El Ministerio de Educación (Minedu) no se ha destacado precisamente por su eficacia para afrontar la pandemia. ‘Aprendo en Casa’, como ya ha reportado Sudaca, es un ejemplo de eso. Hace dos días, según tres fuentes, se despidió de sus subordinados en la institución una de las principales responsables del mal manejo, la viceministra de Gestión Pedagógica Killa Miranda. El regreso a clases, sin embargo, aparece ahora como un desafío mayor: se deben superar brechas básicas que la gestión anterior no solucionó.
El exministro Ricardo Cuenca terminó su mandato haciendo un balance positivo del retorno a las aulas en las zonas rurales del país. Las cifras, sin embargo, son incipientes. A fines de julio pasado, según información proporcionada por el Minedu a este medio, había poco más de 48.000 colegios públicos -más del 90% en zonas rurales- que se encontraban «habilitados» para recibir a los alumnos. Es decir, que están situados en provincias con bajas tasas de contagios por Covid-19.
Sin embargo, solo 5.119 instituciones aceptaron retornar a las clases, el 10,48% de ese universo. ¿Por qué? Principalmente por la negativa de algunos padres de familia, un grupo minoritario (según Datum, el 69,1% sí quiere retorno*) que no ve en las aulas un ambiente seguro para sus hijos, a los que se sumaron las voces de las autoridades regionales. Sus preocupaciones tienen asidero.
*Nota de edición: Este dato fue agregado y la precisión «algunos padres» fue hecha luego de publicado el informe.
La Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo, emitió un comunicado en sus redes sociales el pasado 12 de agosto indicando que sus instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas. Uno de los principales problemas es la falta de baños y servicios de agua y desagüe. De hecho, según información que el mismo Cuenca publicó en redes sociales en febrero de este año, 1 de cada 4 colegios públicos tienen silos en vez de baños y 3 de cada 10 tienen pozos con agua, pero que no es un servicio con tuberías.
Además, apenas el 58,5% de escuelas tiene acceso a servicio de agua a través de una red pública. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Junín y Tacna, cuyas autoridades no definen una postura sobre el regreso a las aulas, según los coordinadores del Minedu en esos territorios, padecen este escenario.
La otra cara de la moneda es Loreto, la región que más ha avanzado en este retorno a las aulas, con un 75% de sus colegios que ya han empezado a recibir alumnos. Le siguen Ucayali (38%), Ayacucho (31%) y Amazonas (13%). Estos colegios vienen atendiendo a unos 210.000 estudiantes acompañados por 14.916 docentes, de acuerdo a la información proporcionada a Sudaca.
PRESIONES Y RECLAMOS
Uno de los principales obstáculos para el retorno, para el que se necesitan servicios básicos de higiene y ambientes ventilados, ha sido la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo proyectos de infraestructura. “La brecha de infraestructura educativa, antes de la pandemia, ascendía a S/100.000 millones, que debía cerrarse en un plazo de 36 años. Hacia el 2018, un 84% de colegios [en cartera] no se construía por responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. No construyen casi nada porque no tienen capacidad técnica para hacerlo”, explica una fuente de alto rango del Minedu.
Según el portal de Transparencia Económica, la ejecución en infraestructura educativa de los gobiernos regionales deja bastante que desear, sobre todo en tres regiones. En el caso de Ica, de 21 proyectos de infraestructura vinculados a Educación, apenas se ha avanzado con el 54%; Amazonas está por el 38% de 13 proyectos; mientras que Cajamarca lleva un 18% de avance en 16 proyectos.
Desde los gobiernos regionales le tiran la pelota al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, que tiene en cartera otras cientos de obras. “No es posible que a estas alturas el Pronied no haya podido ejecutar proyectos de infraestructura educativa en ningún nivel de educación básica”, dice Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
Lo cierto es que tanto gobiernos regionales como locales, y el mismo Pronied, tienen varias deudas pendientes. Hace poco, Sudaca reveló que de las 1.527 instituciones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017, apenas se han terminado de reconstruir 354. La responsabilidad, como detalla el informe, es compartida.
