Medio ambiente

Antes de protagonizar el derrame petrolero que ha afectado más de 7 millones de metros cuadrados de mar, dos reservas naturales y 21 playas en Lima y Callao, Repsol se ufanaba de ser la primera compañía de su sector en plantearse llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Esto como muestra de su compromiso con las metas medioambientales planteadas por el Acuerdo de París del 2015.

Lo mismo hizo en julio del año pasado, cuando conmemoró los 10 años desde que firmaron los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, una guía propuesta por las Naciones Unidas para que las matrices de las multinacionales se sujeten a las consecuencias legales de los países en donde operan sus subsidiarias.

“Desde entonces, hemos ido avanzando, empezando por nuestros propios empleados […] Y no menos importante con nuestros vecinos, de los lugares que operamos, gestionando los riesgos con la debida diligencia desde el inicio de los proyectos, estableciendo relaciones constructivas y de confianza con todos ellos”, indicó con mucha pompa Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol. Apenas un mes antes de esa presentación, un grupo de activistas medioambientales había bloqueado el ingreso a una de sus instalaciones en Madrid, luego de conocer un informe que colocaba a la petrolera como una de las que más gases de efecto invernadero emite.

Presentación de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol para la iniciativa voluntaria Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Según su portal oficial, no controlan el comportamiento de las empresas. Están diseñados para estimular el cambio. 

Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU brindan un marco legal a los gobiernos de cada país por el que es posible responsabilizar a las multinacionales cuando sus actividades comerciales en territorios ajenos vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medio ambiente.

Para aplicarlo, los países necesitan elaborar un Plan Nacional que adapte estos estándares internacionales a la realidad de cada uno. Este debe hacerse con participación de la sociedad civil y todas las partes interesadas.

En España, ese plan se aprobó el 2017. En el Perú, se hizo en junio de 2021, mediante el Decreto Supremo 009-2021-JUS. Uno de los cinco lineamientos estratégicos del plan peruano tiene como objetivo asegurar las reparaciones a los afectados. “Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación”, indica el decreto.

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea también se lanzó a discutir la actualización de una directiva que plantea que las empresas culpables de delitos ambientales reciban multas de hasta 5% del volumen de sus negocios a nivel mundial. La iniciativa también abriría la posibilidad de quitarle a las compañías el acceso a la financiación y la contratación pública.

“Al final, las decisiones recaerán en los tribunales nacionales, pero este texto les ofrecerá claridad”, explicó Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente a la Agencia AFP.

ACUERDOS ROTOS

Hay otros acuerdos firmados por Repsol que no son vinculantes. El de París, por ejemplo, que mencionamos al inicio. O el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía española tiene, además, alianzas poco útiles con nueve organizaciones vinculadas a temas de responsabilidad social. Estas solo se limitan a compartir información sobre el impacto de las compañías en el medio ambiente.

Es el caso de IPIECA, la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas para cuestiones medioambientales y sociales, que difunde entre sus agremiados las mejores prácticas que encuentran en la industria para reducir su impacto. “Estas plataformas o asociaciones vinculadas a buenas prácticas en responsabilidad social son más una declaración de intenciones y, salvo que la empresa tenga una sentencia firme por alguna falta ética o negligencia dolosa, no suele tener mayor trascendencia”, explica Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School.

Para Manso, la responsabilidad social tiene un “componente de maquillaje importante” en muchas empresas. Aún con todo eso, considera que hay algunos avances y que los accionistas tienen el toro por las astas. 

“Los accionistas cada vez tienen más poder incluso para decidir a favor o en contra de cómo se remunera a los altos ejecutivos, o si se les debe cambiar. Desde luego, aquí [en el caso de Repsol] debería haber una respuesta de los líderes de la organización que están demostrando estar muy ausentes”, dice Manso, que también es docente de responsabilidad social empresarial.

De acuerdo a la última Memoria Anual publicada por Repsol, sus principales accionistas con derecho a voto son la española Sacyr S.A. (8.03%), la firma financiera JP Morgan (6.85%), la gestora de fondos de inversión BlackRock (4.99%) y la francesa Amundi Asset Management (4.50%). Todas son adherentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y aseguran promover las finanzas que sean responsables con el medio ambiente. Como informó Sudaca, en una nota anterior, BlackRock tiene un historial de inversiones en empresas que violan los derechos humanos y tienen sanciones por infracciones contra el medio ambiente.

Más del 70% de las acciones de la empresa española son de “libre flotación” y se negocian constamente en el mercado bursátil. Después de esas acciones, la empresa Sacyr es la que tiene mayor participación con derecho a voto y dos asientos en el Consejo de Administración.

Repsol reporta a estas empresas cada una de sus acciones. El 2020, por ejemplo, publicó un informe de gestión donde da cuenta de las medidas de seguridad con las que cuentan sus operaciones. En la página 98 precisan: 

“Si, a pesar de toda la actividad preventiva, se produce un derrame, es prioritaria la detección temprana y la minimización del impacto a las personas y al medioambiente. Para ello, la compañía dispone de los medios humanos y técnicos necesarios”.

