“Cuando intentan cubrir a los políticos no se dan cuenta de lo que pasa. En octubre de este año, la Contraloría va a empezar a investigar la responsabilidad administrativa funcional. Si revisa este caso y realiza un informe, todos los que han tapado el tema en el Consejo Universitario o en la Comisión Investigadora pueden terminar inhabilitados. Todo, por un político que puede irse mañana”, advierte el abogado y profesor Vignolo.
La Sunedu también está facultada para iniciar un procedimiento sancionador a la universidad, por infringir su propio reglamento, que establece los procedimientos y sanciones que se deben aplicar cuando se detectan faltas a la probidad académica. Sudaca consultó sobre esta posibilidad a la Superintendencia. La respuesta, a través de su oficina de comunicaciones, fue que el caso aún está siendo revisado por la Dirección de Supervisión. Recién luego de que dicha área elabore un informe, podría pasar a la Dirección de Fiscalización y Sanciones.
Sudaca también logró comunicarse con Daniel Chirinos, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chirinos señaló que existe un informe adicional al que se remitió a la Sunedu, el cual se encontraría en la Comisión de Ética. Pero no quiso dar más detalles sobre el contenido del mismo, ni explicar por qué no ha sido remitido a la superintendencia. Menos, quiso explicar por qué la universidad optó por mirar para otro lado en un caso que pone en entredicho no solamente a la honestidad intelectual nada menos que del ministro de Educación, sino también el prestigio académico de la casa de estudios.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
