En 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación contra Castillo Venegas, luego de que se difundieran grabaciones de 2015 en donde él estaba involucrado y que configuraban un presunto delito. Por entonces Castillo era Decano de la mencionada facultad y miembro de una comisión para un concurso público de contratación de docentes. En la conversación grabada –por un profesor de la facultad–, Castillo Venegas hablaba de un manejo político de este concurso.
Castillo: De cuatro vacantes, que César me pida una, bueno, sí es factible darle. Pero, de una, que me pida una, ni fregando [risas]. Eso es imposible, eso no lo vamos a practicar ni fregando, si sabe que es la perpetuidad del grupo, aquí interno ¿cierto?, ese es el tema. Por eso, mira tú, dile a Armando, todo mi cariño para él, pero que se está analizando, tanto las fortalezas como las debilidades. Eso le tienes que decir hermano, lo mismo que yo le he dicho. Yo precisamente estoy esperando reunirme con Alberto Chumacero, para ver, y también políticamente…
Profesor: ¿Él también conforma la comisión?
Castillo: Si es su departamento, pues.
Castillo: Para ver, políticamente compadre, tomar una decisión hermano y por ahí transitar, definitivamente esos tres profesores van a ser nombrados, sí o sí, pero para ver quién va primero, tenemos que esperar, ese es el tema.
Cuando le consultamos sobre este tema, el abogado respondió que el caso fiscal ya se había archivado, que en varios campos de la vida –incluyendo los concursos públicos– se “hace política” y que quería “escoger a los mejores”. “No nos rasguemos las vestiduras con un simple decano, con la elección de un profesor”, agregó.
Pero ahí no acaban las controversias de Castillo Venegas. Como asesor legal de la universidad, ha defendido la prolongación del mandato del rector Santos Montaño, pese a que la Sunedu ha reportado indicios de fraude en su elección, lo que debería derivar en una convocatoria a nuevas elecciones. El argumento de Castillo en este caso ya es conocido: la “autonomía universitaria”.
Mientras fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Castillo también fue investigado por la Contraloría debido a un presunto mal manejo de la caja chica para adquirir servicios de impresión, librerías y candados, durante su gestión y la de su sucesor. Según el informe de la Contraloría, los propietarios y encargados de los negocios en cuestión mostraron una boleta de venta distinta a la que declaraba la universidad. Esto la llevó a concluir que las boletas “fueron emitidas por operaciones no reales y/o inexistentes” y que se trataría de “comprobantes de pago presuntamente falsos, cuyo monto asciende a S/ 2,410.00”.
Castillo Venegas se defiende de este caso basándose en la falta de acciones posteriores por parte de la entidad supervisora: “la Contraloría se quedó satisfecha porque no planteó ninguna denuncia ni investigación fiscal. Hay cuestiones más importantes que encargarse de las boletas que estaban cuestionadas, por un importe de 150 soles. Además, la que realiza el importe es una secretaria”, sostuvo.
El abogado y profesor que ha sido elegido por los rebeldes rectores también mantiene tres deudas coactivas de la SUNAT, que suman casi 40 mil soles. “En el Perú, todos tenemos alguna deuda pendiente. Yo reconozco mi deuda y en su momento se va a pagar”, respondió al respecto, pese a que dos de estas deudas son de 2014 y 2015. “Eso está en la esfera de lo personal, amigo: si pago o si no pago. No debería ser cuestionado por eso”, agregó.
Las deudas que acumula Castillo Venegas en la SUNAT
Dentro de los cargos que ha ostentado Castillo Venegas se encuentran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Decanato en el Colegio de Abogados de Piura y la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También dirige ‘Castillo Venegas abogados consultores’, que brinda asesorías en entidades como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Indecopi, entre otros.
Ahora, en sus palabras, va a estar en un “apéndice del Ministerio de Educación”, donde Castillo Venegas asegura que mantendrá su independencia respecto a los rectores que lo eligieron. Para él, la Sunedu ha funcionado, pero debe mejorar con estos polémicos cambios propuestos por el congresista Esdras Medina. Por el momento, se encuentra esperanzado por la apelación que el Congreso presentó contra la decisión de declarar fundada la demanda de amparo.
