El juez Concepción Carhuancho se debe sentir un héroe de la justicia por mandar a prisión preventiva a todos los imputados que pasan por sus manos. No le interesa que no se cumplan los requisitos mínimos para que dicha medida proceda (probados elementos de convicción de la comisión de un delito superior a cuatro años, y, concurrentemente, peligro procesal; si no hay los dos, la prisión preventiva no procede).
Por eso, luego, en segunda instancia, la mayoría de sus casos son suspendidos y la prisión preventiva levantada, pero en ese trance se envió a gente cuya culpabilidad no está sentenciada a la cárcel. Fiscales abusivos y jueces caneros han formado una alianza nociva para el sistema de justicia penal en el país.
Demasiados casos de flagrante injusticia se están cometiendo en el Perú y la solución no parece pasar por la propia institucionalidad judicial. Y la Junta Nacional de Justicia actual no ha servido para nada en cuanto a la corrección de esas inconductas (ojalá la nueva JNJ -a la que la izquierda se quiere bajar con malas artes- corrija los entuertos señalados).
Hemos transitado de una justicia garantista a una punitiva por razones mediáticas. Concepción Carhuancho está mirando más los titulares de la prensa que los artículos que debería del código de procedimientos penales. Como muchos jueces, se llevan de las narices por fiscales avezados, excesivos, abusivos en la interpretación de la ley.
Es mil veces preferible un culpable libre que un inocente preso. Y acá se sobrepasa la ley con las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, utilizadas más como mecanismo de extorsión a los imputados a cuenta de que se acojan a procesos de colaboración eficaz, teñidos de invalidez de antemano por la forma en que se consiguen.
Lo decimos una vez más. El próximo gobierno -porque de éste mejor no esperar nada y mucho menos del Congreso ilegítimo que tenemos– debe colocar entre sus prioridades gubernativas la reforma radical del sistema de justicia en el Perú.
Hace exactamente una semana, un audio causaba conmoción en las redes sociales. En esta grabación se podía escuchar al alcalde La Molina, Diego Uceda, realizar denigrantes comentarios en contra de Milagritos Quintana Mogollón, teniente alcalde de este distrito, en medio de risas del propio burgomaestre y otros funcionarios de la municipalidad.
Sin embargo, la situación de Uceda Guerra García podría estar por complicarse todavía más dentro de la Municipalidad de La Molina. Según pudo conocer Sudaca, el alcalde de La Molina podría tener que afrontar una suspensión del cargo acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.
EN MANOS DEL JNE
Sudaca tuvo acceso al documento que fue presentado el pasado 29 de febrero al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el cual se solicita la suspensión del alcalde Diego Uceda por falta grave. Esta solicitud fue presentada a raíz de los comentarios violentos realizados por el burgomaestre de La Molina.
Esta solicitud se ha amparado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que se puede dar la suspensión del cargo de un alcalde o regidor si alguno de estos comete una falta grave de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno del consejo municipal.
Acorde al artículo 52, el cual determina lo que se puede considerar como falta grave, se contempla que el “pronunciar palabras o frases ofensivas que afecten la reputación, el honor, la intimidad o la imagen personal” pueden ser sancionadas con una suspensión del cargo de hasta treinta días.
En la evidencia que se presentó se encuentra la transcripción de las expresiones de Diego Uceda en contra de Milagritos Quintana durante una conversación con otros trabajadores de la Municipalidad de La Molina y que, según detalló la propia denunciante, no serían hechos aislados sino que las situaciones de maltratos vendrían ocurriendo desde el año pasado.
DENUNCIADO
Como se recuerda, esta situación derivó en una denuncia contra el político miembro de Renovación Popular que, tal como expuso Sudaca en exclusiva en el informe titulado UN ALCALDE ENTRE LA TERAPIA Y LA PRISIÓN, terminó con el Décimo Juzgado de Familia ordenando al alcalde de La Molina a recibir terapia psicológica.