Agregan que, en caso de derrames marinos, Repsol mantiene contratos con empresas que garantizan la actuación rápida de especialistas y equipamientos externos como Oil Spills Response Limited – OSRL (empresa británica que atiende a todo el sector), el Global Dispersants Stockpile (reserva mundial para acceder a productos dispersantes) y Wild Well Control (compañía estadounidense con sede en Houston, Texas).

Pero ninguna de estas firmas está actuando sobre el reciente desastre en las costas peruanas. A través de su portal web, Repsol Perú indicó que las labores de remediación vienen siendo atendidas por las empresas ERM (Environmental Resources Management), para el asesoramiento y control de la emergencia; y por Aiuká Consultoría Ambiental, para el rescate de fauna marina.

Al cierre de esta nota, la información del derrame producido en Ventanilla todavía no era publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Mediante una carta, la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú le preguntó directamente a la empresa por qué no se había informado de estos eventos como Hecho de Importancia. La respuesta, como parece ser costumbre, no deja nada claro.

“Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la valoración de la magnitud e impacto del acontecimiento no pudo ser inmediata. Además de ello debe considerarse que, de momento, este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado”, respondieron desde Repsol.

Respuesta de Repsol a las consultas de la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú, enviadas al cierre de la sesión del jueves 20 de enero.

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La pandemia nos afectó a todos, definitivamente. Además de las graves consecuencias para la salud, también ha cambiado al mundo.  Aún más: nos ha cambiado a cada uno de nosotros. 

¿Qué pasó conmigo? Cuestioné mis hábitos y propósito de vida llegando a la conclusión que era momento de hablar menos y actuar más. Es así como, en enero del año pasado, me propuse tener un estilo de vida sostenible ya que los recursos del planeta se están agotando y urge un modelo respetuoso y saludable que asegure el futuro de las nuevas generaciones.

Pero, ¿qué es vivir sostenible? significa adoptar sin reservas el respeto por el medioambiente y tener un impacto positivo para las personas y el planeta. 

¿Cómo empiezo una vida sostenible? Antes que nada, debes encontrar un equilibrio realista entre la sostenibilidad y las necesidades de tu vida cotidiana. No tiene mucho sentido adoptar un enfoque tan estricto que no te permita manejar, subirte a un bus, usar plástico, tener un determinado número de hijos o disfrutar de un pollo a la brasa en un restaurante.

Ser tan estricto no encajaría en el estilo de vida de la mayoría y es posible que provoque frustración y que, al final, abandones por completo tu objetivo y buenas intenciones. 

Recordemos que la sostenibilidad es un proceso basado en la esencia. Por eso, es importante empezar haciendo una introspeccion de tu vida: en lo que te gusta, lo que necesitas y más valoras así como lo que podría ser prescindible y lo que te haría más feliz. 

Te sorprenderá descubrir cómo este proceso puede mostrarte algunas formas de ser sostenible que no aparecen en esas listas que a raja tabla te dicen lo que tienes y lo que no tienes que hacer. 

Por eso, más que reglas quiero presentarte algunos consejos para introducir cambios que generen hábitos sostenibles  que contribuyan positivamente a la salud, a la felicidad y a tu progreso a largo plazo:

  • Reducir la cantidad de residuos que producimos es quizás el más importante para ser más sostenible. Empieza a comprar menos, reutiliza lo que compres en lugar de tirarlo a la basura y elige productos que estén hechos de materiales que puedan reciclarse. 
  • Aprende a reciclar, pero de verdad. Participa activamente -como consumidor responsable- en la economía circular de los envases que utilices: plástico PET, cartón, vidrio, aceite, entro otros. Recuerda que hay muchos materiales que pueden tener infinitas vidas y no terminarán en los rellenos sanitarios.
  • Reduce el desperdicio de alimentos: revisa tus armarios, elabora un plan de comidas, haz la lista de la compra, compra solo lo que necesites, reutiliza las sobras o compóstalas.
  • Reduce el desperdicio de agua: dúchate en lugar de bañarte, cierra el grifo cuando te estés cepillando los dientes y utiliza la lavadora solo cuando tengas una carga completa.
  • Consume alimentos locales y productos de temporada: así evitarás kilómetros innecesarios de transporte, tiempo de cultivo y además, aproyarás al productor local.
  • Optimiza el consumo de energía: desenchufa los dispositivos electrónicos cuando no estén en uso. Apaga las luces cuando no estés en las habitaciones. Utiliza bombillas LED en lugar de halógenas.
  • Emplea aparatos de uso manual en lugar de dispositivos electrónicos como, por ejemplo, un recogedor y una escoba en lugar de una aspiradora.
  • Utiliza tu auto, un taxi o el servicio público solo cuando sea absolutamente necesario. Ve en bicicleta o camina cuando puedas.
  • Cada uno de los productos que utilizas generan impacto en el medio ambiente, desde su diseño hasta su embalaje y transporte.  Busca empresas que tengan un enfoque sostenible y que se empaquen en envases reciclables y/o hechos con materiales reciclados.
  • Escoge versiones de productos más sostenibles siempre que sea posible como, por ejemplo, champú, acondicionador y jabón sólido u opta por alternativas ecológicas como cepillos de dientes bambú para reemplazar a los de plástico.

