tráfico de madera

“Tengo conocimiento de que los madereros de Madre de Dios le realizaron un apoyo a Hidalgo, con el pago de una bolsa [de dinero] en su campaña para que todo siga y sean favorecidos”, le dijo el 23 de julio un aspirante a colaborador eficaz al fiscal Dionisio Quicaño, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se refería a Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios y militante de Alianza para el Progreso (APP).

El fiscal Quicaño viene investigando una mafia de traficantes de madera a la que ha bautizado como “Los Hostiles de la Amazonía”. Logró sus primeras detenciones a mediados del 2020. Se detuvo a varios funcionarios que ocupaban mandos medios en el gobierno regional y también cayeron policías, fiscales y agentes de la Sunat. Todos ayudaban a la organización criminal a falsificar documentos y burlar los controles para el traslado ilegal de madera, como ya ha reportado este medio.

Ahora, la trama criminal más importante de Madre de Dios le ha tocado la puerta al mismísimo gobernador. Las escuchas telefónicas han revelado sus vínculos con empresarios madereros que se vieron beneficiados por decisiones de su gestión. El último 12 de octubre, la Policía allanó la casa de Hidalgo y una decena de inmuebles más. Tres personas tenían orden de captura, una de ellas no fue ubicada. Sudaca accedió a la carpeta fiscal del caso.

Para el procurador en delitos ambientales Julio Guzmán, este es uno de los casos más importantes en materia ambiental del país. Cada vez aparecen involucrados funcionarios de mayor nivel. “La visión que tengo es que los mandos medios no actúan de manera aislada, no dirigen un modus operandi, sino forman parte de una estructura de poder que va más allá”, dice.

colaborador pagos a hidalgo
El aspirante a colaborador eficaz dice que la mafia maderera financió la campaña de Luis Hidalgo “para que todo siga y sean favorecidos”.

ENCUBRIMIENTO

El colaborador eficaz le dijo al fiscal que el apoyo a la campaña del gobernador Hidalgo por parte de Edith Huaricancha Arenas, sindicada como la líder de la organización criminal de tráfico de madera, la había convertido en un personaje poderoso en la Dirección Regional Forestal. Esta se encarga de fiscalizar el producto que sale de la región. “Decía que ella podía manejar el Inrena, es decir, la Dirección Regional Forestal”, aseguró el delincuente arrepentido.

Señaló -por ejemplo- que Harry Pinchi, a quien nombraron en esa dirección en 2019 y se opuso a los intereses de Huaricancha, fue removido por presión de esta. “Edith y su grupo demostró que a este Harry lo harían botar. Es así que, efectivamente, luego de un corto período, lo botan. Previa bolsa [de dinero] que los tramitadores hicieron”, contó.

Pero, a pesar de su mala relación con Huaricancha, la Fiscalía considera que el ingeniero Harry Pinchi tampoco actuaba derecho. En noviembre de aquel 2019, le habría hecho un favor a unos amigos del gobernador regional, luego de que se interviniera un camión con una dudosa carga de madera. Pinchi habría impedido una inspección al aserradero desde donde salió la mercancía, que pertenece a la compañía Empefoc. Ese es el otro hilo que jaló el fiscal Quicaño para tocar las puertas de Luis Hidalgo.

Empefoc pertenece al peruano Christian Stapelfeld Asayag y funciona como un aserradero y un centro de almacenamiento de madera. Stapelfeld, según la Fiscalía, trabaja para un empresario chino asentado en el Perú hace años: Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos. Es gerente y apoderado de otras firmas del rubro maderero y dirige un periódico para la comunidad china llamado ‘La voz de la colonia china’. Ambos -Stapelfeld y Fidel- tienen una relación bastante cercana con Luis Hidalgo, como veremos más adelante.

ciudadano chino empresa madera
El 12 de octubre se allanó la vivienda del empresario chino Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos.

La hipótesis fiscal es que ellos proveen las guías de transporte forestal -documentos donde se consigna el nombre del dueño de la madera y hacia dónde se está dirigiendo la mercancía- a la mafia. En los papeles se coloca que Empefoc es la dueña del cargamento, cuando no es así. Es decir, se falsifican los datos.

