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Minería

El presidente de la Fenamarpe, Celso Cajachahua, mostró su preocupación y subrayó que incluso en las áreas donde estos mineros se encuentran en proceso de formalización, se enfrentan a invasiones de individuos que operan al margen de la ley, ignorando los requisitos establecidos por las autoridades. Esta situación no solo plantea desafíos económicos y sociales, sino que también agrava los conflictos en estas comunidades.

Ahora bien, ¿Qué es la Fenamarpe?

Hablamos de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú cuya representación intenta velar por la integridad y respeto de los trabajadores mineros. En palabras de su presidente, cuya federación fue establecida en el 2002, esta representa a los mineros y está comprometida con la formalización de sus actividades. 

Sus miembros están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero han enfrentado una serie de desafíos, desde obstáculos normativos hasta la falta de apoyo por parte de administraciones anteriores, que no solo no promovieron la formalización, sino que criminalizaron la actividad.

A pesar de estos desafíos, Cajachahua ha enfatizado por el compromiso de su organización con la legalidad y la transparencia en su trabajo. Los mineros de la Fenamarpe operan y están en proceso de formalización, practicando una minería responsable que no solo busca el beneficio económico, sino también el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, la burocracia y las leyes restrictivas han dificultado este proceso. Leyes como la de Interdicción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, promulgada en 2014, imponen requisitos y plazos poco realistas, como los 1260 días y una inversión de 87 mil dólares para obtener toda la documentación necesaria.

Benjamin zevallos

 Capacitación de mineros. Foto: RUMBO MINERO

Para superar estos obstáculos, Cajachahua hace un llamado al compromiso del Estado y los gobiernos regionales. Es crucial que la formalización minera sea vista como una política de largo plazo, que trascienda las administraciones gubernamentales y garantice un ambiente propicio para el desarrollo sostenible de la minería artesanal y pequeña en el país.

La carta al congreso

En el 2018, el «Proyecto de Ley Nº 2090/2017-CR», destinado a ampliar el plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, ha sido objeto de un estancamiento en el Congreso de la República, generando un impacto adverso en miles de pequeños productores mineros y mineros artesanales.

El proyecto, que fue aprobado favorablemente en la Comisión de Energía y Minas el 7 de marzo de 2018, ha quedado relegado desde entonces, sin ser incluido en la agenda de sesiones plenarias. A pesar de los esfuerzos realizados por la presidencia de dicha comisión para priorizar su discusión y su eventual incorporación en la agenda legislativa, la espera se ha prolongado durante más de medio año, afectando gravemente a los trabajadores mineros que buscan regularizar su actividad.

La Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE) expresó su profunda preocupación por esta demora, señalando que la falta de acción por parte del Congreso está generando consecuencias negativas en la economía y la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de la minería como su principal fuente de ingresos.

 

La convocatoria en enero 

El 15 de enero, en Nazca, se produjo una movilización con la participación de los mineros en una marcha programada para el 22 de enero en Lima. La movilización, convocada por diversos gremios de pequeños mineros y mineros artesanales, tenía como objetivo principal la derogatoria del D. L. Nº 1607 y la implementación del Plan Nacional de Minería, aprobado hace varios años, pero aún sin ejecución.

Benjamin zevallos

 Protestas que se ampliaron a la capital peruana. Foto: Canal N

Cajachahua enfatizó que la marcha se llevó a cabo de manera pacífica, reflejando la preocupación y el descontento de estos sectores con la situación actual. Esto alienta la decisión de protestar también contra el gobierno de Dina Boluarte cuya atención no ha sido constante. 

En Nazca, se contó con la presencia de representantes de más de 117 bases de mineros a nivel nacional, de las cuales 36 estuvieron presentes en la reunión. En este encuentro se acordaron las acciones a seguir, incluida la participación en la marcha y la preparación de medidas adicionales para hacer oír sus demandas.

En un país donde la minería representa un pilar fundamental para la economía y el sustento de miles de familias, la demora en la discusión y aprobación de leyes que faciliten su formalización no puede ser pasada por alto. Al cierre de este informe sigue al pie un nuevo paro minero que el Ejecutivo puede evitar. Sin embargo, quedaría en manos de un Gobierno que no tiene los pies sobre la tierra ante la desagradable realidad. 

