SUNEDU

Para el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue “una celada”. Para los congresistas a los que no les gusta la reforma, un festival. La última sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el pasado martes 18, tuvo como gran punto de agenda lo ocurrido en las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en 2019. Un proceso manchado, a todas luces, por irregularidades. Pero los legisladores no tenían ninguna intención de verlas. 

En aquellos comicios, hace tres años, se incorporaron estudiantes al padrón cuando este ya había sido publicado, los alumnos de posgrado fueron excluidos, se instalaron mesas incompletas, otras fuera de hora, y no se informó correctamente que se habían cambiado los límites para el ingreso, lo que ocasionó sospechosos reemplazos entre miembros de mesa. La mayoría de estos hechos ocurrió en la etapa más candente: la segunda vuelta. 

La Defensoría del Pueblo, una entidad autónoma, fue la que dio la primera alarma. El 2 de enero del 2020 le recomendó a la Sunedu iniciar un proceso administrativo sancionador contra la universidad piurana. Como resultado, la superintendencia multó a la UNP con S/87.351,07 y solicitó repetir el proceso mediante una resolución de su consejo directivo. También se negó a inscribir al candidato ganador de esa contienda, el señor Santos Montaño.

Pero pese a la pila de cuestionamientos, varios miembros de la Comisión de Educación decidieron tomar partido por el bando que, desde entonces, pide que se reconozcan como válidas esas elecciones. ¿Por qué? Para golpear a la Sunedu, alegando una supuesta “autonomía universitaria”. 

 

Cargamontón parlamentario

La cita en el Congreso debía ser rutinaria, pero se volvió un callejón oscuro para Zegarra y sus funcionarios. En la Sunedu no sabían que Esdras Medina, presidente de la Comisión y congresista de Renovación Popular, había convocado también a Carlos Vargas León, subgerente de asistencia técnica de la ONPE, al propio Santos Montaño, rector ‘electo’ de la UNP, y a Manuel Castillo Venegas, su abogado. Todos, por supuesto, declararon en favor de la validez del proceso electoral universitario. 

Pero el mayor problema, en realidad, fue que no hubo nadie del otro lado. Medina ignoró los pedidos de Segundo Dioses, el excandidato al rectorado de la UNP que denunció las irregularidades del proceso, para estar presente en la comisión. El también profesor de economía había enviado una carta al congresista el último 12 de enero –6 días antes de la cita en la Comisión– pidiendo asistir. Sin embargo, no recibió respuesta.

Parte de la presentación de la Sunedu respecto al caso de las elecciones al rectorado en la Universidad de Piura del 2019.

Dioses también coordinó con el congresista piurano Wilmar Elera (Somos Perú) para que lo ayudara a que Medina le haga caso. El 14 de enero, dicho legislador envió un oficio reiterando el pedido del excandidato al rectorado para estar presente en la comisión de Educación. Tampoco fue atendido. 

En agosto del año pasado, Dioses y otros catedráticos de la universidad ya habían enviado un pliego de denuncias –incluyendo el fraude electoral– a la actual Comisión de Educación. El 19 de octubre, el grupo parlamentario recibió la documentación. No se sabe qué hizo con ella. 

“[Los congresistas] dicen que nadie se quejó. Es mentira. Nosotros somos quienes hemos hecho la denuncia. Nunca nos invitaron, decir que nadie ha reclamado, mientras que yo lo he demostrado con papeles [es una falta de respeto]. Una parte del Congreso está confundida y otra está aprovechándose de la situación”, afirma Dioses a Sudaca. Este medio buscó a Esdras Medina para recoger su versión, pero al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista. 

Esdras Medina, legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

En la Comisión también ignoraron que Carlos Vargas León, el representante de la ONPE, reconoció que no vio directamente el caso. “A riesgo de equivocarme, pero no lo creo así porque la oficina regional de Piura es la que llevó a cabo la asesoría y nos manifestó que no hubo ningún reclamo sobre nuestra participación en el proceso electoral”, mencionó el funcionario. Vargas también explicó que la ONPE solo tuvo 15 días para acompañar el proceso. Aún así, los congresistas utilizaron su discurso para machacar a la Sunedu por “entrometerse con la autonomía universitaria”. 