El 7 de noviembre de ese 2019, por ejemplo, agentes de la Dirección Regional Forestal intervinieron un camión conducido por Raúl Suta Quispe, un sujeto con antecedentes por delitos ambientales que en ese momento transportaba madera de procedencia presuntamente ilegal. Para justificar el cargamento, Suta presentó una guía de transporte que decía que aquella madera estaba a nombre de Empefoc.

Los días posteriores a la intervención de Suta, Christian Stapelfeld se comunicó en varias ocasiones con él, preocupado por las consecuencias que podía haber en su contra. También se comunicó con un presunto miembro de la mafia detenido el año pasado, Jesús Aranzabal, a quien le pidió solucionar el problema y evitar que esto llegue a la prensa.

“Con nosotros se ha sentado [se refiere a Stapelfeld] y le hemos dado la idea de que él agarre y diga a todo el mundo que esas guías él no las había autorizado y que las están clonando […]. Nosotros le damos a Christian [Stapelfeld] su pago mensual, ahora está fregado”, se le oye decir a uno de los investigados -Francis Diaz- en comunicación con Jesús Aranzabal. Díaz fue detenido en abril de este año y Aranzabal a mediados del 2020.

Este último habría ayudado a Stapelfeld a librarse de la justicia luego de la intervención al camión que manejaba Suta. El 16 de noviembre, Aranzabal llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. La razón: ya había hablado con la fiscal a cargo y no lo iban a investigar. 

Señor Christian, ahora sí me he metido a hacer de todo para que en la fiscalía quede ahí nomá […] Yo ya hablé con la fiscal y bueno ahorita la investigación no está dirigida a la empresa de usted […] Es una amiga mía la fiscal”, le comenta Aranzabal. El empresario acepta entregarle “una luquita” por las gestiones.

fiscalia corrupcion
El 16 de noviembre, uno de los investigados llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. Ya había hablado con la fiscal a cargo.

Pero la intervención de Suta no podía ser pasada por alto en el gobierno regional. Quedaba pendiente una inspección al aserradero de Empefoc. Ahí entró a tallar el ingeniero Harry Pinchi en favor de los amigos del gobernador Hidalgo, según la Fiscalía.

De acuerdo a las escuchas, el 25 de noviembre Christian Stapelfeld y Fidel se reunieron luego de la hora de almuerzo. Al poco rato, Palmer Pastor -asesor del gobernador regional Luis Hidalgo- se comunicó con Pinchi y le pidió que atienda a Stapelfeld. Pinchi aceptó recibirlo.

Tras la reunión, se interceptó una llamada de Stapelfeld al asesor del gobernador, donde el primero de le comentó al segundo: “Eso ya lo solucioné, me ayudó al toque, al toque me solucionó”. La Fiscalía asegura que hablaban de detener la inspección al aserradero.

El 26 de noviembre, Fidel y el gobernador Luis Hidalgo tuvieron una reunión cerca de las 7:30 de la mañana en el Hotel Centenario. Los investigadores creen que además de la inspección frustrada, habrían tratado otros temas de interés mutuo. La sospecha tiene correlato en eventos posteriores.

BUENAS RELACIONES

La relación entre el gobernador y el empresario chino, alias Fidel, no es nueva. En mayo del 2019, ambos viajaron a China, junto a Christian Stepelfeld, para participar de la Expo Central China 2019. Según la fiscalía, “Xiadong Ji Wu y Christian Stapelfeld habrían comprado los pasajes”. 

Meses después, en diciembre de aquel año, el ciudadano chino habría tramitado becas en el extranjero para familiares del gobernador y de su asesor Palmer Pastor, de acuerdo a la Fiscalía. De hecho, en las escuchas entre Fidel y Stapelfeld, el primero le dice que Pronabec cuenta con cupos limitados de becas y que ha conseguido cinco para cualquier carrera en Shanghai, pero en la misma embajada. 