“Yo creo que el superior de jerarquía, que es la Sala Superior Constitucional, va a resolver. Toca esperar nomás”, afirma. Cuando le preguntamos si no consideraba prudente, entonces, esperar a la decisión en segunda instancia para aceptar el cargo en la Sunedu, dio una peculiar respuesta: “Lo prudente es otra cosa, nosotros nos manejamos por el tema de legalidad”.
Ya son varios los excolaboradores de Serna que han entrado a ocupar jefaturas en el Minedu. Uno de ellos es Julio César Apaza Cuarite, designado en abril director de la Dirección de Educación Primaria de la Dirección General de Educación Básica Regular.
Otro viejo conocido de Serna que ha entrado al Ministerio es Yonson Tarazona Tucto, designado en marzo pasado como jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo de la Oficina General de Administración. Él también acompañó a Serna cuando este era director regional de educación en Huánuco. Allí ocupó el puesto de director de gestión administrativa.
Serna conocía a Tarazona Tucto tras su paso por la DRE de Huánuco y hasta se encargó de presentarlo.
Más todavía llama la atención el caso de Hilmer Carlos Marchan Coz, quien fue director de la UGEL Huánuco. Él fue designado en junio pasado como director de Evaluación Docente, pese a que en 2020 fue uno de los directores que desaprobó la evaluación de desempeño de directores. Dio un tremendo salto: de jalado, pasó a ser jefe de la oficina que elabora los exámenes.
Hilmer Marchán Coz desaprobó la evaluación de desempeño de directores cuando trabajaba en la UGEL de Huánuco.
En esta lista de nuevas designaciones del Ministerio de Educación no solo figuran conocidos de Rosendo Serna, sino también del presidente Pedro Castillo. En junio, Wilson Petrel Mostacero, quien en abril había renunciado al cargo de jefe del Gabinete Técnico de Palacio de Gobierno, fue designado director de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales (DIRI). A Petrel se le involucró en el supuesto ‘gabinete en la sombras’ y tiene una investigación abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. Ahora, curiosamente, está a cargo de la oficina que tiene a su cargo los coordinadores territoriales.
Otra de las cuestionables designaciones en el Minedu es la de Wilson Pretel Mostacero, quien fue acusado de pertenecer al ‘gabinete en la sombras’ del presidente Castillo y tiene una investigación abierta.
Sudaca se comunicó con el Ministerio de Educación para pedir la versión del titular del pliego sobre estas preocupaciones y quejas de sus propios trabajadores. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.
No es la primera vez
Cabe señalar que este comportamiento hostil de Serna hacia los trabajadores que dependen de él no es nuevo. En Huánuco, durante su época como director regional de educación, tuvo actitudes similares.
Esos fueron los casos de Jessenia Del Pilar Berna Venturo y Anthony Kenneth Jara Silva, dos trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Huánuco que debieron recurrir a la justicia para evitar que se les deje sin trabajo de forma injusta. Ambos lograron que se ordene su reposición laboral.
Jessenia Del Pilar Berna Venturo debió recurrir a la justicia para obtener una medida cautelar y obtener su reposición laboral
Anthony Kenneth Jara Silva fue otro de los trabajadores que solicitó una cautelar contra la decisión tomada por la DRE de Huánuco en la época que Rosendo Serna era director.
Desde que se confirmó que Pedro Castillo sería el presidente de la República, el futuro del Ministerio de Educación se convirtió en un tema de mucho interés. Había mucha incertidumbre y expectativa respecto a qué haría con este sector un presidente con antecedentes de profesor de escuela rural, que se hizo conocido como dirigente sindical y que prometía grandes apuestas por la educación. Un año después, parece claro que no habrá ninguna revolución educativa y la única apuesta del Ejecutivo es el copamiento del sector.
El que finalmente había recibido la buena pro de este proceso hoy anulado fue Meler Neyra Santur, un hombre de 27 años que se dedica al transporte de carga desde el 2013, según la SUNAT. Neyra no es un proveedor nuevo para el Gobierno Regional de Piura: tan solo en 2021, firmó siete contratos con la entidad por uj total de S/790.000. Todos estos servicios estaban relacionados a traslado de materiales en el rubro de Educación.