Por eso, al darse cuenta de la emboscada, el superintendente Zegarra terminó retirándose de la sesión. “Antes de que nos presentemos, sin saber nosotros, presentan a un representante de la ONPE que nunca ha estado en Piura, pero pontificó que había sido hecho de la manera más pulcra. Nos hicieron sanguche. Yo tuve que retirarme porque no aguantaba”, le dijo al programa Si el río suena, de Sudaca. Y agregó: “Nos prepararon una celada. Los congresistas se despacharon contra la Sunedu como si ese fuese el motivo de la reunión”

Los congresistas que más escándalo hicieron fueron Alex Paredes, perulibrista y vicepresidente de la Comisión; Edgar Tello, también del lápiz; y Tania Ramírez, de Fuerza Popular. “¿Sancionar a la universidad, para qué? Aquí en la comisión son recurrentes las multas de Sunedu. Las instancias superiores no se crean para hacer uso y abuso del poder que se tiene. ¿Cuándo multamos a la Sunedu?, digo yo”, dijo Paredes. 

“Esta es una muestra de que la Sunedu no es una institución que regule la calidad universitaria y menos respete la autonomía. ¿Con qué cara se le puede defender?”, expresó Tello. “No es la primera vez que sucede que le quieren quitar la firma a un rector elegido por sus alumnos. Pareciera que quieren ser dueños de universidades para decidir quién entra y quién sale”, aseguró muy alterada Ramírez, quien también dirige un grupo parlamentario que investiga el licenciamiento universitario. Estos son apenas algunos ejemplos. 

 

Votaciones fraudulentas

En el 2019, las elecciones para el rectorado de la Universidad Nacional de Piura en 2019 fueron cuestionadas casi de inmediato. El primer reclamo fue por la modificación del padrón electoral. 

Tras haber excluido a los estudiantes de posgrado y a los “no regulares” –que cursan menos o más créditos de los permitidos–, el 10 de octubre el Comité Electoral realizó extraños cambios de última hora. Fue solo 5 días antes de la primera vuelta y para incorporar nuevos estudiantes de los Programas Especiales Descentralizados, de sus filiales en Sullana, Sechura y Paita. La lista oficial de votantes ya había sido aprobada un mes antes y publicada en el diario El Peruano. Con el cambio, el padrón pasó de tener 176 a 367 estudiantes en dichas sedes.

Pero fue en la segunda vuelta, que se hizo entre el 10 y 12 de diciembre, donde hubo más cuestionamientos. En la jornada electoral, un docente contratado fue presidente de la mesa de sufragio número 78, según la Defensoría y la Sunedu. Este hecho contradice la Ley Universitaria, que dice claramente en su artículo 66 que solo docentes ordinarios –o sea, contratados de manera permanente– y estudiantes matriculados forman parte del padrón electoral.

En la segunda vuelta también se instalaron mesas sin que todos sus miembros estuvieran presentes. En total, fueron 6 mesas las que se abrieron sin la presencia de secretarios y vocales, también de acuerdo a la Defensoría y la Sunedu. En las actas electorales no figuraban sus firmas. Sobre este punto, la UNP reconoció que la falta ocurrió por la presión de los electores para votar. También se instaló una mesa fuera de hora. Fue la número 6 y comenzó a funcionar a la 1 de la tarde, cuando el horario regular era de 9 a 12 del mediodía, de acuerdo al reglamento de las elecciones de la UNP.

Y al igual que ocurrió con el cambio del padrón, el Comité Electoral modificó el horario de ingreso de los presidentes de mesa un día antes de la segunda vuelta. El problema: no informaron correctamente de ello. El organismo decidió que los presidentes de mesa debían acercarse a las 7 am –con tolerancia de una hora– a sus locales de votación o serían reemplazados por otros docentes. Y ya sabemos cómo suelen acabar esos reemplazos voluntarios.

“Resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron publicadas, contraviniendo este principio”, se lee en el informe de Sunedu sobre el sospechoso cambio de horarios.

