diviac

La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, por autorizar el rastreo de sus llamadas sin justificación alguna. El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

QuejaDiviac
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

Si desea recibir noticias de SUDACA haga clic aquí para registrarse a nuestro Newsletter.

Tags:

corrupción, Cuellos Blancos, diviac, Fiscalía

Un clima de tensión reina en el Ministerio del Interior. El futuro sobre el control de dos dependencias claves, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), despierta temores entre los mandos policiales con los que Sudaca pudo conversar. Esto, mientras se realizan pesquisas contra varios militantes de Perú Libre, como el nuevo premier Guido Bellido.

En la Dircote están preocupados por la posibilidad de que ruede la cabeza del jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, quien la semana pasada, según pudo conocer este medio, decidió ampliar sus indagaciones contra el jefe del Gabinete.

A Bellido se le abrió, en abril, una investigación por declaraciones en las que calificaba a los integrantes de Sendero Luminoso como “un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado”. Y también por escribir, en el 2017, en su cuenta de la red social Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia a una senderista que murió en 1982 y que era conocida por emplear dinamita en los atentados en los que participaba.

El caso está en el despacho del fiscal provincial para casos de terrorismo Luis Valdivia Calderón. De acuerdo a fuentes que participan de la investigación, la semana pasada, Solansh Roca de la Torre, abogada del premier solicitó una copia del expediente de la Dircote. El jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, entregó el material a la joven abogada cusqueña, con conocimiento del Ministerio Público.

Solansh Roca de la Torre, abogada del primer ministro Guido Bellido,
en la investigación por apología al terrorismo. Foto: Facebook.

La Dircote ahora apunta a investigar el pasado en Cusco del primer ministro, quien se hace llamar “Puka” (rojo en quechua) en sus redes sociales. Edith Lagos perteneció al grupo radical de izquierda “Puka Llacta” en los setenta, de acuerdo a un recorte del diario “Última Hora” de 1982. Bellido también ha elogiado a otra senderista, Carlota Tello, al decir que “es una muestra ejemplar del rol de la mujer peruana en el proceso de la lucha armada”.

Arriola, además, ha investigado al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al primero por una presunta pertenencia a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y al segundo por sus vínculos con el Conare-Sutep. De hecho, Maraví formó parte de la primera directiva de esa ala radical del magisterio, fundada en el 2003. El mandato de Arriola al frente de la Dircote vence a fin de año.

El clima de inestabilidad también se respira en la Diviac, la unidad policial encargada de investigar los casos más emblemáticos de corrupción, como los Dinámicos del Centro, que tiene en el punto de mira al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Fuentes de esta división aseguran que la unidad está siendo desarmada desde hace meses y que el debilitamiento puede acentuarse con la llegada de este gobierno. El desarme se traduce en menos personal, menores recursos y mayor carga de trabajo para los agentes que quedan. “Poco a poco nos quitan facultades”, dice un efectivo de la Diviac.

Esta división fue creada en el 2017, cuando Carlos Basombrío dirigía el Ministerio del Interior. La dependencia nació para enfrentar al crimen organizado y escudriñó varios casos, como Los Cuellos Blancos y Lava Jato. En marzo pasado, 96 de 161 agentes de la Diviac fueron reubicados a otras dependencias, según informó “IDL Reporteros”.

Hoy, en la práctica, la Diviac está subordinada a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), una oficina más alineada con las directrices del ministro de turno, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la emblemática división policial temen que este esquema se mantenga con el exfiscal Juan Carrasco Millones como cabeza del portafolio. 

Juan Carrasco Millones, ministro del Interior, en medio de pugnas
internas en el sector. Foto: Andina.

La Digimin empezó a politizarse en la gestión de Martín Vizcarra, dicen las fuentes. Un integrante de esa dirección, Manuel Arellanos, estuvo incluso presente en la reunión entre Vizcarra y las exfiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, en el 2018.

En los últimos meses la Digimin ganó la pulseada a la Diviac en la pugna por el poder en la Policía. En abril de este año el coronel Harvey Colchado, fundador de la Diviac, fue reubicado como jefe de la región policial en Lambayeque, la región del actual ministro Carrasco. En su lugar entró el coronel Miguel Cayetano Cuadros, de un perfil más bajo que el de Colchado. 

