Pocos días atrás, escuché a un funcionario municipal, con una larga trayectoria de denuncias por malversación de fondos, criticar duramente y con mucha firmeza la corrupción en el Congreso de la República. No habría pasado ni un día, cuando un congresista de la República, quien al parecer por sus firmes creencias religiosas había renunciado a su orientación sexual, publicó en las redes que se sentía con la autoridad suficiente para enseñarnos a las mujeres cómo debíamos ser.
El día lunes, cuando comenzaron las clases escolares, fuimos testigos de cómo la mujer con mayor autoridad en el país, la presidenta de la República, se dirigió al estudiantado inculcándoles la necesidad de la pena de muerte. La pena de muerte es la más extrema sanción contra una persona que ha cometido algún crimen. Debe ser un crimen tan grande y de tal impacto en la población que se considera imprescindible quitarle la vida a su autor. Crímenes como los cometidos por la presidenta apenas asumió su mando, cuando las protestas de pobladores de Ayacucho, Puno, Lima culminaron con la muerte de más de 50 personas bajo sus órdenes. Si hubiera pena de muerte en el Perú, sus abogados estarían seriamente preocupados.
No es nada nuevo ni sorprendente que cuando las personas sienten una culpa muy grande, tienden a negar el haber cometido la falta. Es propio ya de ciertos trastornos de la personalidad el tomar esa culpa y proyectarla en las personas más victimizables de su entorno. De tal manera que consigue desviar y escandalizar a los demás contra alguien muy distinto, con pocas opciones para defenderse y provocar una suerte de liberación que durará hasta que cometa otro delito.
El considerar que declarar aprobada la pena de muerte acabará con la extorsión y el sicariato sabemos que no dará resultados. Se requiere de un sistema fiscal, policial y judicial que no cometa errores, pues de lo contrario, se destruyen vidas como aquellas que condujeron a eliminar la pena de muerte en el Perú en la Constitución de 1979. No se podía asesinar inocentes. En el contexto de corrupción tan visible en el que participa el Congreso en colusión con el Poder Ejecutivo, es más probable que lo que se busque es conseguir un sistema de represión política que requiere que nos desvinculemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así se podrán repetir las masacres sin tener la población una instancia a la cual dirigirse para pedir ayuda y salvar las vidas. Se podrá dejar que termine de caerse la cobertura educativa, que las medicinas no lleguen a las postas de salud y centros médicos, que se caigan puentes, que sea la policía la que venda las armas a las mafias y pandillas de la región. A dónde quejarnos no encontraremos y si la población se enerva, pues ahí se contará con la pena de muerte.
Estamos ante un reto cada vez más grande. Nuestras autoridades culpan a otros y se lavan las manos. No tendríamos una red de sicariato cada vez más poderosa si contásemos con cárceles, fiscales, jueces y policías especializados. Si en lugar de fomentar la persecución de migrantes, los peruanos que encabezan las mafias estuvieran en las cárceles con las medidas de seguridad que realmente corresponden. Matar no resolverá la pobreza, la ansiedad por el dinero y la corrupción.
Cuando en nuestras escuelas realmente nos enseñen ética y justicia, artes y ciencias, en lugar de ser el espacio donde una presidenta inaugura la temporada de clases promoviendo el ajusticiamiento, tendremos a un grupo de docentes y profesores dispuestos a no callar, decididos a pedir disculpas a sus estudiantes, prometiéndoles que en las nuevas elecciones habrá alguna persona capaz de enfrentar con entereza las consecuencias de un país que quiere defender sus vidas con dignidad.
[La columna deca(n)dente] La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a sorprender con una declaración que roza lo inverosímil. Durante la inauguración del año escolar, afirmó que está «pensando seriamente en la pena de muerte” frente a niños, niñas y adolescentes. La frase, que parece un error de expresión, refleja mucho más que una simple equivocación: evidencia una preocupante inclinación autoritaria en su discurso y un grave problema de comunicación política.
