JNE

  1. No ha oficiado ni recibido de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que investiga delitos cometidos por funcionarios públicos, la información documentada de todos los escritos presentados por Juan Antonio Fernández Jerí, ejerciendo la defensa legal del controvertido Juez Édison Polo Huamán (conocido como el “rey de las medidas cautelares”, suspendido seis meses por la OCMA), quien viene afrontando una grave investigación por delitos de corrupción y organización criminal.

Si nada de esto  ha realizado la JNJ, y solo ha servido para  escuchar los descargos de Fernández Jerí y no a la testigo — quien se ha ratificado en su sindicación y ha desmentido abiertamente lo dicho por el ganador del concurso — su proclamación sería ilegal.

Por su parte, Fernández Jerí en su última entrevista ha señalado que él solo está esperando que le entreguen sus credenciales porque ya tiene a todo su equipo conformado, listo para trabajar con él. ¿Quiere decir que todos los que trabajarán a su lado entrarán nombrados a dedo sin participar en concursos públicos? ¿Cuántos de estos afines a Fernández Jerí vendrán del distrito fiscal de Amazonas, que tiene tantas denuncias de corrupción?

Si la Junta Nacional de Justicia insiste en proclamar a Fernández Jerí, a pesar de todos estos cuestionamientos éticos y penales, podríamos decir que estaría actuando igual que el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que albergaba entre sus miembros a parte de una presunta organización criminal denominada “Los cuellos Blancos del Puerto”, en la que uno de sus integrantes, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, destituido por la JNJ, investigó hasta el 2017  a Fernández Jerí en su calidad de fiscal supremo de Control Interno y, mediante una resolución prevaricante e inmotivada, archivó la denuncia contra esta persona y dos  magistrados cuestionados de Amazonas, quiénes actualmente vienen siendo investigados por la Fiscalía Suprema de la doctora Bersabeth Revilla Corrales por actos de corrupción y pertenecer a una presunta organización criminal.

Por todos estos hechos irregulares, la JNJ debe declarar  desierta la convocatoria.

 

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Una primera traba le ha aparecido a los partidos políticos en la carrera por hacerse de alcaldías y gobiernos regionales. Según el cronograma electoral, todo el que quisiera candidatear tenía hasta el 5 de enero para afiliarse a alguna agrupación. Los partidos eran responsables de tramitar las inscripciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La autoridad electoral, sin embargo, hizo un cambio en las reglas de juego el año pasado que pasó desapercibido.

El JNE dispuso, por primera vez, que las fichas de afiliados se entreguen en mesa de partes en una sola tanda y ya no en múltiples ingresos, como lo venían haciendo varias organizaciones políticas. El 26 de noviembre se publicó la resolución que lo oficializaba en El Peruano, pero varias organizaciones no advirtieron el anuncio y hoy acusan falta de publicidad. Lo cierto es que al menos 25.000 fichas de afiliación de más de 40 partidos se han quedado fuera de los comicios. El asunto ha generado rápidas reacciones en el Congreso, que ya tiene propuestas legislativas en la puerta del horno.

LAS DEVOLUCIONES

“En mesa de partes te atendían y no te decían que ya no podías entregar más, que todo debía ser en un solo momento”, indica José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral que representó a dos organizaciones políticas durante su proceso de apelación: el Movimiento Agua de Huancavelica y el Frente de la Esperanza.

En el caso del Frente de la Esperanza, se presentaron más de 6.000 fichas en un mismo día, pero en tres entregas. En su primera cita, el personero dejó dos cajas; y por la tarde, una tercera. Seis días después, el JNE informó que solo iban a aceptar la primera caja (la ‘primera entrega’) y que 4.327 fichas de afiliación iban a ser devueltas.

“La sanción [se refiere a la devolución de las fichas] que han aplicado no es razonable, se afecta la participación política de miles de ciudadanos porque un partido o movimiento presentó sus papeles en conjunto o separado, pero nunca lo hicieron fuera del plazo, que era el 5 de enero”, asegura Villalobos.

Fernando Olivera, fundador del Frente de la Esperanza, alega que la medida no fue suficientemente publicitada y que la sumilla de la resolución publicada en El Peruano no hacía referencia a este tema en específico. Salió con el título “Disponen el cierre del Portal Electoral Digital (PED) implementado en el marco de las Elecciones Generales 2021, y dictan otras disposiciones”. Sobre las fichas que el JNE ordenó devolverles la primera semana de febrero, nos dice: “No las hemos recogido, están ahí”.