El docente y excandidato al rectorado, Segundo Dioses, fue quien dio la alerta de las irregularidades en las elecciones del 2019. Vídeo: ExpresiónLibre.

“Eso fue un vil fraude. No dejaron votar a los estudiantes de posgrado. Con eso ya era suficiente. Incluso tengo información de profesores de mi agrupación que no los dejaron entrar a los locales porque ya estaba gente de otro sitio. Cambiaron las reglas de juego a última hora”, revela Segundo Dioses a Sudaca, quien perdió la segunda vuelta solo por 29 votos. 

Pero en el Legislativo hicieron oídos sordos del fraude. “Yo nunca me imaginé que verían el caso en el Congreso, sinceramente. Todos nos alegramos porque pensamos que verían nuestra denuncia. Yo sí me incomodé, me sentí mal, un poco decepcionado”, asegura Dioses. 

Actualmente la universidad piurana se encuentra a cargo de Omar Vences Martínez, rector interino reconocido por Sunedu. Además, la UNP mantiene una acción contenciosa administrativa en el Juzgado Civil de Turno del Módulo Básico de Justicia de Castilla para revocar la multa impuesta y el pedido de nuevas elecciones. La demanda fue notificada a Sunedu el 22 de septiembre del año pasado. Desde entonces, están a la espera de nueva información sobre el estado del proceso judicial. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Congreso, SUNEDU, Universidad Nacional de Piura

Al tercer día de la designación del Ministro de Educación, un asesor diligente le alcanzó un informe sobre la situación de las universidades públicas y privadas en los rankings internacionales, una de las metodologías usadas para medir la calidad de las universidades, durante el 2020 y el 2021. El Ministro se detuvo en los debates acerca de la pertinencia y el objetivo de llevar a cabo tal medición, en los indicadores seleccionados para la misma y en los sesgos predecibles. Es más, puso particular atención a los resultados de dos reconocidos rankings: Times Higher Education y QS Latin America University Rankings. 

En el Times Higher Education, a julio del 2021, figuraban ocho universidades nacionales en el ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe. Dos más que en el 2020. Entre las 100 primeras, de un total de 177, se encontraban dos universidades privadas: la Pontificia Universidad Católica del Perú (puesto 36) y la Universidad Cayetano Heredia (puesto 51); y dos universidades públicas: la Universidad Nacional Agraria La Molina (puesto 76) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (puesto 81). Las otras cuatro, ubicadas a partir del puesto 151, eran las siguientes: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad San Martín de Porres y Universidad Científica del Sur. 

En tanto, en el QS Latin America University Rankings 2020, entre las 100 primeras, se ubicaban la Pontificia Universidad Católica del Perú (puesto 18), la Universidad Cayetano Heredia (puesto 73) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (puesto 68). Al año siguiente, a las tres universidades señaladas, se sumó la Universidad del Pacífico (puesto 95). Entre uno y otro año,  con la excepción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mejoraron su ubicación en el ranking. De igual modo, el Ministro revisó con detenimiento los 16 indicadores que utiliza QS para formular sus rankings, algunos de los cuales los asoció con los estándares mínimos o Condiciones Básicas de Calidad que las universidades deberían contar para licenciarse tales como las de disponibilidad de docentes calificados, producción académica y mecanismos de inserción laboral para sus egresados. 

Asimismo, recordó algunas de las conclusiones del II Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú elaborado por la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en cuanto a los resultados de la investigación y su publicación en revistas indexadas. Así, entre el 2014 y el 2020, su número se triplicó pasando de 1770 a 5823; y el Ranking nacional de universidades según investigación. El cual se elaboró para que se contara con un indicador de la producción científica de la investigación universitaria según estándares internacionales de calidad. 

En su formulación se empleó la información de los documentos de todas las disciplinas publicados en revistas indexadas por Web of Science (WoS) y Scopus por separado, dos bases de datos reconocidas por sus rigurosos estándares editoriales y científicos. Así en el Ranking general – Wos la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Ingeniería y Tecnología y Universidad Nacional Agraria La Molina ocuparon los cinco primeros puestos. Mientras que en el Ranking general – Scopus, en las cinco primeras ubicaciones, figuraban la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Científica del Sur. 

