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Antes del cierre de las fronteras por la pandemia -hace 22 meses- entre 8 mil y 9 mil personas por día cruzaban el Complejo Fronterizo Santa Rosa, desde Chile hacia Tacna. Desde aquella fecha, según Guillermo Martorell, presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, los restaurantes, hoteles, agencias de viaje y comercios de toda la ciudad han dejado de percibir entre US$ 300 millones a US$ 400 millones que generaban los visitantes cada año.

En entrevista con Sudaca.pe, explicó que por varios meses sostuvieron reuniones con las autoridades de la región y estaban esperanzados en que esto se lograra antes de Navidad, el 1 de diciembre, como lo indicaba el Decreto Supremo N° 174-2021-PCM, que se publicó el 28 de noviembre. Sin embargo, estos planes se vieron truncados cuando el Senado chileno aprobó un pedido para aplazarlo, que coincidió con el surgimiento de la variante ómicron en distintas partes del mundo.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, explicó que, frente a la situación epidemiológica del país y a la variante ómicron, que ha alarmado al mundo, se tomaron varias medidas y entre ellas estaba la suspensión de esta reapertura de las fronteras.

“Se ha tomado la decisión, por ahora, de no aperturar las fronteras, como se tenía planteado. De hecho, los países vecinos han tomado esa decisión antes que nosotros”, dijo el 1 de diciembre en la conferencia posterior al Consejo de Ministros.

Esa misma mañana, en el puente internacional entre Perú y Ecuador, los empresarios de los distritos limítrofes de Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador), en compañía de algunos congresistas, decidieron acudir igual al punto que une los dos países para conversar, aunque fuese a través de las vallas de seguridad.

“Esperábamos con mucha alegría la reapertura del puente internacional, pero hemos visto que se reforzó con un pelotón de policías, tanto en Perú como en Ecuador”, comentó Gerardo Risco, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de la provincia de Zarumilla.

Las condiciones de Chile y el control de la pandemia 

Si bien el aplazamiento de la medida se relaciona directamente con la aparición de esta nueva variante de la Covid-19, Martorell considera que también hay otras consideraciones políticas detrás porque durante el periodo de cierre, el comercio que no llegó a Tacna se quedó en Iquique.

“Ha habido marchas en la ciudad de Arica de todos los comerciantes de ferias, mercadillos y centros comerciales, pidiendo que se demore lo más que se pueda en abrir la frontera. Le han hecho un memorial al senador Maturana, que es de Arica, y él lo presentó. Para que no se vea como un pedido exclusivo de Arica, sumó a la frontera de Colchane (con Bolivia).

A pesar de las asperezas, la población tacneña avanzó con el control de la pandemia y la vacunación. Según Martorell, estiman que la región debe estar cerca del 80% de la población objetivo.

“Ha sido un clamor de la ciudadanía en general la reapertura de la frontera, es por eso que hay un alto porcentaje de vacunación en Tacna, situación que no sucede en el resto del país. Se adquirió una conciencia cívica de que debemos vacunarnos para poder exigir la reapertura de la frontera”, comentó.

No obstante, hay diferencias de cifras con el Ministerio de Salud que todavía no les permiten tener un cálculo preciso.

Aldo Fuster, presidente del directorio de Zofratacna, que también participó de varias reuniones de coordinación, comenta que además de solucionar este tema, estaba pendiente programar una visita de un equipo chileno para que pudieran ver cómo estaban funcionando los locales con atención al público y después otra visita por la parte peruana a Chile.

Consideró que el sector comercial es el que más necesita de la reapertura de la frontera y que, de darse este año, aunque fuera después de fiestas, sería tremendamente beneficioso para la economía de la región.

“La temporada alta nuestra es diciembre. Enero es incluso mejor que diciembre porque en Chile hay vacaciones escolares y, normalmente, las empresas públicas y privadas dan un mes de vacaciones, todos salen a la vez. Eso hace que el flujo sea muy grande, desde el 1 de enero hasta más o menos el 15 de febrero”, comentó.

Para Martorell, en el mejor de los casos, podría darse la reapertura en el mes de enero y, hasta entonces, solamente piden que se tome en cuenta las características especiales de Tacna. “Que se considere a Tacna como una región de contagio controlado. Ese es el objetivo que tiene la población. Es una ciudad pequeña donde es fácil controlar a la gente y llegar a las personas. En Tacna hay una conciencia cívica”, agregó.

La ilegalidad avanza pese al cierre en Tumbes

En el norte del país, los comerciantes del distrito de Aguas Verdes han formado un frente binacional de defensa de los intereses tanto de la ciudad de Aguas Verdes (Perú) como de Huaquillas (Ecuador) con 20 dirigentes de cada lado de la frontera, un trabajo en conjunto que no sienten que se haya realizado a nivel de gobiernos.

“El día de ayer (miércoles 1 de diciembre) era para nosotros consolidar el inicio de la reactivación económica y se ha frustrado”, lamentó Gerardo Risco, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de la provincia de Zarumilla.

A diferencia de Tacna, en Tumbes, Risco reconoce que en Huaquillas hay bastante apoyo a la medida de reabrir la frontera. “Ecuador tiene vacunación de sobra. Hace mes y medio donaron a Tumbes 360 mil dosis y Huaquillas, que es la ciudad hermana con Aguas Verdes, está por encima del 90% de vacunados”, indicó.

Aseguró que en Tumbes, la Dirección Regional de Salud les ha informado de un avance de más de 70% con dos dosis, pero confía en que en los próximos días la brecha sea menor. En su opinión, lo que más preocupa a la población de ambos lados de la frontera es que mientras el paso peatonal oficial está cerrado, los puentes clandestinos y las rutas para el paso de ilegales se mantienen muy activas.

“La aparición de coyoteros, el tráfico de personas es constante. Cada día que esté cerrado el puente internacional el canal internacional se ha convertido en la zona de más alta corrupción binacional. El contrabando y la gente que vive al margen de la ley es lo que ha crecido, con la venia de la Policía Nacional”, manifestó.

Mientras el movimiento de carga utiliza el paso fronterizo de La Paz, el paso peatonal que era el de mayor uso en esta zona de galerías, tiendas y comercio ambulatorio, permanecerá restringido por las próximas semanas.

“Aguas Verdes, que es un emporio comercial similar a Gamarra, opera solo con un 5% del capital humano que vienen a visitarnos, el 95% de nuestros clientes no están llegando porque no se arriesgan a cruzar la frontera”, precisó. La poca afluencia ha hecho que los negocios pierdan capacidad de pago.

“Aguas Verdes languidece, todos estamos endeudados, prácticamente metidos en Infocorp, la banca privada está empezando a rematar nuestros locales comerciales y viviendas. Si estas fronteras no se reactivan, la crisis será mucho más grande”, advirtió Risco.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia. 

 

“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró. 

El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.

La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque. 

Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos. 

confesión durand
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.

“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.

Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.

“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.

José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives. 

“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.

El organigrama de la mafia tumbesina.

 

Un fiscal con historia

Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos

El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.

Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.

Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.

“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.

Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.

Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.

En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.

Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.

 

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