Fidel incluso le consiguió al gobernador una reunión con el embajador chino para el 16 de diciembre de aquel 2019. No se tiene información de en qué quedó ese asunto, pero sí los vínculos de los empresarios con el poderoso funcionario de Madre de Dios. 

¿Para qué sirvieron tantos favores? Según las escuchas, desde el 2020 funcionarios de la Dirección Regional Forestal ayudaron, a cambio de coimas, a acelerar la transferencia de una concesión ecológica a favor del empresario chino. En marzo del 2021, además, la misma dirección condonó una deuda a Turbina SAC, de propiedad del empresario chino y de Stapelfeld. 

A inicios de este mes, el fiscal Quicaño pidió la detención de Luis Hidalgo y de Fidel, pero el juez consideró que las pruebas contra ellos aún no eran suficientes. Solo ordenó el allanamiento de sus casas. Contra quien sí dictó detención fue contra el director forestal Harry Pinchi y el empresario Christian Stepelfeld.

Los detectives se llevaron una sorpresa al allanar el despacho del gobernador y ver que había una resolución judicial del 6 de octubre que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones de varios investigados. Entre ellos, el de él.

Contactamos a Luis Hidalgo, que prometió atendernos la noche del martes. Al cierre de esta edición, no volvió a responder nuestras llamadas. También llamamos a los números del empresario chino, pero no hubo respuesta.

PRENSA VENDIDA

La mafia, sin embargo, no se ha preocupado solo en reclutar funcionarios. También lo ha hecho con ‘periodistas’. Las investigaciones del fiscal Quicaño salpican a un hombre de prensa conocido localmente, que no tiene vergüenza en admitir que recibió pagos de personas que hoy son investigadas por el tráfico de madera que deforesta su región.

blanco radio2
El ‘periodista’ Julio Blanco Rocca admite que recibió dinero de los madereros. “Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’”, dice.

A mediados del 2019, en su programa de Radio Selva, el comunicador Julio Blanco Rocca dio algunos nombres de madereros que estarían cometiendo irregularidades coludidos con funcionarios regionales. Nombró a una tal Edith, sin dar su apellido.

Huaricancha se sintió aludida y lo llamó para preguntarle quién le había dado la información. “Me vas a contar todo, conmigo no vas a jugar. Yo soy tu pinky”, le dijo la mujer. Y luego de unos segundos añadió: “Voy a mandarte para tus gastos, ya no hables nada mierda”. Minutos después, Huaricancha se comunicó con uno de sus cómplices y acordaron armar una bolsa mensual para el ‘periodista’.

Sudaca se comunicó con Blanco, quien aceptó haber recibido el dinero. Asegura, sin embargo, que eso no lo involucra en el delito de tráfico de madera.

“A la ‘Yayita’ [se refiere a Edith Huaricancha] la conozco hace más de 10 años. Uno no sabe si ella trafica con madera, blanquea guías, uno no sabe. Sus acciones no me involucran a mí”, dice. Y luego añade, con total desparpajo: “Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’, ‘a zutano’, ‘a fulano’. Y uno dice: ‘apoya con algo’ y te colaboran con 200, 300, por lanzar una noticia que interesa a una persona y que puede perjudicar a otro. Eso no es delito y lo hice antes de que ellos caigan”.

El juez solo ordenó el allanamiento de la casa de Blanco y rechazó que se le detenga bajo el increíble argumento de que estaba ejerciendo su “libertad de expresión”.

LOS CONSEJEROS

Las escuchas telefónicas también demostrarían que el gobernador Luis Hidalgo le hacía favores a consejeros a cambio de que aprueben las decisiones de su gestión. Uno de ellos es Marcial Tapullima Yuyarima, que llegó al cargo como invitado de Perú Libre.

Según las escuchas telefónicas, en noviembre del 2019 Tapullima se comunicó con el asesor del gobernador para pedirle que su esposa sea contratada en una red de salud que controla la región. A cambio de la ayuda, el consejero votaría a favor de aprobar un viaje del gobernador a España. Las escuchas demuestran que Hidalgo movió sus hilos para ayudar a Tapullima.

luis hidalgo ayuda a tapullima
El gobernador acepta “ver” la solicitud de un consejero, que pidió favorecer a su esposa con un cargo público.

