corrupción

Entre la información más resaltante de la Plataforma se observa la falta de rendición de cuentas en indicadores como el avance físico de las inversiones. De acuerdo con D#Acción, de las cerca de 31 mil inversiones activas con presupuesto en 2022 que requieren informar el avance físico, el 41% no lo hace. Es decir, cuatro de cada 10 proyectos con presupuesto no cumplen con informar su avance físico, pese a que deben hacerlo. Adicionalmente, en la plataforma se evidencia información respecto a la ineficiencia de la ejecución de inversiones en términos de plazo (demoras) y costo (sobrecosto). Al respecto se encuentra que, uno de cada cuatro proyectos se demora más de 100 días de la fecha planeada en finalizarse y el sobrecosto por encima de la viabilidad de las inversiones activas con presupuesto asciende a S/87 mil millones.

Iniciativas como D#Acción, donde se realiza el seguimiento a la ejecución física de las obras, permitirán alertar demoras para la toma de medidas correctivas, y con ello, reducir la posibilidad de paralización de estas y mejorar el uso de recursos públicos. Esto último es fundamental pues actualmente existen 2.784 obras paralizadas por S/ 14.897 millones, lo cual equivale a todo el presupuesto del sector educación para 2022 y la ineficiencia del gasto equivale al 2,5% del PBI, según el BID. De esta manera, transparentar datos para que tanto los ciudadanos como los hacedores de políticas públicas tomen acción no solo propiciará un clima de mayor confianza —hoy en niveles casi inexistentes— sino que posibilitará brindar mejores servicios públicos y mejorar el bienestar de todos los peruanos.

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Mal y muy lejos de su potencial. Note, estimado lector, que se trata de factores que en apariencia no están relacionados con la economía. Sin embargo, lo están y mucho. Imagine usted, cuánto tiene que invertir una empresa en seguridad, cuántos días pierde en trámites con el Estado, las dificultades que enfrenta cuando pretende que el Poder Judicial le resuelva un problema. Los funcionarios parecen no seguir las reglas establecidas, sino que favorecen a unos sobre otros.

Por eso no sorprende que los países más competitivos del mundo sean aquellos con mejores instituciones y, como consecuencia de ellos, resultados económicos positivos y mayor calidad de vida. La clave está en encontrar cómo cambiar las instituciones y, aunque todos creen tener la receta perfecta para mejorar el marco institucional, hay una verdad universal: no sabemos cómo hacerlo.

Mientras no tengamos mejores instituciones, mientras no cambiemos las personas, resulta muy difícil que seamos un país competitivo, capaz de brindar a sus ciudadanos servicios básicos de calidad. El debate institucional está más allá de la izquierda y la derecha, y es anterior a ellas. Miremos el mundo y veamos por qué algunos países funcionan mejor que otros. Encontraremos que son sociedades con altos niveles de confianza interpersonal, que, además, tienen muy bajos niveles de corrupción y Estados que están al servicio de los ciudadanos con eficiencia y eficacia.

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Lo cierto es que, constitucionalmente hablando, Castillo ya hace rato no debería estar sentado en Palacio. Las pruebas de corrupción que ha adjuntado el prolijo informe de la Fiscalía de la Nación comprometen al presidente de tal forma, que la incapacidad moral permanente se desprende por sí sola. Pero Castillo ha cooptado antidemocráticamente a una parte del Congreso (¿se atreverá a decir algo la OEA sobre semejante atentado contra la voluntad popular?) y solo por ello ha logrado sobrevivir a lo que no es un ataque golpista de la derecha enfurecida e intransigente, sino el resultado de sus propias inconductas, mediocridades e inmoralidades.

La del estribo: solo el hecho de ver al gran Alberto Isola hacer por primera vez en su vida un monólogo ya justificaría acudir a ver Conferencia sobre la lluvia, pero que, además, estemos ante una puesta en escena de un texto de Juan Villoro y la dirección de Marco Muhletaler, termina por cerrar el círculo de convicción. Va en el Centro Cultural de la PUCP hasta el 5 de diciembre.

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¿Qué hacer entonces con los gobernantes latinoamericanos? ¿Serviría de algo que se miraran corruptos y se arrepintieran? Porque si bien el arrepentimiento implica asumir voluntaria, sincera y responsablemente las consecuencias de sus acciones y dejar de cometerlas, algunos le exigen un cambio ideológico. Y así se hayan arrepentido, dice la Iglesia, quedan las reliquias de la corrupción y las penas que deben pagar a lo largo de su lentísimo y dantesco estado en el purgatorio, porque muchas oraciones para que salgan en días como estos, no recibirán.

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Año tras año, como lo indican las encuestas, la desconfianza entre los ciudadanos aumenta. ¿No son acaso el uso irregular de los recursos públicos, los escándalos de corrupción, la ineficiencia en la prestación de servicios públicos, entre otros hechos, los que provocan que la confianza en el Estado y en las instituciones disminuya? ¿A los que detentan el poder les preocupa que su desempeño sea valorado de manera positiva? ¿Qué las instituciones, bajo su responsabilidad, sean percibidas por los ciudadanos como justas y transparentes en la prestación de servicios públicos y por eso mismo confiables? ¿Se dan cuenta que la desconfianza política impacta la confianza interpersonal? ¿Sería mucho solicitarles que evalúen los efectos de la creciente desconfianza política e implementen las acciones necesarias para contrarrestarla? Tal vez sea mucho pedir en las actuales circunstancias.

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Este es el mundo que Pedro Castillo nos quiere imponer y en el cual no queremos vivir. Por ello es imprescindible defender el actuar de la Fiscalía de la Nación que ha mostrado profesionalismo, entereza y determinación en conseguir los elementos probatorios suficientes para presentar una denuncia constitucional contra el presidente y varios de sus allegados ante el Congreso.
La Fiscal Benavides ya rajó el cascarón con tremendo picotazo que ha remecido a todo el gallinero presidencial.
Corresponde ahora a nuestro Congreso tomar la posta con honor, con patriotismo, con deber cívico y terminar de romper ese nefasto cascarón de realidad alterna y mafiosa, de podredumbre y oscurantismo, para librarnos de una vez y constitucionalmente, de este nefasto Mundo para Pedrus.

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La ciudadanía, sin embargo, está acumulando malestar. El desprestigio de la clase política, la corrupción descarada que anida en Palacio de Gobierno, el incremento del costo económico de la canasta familiar, la acuciante inseguridad ciudadana, el colapso de los servicios públicos (especialmente en salud), etc., son hechos que afectan directamente la calidad de vida de los peruanos y golpean los límites de la paciencia popular. No tardará -creemos- en cuajar ello en una protesta callejera masiva. Pero tendrán que ser otros los convocantes, otros los temas, otros los momentos oportunos.

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