El posicionamiento e incremento de las universidades en los rankings internacionales; el aumento de publicaciones en revistas indexadas producto de las investigaciones llevadas a cabo;  y la elaboración de un ranking de universidades según su producción científica e impacto confirmaron al Ministro que la reforma universitaria había encaminado a las universidades licenciadas por la ruta de la mejora continua y la prestación de una educación de calidad en beneficio de sus comunidades académicas y el país. Por eso mismo, reafirmó su decisión de defenderla y profundizarla. Esta ficción sobre el Ministro y su postura favorable a la reforma universitaria ojalá se haga realidad. 

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reforma universitaria, SUNEDU, universidades

Los indicadores de calidad que tienen en la cabeza los directivos de la Sunedu corresponden a otras realidades”, Alfredo Rodríguez, asesor de Carlos Gallardo, hoy censurado Ministro de Educación.

¿A cuáles “indicadores de calidad” se refiere el asesor? ¿Acaso a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) cuyo cumplimiento permite el licenciamiento de las universidades? Según la Ley Universitaria, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es la instancia responsable del licenciamiento de las universidades. Licencia que, por cierto, es temporal y renovable y tiene una duración mínima de 6 años. Asimismo, es la que supervisa la calidad del servicio educativo universitario y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades son destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

Como se sabe, desde finales del 2015, cada una de las universidades del país, públicas o privadas, debía demostrar ante la Sunedu el cumplimiento de las CBC para prestar el servicio de educación superior universitario. En total son 8. La primera, alude a la existencia de objetivos académicos;  grados y títulos a otorgar; y planes de estudios correspondientes. La segunda, a la oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. La tercera, a la infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). La cuarta, a las líneas de investigación a ser desarrolladas. La quinta, a la verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo. La sexta, a la verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). La séptima, a la existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros). Y, la última, a la transparencia de las universidades.

Desde aquel entonces, 145 universidades solicitaron su licenciamiento. De ese total, 94 fueron licenciadas y 51 no. De las 51 universidades no licenciadas, 48 fueron privadas y 3 públicas. Todas estas universidades, por ejemplo, incumplieron tres CBC relacionadas a objetivos académicos,  programas de estudio y grados académicos; investigación y mecanismos de inserción laboral de sus egresados y graduados. Una evidencia que el anterior procedimiento para crear universidades, bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), no era el más adecuado y no garantizaba condiciones mínimas de calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario. Por eso mismo, se le reformó mediante la promulgación de la Ley Universitaria el 3 de julio de 2014.

A la fecha, el impacto de la reforma universitaria ha sido positivo. Por citar solo algunos ejemplos. En primer lugar, el aumento de publicaciones en revistas indexadas en Scopus. Se pasó de 1770 en el 2014 a 5823 en el 2020. Scopus es una base de datos de prestigio en el mundo académico y los criterios que utiliza para incluir una publicación son muy exigentes. En segundo lugar, el porcentaje de docentes a tiempo completo en las universidades públicas y privadas, en promedio, se duplicó entre el 2015 (25%) y el 2021 (48%). En tercer lugar, el porcentaje de docentes incorporados, luego del licenciamiento, en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) aumentó de 2% a 5.5%. Los cuales son calificados, clasificados e inscritos de manera rigurosa.  

El sentido de la reforma universitaria ha sido garantizar condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de las universidades. A partir de lo cual, revisarlas y mejorarlas periódicamente para ir elevando el nivel de la calidad educativa. Una apuesta y una necesidad que se condicen con lo señalado por Unesco: “En las dos últimas décadas, la garantía de calidad en la educación superior ha alcanzado un impulso significativo en todo el mundo, en un esfuerzo por asegurar que los estándares educativos se mantienen y refuerzan”. 

Por último, confiemos que quien reemplace al Ministro de Educación no piense, como pensaba su asesor, que “el concepto de calidad es un concepto eurocéntrico que quiere decir que creen que las universidades del Perú deben ser equiparables con las universidades europeas”. 

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Minedu, ReformaUniversitaria, SUNEDU

Acompañaron a Mávila en este programa el congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Ilich López y Martín Benavides, exministro de Educación y exjefe de Sunedu.