La participación de Neyra en procesos públicos con la entidad data incluso de años anteriores a la pandemia. Una nota del diario Correo de 2019 alertó que él era uno de los que más contratos había ganado entre 2015 y 2018. Obtuvo más de S/400.000 en esos años producto de adjudicaciones sin haber tenido experiencia previa en el sector, según el mencionado medio. Cabe resaltar que en ese entonces, Neyra recién tenía entre 20 y 23 años.
Contactamos a Neyra por medio de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta.
«Meley Neyra Santur, quien recibió la buena pro en la cuestionada adjudicación y tiene numerosos contratos previos con el Gobierno Regional de Piura (foto: Facebook)»
También pedimos los descargos del director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, quien aseguró que se están tomando medidas disciplinarias contra el comité de selección de la adjudicación y que la demora no ha afectado el desarrollo escolar porque “los primeros 15 días de clases se aborda el desarrollo socioemocional”. Esto pese a que las instituciones con las que conversó Sudaca sí reconocen haber sido afectadas. Sobre las pruebas de entrada o de diagnóstico, dice que «el que debería pronunciarse es el Minedu, porque no ha establecido cuándo se deberían tomar”.
El caso de esta singular adjudicación simplificada también ha llegado a la Contraloría y al Ministerio Público. Según César Orrego, la primera se encuentra haciendo un control concurrente del tema, a la par que fiscales de los distritos afectados están evaluando emprender una investigación. “Algunos lo han remitido a fiscales especializados en temas de corrupción de funcionarios”, detalla Orrego.
El colectivo “Educación Superior Perú” y la Defensoría del Pueblo ya han hecho un llamado tanto al MINEDU, para que pueda revertir esta situación modificando la Resolución Ministerial mencionada arriba y hacer las clases presenciales obligatorias, como a la SUNEDU e INDECOPI, entes reguladores de Universidades públicas y privadas. Pero necesitamos que alguien se coma este pleito. ¿Qué hay de nuestros Congresistas jóvenes, que tienen el deber de velar por el desarrollo y productividad de los jóvenes peruanos? Alejandro Cavero, Sigrid Bazán, Diana Gonzáles, Rosangela Barbarán, entre otros. ¿Alguno que esté dispuesto a tomar esta batalla por el futuro de nuestros jóvenes?
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
¿Devolvieron las matrículas o esa era una de las demandas imposibles? Porque recientemente la Comisión de Consumidor del Indecopi los sancionó por no hacerlo.
Nosotros hemos devuelto todo. Ese caso lo hemos apelado y seguramente lo vamos a ganar, porque las normas que salieron fueron muy claras. Se les devuelve a los alumnos que están inmersos en unas condiciones. Si tú no estás en esas condiciones, no aplica. También Indecopi sacó un informe en el que decía qué colegios habían cumplido con la normativa y cuáles no, y entre los colegios que Indecopi dijo que habían cumplido con todo estaba Innova Schools.
Un último tema. ¿El currículo escolar debería tener un enfoque transversal de género?
Creo que es un tema que se ha politizado. Lo que tú tienes que hacer con tu alumno es enseñarle que los seres humanos somos iguales, que tenemos los mismos derechos y oportunidades, que nadie es mejor que el otro hablando de género. Ya está. La discusión que se plantea sobre el enfoque de género a veces no la entiendo.
¿Eso no niega que en las familias de esos niños hay una relación estructural entre hombres y mujeres que no es la misma, y que se está reflejando en el aula?
Un niño entra al colegio a los 3 años y sale a los 16. Catorce años de tu vida pasas en el colegio. Si nosotros no somos capaces de hacerte ver la importancia de la igualdad de género, estamos haciendo mal la chamba. Es similar a lo que sucede con la infraestructura. Tengo colegios en lugares donde son un oasis, una construcción diferente. Me han dicho «este es mucho colegio para esta zona, porque las personas que viven alrededor no tienen servicios higiénicos». No, al contrario, tenemos que decirle a los alumnos: lo que tienes en tu casa es tu realidad, pero no es la única realidad. En el colegio vives otra. Así como allá vives carencias y acá tienes todos lo servicios básicos, allá tienes una diferencia de género y acá no.
¿Cómo tratan temas de educación sexual en Innova Schools?