El debate sobre la pena de muerte en el país suele resurgir en contextos de crisis y es frecuentemente utilizado por figuras políticas con el afán de aparentar dureza ante el crimen. La propuesta de Boluarte, aunque torpemente enunciada, se inscribe en esta lógica. El endurecimiento de penas y la apelación al castigo extremo han sido estrategias recurrentes de regímenes con inclinaciones autoritarias que buscan encubrir su incapacidad para ofrecer soluciones reales a la inseguridad.
Sin embargo, la pena de muerte no solo es inviable en el actual marco legal (ya que el país es signatario de tratados internacionales que la prohíben), sino que también ha demostrado ser ineficaz como medida disuasoria del crimen. Pero su mención permite a Boluarte conectar con ciertos sectores que demandan «mano dura», en ausencia de propuestas estructurales para abordar la crisis de seguridad ciudadana.
Más allá de la controversia ideológica, la declaración también pone en evidencia las serias deficiencias en la comunicación presidencial. Un desliz de tal magnitud en un evento público demuestra falta de preparación, precariedad discursiva y ausencia de filtros en el aparato comunicacional del gobierno. No es la primera vez que Boluarte incurre en errores de esta naturaleza, lo que contribuye a su desgaste político y a la percepción de improvisación en su gestión.
El lenguaje en política es fundamental. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, en particular hacia el Congreso, al que la ciudadanía percibe como servil a los intereses de organizaciones criminales debido a las leyes que las favorecen, un lapsus puede marcar la diferencia entre mantener apoyo o erosionarlo por completo. Si la presidenta realmente pretende gobernar con algún grado de estabilidad, debe reformar con urgencia su estrategia comunicacional y abandonar la tentación de discursos efectistas que, lejos de fortalecer su posición, la debilitan aún más ante la opinión pública.
En definitiva, el desliz de Boluarte no es solo una anécdota más en la política nacional, sino también un síntoma del desorden discursivo y la deriva autoritaria que caracterizan su gobierno. Si su intención era proyectar liderazgo, ha logrado lo contrario: ha dejado en evidencia una vez más su falta de rumbo y el ocaso de su gestión.
[EN EL PUNTO DE MIRA] Según reportes internacionales sobre violación sexual, somos el tercer país a nivel mundial; y el segundo a nivel sudamericano. ¡Qué situación para más alarmante! Me preocupa por el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad enferma y propensa a estos delitos. Y no solo eso, en muchos casos estos delitos quedan impunes.
¿Qué hace el Estado para erradicar esta situación? Realmente, muy poco. Hay trabajos de sensibilización desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero es insuficiente. Muy insuficiente. Los teléfonos para las denuncias, la mayoría de veces, no están disponibles. Y sus acciones son muy poco visibles. Aparecen solo cuando sucedieron las violaciones y los asesinatos.
Hay que decir la verdad: el Estado ha perdido autoridad y el monopolio de la violencia. Ya no inspira respeto. Esto no solo pasa en el Perú, lo pude apreciar también en varios países occidentales que tuve la oportunidad de conocer, pero con el detalle de que en aquellos países se toman medidas severas para intentar remediar la autoridad estatal.
Debemos poner sobre el tapete las fórmulas para combatir la guerra psicológica y material en la que nos pone esta situación de enfermedad social. ¿Qué medidas tomar? Aparte de las medidas de prevención, hay que poner al debate público la castración o la pena de muerte para estos sujetos. Hay que combatirlos, generar en estos seres abominables sensación de zozobra y arrinconamiento. Dirán: ¿y los derechos humanos? Pues les respondo: derechos humanos para los que creen.
Aparte de ello, el Estado debe establecer políticas de salud mental y de género como políticas transversales a los ámbitos nacionales, regionales y locales. Es prioritario. Para el desarrollo económico de un país necesitamos capital humano con dignidad y en buenas condiciones de salud mental.