Además, la justicia le otorgó a Milagritos Quintana Mogollón una serie de medidas de protección al considerar que se trataba de un caso de violencia psicológica. Entre estas medidas se encontraba prohibirle expresamente al alcalde Uceda realizar algún tipo de represalia o actos de violencia contra su teniente alcalde. A ello se le suma que Quintana deberá recibir terapia para restaurar su estado emocional.
Con la resolución del Décimo Juzgado de Familia, el audio del alcalde de La Molina y el testimonio de Milagritos Quintana, no sería extraño que el Jurado Nacional de Elecciones le saque tarjeta roja al alcalde Uceda en los próximos días y deba alejarse durante casi un mes del puesto en el que parece sólo haber cosechado cuestionamientos.
Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.
Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.
DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL
En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.
Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.
Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.
Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.
Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.
Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.
Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.
No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.
EL FINANCISTA DE KEIKO
“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.
Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.
Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.
El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.
Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.
A pesar de que su candidatura y la de toda su lista fue declarada improcedente horas antes de los comicios, Joaquín Ramírez lidera los resultados electorales.
“Lo que debería ocurrir es que el JNE emita un pronunciamiento para aclarar estos casos”, comenta Heber Campos, abogado especialista en temas electorales. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Jurado Nacional de Elecciones no respondió nuestras interrogantes.
¿QUÉ PASA CON ‘LOS TACHADOS’?
Diferente es la situación de los candidatos tachados, algunos de ellos, incluso, anunciados como ganadores en el primer flash electoral (a la espera de lo que diga la ONPE), como Luis Mendieta (San Juan de Miraflores) y José Luis Huamaní (Surquillo). Otros, como Augusto Miyashiro en Chorrillos, se quedaron a nada de conseguirlo.
Para saber qué pasará en aquellos distritos es importante recordar que, en estas elecciones, “nosotros no votamos por candidatos individuales, sino por listas”, como explica José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. “La foto de los candidatos no sale en la cédula, sino el símbolo del partido. Por lo tanto, votas por la lista del partido”, apunta.
Esto significa que quien tomará las riendas de los distritos son los tenientes alcaldes o regidores de la organización política que obtuvo el primer lugar. Así, por ejemplo, si en San Juan de Miraflores, el ganador fuera el apepista Luis Mendieta, quien asumiría no sería el segundo en las preferencias. En este caso, será la enfermera Delia Castro Pichihua, candidata a teniente alcaldesa de Alianza Para el Progreso, la que ocuparía el sillón municipal.
Y en el caso de Surquillo, donde tanto el alcalde y el teniente alcalde de APP tienen la condición de tachados, la nueva autoridad edil sería la maestra Engracia Retamozo.
–La del estribo: muy recomendable Tiempos Mejores, obra escrita por Rasec Barragán y Mikhail Page. Fue seleccionada en el FAE Lima 2021 y posterioremente ganó el premio Estímulo Económico a las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura. Soberbias actuaciones de Javier Valdéz, Denisse Dibós, Alicia Mercado y Mario Cortigo. Dirigida por Roberto Ángeles (disclaimer: es mi querido y admirado primo hermano), va en el Centro Cultural Ricardo Palma hasta el 24 de octubre.
Espinoza, según las últimas encuestas en su distrito, tiene altas posibilidades de ganar. El último simulacro de votación de Datum con cédula en Puente Piedra coloca a Somos Perú primero con 31,2%, muy adelante del segundo puesto: Renovación Popular con 15,3%.
Nada de esto sería posible sin su gran inversión en su campaña. El ex congresista no es solo el candidato que más ingresos anuales registró en Lima ante el JNE. También es el que más ha invertido en su distrito: S/194,215.70, de acuerdo al Portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), siendo él mismo su principal aportante y dejando muy atrás al segundo puesto: Stefani Reyes, del Partido Patriótico del Perú (PPP), con S/5,200. Dicho monto corresponde a un primer reporte de gastos, del 4 de enero hasta el 2 de septiembre, por lo que ese total podría aumentar en esta recta final.