¿Crees que un alumno a los 13 años no le pregunta a un profesor por la masturbación? ¿Y qué le dice el profesor: «no puedo hablar de eso»? No, son temas naturales. Tenemos una especie de ideario en el que está definido cómo tratar todos esos temas espinosos en clase. Allí hablamos de la masturbación, el embarazo no deseado, el aborto. También tenemos los temas en los cuáles nosotros no participamos y es decisión de la familia.
Dos grandes valores que siempre debemos tener presentes son la empatía y el respeto. La empatía es tan importante cuando estamos juntos socializando. Siempre debemos pensar en el prójimo, ponernos en sus zapatos y antes de reaccionar impulsivamente preguntarnos a nosotros mismos como maestros de qué carece un estudiante. En cuanto al respeto, si bien empieza en el hogar, también es importante que lo emulemos con acciones, puntualidad, imagen prolija, preparación de clases y haciendo pensar a los estudiantes en conexiones que pueden derivar en un gran proyecto al futuro. Estas son algunas estrategias que harán de este año y de la vuelta al colegio situaciones más acogedoras para nuestros jóvenes, que –no lo olvidemos– por dos años se han encontrado confinados, sin una brújula, como fantasmas en plataformas virtuales de enseñanza. Ahora es cuando se tendrán que poner las pilas para poder demostrar sus destrezas en este año escolar que se asoma a la vuelta de la esquina.
Suerte a mis colegas y a los padres para que fomenten el orden, la disciplina, la comunicación y los buenos modales para que nuestros hijos puedan sacar beneficio a este retorno.
Hoy en «Si el río suena»: ¿Estamos listos para flexibilizar medidas de prevención covid?
El gobierno anunció que este miércoles se evaluará en el consejo de ministros aumentar los aforos al 100% y la flexibilización de otras medidas de prevención contra el covid.
Conversamos al respecto con el epidemiólogo Ernesto Gozzer.
Hola amigos. Soy Pedro Guevara y esto es “En pellejo ajeno”. Hoy hablaremos de las Asociaciones Público Privadas como una alternativa para mejorar la educación peruana.
Démosle una mirada a la educación peruana. La expansión de los servicios educativos de las últimas décadas no ha venido acompañada de una mejora en la calidad. La punta del iceberg son los resultados del examen Pisa del 2019, donde ocupamos el puesto 64 entre 77 países. El sector público por si solo, no ha podido ofrecer educación de calidad y de manera equitativa. En resumen, la educación peruana constituye una traición para millones de estudiantes. Es un sistema que genera discriminación y exclusión social.
Veamos los sistemas educativos en el mundo. El problema en el Perú y muchos países del mundo es que el sector público, por si sólo, no ha podido ofrecer educación de calidad y de manera equitativa. La alternativa de solución en muchas partes del mundo: las APP (Asociaciones Público-Privadas). En ese sentido, proponemos (como complemento de la educación pública) el establecimiento de APPs para mejorar la calidad y cobertura de la educación peruana.
¿Cómo y dónde funcionan las APPs educativas? Las APPs como mecanismos de “School Choice” o “escogencia de colegios es una alternativa que funciona en muchas partes del mundo, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo. Tiene su fundamento en la libertad que se les da a los padres, para escoger la escuela que consideren más aptas para sus hijos. Las APPs funcionan para enseñar a estudiantes de todo nivel socio económico, en diferentes modalidades y niveles educativos.
¿Cómo podríamos clasificar a los tipos APPs que proveen servicios educativos? (Ver Tabla adjunta)
Tendríamos que considerar primeramente, quienes ofrecen la provisión del servicio y el financiamiento. La provisión, puede ser privada o pública y el financiamiento también. En un caso extremo tenemos a los centros educativos en los que tanto la provisión como el financiamiento son públicos. Es el caso de las escuelas públicas, universidades públicas e institutos tecnológicos públicos. En el otro extremo están los centros educativos en los que tanto el financiamiento como la provisión descansan en el sector privado. Es el caso de los colegios privados, institutos tecnológicos privados, universidades privadas, la educación en casa y la tutoría.