Nos pusimos en contacto con Tapullima, pero su celular estaba apagado. La vivienda del consejero fue allanada la semana pasada.

También lo fue la casa de la consejera Fátima Pizango, responsable política de Alianza para el Progreso en la región desde el 2014. En su inmueble, la Policía halló S/70.000 en efectivo. “Yo soy una profesional que viene trabajando en muchas instituciones, tengo un colegio particular, he vendido una camioneta. Por la pandemia, todo ese dinero no lo pude invertir”, dice Pizango. 

La funcionaria es acusada de recibir financiamiento para la campaña de APP de parte de la mafia que lidera Edith Huaricancha, y de gestionar la compra de un pasaje para un consejero con el dinero de los taladores. “No conozco a Huaricancha y por ningún motivo hemos tenido algún aporte. El colaborador tiene que demostrarlo”, señala.

El procurador Julio Guzmán dice que hasta ahora no hay sentencias por crimen organizado vinculado a delitos ambientales. “Los Hostiles de la Amazonía” podría ser la primera de ellas, si el Poder Judicial lo permite.

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El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia. 

 

“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró. 

El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.

La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque. 

Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos. 

confesión durand
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.

“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.

Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.

“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.

José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives. 

“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.

El organigrama de la mafia tumbesina.

 

Un fiscal con historia

Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos

El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.

Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.

Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.

“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.

Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.

Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.

En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.

Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.

 

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Desde que los detectives de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) interceptaron sus llamadas, el 2017, se hizo evidente que la comerciante Edith Huaricancha Arenas había captado a decenas de funcionarios públicos en puestos clave, encargados de fiscalizar la venta y el traslado de madera. Así había conseguido que sus cómplices tengan vía libre para pasar pesados cargamentos ilegales desde Madre de Dios hasta las fábricas de muebles en Lima.

 

La madera que compraba esta mafia (y que luego revendía a otros comerciantes) era extraída de zonas protegidas o llegaba de contrabando desde Bolivia, apuntan fuentes de la Fiscalía. El negocio completo: conseguir guías de transporte fraudulentas −papeles donde se consigna la especie de madera que están trasladando, la cantidad y el destinatario− y lograr que los camiones que llevaban el cargamento sortearan sin sobresaltos los puestos de control del gobierno regional y la Sunat, ubicados en la carretera, como los operativos de la Policía.

“Los funcionarios de Madre de Dios les entregaban [a los criminales] esta documentación fraudulenta o blanqueada. Por ejemplo, sacaban un producto cuya extracción no está permitida, pero colocaban otra especie [de madera] en el documento. Con ese documento ilegal, el producto llega a Lima, donde es utilizado para hacer muebles. Los puestos de control [situados en la carretera] están comprados y algunos policías metidos en este tema, eso es innegable”, explica el coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac.

Con audios interceptados en los últimos cuatro años y el seguimiento a los investigados, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción establecieron un organigrama de la mafia: 45 personas, 23 de las cuales eran funcionarios públicos. En agosto del 2020 montaron un primer operativo, que tuvo un éxito parcial. El segundo golpe ocurrió hace apenas una semana, el pasado 21 de abril.

“En el último operativo los ciudadanos del sector querían evitar la captura de dos financistas de la organización. Creen que ellos les están haciendo un bien, que les dan trabajo [al comprarles madera], pero los están explotando”, dice Gonzáles, quien detalla que Huaricancha revendía la madera que les compraba, al menos, a 10 veces su valor.

Pero ese ha sido apenas un problema menor entre los tantos que ha atravesado el caso. La primera parte de la investigación estuvo marcada por la filtración de información a los presuntos criminales y un Poder Judicial que jugó en pared con la organización.

Un día antes de la primera redada, el 24 de agosto del año pasado, el programa matutino de Radio Selva que dirige el periodista Julio Blanco anunció que la Diviac se encontraba en la región y que iban a “canear a siete u ocho” efectivos policiales. No se refirió, sin embargo, a los otros funcionarios públicos ni a los comerciantes, quienes se habrían enterado cuando el operativo ya estaba en marcha.