Los casos de la Diviac no se manejan con tanto secretismo y autonomía desde que salió Colchado, según las fuentes. Las investigaciones son informadas con mayor anticipación y frecuencia a los altos mandos de la Policía, entre ellos el comandante general César Cervantes. “Hay un mayor riesgo de fuga de información”, dice una persona que conoce la situación de cerca. 

El comandante general de la Policía, César Cervantes, estuvo encargado de la División de Búsquedas de la Digimin entre el 2013 y el 2017. Es un oficial que, al estar identificado con esa dependencia, ha potenciado a la Digimin, en detrimento de la Diviac. Cervantes ha sido ratificado en el cargo por el ministro Carrasco. Según fuentes policiales altamente confiables, ambos se conocen porque han coordinado operativos por casos de crimen organizado investigados por el exfiscal de Chiclayo. 

Comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas, en fuego cruzado con la Diviac. Foto: Ministerio del Interior.

La Diviac pinchó los teléfonos de los implicados en el  caso Los Dinámicos del Centro. La interceptación sirvió, en primer lugar, para desmantelar una red dedicada al tráfico de brevetes en el gobierno regional de Junín. Pero el trabajo ha servido, principalmente, para poner contra las cuerdas a los principales dirigentes de Perú Libre. La pista apunta a un ilegal financiamiento en la campaña del lápiz. 

“En el caso de la Diviac hay una presión por tratar de disolverla. Ahí van encontrar el apoyo de los sectores corruptos de la derecha extrema. La Diviac destapó Los Cuellos Blancos, los Dinámicos del Centro y muchas otras cosas más. Tengo el orgullo de haberlo creado durante mi gestión. Es el equivalente del GEIN, que capturó Abimael Guzmán. Esa importancia le daría yo a lo que está haciendo la Diviac”, dice el exministro Carlos Basombrío. 

El ministro del Interior, Juan Carrasco,  ha asegurado que no va a desactivar la Diviac. Pero el asunto está en si va a potenciar la unidad o va a continuar debilitándola. No lo ha precisado. En la Dirección Antidrogas, otra división policial clave,  también hay preocupación. Esta oficina maneja el programa Constelación, el sistema de escucha telefónica para todo tipo de investigaciones.

Las tensiones y el recelo policial están en su punto más álgido. Las pugnas en el Ministerio del Interior desataron una crisis en el sector con las renuncias de los viceministros Carlos León y Nicolás Zevallos por la posible inclusión de Grover Mamani, un dirigente radical del magisterio en Puno, como jefe de la Dirección General de Gobierno Interior. Ante el escándalo, Juan Carrasco abortó el nombramiento de Mamani. Pero el temporal está lejos de amainar. 

Si desea recibir noticias de SUDACA haga clic aquí para registrarse a nuestro Newsletter.

Tags:

diviac, Guido bellido, Policia, Terrorismo

Desde que los detectives de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) interceptaron sus llamadas, el 2017, se hizo evidente que la comerciante Edith Huaricancha Arenas había captado a decenas de funcionarios públicos en puestos clave, encargados de fiscalizar la venta y el traslado de madera. Así había conseguido que sus cómplices tengan vía libre para pasar pesados cargamentos ilegales desde Madre de Dios hasta las fábricas de muebles en Lima.

La madera que compraba esta mafia (y que luego revendía a otros comerciantes) era extraída de zonas protegidas o llegaba de contrabando desde Bolivia, apuntan fuentes de la Fiscalía. El negocio completo: conseguir guías de transporte fraudulentas −papeles donde se consigna la especie de madera que están trasladando, la cantidad y el destinatario− y lograr que los camiones que llevaban el cargamento sortearan sin sobresaltos los puestos de control del gobierno regional y la Sunat, ubicados en la carretera, como los operativos de la Policía.

“Los funcionarios de Madre de Dios les entregaban [a los criminales] esta documentación fraudulenta o blanqueada. Por ejemplo, sacaban un producto cuya extracción no está permitida, pero colocaban otra especie [de madera] en el documento. Con ese documento ilegal, el producto llega a Lima, donde es utilizado para hacer muebles. Los puestos de control [situados en la carretera] están comprados y algunos policías metidos en este tema, eso es innegable”, explica el coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac.

Con audios interceptados en los últimos cuatro años y el seguimiento a los investigados, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción establecieron un organigrama de la mafia: 45 personas, 23 de las cuales eran funcionarios públicos. En agosto del 2020 montaron un primer operativo, que tuvo un éxito parcial. El segundo golpe ocurrió hace apenas una semana, el pasado 21 de abril.