Lo interesante es cuando -tanto el sector público como privado comparten- el financiamiento o la provisión del servicio. Es el caso en el que el financiamiento es público y la provisión del servicio privada. En este caso tenemos los vouchers. Una alternativa en la que los padres de familia reciben un bono o documento de parte del Estado, que les permite pagar o sufragar la educación de sus hijos, en una entidad privada. Otra modalidad son los contratos con las escuelas. Por ejemplo, se puede contratar a una academia deportiva para que enseñe educación física o entrene a los equipos deportivos del colegio. O una academia de arte para que se encargue de la formación artística en ese centro educativo. Existen también las escuelas en concesión como, por ejemplo, las escuelas de Fe y Alegría, en las que la escuela pública es administrada por una organización privada, una organización religiosa. La subcontratación se da también para determinados servicios, como por ejemplo, el mantenimiento o la construcción de infraestructura.
Otra alternativa es la de provisión pública con financiamiento privado. Este es el caso de pensiones estudiantiles o préstamos estudiantiles.
En el mundo, el sector privado juega un papel cada vez más importante en la educación. El rol del sector privado está creciendo más, puesto que está educando tanto a ricos como a pobres. Está asumiendo nuevos papeles como gestor y operador de escuelas, como consultor (capacitación docente, en diseño curricular y gestión educativa), como proveedor de servicios especiales (a estudiantes con discapacidades, ofreciendo capacitación empresarial, o suplementación alimenticia), e inclusive estableciendo joint-ventures educativos para la construcción y mantenimiento de locales, como es el caso de Proinversión, que en días pasados adjudicó 3 COARS (Colegios de Alto Rendimiento) en los departamentos de Pasco, Huancavelica y Cuzco.
Un caso interesante de APPs educativas es el de Holanda. Funciona desde 1850. La clave está en dar libertad a los padres en un entorno de sana competencia entre los centros educativos. Los padres son quienes escogen el colegio que creen es mejor para sus hijos en función de sus valores y prioridades. Puede tratarse de un colegio que enfatiza la labor artística. Otro que prioriza la ciencia y la tecnología. Otro que enfatice probablemente la educación física y el desarrollo de deportes. En todo caso, el Gobierno financia a todas las escuelas. En Holanda, los privados educan a dos tercios del estudiantado. El Gobierno Central fija políticas educativas y cada escuela es responsable de su gestión. El resultado: un sistema educativo equitativo, eficiente y de alta calidad.
APPs por el mundo: las encontramos en todos los continentes… En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, en Asia, en África. Básicamente los gobiernos buscan sacar provecho de la capacidad y el “know-how” de los privados. Los privados saben cómo educar. Es el caso, por ejemplo, de los jesuitas, que desde el siglo XVII vienen educando en primaria, secundaria, básica regular y en la universidad. En los países de la OCDE, más del 20% de recursos públicos se transfieren a los privados para la educación. Más del 12% del presupuesto educativo va para que los privados eduquen.
En muchos países en vías de desarrollo, tanto en gobiernos de Africa, Asia y América Latina se subsidia a entidades privadas -mayormente entidades religiosas- como es el caso de la Federación Internacional de Fe y Alegría, una red de escuelas privadas que provee servicios educativos en las zonas más pobres de 17 países de América Latina, ofreciendo educación a más de 2.5 millones de estudiantes. ¿Qué hace el Estado mientras tanto? Financia los salarios de docentes, los textos, o los costos por pupilo. Otro caso es el de Chile, en el que se ofrecen “vouchers” de 100 a 140 dólares por mes. Los privados educan al 51% de los estudiantes en primaria y 52% de los estudiantes en secundaria. Y así, con todos sus problemas, Chile tiene hoy los más altos puntajes en los exámenes PISA de América Latina. En Gambia, Lesotho, Kenya, los gobiernos dan subsidios a las llamadas “escuelas independientes”.
¿Cuáles son los argumentos a favor de las APP Educativas? Primero, la mayor competencia y libertad en el mercado educativo. Hay una mayor flexibilidad en contratación y gestión. Los gobiernos, en licitaciones abiertas, pueden escoger proveedores con requerimientos de calidad educativa específicos. La APP, al compartir mayores niveles de riesgo, incrementan la eficiencia en la asignación y generación de recursos hacia la educación. Es decir, la responsabilidad de la educación, recae en el sector privado, compartiéndola con el sector público. En buena cuenta, aprovechan el “know-how” de los privados, para mejorar en calidad y cobertura educativa, principalmente de los más pobres.