Edith Huaricancha fue capturada la madrugada del 25 de agosto. No pudo escapar a tiempo a pesar de que un agente de la policía de Madre de Dios, el teniente Gianfranco Lavado Yllescas, le avisó en mensajes de WhatsApp que se estaban haciendo varias detenciones y que entre los objetivos también había civiles.

Lavado: Han detenido a Pérez [hace referencia a un policía]

Edith: Pero ¿por qué?

Lavado: Diviac.

Edith: Borra los mensajes, ¿a quién más?

Lavado: Ya lo hice. A Zegarra de Forestal, Ambiente.

Edith: ¿A quién más?

Lavado: Sólo ellos.

Edit: ¿Y qué les están diciendo?

Lavado: A Figueroa también. Dicen que una investigación que tiene del año pasado (…) Van a intervenir civiles. Se van a quedar varios días.

interceptación whatsapp
Izquierda: Transcripción de los mensajes de WhatsApp con los que el teniente Gianfranco Lavado alertó a la presunta líder de la mafia de que la Diviac llevaba a cabo un operativo la madrugada del 25 de agosto pasado. Derecha: Lavado, hoy libre.

Lavado era el agente de apoyo designado por la Región Policial de Madre de Dios para colaborar con el megaoperativo. En teoría, el teniente se había enterado pocas horas antes de que este se iba a llevar a cabo, pero se dio el tiempo de avisarle a Huaricancha. Finalmente, la Diviac, que tenía como objetivo a 29 personas, pudo capturar a 19.

A pesar de todas las pruebas −concretamente las llamadas interceptadas que reseñaremos a lo largo de este reportaje−, Huaricancha fue liberada pocos días después por una Sala de Apelaciones de Madre de Dios. La Fiscalía tampoco pudo conseguir que el Poder Judicial admita su pedido de prisión contra el teniente Lavado a pesar de las flagrantes conversaciones.

En breve comunicación con Sudaca, el teniente no negó la veracidad de los mensajes y se limitó a decir: “No hay nada contundente, no hay la intención de nada ahí [en los mensajes]. Es un tema de investigación, yo no sabría nada más, ya se esclarecerán los hechos”.

El manto de impunidad alcanzó a las fiscales Zoila Rodulfo Castillo y Nelly Colque Valdivia, capturadas en setiembre pasado. De acuerdo con las interceptaciones, ambas habrían recibido juegos de muebles, whisky y dinero a cambio de ayudar en los casos penales que la mafia tenía en el Ministerio Público. Un juez decidió darles libertad en primera instancia. Cuando el fiscal a cargo del caso logró que admitan su apelación, Rodulfo y Colque ya habían desaparecido. Hoy son prófugas de la justicia.

Los policías

A pesar de los ‘topos’ y la sospechosa benevolencia del Poder Judicial, decenas de capturados permanecieron en prisión. Luego de revisar sus celulares, convencer a algunos de que entren a un proceso de colaboración eficaz y cotejar una y otra vez las interceptaciones telefónicas que se tenían, los investigadores volvieron a dar un golpe el pasado 21 de abril. Esta vez el objetivo eran 14 personas, nueve fueron capturadas, cinco no pudieron ser ubicados.

Fuentes de la Fiscalía apuntan que en esta ocasión no hay evidencia de que alguien haya lanzado la alerta, pero sí hay sospechas de filtración de información desde un juzgado. “Parece que hay algunos abogados que han estado pulseando por esa información”, apuntan.

Lo único cierto es que la mafia logró meterse hasta el cuello entre los funcionarios públicos de Madre de Dios.

Para este nuevo operativo, los detectives ya habían revisado el celular de Huaricancha. Allí encontraron mensajes de WhatsApp con el suboficial Pablo Caviedes Neya, del Departamento de Protección de Carreteras de Madre de Dios. Entre el 22 de julio y el 8 de agosto del 2020, el policía estuvo coordinando con la mujer el pase de varios camiones que trasladaban madera ilegal para que estos no tengan mayores problemas.