Hasta el 19 de febrero, el pleno del JNE ha declarado infundadas, en última y definitiva instancia, 14 apelaciones de los partidos respecto a este tema. A través de los fallos sobre estos casos que han sido publicados en El Peruano, Sudaca contabilizó que hasta la fecha se han devuelto al menos 25.000 fichas de afiliados.

Devolución de padrones complementarios
«Fuente: Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano por el JNE. Elaboración propia»

Uno de los partidos más afectados es Alianza para el Progreso (APP). Luis Valdez, secretario general del partido, calcula que al menos 10.000 fichas presentadas por su agrupación han sido devueltas. “Eso es antidemocrático. Son militantes de todo el Perú, de Loreto, Pasco, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y de todas las regiones”, refirió. En su opinión, el JNE está restringiendo la ley.

Villalobos asegura que varios partidos han presentado acciones de amparo. Sin embargo, para cuando estas se resuelvan, lo más probable es que ya haya pasado la etapa de verificación -que termina el 28 de febrero- y el hecho esté consumado.

En respuesta a una consulta de Sudaca, el JNE dice que el área de Servicios al Ciudadano funciona como una mesa de partes que recibe todos los documentos que presentan los ciudadanos, y que es otra unidad la que analiza si las fichas son válidas o no. Es decir, le pasa la pelota al ROP. “Corresponde a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas [ROP] evaluar la viabilidad o no de los padrones presentados”, indican.

 

LAS PRESIONES DEL CONGRESO

José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, asegura que al tratarse de una resolución que reglamenta el procedimiento de entrega de fichas, la medida debió ser prepublicada. “Los reglamentos electorales se prepublican para conocimiento de los ciudadanos para que envíen sus observaciones. Como especialistas también damos opiniones, pero en el caso de la resolución del JNE, no la prepublicaron”, apunta.

El tema ha desatado rápidas reacciones de los partidos con curules en el Congreso. Como principal agraviado, APP ha interpuesto una demanda constitucional para que el Poder Judicial vea el tema. Pero a través de su bancada en el Congreso también vienen planeando una salida.

Tras confirmarse la decisión del JNE negando las apelaciones, el congresista de APP Eduardo Salhuana presentó el proyecto de ley 1227/2021-CR, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas. En el artículo correspondiente al padrón de afiliados, se incorporaría lo siguiente: “las organizaciones políticas podrán presentar su padrón de afiliados mediante entregas totales o parciales”.

Le consultamos si esto no le parecía una ley “con nombre propio”, que beneficia directamente a su partido. “Es una manera de interpretar las cosas, pero nuestro punto de vista es que el Congreso dio una ley en octubre del año pasado y en esa ley se estableció el plazo máximo. En esa ley no se estableció ninguna exigencia adicional o requisito”, señala.

A los pocos días, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también presentó otra iniciativa. El proyecto de ley 1271/2021-CR apunta a interpretar el numeral 4 de la Ley N° 31357, aprobada el año pasado para regular las elecciones, bajo los siguientes términos:

“Interprétese que la presentación de los padrones de afiliados para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM 2022), que hayan sido presentados por las organizaciones políticas hasta el 5 de enero de 2022, aun cuando no hubiese sido en conjunto ni en un solo momento, son válidos y deben ser admitidos e inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)”.

Ambos proyectos se estaban debatiendo en la comisión de Constitución del Congreso y fueron rechazados por los organismos electorales. Pero los congresistas han insistido. El 15 de febrero los portavoces de Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular firmaron un acta para exonerar el Proyecto de Ley 1271/2021 del congresista Muñante del dictamen en la comisión de Constitución, ante la proximidad del cierre de la presente legislatura, el 28 de febrero.

En sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, realizada el viernes 11 de febrero, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ya se había mostrado en contra de los dos proyectos. “Se pretende aprobar una ley para aplicarla a hechos o situaciones que ya han sido materia de pronunciamiento en el curso de un procedimiento regular ante el JNE”, indicó sobre el proyecto de ley de Salhuana. Agregó que se estaría vulnerando el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución, sobre el principio de la independencia en la función jurisdiccional.

Respecto al segundo proyecto de ley, el de Muñante, advirtió que este podía ir en contra de la intangibilidad del proceso electoral, el principio que impide hacer cambios en medio de la carrera. “La intangibilidad no es una intención del jurado, ni un capricho del jurado, es una norma de un rango muy alto que todos debemos conservar”, aseguró. Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y de RENIEC, Carmen Velarde, también mostraron su preocupación de que las iniciativas pudieran poner en riesgo el calendario electoral previamente establecido.