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federacion de mineros artesanales, fenamarpe, Minería, reinfo


José Luis Olivera
Director de Unidad de Negocios de GRUPO PRACDA

[HACIENDO EMPRESA]
Una de las fortalezas de la región sur es su riqueza en recursos naturales, desde la minería, la pesca hasta la agricultura. La industria minera ha sido un pilar histórico, pero su estabilidad se ve influenciada por factores globales, como la fluctuación de precios de los metales y la demanda internacional. En contraste, la agricultura ha sido un motor constante, enfrentando desafíos propios, como la modernización de las prácticas para aumentar la productividad y sostenibilidad. Y la pesca artesanal e industrial que si bien a tenido una ligera mejora en los últimos años, no llega a niveles de décadas anteriores y esto básicamente a que los capitales de se han trasladado hacia el centro y norte del país, quedando como siempre, los zonales.

El surgimiento de empresas emergentes y la innovación tecnológica han brindado un impulso adicional. La región ha visto un aumento en startups y empresas de base tecnológica, aprovechando el talento local y los recursos naturales para impulsar la economía, especialmente en sectores como la agrotecnología, la energía renovable y el turismo sostenible.

No obstante, la situación empresarial en el sur del Perú también enfrenta retos significativos. La infraestructura limitada, especialmente en zonas rurales, obstaculiza el desarrollo y la conexión efectiva de los mercados locales con los nacionales e internacionales. Además, la necesidad de una mayor inversión en educación y capacitación laboral se hace evidente para potenciar la fuerza laboral y la competitividad empresarial. Muchas veces se ve que el talento local termina migrando a la capital en busca de mejoras oportunidades profesionales, económicas y hasta personales; y es aquí donde debemos reparar para analizar esto: Por qué un joven talentoso decide dejar su hogar, su entorno familiar y amical para ir a buscarse “un mejor futuro” porque no encontrar ese futuro en su localidad, en su región.

Las regiones no solo exportan recursos naturales, también exportan talento que debería pensar y querer quedarse en su región para que esta prospere pero; si este talento no encuentra oportunidades o si las encuentra, estas no son bien remuneradas y sin mayor línea de carrera… es una obviedad lo que sucederá, un potencial talento que se irá.

La sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son otros aspectos cruciales. Las empresas se enfrentan a una creciente presión para operar de manera sostenible, preservando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo social de las comunidades en las que operan. Esta conciencia ha llevado a un cambio en la mentalidad empresarial, donde la rentabilidad no es el único indicador de éxito.

El futuro de la región sur peruana depende en gran medida de cómo se aborden estos desafíos. La colaboración entre el sector público y privado, el fomento de la innovación y el fortalecimiento de la infraestructura son piezas clave para impulsar el crecimiento sostenible y equitativo en la región.

En conclusión, la situación empresarial en el sur del Perú es un complejo entramado de oportunidades y desafíos. A medida que las empresas buscan crecer y prosperar en esta región, la clave radica en la capacidad de adaptación, la inversión en innovación, apuesta por el talento local e igualar las condiciones de otras regiones en cuanto a oprtunidades, crecimiento profesional y factor económico para así lograr un compromiso con la sostenibilidad. La unión de esfuerzos para abordar estos desafíos será fundamental para garantizar un futuro próspero y equitativo para las empresas y comunidades del sur del país.

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Agrotecnología, desafíos, Minería, Sostenibilidad, Talent Management

Es obvio que al gobierno actual no le cae a pelo ganarse un conflicto social como el que podría reactivarse en el valle del Tambo en Arequipa (y extenderse al sur andino, que anda buscando motivo para la bronca), a propósito de la eventual reactivación del proyecto minero Tía María que promueve la empresa mexicana Southern Perú.

En esa perspectiva suponemos que se han enrumbado las declaraciones del premier Otárola señalando que el proyecto no estaba en agenda, desbaratando los ímpetus del ministro de Energía y Minas, quien horas antes había hablado de que Tía María era un proyecto valioso que había que retomar, aunque bajo la condición previa de que haya “armonía total” (¿?).

Hay un problema político evidente en este desentendimiento público entre dos autoridades altas del régimen, pero lo que más enerva no es tanto que algo así suceda (las discrepancias debieran librarse en la interna, pero no es para cortarse las venas que ocasionalmente se salgan del cuarto cerrado), sino la falta total de compromiso del gobierno por promover una actividad esencial en estos momentos para la economía nacional, como es la minería.