El congresista Ilich López dijo confiar en su colega de bancada, Maricarmen Alva, quien además es la presidenta del Congreso, en relación a los hechos acontecidos durante su visita a España. “Todo se debe transparentar. Debe haber una investigación si lo amerita. Mientras tanto, confiamos en la palabra de nuestra colega Alva”, expresó; y agregó que espera un informe de Cancillería al respecto. Sobre la moción de censura presentada contra Alva expresó que “los extremos son demasiado malos y hacen mal a la gobernabilidad. No hay una prueba contra Alva”. Sobre el cuestionado accionar del congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Ernesto Bustamante, López consideró que “no debemos echar más leña al fuego y más bien poner paños fríos”. Además, sobre los comentarios de diputados españoles respecto a este incidente consideró que Ellos no son quien para tratar nuestros temas internos en su congreso. Ya no estamos en la época de la colonia”. Finalmente, sobre la información que se dio a conocer hoy en cuanto a los excesivos gastos de la congresista Alva justamente durante su visita a España, dijo no estar enterado al respecto y que pedirá los informes correspondientes. “Vamos a solicitar los informes al detalle de todos esos gastos…Vamos a investigarlo y hacer las consultas pertinentes…Voy a esperar ese informe pero hay que tener mucho cuidado en qué se gasta”, expresó.

Por su parte, Martín Benavides consideró que el ministro de Educación, Carlos Gallardo, no cree en la reforma universitaria. “El ministro de educación no cree en la reforma universitaria. Por eso no la apoya. Y el Minedu tiene ideas contrarias al proyecto de reforma universitaria”, dijo. Además agregó que “El ministro (Gallardo) y su alta dirección están escuchando a otros actores en lugar de escuchar las opiniones técnicas del propio ministerio”. Finalmente, expresó que ojalá que el Congreso convoque a las universidades licenciadas y profesionales independientes para que continúe la discusión para sacar adelante la reforma.

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Acción Popular, Ilich López y Martín Benavides, SUNEDU

La contrarreforma universitaria avanza en el Congreso a la espera de la postura oficial del Ministerio de Educación (Minedu), pero esta se demora extrañamente. Sudaca ha podido corroborar que, desde el 2 de diciembre, los asesores del ministro Carlos Gallardo tienen un par de informes técnicos -realizados por funcionarios de su cartera- que califican como “no viable” el proyecto de ley “que restablece la autonomía universitaria”. 

En el Congreso, la iniciativa legislativa contra la Sunedu ya ha sido plasmada en un dictamen de la Comisión de Educación, pero el ministro Gallardo no parece tener apuro. Al cierre de esta edición, no había enviado al Congreso la opinión elaborada por sus técnicos sobre el proyecto de ley. “Pudiera ser que el ministro tenga una opinión distinta a lo técnico”, reconoce Juan Falcón Ugarte, secretario general del Minedu, en comunicación con este medio.

El tibio comunicado que la cartera publicó el 12 de diciembre muestra, en cambio, otra posibilidad: que el ministerio juegue en pared con el Parlamento. “Defendemos la autonomía de Sunedu, sin embargo, señalamos con transparencia que hay aspectos de la reforma que necesitan ser mejorados”, se lee en el escrito. Un tono opuesto al de los informes técnicos que Sudaca ha podido revisar. José Luna Gálvez, el mandamás de Telesup, debe haber esbozado una sonrisa.

 

MINEDU VS MINEDU

Fuentes de Sudaca señalan que en la interna del Minedu se vive una relación tensa entre los técnicos que se han manifestado en contra la iniciativa legislativa y el ministro Carlos Gallardo, quien tendrá la última palabra antes de enviar su opinión a la comisión de Educación.

El proyecto de marras propone que el jefe de la Sunedu no lo elija el Minedu, sino un consejo formado -entre otros- por dos representantes de las universidades del Estado y uno de las particulares. Es decir, los fiscalizados pasarían a ser sus propios fiscalizadores. El pasado 10 de diciembre se aprobó el dictamen favorable a este proyecto.