“El JNE dice que estaríamos afectando su autonomía. Ellos son los que han limitado con una resolución, que es una norma de inferior categoría a una ley ordinaria, [ellos] son los que han puesto una exigencia que no existía en la ley, ellos han creado el problema”, argumenta el congresista Salhuana.

En su presentación ante el Congreso, Salas Arenas sostuvo que la resolución del JNE solamente ha ordenado el proceso con el fin de evitar demasiadas interacciones presenciales, en un momento en el que se esperaba la llegada de una tercera ola de la pandemia.

Pero para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la norma es un error del JNE porque no va de la mano con la realidad. Y es que, según explica, para una organización con 20.000 o 30.000 afiliados, lo más práctico es entregar los padrones de a pocos.

“Peor aún, pudiendo corregir eso cuando se dieron los casos, mantienen su postura, generando este problema. Y, sobre todo, activa al Congreso para que se meta a sacar esta norma interpretativa, que, dicho sea de paso, es una ley a la medida y ‘express’ para determinados partidos políticos”, precisa.

Agrega que es de esperar que la norma resultante se apruebe rápidamente, pues todos los partidos tienen contactos con movimientos regionales y existe el antecedente de la Ley N° 31357, aprobada en octubre del año pasado, donde todos los frentes políticos se pusieron de acuerdo muy rápido. Hasta el momento, así está ocurriendo.

 

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elecciones municipales, JNE

La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

 

Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.

Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.

“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.

El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”. 

Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.

“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.

La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.

“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.

Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado.  Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios. 

“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.

Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años. 

Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016. 

Decana de facto

Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.

Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.

Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.

De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.

En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.

Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.

 

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CAL, Elecciones 2021, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

Se trata de desconocer a la mala el triunfo de Pedro Castillo en las urnas. El juego está claro y la cancha está trazada. Felizmente, predominan en nuestras Fuerzas Armadas sectores racionales e institucionalistas que han puesto rápido coto en la interna a los llamados golpistas de sus ex compañeros de armas.

Pero ahora toca que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones apuren su trabajo y eviten, de su parte, el golpe blando que los sectores más recalcitrantes de la derecha quieren perpetrar para postergar e impedir la juramentación de Castillo, en el peor de los casos, o para teñir su gobierno de ilegitimidad social cuando finalmente asuma, en el mejor.

Y le corresponde también a los partidos de centro marcar distancia de las pretensiones de la derecha cada vez más bruta y cada vez más achorada (hasta Montesinos se ha sumado a la conspiración) que es incapaz de reconocer a la democracia como un sistema superior a cualquier voluntad propia. Acción Popular, Alianza para el Progreso, básicamente, pero también Somos Perú, Podemos y los morados, debieran pronunciarse claramente contra el propósito golpista y ejercer opinión en el sentido favorable al camino de moderación que todavía con timidez despliega el candidato ganador.

La ultraderecha  va a terminar por hacer que su profecía se cumpla. Arrinconando de la forma en lo que está haciendo a Castillo no solo lo obliga a radicalizarse sino a no despegarse de quien le puede asegurar alguna capacidad de movilización social de defensa política, como es el inefable Vladimir Cerrón.

Corresponde estar alertas y vigilantes. La democracia no puede verse interrumpida por un grupo minoritario aunque poderoso, que no acepta su derrota electoral y es capaz de hacer lo que sea para evitar la legal proclamación del ganador.

No soy de los que se alegra por el triunfo de Castillo. Ojalá me equivoque respecto de mis pronósticos de un desmadre gubernativo (esperemos que Castillo entienda que su ruta debe ser la que la marca Pedro Francke y la renuncia a la Asamblea Constituyente), pero aún ese mal pronóstico no es argumento que permita justificar el trasiego político que se pretende para impedir que Castillo sea el Presidente del bicentenario.

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JNE, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 160: Las jugadas golpistas en el JNE, la suspensión de Arce, el Congreso que juega su propio partido y los escenarios para la salida de esta crisis. ¿Es posible un frente de gente sensata?

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 159: Empata Perú tras empezar perdiendo. El JNE le rechaza 10 apelaciones a Fuerza Popular. Levitsky se queja de Gestión. La aprobación de Sagasti se dispara. Y Castillo va a Mala.

 

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Este video es un recuento de las reacciones de Alexandra Ames, semana a semana respecto a cómo ha ido cambiando el discurso fujimorista al no querer respetar los resultados de la ONPE. Verlo hasta al final.

No te pierdas la videocolumna de todos los lunes con Alexandra Ames


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Elecciones 2021, JNE, ONPE
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