No hay proyecto minero sin conflicto al lado. Ni en Suiza se produce “armonía total” entre empresas y ciudadanos, como pretende ilusamente el titular del Minem. El problema es que en el Perú se deja a las empresas privadas abandonadas a su suerte sin que el Estado se sume a los esfuerzos por sacar adelante proyectos vitales, como lo es Tía María, el que particularmente no implica mayor riesgo ambiental, y las empresas privadas descuidan el trabajo de percepciones, que debe ser permanente.

Tía María podría salir adelante si el gobierno atendiera demandas sociales de los agricultores del valle del Tambo (que no es donde operaría la mina, ojo con la percepción) que tienen décadas postergadas, como la construcción de la represa de Paltuture, que asegure un suministro de agua de regadío permanente (el proyecto Tía María no va a usar agua del río sino desalinizada del mar, nuevamente ojo con la percepción).

Este y todos los gobiernos tienen que entender que se la deben jugar por la minería, que reporta casi la mitad de sus utilidades en impuestos para el Estado y una parte no menor de ellos, destinados directamente, vía canon y regalías, a la zona de influencia directa del proyecto. El fisco nacional se robustece con el desarrollo de proyectos mineros de una manera superlativa.

El Estado peruano es el principal responsable de lograr las condiciones para que los proyectos mineros se desplieguen y, de llegarse al extremo de que acontezcan revueltas antimineras ideologizadas, actuar represivamente con inteligencia para no producir violencia inútil que lo único que hace, al final, es frustrar justamente el proceso de puesta en marcha de los proyectos empresariales.

De este gobierno es difícil esperar alguna jugada de riesgo. Juega al muertito porque su único objetivo es sobrevivir hasta el 2026, pero la clase política proinversión privada debe tomar conciencia de que es el Estado, de la mano de las empresas, el llamado a librar la batalla.

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conflicto social, Desarrollo Económico, Minería, Tía María

Otro país sería el Perú si Ollanta Humala no arruinaba las negociaciones de Conga, que ya estaban a punto de cerrarse y proceder a su operación. Otro sería el destino de los 23 proyectos mineros hoy paralizados. Otra sería nuestra realidad socioconflictiva si Toledo no claudicaba en el arequipazo en la entrega en concesión de Egasa y Egesur.

El último informe del IPE sobre la realidad minera es desolador. Si sumamos la conflictividad social y la tramitología, como factores de estorbo de la actividad minera, entre el 2008 y el 2022 se dejaron de recaudar más de 120 mil millones de soles. Y la cartera de inversiones mineras estancadas al 2023 asciende a casi 30 mil millones de dólares, lo que en términos del PBI ha supuesto una pérdida de casi 700 mil millones de soles.

Se han dejado de generar 541 mil empleos adicionales al año y con estos resultados se estima que el crecimiento del PBI entre el 2008 y el 2022 pudo haber sido de 4.7% en lugar del 3.9% observado. Habría 1.7 millones de menos pobres en el Perú si esto se hubiera plasmado en la realidad.

Solo en tramitología ambiental, los plazos de demora pueden ser de hasta seis o siete años. Así, no hay posibilidad de que el Perú sea un país atractivo para las inversiones. Hay que tener cero tolerancia al daño ambiental y si se produjese ser muy severo en las indemnizaciones, pero lo que sucede en el Perú ya es boicot a la inversión privada más importante del país, la misma que ayudaría a adquirir una dinámica de crecimiento económico que nos podría enrumbar hacia la senda del desarrollo.

Hay muchas reformas institucionales pendientes por desplegar en el Perú: seguridad ciudadana, salud y educación públicas, regionalización, reforma del Estado, etc., pero la matriz rocosa sobre la que tales reformas deben discurrir es sobre la puesta en marcha de una revolución capitalista de segunda generación, que se monte encima de la que se inició en los 90 y que quedó inconclusa por obra y gracia del propio Fujimori y su afán politiquero e inconstitucional de querer reelegirse por segunda vez.

La inversión minera, en particular, es piedra de toque de esa revolución capitalista. Un buen gobierno de derecha debe tener claro que no puede dejar dormida bajo tierra la inmensa riqueza que tenemos y que motivaciones ideológicas o abiertamente extorsivas impiden que prospere.