“En el último operativo los ciudadanos del sector querían evitar la captura de dos financistas de la organización. Creen que ellos les están haciendo un bien, que les dan trabajo [al comprarles madera], pero los están explotando”, dice Gonzáles, quien detalla que Huaricancha revendía la madera que les compraba, al menos, a 10 veces su valor.

Pero ese ha sido apenas un problema menor entre los tantos que ha atravesado el caso. La primera parte de la investigación estuvo marcada por la filtración de información a los presuntos criminales y un Poder Judicial que jugó en pared con la organización.

Un día antes de la primera redada, el 24 de agosto del año pasado, el programa matutino de Radio Selva que dirige el periodista Julio Blanco anunció que la Diviac se encontraba en la región y que iban a “canear a siete u ocho” efectivos policiales. No se refirió, sin embargo, a los otros funcionarios públicos ni a los comerciantes, quienes se habrían enterado cuando el operativo ya estaba en marcha.

Edith Huaricancha fue capturada la madrugada del 25 de agosto. No pudo escapar a tiempo a pesar de que un agente de la policía de Madre de Dios, el teniente Gianfranco Lavado Yllescas, le avisó en mensajes de WhatsApp que se estaban haciendo varias detenciones y que entre los objetivos también había civiles.

Lavado: Han detenido a Pérez [hace referencia a un policía]

Edith: Pero ¿por qué?

Lavado: Diviac.

Edith: Borra los mensajes, ¿a quién más?

Lavado: Ya lo hice. A Zegarra de Forestal, Ambiente.

Edith: ¿A quién más?

Lavado: Sólo ellos.

Edit: ¿Y qué les están diciendo?

Lavado: A Figueroa también. Dicen que una investigación que tiene del año pasado (…) Van a intervenir civiles. Se van a quedar varios días.

interceptación whatsapp
Izquierda: Transcripción de los mensajes de WhatsApp con los que el teniente Gianfranco Lavado alertó a la presunta líder de la mafia de que la Diviac llevaba a cabo un operativo la madrugada del 25 de agosto pasado. Derecha: Lavado, hoy libre.

Lavado era el agente de apoyo designado por la Región Policial de Madre de Dios para colaborar con el megaoperativo. En teoría, el teniente se había enterado pocas horas antes de que este se iba a llevar a cabo, pero se dio el tiempo de avisarle a Huaricancha. Finalmente, la Diviac, que tenía como objetivo a 29 personas, pudo capturar a 19.

A pesar de todas las pruebas −concretamente las llamadas interceptadas que reseñaremos a lo largo de este reportaje−, Huaricancha fue liberada pocos días después por una Sala de Apelaciones de Madre de Dios. La Fiscalía tampoco pudo conseguir que el Poder Judicial admita su pedido de prisión contra el teniente Lavado a pesar de las flagrantes conversaciones.

En breve comunicación con Sudaca, el teniente no negó la veracidad de los mensajes y se limitó a decir: “No hay nada contundente, no hay la intención de nada ahí [en los mensajes]. Es un tema de investigación, yo no sabría nada más, ya se esclarecerán los hechos”.

El manto de impunidad alcanzó a las fiscales Zoila Rodulfo Castillo y Nelly Colque Valdivia, capturadas en setiembre pasado. De acuerdo con las interceptaciones, ambas habrían recibido juegos de muebles, whisky y dinero a cambio de ayudar en los casos penales que la mafia tenía en el Ministerio Público. Un juez decidió darles libertad en primera instancia. Cuando el fiscal a cargo del caso logró que admitan su apelación, Rodulfo y Colque ya habían desaparecido. Hoy son prófugas de la justicia.

Los policías

A pesar de los ‘topos’ y la sospechosa benevolencia del Poder Judicial, decenas de capturados permanecieron en prisión. Luego de revisar sus celulares, convencer a algunos de que entren a un proceso de colaboración eficaz y cotejar una y otra vez las interceptaciones telefónicas que se tenían, los investigadores volvieron a dar un golpe el pasado 21 de abril. Esta vez el objetivo eran 14 personas, nueve fueron capturadas, cinco no pudieron ser ubicados.

Fuentes de la Fiscalía apuntan que en esta ocasión no hay evidencia de que alguien haya lanzado la alerta, pero sí hay sospechas de filtración de información desde un juzgado. “Parece que hay algunos abogados que han estado pulseando por esa información”, apuntan.