El 29 de julio se dio la siguiente conversación:

Edith: Buenas noches, papi, ¿pasarán mis carritos?, ¿cómo hacemos?, ¿arreglamos por aquí?

Caviedes: Ya, ¿a qué hora pasan y de dónde salen?

Edith: De La Novia, a las 11 más o menos.

Caviedes: Ya, que se paren acá en Shiringayoc para disimular, revisar las guías.

Caviedes, según el registro de llamadas, pertenecía a la organización desde el 2019. Su nombre figura en unos apuntes de “gastos” que le fueron incautados a Huaricancha. Fue detenido el pasado 21 de abril.

Pero antes de él, la mafia ya había captado al comandante Dante Gallardo Carreño, jefe de la Policía de Medio Ambiente, a cargo de operativos contra la minería ilegal y el tráfico de madera.

En 2017 y 2018, este oficial alertó a la mafia de varios operativos que iban a realizarse en la zona. Un ejemplo es la comunicación del 23 de abril del 2018, en la que uno de los presuntos criminales (alias ‘Pubi’) llama a Gallardo para preguntarle sobre un operativo contra los mineros:

Pubi: Este… me acaban de llamar de arriba ahorita y me dicen que mañana van a bombardear, ¿sabes algo?

Gallardo: No, nada.

Pubi: No hay nada, ¿no?

Gallardo: No.

Pubi: No vaya a ser, carajo, que nos revienten la máquina.

Gallardo: No, no… a ver, espérate. Voy a confirmar y te llamo.

Pubi: Me avisas, porque si hay algo, para irme en la noche a esconder los motores.

Gallardo no pudo ser ubicado en el operativo de la semana pasada.

La Sunat

Otro de los que logró escapar a tiempo fue Albert Curi Urbina, agente de la Sunat a cargo del control de vehículos en el puesto Unión Progreso. No estaba en su casa cuando la Policía llegó con una orden de captura en su contra. El 2 de febrero del 2020, la Policía registró la siguiente conversación entre Edith Huaricancha y Curi, en donde la primera promete hacer una “bolsa” de dinero mensual para él.

Edith: Más tarde te llamo, me llamas por WhatsApp, ya he hablado con los chicos.

Curi: Ya.

Edith: Ya, y vamos a hacer una pequeña bolsa mensual mejor, para estar tranqui, para chambear tranqui.

Curi: Ya, chévere, gracias, se agradece.

transcripción audio mafia
Izquierda: La transcripción del audio en el que Edith Huaricancha acuerda entregarle una bolsa de dinero mensual a un funcionario de la Sunat. Derecha: la impune Huaricancha.

Tres semanas después, la noche del 23 de febrero, Albert Curi y Edith Huaricancha se vuelven a comunicar para coordinar el pase de un vehículo que cargaba madera ilegal. Curi le dice que está con tres personas más en el puesto de control, pero que apenas se vayan le timbrará.

Media hora más tarde, el agente aduanero cumple con su palabra y llama a la líder de la organización avisándole que ya puede pasar el vehículo. Entonces Edith se comunica inmediatamente con el chofer del camión que lleva la madera:

Edith: Ya, maestro, pasa, pasa.

Chofer: Ya, señito, ya. Directo paso, ¿no?, ¿me van a pedir algo?

Edith: No, no, entra. Ahí hay un flaquito a la vista. Le entregas los documentos a él, para disimular te va (ininteligible) y pa que pases.

Chofer: Ya, ya, ya.

Edith: Un flaquito de la Sunat.

Albert Curi no era el único funcionario de aduanas involucrado. Durante el primer operativo cayó Óscar Espinoza Chávez, quien en junio del 2018 proporcionó un USB a la mafia con información de cargamentos registrados en una base de datos de la Sunat. De acuerdo a las escuchas, Espinoza recibió S/5.000 por sus servicios.

Los directores forestales y los periodistas

Edith Huaricancha y sus cómplices tenían un negocio redondo, de acuerdo a la documentación fiscal. No sólo revendían la madera a más de 10 veces su valor. También hacían negocio con las guías de transporte.