¿Cuáles son las posibles ventajas de una APP bien implementada? Primero, aumentaría la eficiencia, las alternativas educativas disponibles y el acceso a servicios de calidad, especialmente de los que actualmente son marginados en las escuelas públicas tradicionales. El gobierno aprovecharía las competencias y habilidades de ciertas organizaciones privadas. El Gobierno superaría las restricciones operativas como la inflexibilidad de escalas salariales y reglas de trabajo que prevalecen en el sector público. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas de Fe y Alegría, en donde pueden escoger a los profesores más competentes y con mayor vocación por la docencia. Esto no siempre sucede en las escuelas públicas.
¿Más posibles ventajas de una APP bien implementada? Los hacedores de política no estarían tan expuestos a las críticas y controversias de la llamada “privatización de la educación”. La palabra privatización es para los políticos, como lo que era la criptonita para Súperman. Pues los gobiernos no quieren saber nada con la privatización. Las APPs ofrecen una alternativa más aceptada en la narrativa política. Los gobiernos podrían enfocarse en canalizar al sector privado para conseguir objetivos educativos específicos, dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, por ejemplo, los estudiantes con impedimentos, los discapacitados, los más pobres, o los que viven en la sierra o la selva, en las áreas rurales con difícil acceso. Ustedes dirán, ¿cómo es que la empresa privada puede tener incentivos para irse a esas áreas de geografía tan difícil? Bueno, pues se recurre a “Premiums” o mecanismos compensatorios: “Si tú como empresa privada me vas a ayudar a educar en la sierra o la selva, entonces vas a recibir un bono o reconocimiento compensatorio por esa labor”. Los gobiernos entonces se convierten en supervisores, ya no en hacedores. Los hacedores son quienes saben educar. Y esto es importante porque el destino de un educando se define en el aula, en el proceso de aprendizaje. Y es dándole a los expertos la posibilidad de ejercer sus competencias que se consiguen los resultados.
Existen contra argumentos y argumentos, a favor y en contra de las APPs. Argumento 1: Las APP podrían conducir a la privatización de servicios educativos y, por tanto, a la reducción del control del Gobierno sobre un servicio público. Hay contra argumentos semánticos y filosóficos. Contra Argumentos Semánticos: ¿Tiene sentido discutir entre lo público versus lo privado en pleno siglo XXI? Contra Argumentos Filosóficos: (a) Debe primar la libertad individual sobre la presencia y las decisiones del Estado. (b) Debe haber un mínimo de igualdad de oportunidades, con un Gobierno o Estado que sea inclusivo. (c) Se genera capital social, porque quienes ofrecen y comparten los servicios educativos, acumulan los conocimientos y la experiencia de los expertos.
Argumento 2: Al incrementar las alternativas educativas para padres de familia y estudiantes, existe el riesgo de segregación socio económica, si los estudiantes mejor preparados acaban autoseleccionándose para las mejores escuelas y éstas a su vez, obtienen los mejores resultados. Contra argumentos: (a) “Segregación´que se base en aptitudes, interés, valores: si, son bien venidos, en buena hora. Así, si un padre quiere poner a su hijo para que desarrolle sus aptitudes deportivas, en buena hora si escoge un colegio que destaca por las actividades deportivas. Si un estudiante tiene aptitudes sobresalientes para la música, entonces el padre probablemente escogerá un colegio en el que se ponga énfasis en la formación musical. (b) Segregación socio económica: No, (c) En buena cuenta se propone que existan Premiums compensatorios para operadores privados y vouchers para estudiantes en necesidad.
¿Cuáles son los factores claves para el éxito de una APP en educación? En primer lugar, depende de qué tan bien se diseñe la asociación entre el sector público y el sector privado. En segundo lugar, del marco regulatorio del país. En tercer lugar, de la capacidad del gobierno para supervisar y hacer cumplir los contratos y asociaciones con el sector privado.
