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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El 30 de julio, la Casa de la Literatura Peruana preguntó a sus seguidores lo siguiente: “¿Un libro que recomiendes para entender a nuestro país?”. En mi opinión, es recomendable no uno sino dos libros para entenderlo. El primero, “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y, el segundo, “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”, cuya autora, entre otros, es Dina Boluarte. Ambos fueron publicados en el 2004. Ambos depositados en la Biblioteca Nacional. Ambos escritos por la hoy Señora Presidenta de la República, al parecer, para dejar constancia de su necesidad de comunicar sus ideas y experiencias de manera estructurada y convincente; compartir sus conocimientos e información sobre tal temática; destacar como una experta en Derechos Humanos y en los asuntos legales que rodean la práctica médica y la responsabilidad del personal médico en el país; mejorar su reputación profesional y abrir oportunidades laborales.

Sin embargo, ambos libros fueron plagiados. El plagio del primero fue descubierto por los periodistas Christopher Acosta y Hernán Floríndez; y el del segundo por el programa “Al Estilo Juliana”. Como bien dice Acosta, en relación con el primero, “la obra se construye con retazos que se copian y pegan de trabajos académicos, tomando contenido ajeno que se hace pasar como propio. Un caso de plagio sistemático”. Al analizar el contenido del mismo con el Turnitin, un software antiplagio, el resultado es categórico. El 55% corresponde a fuentes bibliográficas no citadas. Es decir, plagiadas. En cuanto al segundo, abundan pasajes extraídos de autores no citados como Brenner Díaz, Ana Collado, Jiménez de Asua o de Internet. Al igual que el primero, no cuenta con bibliografía ni pies de página.

Ambos libros permiten entender, sobre todo, a tan dilecta escritora. En primer lugar, el plagio no es otra cosa que tomar ideas, palabras, obras o trabajos de otra persona y presentarlos como propios, sin dar crédito adecuado al autor original o sin obtener permiso para su uso. Una práctica antiética, la cual, todo indica, sistemática en nuestra novel escritora. En segundo término, evidencia que carece de creatividad o habilidades para generar contenido original y, por lo tanto, opta por copiar el trabajo ajeno. En tercer lugar, nula conciencia sobre el plagio. Muestra de una educación inadecuada sobre la ética y la propiedad intelectual pese a ser abogada. Por último, una absoluta despreocupación por las consecuencias del plagio. El mismo, al no tener consecuencias significativas, lo asume parece ser como una práctica aceptable.

Una vez descubiertas las copias de Dina Boluarte y ante contundentes evidencias, la respuesta gubernamental fue lamentable. Un poco más y su primer ministro Otárola repite la ya legendaria afirmación de otro plagiario serial: “no es plagio, es copia”. En esta ocasión fue algo más original y afirmó que, en cuanto al primer libro, “no es un libro, es un texto”. Es decir, “nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público” Boluarte dixit. A partir de hoy, cortesía de Boluarte y Otárola, el plagio no es plagio, ni la copia es copia. Basta con señalar que un libro plagiado es tan solo un texto y punto. Gracias por la licencia para plagiar.

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“Cuando intentan cubrir a los políticos no se dan cuenta de lo que pasa. En octubre de este año, la Contraloría va a empezar a investigar la responsabilidad administrativa funcional. Si revisa este caso y realiza un informe, todos los que han tapado el tema en el Consejo Universitario o en la Comisión Investigadora pueden terminar inhabilitados. Todo, por un político que puede irse mañana”, advierte el abogado y profesor Vignolo.

La Sunedu también está facultada para iniciar un procedimiento sancionador a la universidad, por infringir su propio reglamento, que establece los procedimientos y sanciones que se deben aplicar cuando se detectan faltas a la probidad académica. Sudaca consultó sobre esta posibilidad a la Superintendencia. La respuesta, a través de su oficina de comunicaciones, fue que el caso aún está siendo revisado por la Dirección de Supervisión. Recién luego de que dicha área elabore un informe, podría pasar a la Dirección de Fiscalización y Sanciones.

Sudaca también logró comunicarse con Daniel Chirinos, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chirinos señaló que existe un informe adicional al que se remitió a la Sunedu, el cual se encontraría en la Comisión de Ética. Pero no quiso dar más detalles sobre el contenido del mismo, ni explicar por qué no ha sido remitido a la superintendencia. Menos, quiso explicar por qué la universidad optó por mirar para otro lado en un caso que pone en entredicho no solamente a la honestidad intelectual nada menos que del ministro de Educación, sino también el prestigio académico de la casa de estudios.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Y no es un jirón que está situado en ningún paraje remoto, ni en un espacio subterráneo, en los extramuros de la seriedad moderna. No, se encuentra en las inmediaciones del Ministerio Público, BCR, Reniec, Catedral de Lima, Municipalidad Metropolitana, Palacio de Gobierno y otros símbolos de la legalidad y la formalidad. 

¿Alguien hizo algo realmente contundente, castigó el plagio monumental, puso en vereda a los falsificadores? No, impunidad total a vista y paciencia de toda la sociedad, de quienes representan la ley y de los ciudadanos que supuestamente la respetan, incluyendo ilustrados y educados, que usaron los servicios ilegales. ¿De qué diablos nos sorprendemos tanto?

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Cuando el presidente Castillo era un niño, sus profesores le enseñaron lo que pudieron para que formara parte de la primera generación en su familia que supiera leer y escribir. También le enseñaron a memorizar y sin duda lo castigaron si lo encontraron plagiando o soplando durante alguna prueba que tuviera que rendir. Concluida la secundaria, el presidente Castillo entró a uno de los institutos pedagógicos reabiertos para seguir la carrera de educación. Existen estudios muy buenos sobre la mala formación que recibían en aquel entonces los jóvenes que se convertirían en los nuevos profesores del país. Después obtuvo su bachillerato en una sede de la Universidad César Vallejo, que en aquel entonces era una institución libremente improvisada, y luego, obligado por la reforma magisterial que comenzó el año 2007 para conseguir docentes realmente bien formados, siguió una maestría que requiere una tesis para la titulación. 

Hacer una tesis no es una tarea sencilla. Hasta ahora no queda claro por qué se pide para obtener el título de todas las carreras universitarias, cuando se trata de una investigación sustentada académicamente y en la mayoría de ellas esa labor no forma parte del perfil profesional.  Sin embargo, una maestría en psicología educativa, ¿cómo no la va a solicitar? Pero revisando la formación del presidente, ¿una persona con esa formación podría aprender a hacerla en el breve plazo de una maestría? 

Sea cual sea la forma en la que el presidente Castillo y su esposa consiguieron la tesis (les fue obsequiada, la mandaron a hacer o la plagiaron ellos mismos), era imprescindible para mantenerse en la carrera magisterial. El tema está en que no sólo han sido ellos. Sino que gracias a universidades como César Vallejo a las que no les importó si sus egresados sabían o no investigar, miles de docentes que se han encargado de la educación de cerca de la mitad del país se mantienen hasta hoy en su carrera magisterial gracias al plage más grande que hubiesen podido utilizar, sin el peligroso reto de tenerlo que esconder.

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