Surfeando la pandemia
El otro aspirante a un sillón municipal que supera el millón de soles en ingresos anuales es Óscar Benavides Majino, candidato por Alianza Para el Progreso (APP) en Ate. A sus 74 años, intentará volver a dirigir el distrito por quinta vez.
Benavides es abogado por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega al igual que Rennán Espinoza. Como el ex congresista también incrementó su patrimonio considerablemente desde su última postulación a un cargo público. Ante el JNE declaró un ingreso anual de S/298,713 cuando intentó –sin éxito– ser congresista también con APP en el 2021. Para estos comicios, declaró S/1,451,193.92.
Este considerable crecimiento no se puede explicar sin su principal negocio: las funerarias. Tal vez uno de los pocos sectores que realmente prosperaron con los lamentables picos de mortalidad cortesía del coronavirus.
Y él mismo lo reconoce así. “Debería ser más [lo declarado ante el JNE] por la cantidad de fallecidos que he atendido. He donado cualquier cantidad de entierros. Soy un hombre bien humano. Tuve convenios con EsSalud y el Minsa, algunos todavía me deben”, le dice, con seguridad, a Sudaca.
El ex alcalde de Ate dirige una funeraria que lleva su nombre: la Agencia Funeraria Óscar Benavides. Según le dijo a este medio tiene seis sucursales. “La primera la fundé cuando tenía 20 años, en Jirón Abtao [La Victoria]”, recordó.
En su hoja de vida señaló como única experiencia laboral ser gerente general de “Oscar Benavides Majino Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” desde 1991. Este RUC tiene como domicilio fiscal la dirección de su primera funeraria. Además tiene una deuda coactiva vigente con el Tesoro Público de S/ 4,742.
El logo de la funeraria que dirige Óscar Benavides desde 1991.
Más allá de eso, Benavides tiene cinco inmuebles valorizados en S/1,080,000, tres de ellos en San Isidro. También tiene cinco vehículos –cuatro de ellos son carros funerarios– que juntos tienen un valor de S/ 186,720. Según la última encuesta publicada de CPI, el ex burgomaestre está entre los favoritos de Ate con 16.1% solo detrás de Juan Enrique Dupuy, de Podemos, que lidera con poco: 16.9%.
Ceros de más
Los candidatos a regidores distritales que encabezan la lista con mayores ingresos declarados ante el JNE tienen varias coincidencias. Ambos son contadores de carrera, estudiaron en universidades hoy sin licencia, postulan con el número 1 en sus listas, y tienen una queja que hacerle al Jurado Nacional de Elecciones: se equivocaron al momento de colocar sus ingresos en la plataforma electoral.
La aspirante a regidora que aparece con más ingresos anuales es Eloisa Correa Muñoz. El postula por Acción Popular en Magdalena del Mar. El candidato distrital accionpopulista en ese distrito era Franco Salinas, el ex congresista, hasta que fue tachado por el JNE. Según la plataforma del ente electoral, tuvo un ingreso anual el año pasado de S/55,869,200.
Pero Correa lo desmiente. “Hay error de digitación”, asegura a Sudaca sin agregar más. La postulante tiene 63 años y es contadora de carrera por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su única experiencia laboral registrada es llevar las cuentas del Colegio Peruano Chino Diez de Octubre desde 1986 hasta el año pasado. Aparte de eso registra dos carros a su nombre valorizados en 21 mil soles. No tiene inmuebles a su nombre.
La hoja de vida rellenada a mano por Correa. EL JNE le agregó un cero más a sus ingresos anuales al final.
El siguiente en lista sería Giovanni Venancino Salas, que postula en San Luis con Avanza País en la lista de César Mendoza. Según la plataforma electoral del JNE, tuvo un ingreso anual el año pasado ascendente a S/47,897,000.