Para elaborarlo, a mediados del mes pasado, la Comisión de Educación pidió la opinión técnica del Minedu y los funcionarios de esta cartera se pusieron en marcha. El 25 de noviembre, la jefa de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu), Catie González, envió un informe a la viceministra de Gestión Pedagógica, Nelly Luz Palomino. El documento concluía que la iniciativa era “no viable”.

Informe de la Digesu.

El principal punto -señala el escrito- es que existe un antecedente del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que fundamenta el rol rector del Estado y la existencia de una superintendencia independiente. “Puede colegirse que los artículos que pretenden modificarse por el proyecto de ley son artículos que deben su existencia a un mandato constitucional (…) además, establece expresamente que el Minedu asume el rol rector”, se lee.

La Digesu también apunta que, con esta propuesta legislativa, el Consejo Directivo de la Sunedu pasaría a ser un órgano político. Lo que “significaría un retroceso en todo el avance técnico que se ha logrado, en busca de la calidad en la educación superior universitaria”.

El informe de Catie González fue trasladado a la Oficina General de Asesoría Jurídica (Ogaj) del Minedu, liderada por Luis Rodríguez. Este funcionario también emitió un oficio con su opinión técnica al secretario general, Juan Falcón Ugarte, el pasado 2 de diciembre, ocho días antes de la aprobación del dictamen.

Dicho informe legal también señala que el proyecto de ley es inviable y apunta: “la propuesta de incorporar cuatro representantes de las universidades públicas y privadas podría vulnerar el principio de imparcialidad al generarse posibles escenarios de conflictos de intereses”. Además, aclara que la actual forma de designación del superintendente no supone una intervención política.

Informe de la Ogaj.

El informe, finalmente, indica que no es exacto afirmar que el consejo directivo carece de representatividad universitaria dado que tres docentes de universidades públicas (2) y privadas (1) lo conforman.

Sudaca conversó con el secretario general del Minedu, Juan Falcón, quien señaló que la demora en enviar la postura oficial al Congreso responde a un tema burocrático. “Lo que sube a secretaría no es la opinión institucional, es de los sectores, de la parte técnica. El tema pasó de secretaría al Gabinete de Asesores, que ve la opinión de las áreas, las socializan con otros asesores especializados, visualizan la opinión del ministro y, luego, sale la opinión del sector”, explica.

No hay una respuesta clara sobre la demora ante un tema crucial. Falcón agrega que la respuesta formal del ministerio debería enviarse a más tardar mañana miércoles, y que hubo demoras por los fines de semanas y feriados. Además, planean pronunciarse también por el proyecto de ley que propone otorgar dos años más de plazo para universidades que no obtuvieron el licenciamiento. El dictamen sobre esta iniciativa también fue aprobado el 10 de diciembre.

“Se envió el 2 de diciembre [el informe de Ogaj], pero formalmente entró a despacho el 6. Estamos juntando los dos proyectos para dar la respuesta y ahora está en Gabinete de Asesores”, apunta. El secretario reconoce que podría entrar a tallar en la postura del Minedu “la visión pedagógica del ministro y del Gabinete [de Asesores]”.

Según las fuentes del Minedu que conversaron con Sudaca no es habitual que un ministro ponga trabas a un tema con informes de esta naturaleza. “En realidad lo único que ha faltado ahí es un oficio de la secretaria general haciendo llegar la postura institucional. Es solo un trámite. No se pueden sopesar criterios políticos cuando se trata de políticas públicas, sino la opinión técnica y legal del sector. Me parece que es claro que lo que el ministro quiere hacer es debilitar a su propia área técnico-legal”, cuenta una fuente con conocimiento del tema.

“Lo habitual es que el ministro correspondiente la eleve [los informes técnicos] al Congreso, si está de acuerdo. De lo contrario, tiene la potestad de elevar la opinión que él considere conveniente o no hacer. Generalmente, el funcionario, por ser de confianza, opina igual que lo que piensa el ministro. Pero si un ministro ve que un director no guarda coherencia con lo que él piensa, entonces vienen los problemas. Yo, como director, renunciaría”, apunta el exministro Idel Vexler.