“Muchas gracias” o “se le acabó el tiempo”, fueron las únicas frases que le dedicaron los moderadores a Ciro Gálvez cuando terminaba cada una de sus intervenciones. Tampoco el traductor de lengua de señas supo cómo interpretar las palabras en quechua del candidato por el movimiento Renacimiento Unido Nacional (Runa). Gálvez fue ignorado porque, como gran parte de la población, sus interlocutores no conocían la lengua en la que hablaba. Pero el eterno candidato presidencial aprovechó eso y disparó verbalmente con plena libertad contra sus rivales.
En una entrevista realizada el pasado jueves, en el portal UCI Noticias, Gálvez intentó matizar sus palabras. “[No dije] nada malo. Son expresiones metafóricas que son abundantes en el idioma quechua. Hay muchos significados con la misma palabra, con la misma frase. El idioma quechua es bastante jocoso, irónico. Entonces, en momentos de euforia, efectivamente, salen; pero, con ese mensaje de idoneidad”, declaró. Ello es cierto.
Sin embargo, Gálvez –cuando menos– fue más agresivo de lo que intentó aparentar en aquella entrevista. “Nosotros somos buenos. A todos esos mentirosos y ladrones, los mataremos [en referencia, probablemente, a los otros candidatos, pues no menciona nombres]. Así será. Para que nuestras familias y nuestros hijos vivan bien”, dijo, de acuerdo a la traducción realizada por el diario El Comercio. “Sí, hermanos y hermanas. Paisanos, no, los ladrones no podrán con nosotros. A los mentirosos, con fuerza. Como la mano de un buen hombre, les haremos cualquier cosa a estos mentirosos”, fueron otros de sus latigazos verbales.
El candidato presidencial ha informado, en su hoja de vida remitida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que posee 12 propiedades: 10 inmuebles en Huancayo; uno en Huancavelica y un departamento en Miraflores (Lima). Todos esos bienes están valorizados, según su propia manifestación, en S/8’653,966.
Ciro Gálvez, quien vestía una camisa de color blanco y portaba un chicote que le colgaba sobre su hombro derecho –tal como lo llevan ciertas autoridades indígenas de las zonas rurales del país–, disminuyó la rudeza de sus palabras en su mensaje final. “No, no hay que avergonzarse de dónde somos y de la lengua que hablamos. Ahora llegaremos al poder. Hermanos y hermanas, hay que fortalecernos bien para que este 11 de abril [y marcar] por Runa. Para que empecemos un nuevo tiempo”, dijo.
Ciro Alfredo Gálvez Herrera nació el 16 de enero de 1949 en el distrito de Surcubamba, en la provincia de Tayacaja (Huancavelica). Se graduó de abogado, según su sitio web, a los 29 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, en la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) solo figura registrado su título de magíster en Antropología Jurídica que obtuvo en la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) el año 2015. Los títulos previos a esta fecha no necesariamente tienen que estar registrados en el buscador de la Sunedu.
El 5 de noviembre de 1976, a los 27 años de edad, se casó civilmente, en la municipalidad de La Victoria, con Angélica Delfina Rivas Carmona, de 20 años de edad. En ese tiempo, la mayoría de edad comenzaba a los 21 años, por eso en la partida de matrimonio ella figura como menor de edad. Después de 22 años de matrimonio, en 1998, la pareja decidió divorciarse. En el año 1985, funda la Notaría Gálvez, donde hasta ahora es propietario.
Gálvez es un viejo conocido en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es la tercera vez que postula a la presidencia. Ya lo hizo antes, sin éxito, en los años 2001 y 2006, por el partido Renacimiento Andino, hoy llamado Runa. En esa última aventura, consiguió el 0.18% de los votos.