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boicot a la inversión, Conga, daño ambiental, Minería, revolución capitalista

Condiciones para la conflictividad

Olcese enfatizó que existen cuatro condiciones para la conflictividad: incentivos, azuzadores, fallas internas y opinión pública, lo que brinda legitimidad social a la actividad minera.

El especialista considera que se debe tener en cuenta las diversas variables que están dentro de estas condiciones. “Una de las principales es el cumplimento de compromisos y no sólo por parte de las empresas, sino también de las instituciones públicas”, precisó.

Sobre este punto, el socio fundador de Wiñaq abordó los altos niveles de conflictividad que se vivieron los primeros meses del año para entender si los conflictos sociales están relacionados con las brechas sociales.

“Cuando vemos el ranking del índice de desarrollo humano por departamento, observamos que hay regiones que se movilizaron y otras que no, pero ambas tienen el mismo índice de desarrollo humano. Muchas de las regiones que se movilizaron avanzaron mucho en el índice de desarrollo humano. Entonces no se ve una relación muy clara respecto a las brechas sociales y la conflictividad”, remarcó el analista político.

Asimismo, detalló que de los 13 conflictos que concluyeron en ataques a operaciones mineras durante el 2022, algunos siguen latentes. Sin embargo, durante el 2023, dichos ataques ya no eran directos, sino amenazas.

El especialista explicó que esto se debe a la estrategia de la presidenta Dina Boluarte de apostar por la contención, pero recalcó que eso no desactiva las condiciones políticas que impulsan los conflictos. “Se han incrementado los umbrales de violencia en torno a los conflictos. La competencia por disputar relevancia en medio de una mayor oferta de conflictos conlleva a los impulsores a optar por medidas cada vez más violentas”.

Sobre este punto, Olcese puntualizó que “la minería está siendo más relacionada, de manera negativa, con temas estructurales” en consecuencia de la difusión de fake news en medios masivos. “Hay abiertamente fake news, filtran audios con la voz de Keiko básicamente planeando un golpe de Estado, un audio evidentemente falso, pero que igual llegó a cientos de miles de personas. Lo mismo, un supuesto audio entre Antauro Humala y Dina Boluarte revelado por Cecilia García”, indicó.

Al respecto, explicó que los medios alternativos no solamente llegan más, sino que producen muchísimo más en minutos por semana y llegan a mucha audiencia. “Wayka es el primero con 9.6 millones de vistas, Nacional TV con lo de ‘sobrina del presidente deja en ridículo al Congreso’ llega a 4.3 millones de vistas”, apuntó Olcese.

A pesar del escenario complicado, el analista político se mostró optimista con los espacios de diálogo entre la minería y comunidades. “La legitimidad social del sector minero es multidimensional y tiene varias aristas vulnerables que deben ser mejoradas a varios niveles: permanencia en la comunicación, respuesta a los agravios directos y confianza en las instituciones”, finalizó el especialista.

 

 

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conflictos mineros, conflictos sociales, IIMP, Minería, Rumbo a Perumin

“Cuando hablamos de una minería integral y de territorio, que promueve el desarrollo sostenible, creemos que esta visión, esta mirada contribuye a reconocer, en primer lugar, una minería como parte del escenario económico progresivo, además, una minería que contribuye a crear espacios en interacción y generación de confianza en el territorio en base a una agenda común, en base a estos puntos que nos unen”, afirmó la directora ejecutiva para América Latina y el Caribe de Insuco.

En ese sentido, uno de los ejes claves de Rimay Cajamarca es la constitución del Grupo Impulsor, cuyo objetivo es promover e impulsar el proceso en la región, reconociendo el potencial de trabajar de forma articulada y elevar la voz ciudadana para la priorización de una agenda de desarrollo. Cabe resaltar que el Gobierno Regional de Cajamarca es el encargado de liderar y planificar el desarrollo integral de la región.

 

 

 

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Cajamarca, Cajamarca hacia 2030, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Territorial, Gobierno Regional de Cajamarca, IIMP, Instituto de Ingenieros de Minas, Insuco, La Huella, Minería, Minería Integral, Rimay Cajamarca, Rumbo a Perumin
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