Las baterías de Perú Libre ya estaban cargadas contra la Sunedu desde la campaña electoral, cuando en mayo Pedro Castillo dijo que su gestión iba a “revisar” y “corregir” el accionar de la superintendencia. Oswaldo Zegarra, jefe de la Sunedu, alertó recientemente sobre la nula relación que tienen con esta cartera. 

“Con [el exministro] Cadillo comenzamos a establecer mesas de trabajo para ver la situación de estudiantes y con este ministro [Carlos Gallardo] hemos tenido una sola oportunidad de conversar, no precisamente para ver la mejora de los proyectos que el Minedu piensa impulsar y manteniendo nuestra autonomía en aspectos técnicos”, dijo ayer a RPP. Mañana por la tarde, se ha convocado a una marcha contra este ataque parlamentario a la reforma universitaria. ¿Irá finalmente Gallardo en contra de la opinión de sus técnicos?

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Los defensores de la reforma educativa universitaria continúan explicando la importancia de este proceso. Para la ex directora de CONCYTEC, Fabiola León-Velarde, es imprescindible mantener la independencia del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Además, indicó que retroceder en la calidad educativa no es posible.

Por otro lado, conversamos con el doctor Edén Galán, vocero del Colegio Médico del Perú, sobre el uso del carnet de vacunación y él explicó que es cierto que no podemos obligar a la gente a vacunarse, pero sí restringir algunas cosas por el bien de los demás.

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Comentamos el tibio comunicado del Ministerio de Educación sobre el ataque parlamentario a Sunedu. Los chats de Castillo sobre ascensos militares. ¡Y Bolivia en la política peruana!

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aprobación del Congreso, SUNEDU, universidades bambas

La aprobación del Congreso cae, según la última encuesta de Datum, entre octubre y diciembre, de 30 a 21 y a 17%. Y su desaprobación crece, en el mismo lapso, de 55 a 71 y a 76%. Y ello, hay que subrayarlo, es causado por los actos del propio Legislativo, no por la inercia que, según sostienen algunos politólogos, acontece en todo el planeta.

Este Parlamento se ha ganado a pulso su desprestigio, impulsando vacancias irracionales y contraproducentes, desaprobadas por la mayoría de la ciudadanía y, al mismo tiempo, contrariando su presunto espíritu de hipervigilancia de un gobierno mediocre, siendo incapaz, siquiera, de censurar a un ministro (para lo que se requieren 66 votos, que supuestamente la oposición tiene de sobra).

A la par, produciendo iniciativas regulatorias, que se entrometen en la vida socieconómica del país, favoreciendo evidentes lobbies y juegos de intereses encubiertos. Como es el caso de la intención de desplegar una contrarreforma universitaria, que en estos días alberga la Comisión de Educación, buscando restaurar los poderes de la extinta Asamblea Nacional de Rectores, volviendo a otorgarle a los supervisados la capacidad de elegir al supervisor, es decir, de reinar sobre la Sunedu, y al mismo tiempo, otra iniciativa que busca darle una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas que ya tuvieron sinfín de posibilidades de corregir sus precariedades académicas, que les costaron la sanción, y no lo hicieron (entre ellas, Telesup, de José Luna Gálvez, capataz de la bancada de Podemos).

Una de las pocas reformas estructurales que se han hecho en los últimos lustros, es justamente la universitaria y la creación de la Sunedu, y que el Congreso pretenda tirársela abajo, es un despropósito mayúsculo. Felizmente, se ha conformado un grupo multipartidario, convocado por la congresista Flor Pablo, en defensa de la reforma universitaria, que está alerta a cualquier intento de desandarla.

Deben saber que hay un importante sector de la ciudadanía vigilante de que semejante brulote legislativo no prospere y que, de ocurrir, solo ahondaría aún más el ya sonoro desprestigio de un Legislativo que, hasta el momento, solo parece cumplir el axioma político peruano de que cada Congreso entrante es peor que el anterior.

La defensa de la reforma universitaria es uno de esos actos políticos que enaltecería la labor del Parlamento, y por ello hacemos votos para que triunfe la razón sobre las maniobras turbias de un sector parlamentario claramente subvencionado por el poder económico de las universidades bambas.

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