Los funcionarios de Madre de Dios eran los que proveían las guías fraguadas que luego Edith Huaricancha revendía a otros comerciantes de madera. Una interceptación telefónica del 24 de noviembre del 2019 da cuenta de cómo negociaba esta con una mujer llamada Emiliana Luna Huamán, también capturada la semana pasada.

Edith: Ya, mami, en ese caso, en el precio de las guías, ¿a cuánto me vas a dar?

Emiliana: No sé, ¿a cuánto estás vendiendo, pe?

Edith: Yo he estado vendiendo siempre a 0.17 [17 centavos de sol]. Mire, a la señora Constanza a 23 [centavos].

Emiliana: Y a mí 20 será pues.

Edith: A 22 pe, porque no me va a salir [a cuenta] 20.

Emilia: A 20… mira, hasta las coimas han subido, mami.

Para hacerse de las guías y pasar sin problemas los puestos de control en la carretera, la mafia tenía más funcionarios en su nómica. Los jefes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, el organismo a cargo del control y fiscalización de la extracción de madera en la zona, adscrito al Gobierno Regional de Madre de Dios, también habrían sido comprados. En el operativo del pasado 21 de abril dos de ellos, Ernesto Vargas Guevara y Jorge Dueñas Salas, fueron capturados debido a que tenían decenas de llamadas con los miembros de la organización.

Y Edith Huaricancha no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Por eso, cuando vio que el ingeniero Harry Pinchi −a cargo de esa dirección durante un período del 2019 y repuesto en julio del 2020− no iba a trabajar para ella, recurrió a la prensa local para embarralo. Así lo revelan mensajes de WhatsApp del 3 de agosto entre Huaricancha y Alan Vizcarra Econema, uno de sus presuntos cómplices. Un día antes, ella le había asegurado que saldría una “nota” periodística para generar la remoción de Pinchi. “Ojalá sea efectivo y de una vez saquen a esa mierda”, había dicho él.

Alan: No dicen nada de Pinchi en las noticias.

[…]

Edith: Cómo dices que no dijo nada, el Puclla [Luis Puclla] le sacó la mugre.

Alan: ¿Tienes el video? Porque yo no lo vi.

Edith: No. Hansel me llamó y dijeron que mañana mostrarán los documentos.

Pinchi recuerda que la mafia de Huaricancha quiso acercarse a él en 2019. “Tenía colegas que me decían que Edith quería conversar conmigo. Pero yo sabía de los antecedentes de la señora y nunca le di espacio”, cuenta a Sudaca.

El funcionario recuerda varios ataques mediáticos en el período de las llamadas interceptadas y dice que las denuncias periodísticas en su contra no tenían sustento.

Luis Puclla, periodista aludido, también niega que sus críticas hayan sido pagadas por la mafia. “No, para nada, yo cuestiono y critico si veo que están actuando mal. Ni siquiera conozco en persona [a Edith], yo más bien rajé de ella en mi programa”, asegura el comunicador.

Nos comunicamos con Rómulo Ochoa Segura, abogado de Edith Huaricancha, para obtener sus descargos. Ochoa no desmiente la veracidad de las interceptaciones telefónicas que acompañan este informe. “Más que la veracidad, cuestionamos la legalidad de los audios. Consideramos que una investigación que data de septiembre del 2017 ya debería tener mayor sustento. Mi patrocinada es empresaria, no es líder de ninguna organización criminal”, apunta.

Este viernes se llevarán a cabo las audiencias de algunos de los detenidos. Incluida la que verá si Edith Huaricancha sigue en libertad. En la Fiscalía Anticorrupción no descartan que sigan cayendo funcionarios ligados a esta mafia. Periodistas y residentes de Madre de Dios creen también que hay mucho pan por rebanar. Mientras tanto, ningún candidato ha puesto sobre la mesa propuestas claras para luchar contra la minería ilegal, ni la tala indiscriminada.

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Coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac, muestra el complejo organigrama de esta mafia de tráfico de madera.

 

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