Lo único cierto es que la mafia logró meterse hasta el cuello entre los funcionarios públicos de Madre de Dios.

Para este nuevo operativo, los detectives ya habían revisado el celular de Huaricancha. Allí encontraron mensajes de WhatsApp con el suboficial Pablo Caviedes Neya, del Departamento de Protección de Carreteras de Madre de Dios. Entre el 22 de julio y el 8 de agosto del 2020, el policía estuvo coordinando con la mujer el pase de varios camiones que trasladaban madera ilegal para que estos no tengan mayores problemas.

El 29 de julio se dio la siguiente conversación:

Edith: Buenas noches, papi, ¿pasarán mis carritos?, ¿cómo hacemos?, ¿arreglamos por aquí?

Caviedes: Ya, ¿a qué hora pasan y de dónde salen?

Edith: De La Novia, a las 11 más o menos.

Caviedes: Ya, que se paren acá en Shiringayoc para disimular, revisar las guías.

Caviedes, según el registro de llamadas, pertenecía a la organización desde el 2019. Su nombre figura en unos apuntes de “gastos” que le fueron incautados a Huaricancha. Fue detenido el pasado 21 de abril.

Pero antes de él, la mafia ya había captado al comandante Dante Gallardo Carreño, jefe de la Policía de Medio Ambiente, a cargo de operativos contra la minería ilegal y el tráfico de madera.

En 2017 y 2018, este oficial alertó a la mafia de varios operativos que iban a realizarse en la zona. Un ejemplo es la comunicación del 23 de abril del 2018, en la que uno de los presuntos criminales (alias ‘Pubi’) llama a Gallardo para preguntarle sobre un operativo contra los mineros:

Pubi: Este… me acaban de llamar de arriba ahorita y me dicen que mañana van a bombardear, ¿sabes algo?

Gallardo: No, nada.

Pubi: No hay nada, ¿no?

Gallardo: No.

Pubi: No vaya a ser, carajo, que nos revienten la máquina.

Gallardo: No, no… a ver, espérate. Voy a confirmar y te llamo.

Pubi: Me avisas, porque si hay algo, para irme en la noche a esconder los motores.

Gallardo no pudo ser ubicado en el operativo de la semana pasada.

La Sunat

Otro de los que logró escapar a tiempo fue Albert Curi Urbina, agente de la Sunat a cargo del control de vehículos en el puesto Unión Progreso. No estaba en su casa cuando la Policía llegó con una orden de captura en su contra. El 2 de febrero del 2020, la Policía registró la siguiente conversación entre Edith Huaricancha y Curi, en donde la primera promete hacer una “bolsa” de dinero mensual para él.

Edith: Más tarde te llamo, me llamas por WhatsApp, ya he hablado con los chicos.

Curi: Ya.

Edith: Ya, y vamos a hacer una pequeña bolsa mensual mejor, para estar tranqui, para chambear tranqui.

Curi: Ya, chévere, gracias, se agradece.

transcripción audio mafia
Izquierda: La transcripción del audio en el que Edith Huaricancha acuerda entregarle una bolsa de dinero mensual a un funcionario de la Sunat. Derecha: la impune Huaricancha.

Tres semanas después, la noche del 23 de febrero, Albert Curi y Edith Huaricancha se vuelven a comunicar para coordinar el pase de un vehículo que cargaba madera ilegal. Curi le dice que está con tres personas más en el puesto de control, pero que apenas se vayan le timbrará.

Media hora más tarde, el agente aduanero cumple con su palabra y llama a la líder de la organización avisándole que ya puede pasar el vehículo. Entonces Edith se comunica inmediatamente con el chofer del camión que lleva la madera:

Edith: Ya, maestro, pasa, pasa.

Chofer: Ya, señito, ya. Directo paso, ¿no?, ¿me van a pedir algo?

Edith: No, no, entra. Ahí hay un flaquito a la vista. Le entregas los documentos a él, para disimular te va (ininteligible) y pa que pases.

Chofer: Ya, ya, ya.

Edith: Un flaquito de la Sunat.

Albert Curi no era el único funcionario de aduanas involucrado. Durante el primer operativo cayó Óscar Espinoza Chávez, quien en junio del 2018 proporcionó un USB a la mafia con información de cargamentos registrados en una base de datos de la Sunat. De acuerdo a las escuchas, Espinoza recibió S/5.000 por sus servicios.