A pesar de este desolador antecedente, Rúa le echa la culpa a la falta de una política eficiente de descentralización. “Todos los estudios se evalúan en la capital y se ha vuelto muy burocrático reacomodar el presupuesto. Creo que se deben hacer transferencias de funciones a las regiones, lo que tiene que ir acompañado de recursos. El gobierno central debe transferir y fortalecer capacidades”, apunta.
Los gobiernos regionales han tomado el primer paso y han visto una oportunidad en el nuevo gobierno. El pasado 14 de agosto, la asamblea que los reúne acordó plantearle a Castillo una «agenda mínima» que apunte a eliminar programas como Provias (de Transportes), Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y, justamente, Pronied, que reciben gran parte del dinero para la ejecución de obras.
Las autoridades regionales apuntan a canalizar estos recursos para hacerse cargo de los proyectos, en particular de la infraestructura educativa. Además, apuestan por una estrategia para que los colegios logren cumplir con los requisitos de bioseguridad y la aceleración de la vacunación. Este último es un factor clave para que los maestros empujen el carro en la dirección del retorno a las aulas.
Al cierre de esta edición, apenas el 38% del personal de educación (unos 253.000 profesionales) se había inoculado con las dos dosis, mientras que el 21% (143.000) había recibido solo la primera, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. La situación responde a factores como la dificultad de llegar a algunos lugares en el país y la falta de una estrategia más efectiva de parte de las autoridades sanitarias.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya se ha reunido por estos días con la PCM y tiene un nuevo encuentro agendado para la tercera semana de setiembre. El gobernador Carlos Rúa dice que el gobierno se ha mostrado dispuesto a admitir sus demandas.
Lo cierto es que no son los únicos que ejercen presión. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio magisterial afín a Pedro Castillo e inscrito velozmente como sindicato, viene reclamando por una reunión con el ministro Juan Cadillo, a pesar de que sus representantes sí se han reunido con el mismo presidente de la República.
De acuerdo a Segundo Vásquez, dirigente de este sindicato que cuenta con más de 50.000 afiliados, hasta ahora no han recibido ninguna pauta para el retorno a clases. “Pese a que lo hemos solicitado desde el 4 de agosto, el señor Cadillo no ha tenido tiempo y nos ha agendado recién para un diálogo virtual, a pesar de que creemos que debe ser presencial, para el 20 de agosto. Parece que al ministro no le interesa conversar con nosotros”, cuenta.
Los dirigentes también enviaron al Minedu un plan que busca que el sector Educación sea declarado en emergencia, tal como prometió Castillo en su discurso presidencial. El objetivo, dice Vásquez, es la reorganización del financiamiento pedagógico, entre otras cosas, para la infraestructura educativa. El mismo reclamo que tienen los gobiernos regionales.
“El Estado debe disponer un presupuesto extra para afrontar las dificultades más urgentes en las escuelas. Muchas instituciones no tienen baños ni agua, así como tampoco aulas adecuadas para el distanciamiento, ni tópicos, ni medicamentos. Otro tema es que no se están haciendo los gastos para acortar la brecha tecnológica, una de las razones por las que el padre de familia también quiere la presencialidad”, señala el sindicalista.
El gremio busca que se genere una partida de S/5.000 millones para estos fines. ¿De dónde saldría la plata? Según el docente, hay recursos que se pueden reorientar del mismo presupuesto. Apela a que el dinero que algunas empresas mineras están pagando por deudas a la Sunat pueda ser utilizado. La Fenatep también pedirá, a largo plazo, un bono a las familias de los estudiantes.
En el corto plazo, sin embargo, esperan todavía una propuesta concreta del gobierno. Al menos para que los 8 millones de estudiantes que hay en el país y los padres de familia no aguarden otro año más en la incertidumbre.