Eso sí el JNE hubiese digitado bien sus finanzas. “Me ha sorprendido porque hay un error de tipeo evidentemente. Voy a presentar una carta solicitando una rectificación. Debe decir 47,897 soles, pero está en millones y evidentemente no he ganado eso”, asegura a Sudaca.
Venancino tiene solo 28 años. Y también es contador como Correa por una casa de estudios con licencia denegada por Sunedu: la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI).
No tiene bienes muebles o inmuebles, pero sí una amplia experiencia en el sector público. Ha trabajado auditando a la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad de Villa María del Triunfo y el Hospital Nacional Sergio Bernales. Actualmente es jefe de riesgos de rentabilidad de las inversiones y proyectos en la Fonafun, la funeraria de la Policía.
Ambos candidatos compartieron a Sudaca el formato de hoja de vida llenado a mano que entregaron al JNE para su registro en la plataforma electoral. Este medio pudo corroborar lo que afirman: les agregaron unos cuantos ceros al final de sus ingresos anuales de manera inexplicable.
Si descartamos a Correa y Venancino, el regidor distrital en Lima con mayores ingresos sería Leoncio Quispe Huamaní, que postula con el número 1 por Santa Anita con el Partido Patriótico del Perú (PPP). Según su hoja de vida, declaró ganancias por S/ 22,876,680 el año pasado.
Quispe cuenta con estudios técnicos como mecánico aeronáutico en la Escuela Técnica del Ejército y su única experiencia laboral consignada es como certificador en Helisur, empresa que traslada pasajeros y carga industrial como petróleo y elementos de construcción desde 1994.
Sudaca intentó contactar al señor Quispe, pero no fue posible. De hecho, ni siquiera su cabeza de lista sabe de él. “A ese señor no lo conozco. Nunca se acercó a mi domicilio para la campaña ni nada. El partido lo puso, pero ahí tampoco lo ubican. No sé cómo habrán hecho”, le dijo César Valdivia, candidato distrital por el PPP en Santa Anita, a este medio. Una pequeña muestra de cómo se organizan los partidos para esta contienda electoral.
No ha oficiado ni recibido de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que investiga delitos cometidos por funcionarios públicos, la información documentada de todos los escritos presentados por Juan Antonio Fernández Jerí, ejerciendo la defensa legal del controvertido Juez Édison Polo Huamán (conocido como el “rey de las medidas cautelares”, suspendido seis meses por la OCMA), quien viene afrontando una grave investigación por delitos de corrupción y organización criminal.
Si nada de esto ha realizado la JNJ, y solo ha servido para escuchar los descargos de Fernández Jerí y no a la testigo — quien se ha ratificado en su sindicación y ha desmentido abiertamente lo dicho por el ganador del concurso — su proclamación sería ilegal.
Por su parte, Fernández Jerí en su última entrevista ha señalado que él solo está esperando que le entreguen sus credenciales porque ya tiene a todo su equipo conformado, listo para trabajar con él. ¿Quiere decir que todos los que trabajarán a su lado entrarán nombrados a dedo sin participar en concursos públicos? ¿Cuántos de estos afines a Fernández Jerí vendrán del distrito fiscal de Amazonas, que tiene tantas denuncias de corrupción?
Si la Junta Nacional de Justicia insiste en proclamar a Fernández Jerí, a pesar de todos estos cuestionamientos éticos y penales, podríamos decir que estaría actuando igual que el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que albergaba entre sus miembros a parte de una presunta organización criminal denominada “Los cuellos Blancos del Puerto”, en la que uno de sus integrantes, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, destituido por la JNJ, investigó hasta el 2017 a Fernández Jerí en su calidad de fiscal supremo de Control Interno y, mediante una resolución prevaricante e inmotivada, archivó la denuncia contra esta persona y dos magistrados cuestionados de Amazonas, quiénes actualmente vienen siendo investigados por la Fiscalía Suprema de la doctora Bersabeth Revilla Corrales por actos de corrupción y pertenecer a una presunta organización criminal.
Por todos estos hechos irregulares, la JNJ debe declarar desierta la convocatoria.
