Respecto del cambio climático sabemos que el dióxido de carbono es uno de los más temidos gases de efecto invernadero que afectan directamente la temperatura y los ciclos climáticos en el mundo entero. En América Latina, el Perú es un país que emite poco más de una tonelada per cápita de carbono, Bolivia un poco menos de dos toneladas y Brasil un poco más de dos. Si nos comparamos con otros países, China produce más de ocho toneladas y Estados Unidos más de trece. Ser conscientes de nuestro impacto es importante para comprender cuál es el rol de nuestros países en la Conferencia sobre el cambio climático (COP26) que se está llevando a cabo en Escocia, la cual se considera la sucesora de la COP21, en la que se firmó el Acuerdo de París. Ese acuerdo busca impedir el aumento de la temperatura global y limitar en el futuro más cercano el aumento a 1.5 °C. De lograrse, se reduciría significativamente los efectos del cambio climático. Además de centrarse en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el acuerdo de París propone aumentar las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y generar flujos financieros indispensables para lograr estos fines, como el mercado de carbono.
Perú, sin negar que es un país contaminante, es uno de los países más frágiles respecto del impacto del cambio climático, pues la salud, la agricultura, la pesca y nuestros sistemas de recursos hídricos son sectores claramente vulnerables. Y por ello mucho más frágiles resultan las poblaciones rurales que dependen del trabajo familiar de subsistencia, al igual que los pescadores artesanales. Cuencas, bofedales, humedales, glaciares corren un gran peligro. Las emergencias climáticas que afectan al país crecen año tras año y se tiene absoluta claridad que los costos de las acciones de adaptación son muchos menores que los gastos ante los grandes desastres que se pueden producir.
Para conseguir el financiamiento, la COP26 es el espacio fundamental para movilizar fondos de países desarrollados a países como Perú, Bolivia y Brasil. Pero cada uno enfrenta situaciones muy distintas. La deforestación en Brasil ha aumentado 10% el año pasado y cada vez parece improbable que pueda cumplir con su compromiso de reducir la deforestación ilegal para el año 2030. El Presidente Bolsonaro no se apareció en la COP26 aduciendo que su presencia sería fuente de protestas. Él insiste en que logrará acabar con la deforestación y la emisión de gases, pero como resaltan los especialistas brasileros, no se han tomado hasta ahora medidas concretas. Con una actitud distinta, el presidente de Bolivia, Luis Arce, tras reunirse con el presidente Castillo para acordar medidas ambientales vinculadas a la zona del lago Titicaca, llegó a Glasgow con su propia agenda. Al igual que Costa Rica ha compartido un serio cuestionamiento al sistema de créditos del mercado de carbono, pues no permite medidas inmediatas y al parecer es irregular.
Desde la firma del acuerdo de París, el Perú ha avanzado con las contribuciones determinadas a nivel nacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Sin embargo, la pandemia y las restricciones han afectado los resultados que esperábamos presentar, sobre todo por las condiciones inesperadas del año pasado: el 2020 se redujo la presencia de funcionarios del Estado en las zonas rurales porque sus tareas quedaron limitadas a las áreas urbanas. Los bosques quedaron en manos de actores corruptos y actividades ilegales como la tala ilegal y las mafias vinculadas al narcotráfico. Un factor inesperado fue la migración de retorno desde las ciudades hacia las zonas rurales incluida la Amazonía. Se ha calculado que cerca de 250 mil personas regresaron a las comunidades rurales provocando la deforestación y presionando los recursos naturales. Ayer, Perú y Brasil firmaron la “Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra”, para detener la deforestación e impulsar la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques, compromiso que defendió el presidente Castillo a través de un video. Bolivia se mantuvo firme en su postura sobre el cambio de su matriz energética, su rechazo al mercado de carbono y decidió no firmar. Pronto, porque nos quedan pocos años para llegar a las metas previstas para el 2030, veremos si pudimos cumplir con los compromisos firmados, porque defender nuestros bosques y glaciares ya es defender nuestro presente y las condiciones de vida de las peruanas y peruanos más vulnerables.
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