Sobre «la muerte»
¿Qué piensa este redundante candidato presidencial que ganó la encuesta virtual de un medio en el tercer y último debate presidencial del JNE? Gálvez es autor de cuatro libros donde esboza sus ideas enraizadas en el Tahuantinsuyo. En su obra Predicciones del Renacimiento Andino (2003), por ejemplo, hace referencia, en varias oportunidades, a la muerte como un símbolo de castigo, incomprensión, lucha, tragedia o cambio. En la página 378, recuerda que en el ayllu, en la época incaica, el incesto y la infidelidad “era castigado” con esa pena máxima que le quitaba la vida al ser humano. La pena de muerte, de hecho, es una de sus propuestas bandera.
“Muerte a la corrupción y la delincuencia, con una nueva Constitución que defienda la persona humana y el respeto a la propiedad privada, pública y comunitaria”, se lee en la página 3 del plan de gobierno de Runa. En la página 10 es más específico sobre cómo, en un probable gobierno suyo, se terminaría con la vida de los antisociales peligrosos: “Pena de muerte para los delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes; para ello es necesario un cambio de la Constitución”.
El candidato es un admirador de las luchas indígenas contemporáneas. En la página 104 de esa misma publicación resalta el levantamiento del año 1962 liderado por Hugo Blanco, con su lema “tierra o muerte”, quien estuvo en la cárcel acusado de asesinar a un policía. “Los campesinos colonos de las haciendas de los valles referidos fueron movilizados por sus respectivos sindicatos coordinados por Blanco, dirigente marxista de orientación trostkista que, desde el sindicato campesino de Chaupímayo, lanzó la consigna de «tierra o muerte», que se irradió rápidamente por los valles mencionados”, escribe Gálvez.
El candidato, exagricultor devenido en hombre de derecho, parece vivir sin sobresaltos. Más bien, uno diría que tiene una vida económicamente holgada. Gálvez declaró en su hoja de vida haber percibido ingresos –de cuarta y quinta categoría en la Sunat– por S/1.052.313 durante el 2019. También posee créditos financieros, según la central de riesgo de Infocorp, que superan la cifra del millón de soles. Es, según esta base de datos, un excelente pagador.
Según su hoja de vida, el candidato tiene 12 propiedades: 10 inmuebles en Huancayo, uno en Huancavelica y otro en Lima. Todos esos bienes están valorados, de acuerdo a su propia declaración, en S/8.653.966. El inmueble de mayor valor es un edificio ubicado en Huancayo, tazado en S/5 millones. Pero también registra una propiedad en pleno corazón Miraflores: un departamento valorizado en S/350 mil que adquirió el año 1998 y que está situado cerca al exclusivo malecón.
En el 2010, Gálvez fue gerente de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada de Picuto. La empresa tenía como domicilio fiscal un inmueble de Pachacámac, al sur de Lima, y fue dada de baja apenas un año después de su creación.
El año 2012, Gálvez fue nombrado presidente de la Asociación Cultural Renacimiento Unido Nacional (Runa), que lleva el nombre de su actual partido y cuyo símbolo es la imagen de una persona levantando el brazo derecho y una bandera peruana detrás de esta.
El debate no fue el primer registro que se tiene del candidato en el que apunta su artillería contra la clase política en su idioma materno. En el 2017 publicó el video musical titulado ‘¿Dónde estará la justicia?’ en el que critica, también en quechua, el trabajo del abogado, del congresista y del alcalde. Los subtítulos del video, en el que él mismo es el protagonista y, además, compuso la letra, traducen al castellano su contenido. “Señor congresista. Hombre de dos caras. Cuando eres candidato, eres tan buenito; pero mentiste a mi pueblo, porque nunca regresaste por nosotros…” dice una parte de la letra. No obstante, llama la atención que no critique la labor del Presidente.
A nueve días de las elecciones, Ciro Gálvez, autor de poemas como ‘Volveré’ o ‘Ciudad Vacía’, ha asegurado que será el outsider que pasará a la segunda vuelta pese a que aparece, en las encuestas, en el rubro de “otros”. Soñar no cuesta nada. Y aún si costara, el hombre parece tener el capital para pagarlo.