Esto nos permitiría cambiar la visión de los maestros sindicalistas… Hoy en día tenemos maestros sindicalistas que anteponen los intereses políticos del sindicato a los intereses del estudiante. Bajo el modelo de APPs planteado, ¡Los maestros podrían asociarse para constituir empresas educativas! Es decir, en vez de tener maestros sindicalistas, podríamos tener maestros-empresarios para la educación. ¿Cuáles serían los factores clave para conseguir esto? (1) Ascenso en el status social del maestro. Los sistemas educativos en el mundo no son iguales. Así el sistema educativo de Corea del Sur es completamente distinto al sistema educativo finlandés, y este es a su vez distinto al sistema holandés. Pero si algo comparten los sistemas educativos más exitosos en el mundo, es la consideración y respeto que tienen hacia los maestros, que se encuentran en la cúspide de la consideración y el respeto por su status de ser maestros. (2) Incentivos para la capacitación y la innovación (becas para posgrados, diplomados, estudios de pedagogía, gestión e incentivos para innovar). (3) Incentivos económicos que estén amarrados al rendimiento. Los maestros que saben enseñar, no deben salir. Deben quedarse en el aula, recibiendo el incentivo económico por su labor.
(4) Apoyo financiero con créditos, préstamos, donaciones para que puedan constituir sus empresas educativas.
En conclusión: Las APPs Educativas podrían convertir a los profesores sindicalistas en empresarios educativos y así, mejorar la cobertura y la calidad de la educación peruana…
“Los indicadores de calidad que tienen en la cabeza los directivos de la Sunedu corresponden a otras realidades”, Alfredo Rodríguez, asesor de Carlos Gallardo, hoy censurado Ministro de Educación.
¿A cuáles “indicadores de calidad” se refiere el asesor? ¿Acaso a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) cuyo cumplimiento permite el licenciamiento de las universidades? Según la Ley Universitaria, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es la instancia responsable del licenciamiento de las universidades. Licencia que, por cierto, es temporal y renovable y tiene una duración mínima de 6 años. Asimismo, es la que supervisa la calidad del servicio educativo universitario y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades son destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad.
Como se sabe, desde finales del 2015, cada una de las universidades del país, públicas o privadas, debía demostrar ante la Sunedu el cumplimiento de las CBC para prestar el servicio de educación superior universitario. En total son 8. La primera, alude a la existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar; y planes de estudios correspondientes. La segunda, a la oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. La tercera, a la infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). La cuarta, a las líneas de investigación a ser desarrolladas. La quinta, a la verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo. La sexta, a la verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). La séptima, a la existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros). Y, la última, a la transparencia de las universidades.
Desde aquel entonces, 145 universidades solicitaron su licenciamiento. De ese total, 94 fueron licenciadas y 51 no. De las 51 universidades no licenciadas, 48 fueron privadas y 3 públicas. Todas estas universidades, por ejemplo, incumplieron tres CBC relacionadas a objetivos académicos, programas de estudio y grados académicos; investigación y mecanismos de inserción laboral de sus egresados y graduados. Una evidencia que el anterior procedimiento para crear universidades, bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), no era el más adecuado y no garantizaba condiciones mínimas de calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario. Por eso mismo, se le reformó mediante la promulgación de la Ley Universitaria el 3 de julio de 2014.
A la fecha, el impacto de la reforma universitaria ha sido positivo. Por citar solo algunos ejemplos. En primer lugar, el aumento de publicaciones en revistas indexadas en Scopus. Se pasó de 1770 en el 2014 a 5823 en el 2020. Scopus es una base de datos de prestigio en el mundo académico y los criterios que utiliza para incluir una publicación son muy exigentes. En segundo lugar, el porcentaje de docentes a tiempo completo en las universidades públicas y privadas, en promedio, se duplicó entre el 2015 (25%) y el 2021 (48%). En tercer lugar, el porcentaje de docentes incorporados, luego del licenciamiento, en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) aumentó de 2% a 5.5%. Los cuales son calificados, clasificados e inscritos de manera rigurosa.
El sentido de la reforma universitaria ha sido garantizar condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de las universidades. A partir de lo cual, revisarlas y mejorarlas periódicamente para ir elevando el nivel de la calidad educativa. Una apuesta y una necesidad que se condicen con lo señalado por Unesco: “En las dos últimas décadas, la garantía de calidad en la educación superior ha alcanzado un impulso significativo en todo el mundo, en un esfuerzo por asegurar que los estándares educativos se mantienen y refuerzan”.
Por último, confiemos que quien reemplace al Ministro de Educación no piense, como pensaba su asesor, que “el concepto de calidad es un concepto eurocéntrico que quiere decir que creen que las universidades del Perú deben ser equiparables con las universidades europeas”.