Los directores forestales y los periodistas

Edith Huaricancha y sus cómplices tenían un negocio redondo, de acuerdo a la documentación fiscal. No sólo revendían la madera a más de 10 veces su valor. También hacían negocio con las guías de transporte.

Los funcionarios de Madre de Dios eran los que proveían las guías fraguadas que luego Edith Huaricancha revendía a otros comerciantes de madera. Una interceptación telefónica del 24 de noviembre del 2019 da cuenta de cómo negociaba esta con una mujer llamada Emiliana Luna Huamán, también capturada la semana pasada.

Edith: Ya, mami, en ese caso, en el precio de las guías, ¿a cuánto me vas a dar?

Emiliana: No sé, ¿a cuánto estás vendiendo, pe?

Edith: Yo he estado vendiendo siempre a 0.17 [17 centavos de sol]. Mire, a la señora Constanza a 23 [centavos].

Emiliana: Y a mí 20 será pues.

Edith: A 22 pe, porque no me va a salir [a cuenta] 20.

Emilia: A 20… mira, hasta las coimas han subido, mami.

Para hacerse de las guías y pasar sin problemas los puestos de control en la carretera, la mafia tenía más funcionarios en su nómica. Los jefes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, el organismo a cargo del control y fiscalización de la extracción de madera en la zona, adscrito al Gobierno Regional de Madre de Dios, también habrían sido comprados. En el operativo del pasado 21 de abril dos de ellos, Ernesto Vargas Guevara y Jorge Dueñas Salas, fueron capturados debido a que tenían decenas de llamadas con los miembros de la organización.

Y Edith Huaricancha no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Por eso, cuando vio que el ingeniero Harry Pinchi −a cargo de esa dirección durante un período del 2019 y repuesto en julio del 2020− no iba a trabajar para ella, recurrió a la prensa local para embarralo. Así lo revelan mensajes de WhatsApp del 3 de agosto entre Huaricancha y Alan Vizcarra Econema, uno de sus presuntos cómplices. Un día antes, ella le había asegurado que saldría una “nota” periodística para generar la remoción de Pinchi. “Ojalá sea efectivo y de una vez saquen a esa mierda”, había dicho él.

Alan: No dicen nada de Pinchi en las noticias.

[…]

Edith: Cómo dices que no dijo nada, el Puclla [Luis Puclla] le sacó la mugre.

Alan: ¿Tienes el video? Porque yo no lo vi.

Edith: No. Hansel me llamó y dijeron que mañana mostrarán los documentos.

Pinchi recuerda que la mafia de Huaricancha quiso acercarse a él en 2019. “Tenía colegas que me decían que Edith quería conversar conmigo. Pero yo sabía de los antecedentes de la señora y nunca le di espacio”, cuenta a Sudaca.

El funcionario recuerda varios ataques mediáticos en el período de las llamadas interceptadas y dice que las denuncias periodísticas en su contra no tenían sustento.

Luis Puclla, periodista aludido, también niega que sus críticas hayan sido pagadas por la mafia. “No, para nada, yo cuestiono y critico si veo que están actuando mal. Ni siquiera conozco en persona [a Edith], yo más bien rajé de ella en mi programa”, asegura el comunicador.

Nos comunicamos con Rómulo Ochoa Segura, abogado de Edith Huaricancha, para obtener sus descargos. Ochoa no desmiente la veracidad de las interceptaciones telefónicas que acompañan este informe. “Más que la veracidad, cuestionamos la legalidad de los audios. Consideramos que una investigación que data de septiembre del 2017 ya debería tener mayor sustento. Mi patrocinada es empresaria, no es líder de ninguna organización criminal”, apunta.

Este viernes se llevarán a cabo las audiencias de algunos de los detenidos. Incluida la que verá si Edith Huaricancha sigue en libertad. En la Fiscalía Anticorrupción no descartan que sigan cayendo funcionarios ligados a esta mafia. Periodistas y residentes de Madre de Dios creen también que hay mucho pan por rebanar. Mientras tanto, ningún candidato ha puesto sobre la mesa propuestas claras para luchar contra la minería ilegal, ni la tala indiscriminada.

diviac
Coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac, muestra el complejo organigrama de esta mafia de tráfico de madera.

Si desea recibir noticias de SUDACA haga clic aquí para registrarse a nuestro Newsletter.

Tags:

diviac, Madre de dios, tala ilegal, tráfico de madera