la esquina” y el ministro aún no los recibe, van a movilizarse. Aunque siguen apostando por un diálogo que hasta ahora no se da. 

La amenaza no debería ser pasada por alto. La Fenate-Perú impulsó la salida de Juan Cadillo a inicios de este mes. El gremio pidió su renuncia al presidente Pedro Castillo el 1 de octubre, en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno, tal como informó Sudaca. Vásquez explicó que pidió la salida de Cadillo porque se negó “a reorientar el Minedu».

“Tarde o temprano tenía que darse [mi salida]. Yo tenía como meta, por lo menos, llegar a diciembre”, cuenta a Sudaca el exministro de Educación, Juan Cadillo, al recordar la forma en la que fue removido del cargo, el 6 octubre. Fue a través de un mensaje por Whatsapp enviado por el presidente Castillo. El exministro dice que el mandatario no le dio los motivos en el mensaje.  

Cadillo señala que los dirigentes de la Fenate-Perú “siempre se opusieron” a su nombramiento. “El sindicato expresó su malestar porque no quería que yo fuera ministro. En el equipo hablábamos que, si llegábamos a diciembre, iba a ser algo increíble”, dice.

Segundo Vásquez, por su parte, recuerda que en una reunión que tuvieron con Juan Cadillo -antes de que sea ministro- le manifestaron que el plan que tenía no favorecía a la educación nacional. “[Cadillo] sabía que íbamos a presionar, necesariamente [para su salida]“, añade.

Vásquez apunta ahora su artillería contra Gallardo y señala que, si viene actuando como hasta ahora, “no durará” en el cargo como su antecesor. “Nosotros, en nuestra huelga [del 2017] hemos traído abajo un Gabinete y lo menos [difícil] será el ministro del área”, asegura. Vásquez alude al cambio de Gabinete de setiembre de aquel año, en el que Mercedes Aráoz entró en reemplazo de Fernando Zavala.

En la Fenate están disgustados con Gallardo porque, según ellos, viene “ignorándolos”. El sindicato que fundó Pedro Castillo reclama por una fecha para que su gremio pueda reunirse con el ministro y hacerle llegar su ya mencionado “plan de reorientación”. “La secretaria de oficina de diálogo [del Minedu] nos ha dicho que estamos a la espera y primeros en la fila, pero, como buen peruano, el ministro desconoce la cola y está pasando a sus amigos [a su oficina]”, señala.

Vásquez sostiene que lo que le interesa a la Fenate-Perú “es el cambio de la política educativa”. “Y, si va a seguir con lo mismo del señor Cadillo y si es cierto que no va a cambiar, tendrá que irse el señor”, añade. Se refiere a Gallardo. 

 

TUMBARSE AL SUTEP

Con quienes sí se ha reunido Gallardo ha sido con el bloque magisterial de la bancada de Perú Libre. Un día después del nombramiento en el Minedu, el pasado 7 de octubre, el ministro de Educación recibió en su despacho a los congresistas Fernando Herrera [quien falleció hace algunos días], Edgar Tello, Álex Paredes, Katy Ugarte, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina.

La Fenate-Perú ha pedido la nulidad de la inscripción del Sutep. Quiere ser el único sindicato de los maestros.

 

La congresista Katy Ugarte cuenta a Sudaca que le pidieron al ministro que el sueldo de los profesores no sea menor a 1 UIT (que actualmente es de S/4.400), que implemente el servicio de internet en todos los colegios donde se realizan las clases semopresenciales, que cumpla con la entrega de laptops para alumnos y docentes, y la recuperación en el currículo escolar de cursos sacados como Educación Cívica, Economía, Filosofía e Historia del Perú (que ahora está incluido en el curso de Ciudadanía y Ciencias Sociales). 

Segundo Vásquez dice que esa cita no fue coordinada con su sindicato. “Tenemos escasas coordinaciones con la ‘bancada magisterial’”, señala.

Mientras esperan por una cita con Gallardo, en la Fenate-Perú ya se están llevando a cabo otros planes que apuntan a dejarlos como únicos representantes de los profesores a nivel nacional. El pasado 21 de octubre, el gremio envió a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, un documento pidiendo la nulidad de la inscripción del Sutep. “Le hemos pedido a la ministra de Trabajo que anule la inscripción del Sutep porque no cumple con los requisitos que le dieron en su inscripción, en 1984”, señala Vásquez.

“En la misma resolución le recomiendan que tiene que adecuar su estructura a una categoría de gremio nacional [con dos gremios regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Sindical del Ministerio de Trabajo, ROS] y no lo ha hecho. En 1995 le reiteran y tampoco lo ha hecho”, agrega. 

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, asegura a Sudaca que el artículo 57 de la ley Servir, que exige como mínimo tener dos gremios regionales inscritos en el ROS, no se puede aplicar porque es posterior a la creación de su sindicato. “La ley no es retroactiva, pero sí se le puede aplicar a la Fenate-Perú porque nació en el 2017. Esto es un tema político”, dice el dirigente, que no cree que el pedido de la Fenate prospere “porque sería algo injusto e ilegal”. Por el momento, el Sutep ya hizo sus descargos ante el Ministerio de Trabajo.

Del Sutep al Ministerio de … by Juan C Chamorro

El Sutep ha solicitado al Ministerio de Trabajo la nulidad de la inscripción de la Fenate por haber recibido supuestamente ayuda del gobierno.

De la misma forma, el 31 de agosto, el Sutep también pidió la nulidad de la inscripción de la Fenate por el presunto favoritismo de parte del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, en su inscripción. “Él [Maraví] fue juez y parte”, apunta Castro, y recuerda que el presidente Castillo también fue parte de ese gremio.

El ministro Carlos Gallardo, que fue la inspiración del escritor Oswaldo Reynoso para crear el personaje ‘Cara de Ángel’, protagonista del célebre libro ‘Los Inocentes’, puede estar con las horas contadas en el Minedu.

Lucio Castro señala que, a fines de noviembre, tal como lo exige la ley de negociación colectiva, vence el plazo para que los sindicatos puedan demostrar quién tiene más afiliados. “Allí se verá cuál es el sindicato que tiene mayor representatividad”, añade. Castro dice no tener problema de que ambos gremios puedan convivir en el sector educación, ya que los profesores “elegirán a qué sindicato afiliarse”. La convivencia, sin embargo, promete  conatos de bronca.

(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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