Finalmente, la sostenibilidad  también es practicar la inclusión y la equidad, ser la escucha de las voces de quienes no tienen voz y por tratarte bien a ti mismo y a los demás. 

Y tú, ¿te subes al carro de la sostenibilidad?

 

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Respecto del cambio climático sabemos que el dióxido de carbono es uno de los más temidos gases de efecto invernadero que afectan directamente la temperatura y los ciclos climáticos en el mundo entero. En América Latina, el Perú es un país que emite poco más de una tonelada per cápita de carbono, Bolivia un poco menos de dos toneladas y Brasil un poco más de dos. Si nos comparamos con otros países, China produce más de ocho toneladas y Estados Unidos más de trece. Ser conscientes de nuestro impacto es importante para comprender cuál es el rol de nuestros países en la Conferencia sobre el cambio climático (COP26) que se está llevando a cabo en Escocia, la cual se considera la sucesora de la COP21, en la que se firmó el Acuerdo de París. Ese acuerdo busca impedir el aumento de la temperatura global y limitar en el futuro más cercano el aumento a 1.5 °C.  De lograrse, se reduciría significativamente los efectos del cambio climático. Además de centrarse en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el acuerdo de París propone aumentar las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y generar flujos financieros indispensables para lograr estos fines, como el mercado de carbono.

Perú, sin negar que es un país contaminante, es uno de los países más frágiles respecto del impacto del cambio climático, pues la salud, la agricultura, la pesca y nuestros sistemas de recursos hídricos son sectores claramente vulnerables. Y por ello mucho más frágiles resultan las poblaciones rurales que dependen del trabajo familiar de subsistencia, al igual que los pescadores artesanales. Cuencas, bofedales, humedales, glaciares corren un gran peligro. Las emergencias climáticas que afectan al país crecen año tras año y se tiene absoluta claridad que los costos de las acciones de adaptación son muchos menores que los gastos ante los grandes desastres que se pueden producir. 

Para conseguir el financiamiento, la COP26 es el espacio fundamental para movilizar fondos de países desarrollados a países como Perú, Bolivia y Brasil. Pero cada uno enfrenta situaciones muy distintas. La deforestación en Brasil ha aumentado 10% el año pasado y cada vez parece improbable que pueda cumplir con su compromiso de reducir la deforestación ilegal para el año 2030. El Presidente Bolsonaro no se apareció en la COP26 aduciendo que su presencia sería fuente de protestas. Él insiste en que logrará acabar con la deforestación y la emisión de gases, pero como resaltan los especialistas brasileros, no se han tomado hasta ahora medidas concretas. Con una actitud distinta, el presidente de Bolivia, Luis Arce, tras reunirse con el presidente Castillo para acordar medidas ambientales vinculadas a la zona del lago Titicaca, llegó a Glasgow con su propia agenda. Al igual que Costa Rica ha compartido un serio cuestionamiento al sistema de créditos del mercado de carbono, pues no permite medidas inmediatas y al parecer es irregular. 

Desde la firma del acuerdo de París, el Perú ha avanzado con las contribuciones determinadas a nivel nacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Sin embargo, la pandemia y las restricciones han afectado los resultados que esperábamos presentar, sobre todo por las condiciones inesperadas del año pasado: el 2020 se redujo la presencia de funcionarios del Estado en las zonas rurales porque sus tareas quedaron limitadas a las áreas urbanas. Los bosques quedaron en manos de actores corruptos y actividades ilegales como la tala ilegal y las mafias vinculadas al narcotráfico. Un factor inesperado fue la migración de retorno desde las ciudades hacia las zonas rurales incluida la Amazonía. Se ha calculado que cerca de 250 mil personas regresaron a las comunidades rurales provocando la deforestación y presionando los recursos naturales. Ayer, Perú y Brasil firmaron la “Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra”, para detener la deforestación e impulsar la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques, compromiso que defendió el presidente Castillo a través de un video. Bolivia se mantuvo firme en su postura sobre el cambio de su matriz energética, su rechazo al mercado de carbono y decidió no firmar. Pronto, porque nos quedan pocos años para llegar a las metas previstas para el 2030, veremos si pudimos cumplir con los compromisos firmados, porque defender nuestros bosques y glaciares ya es defender nuestro presente y las condiciones de vida de las peruanas y peruanos más vulnerables. 

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La demanda de nueva constitución, que parece ser el único punto de programa del presidente Castillo, no tendría por qué ser motivo de conflicto si se debatiera en los términos políticos normales, para los que existen cauces preestablecidos. Pueden avanzarse argumentos a favor y en contra, con seguridad acalorados, sobre el tema, pero así es el quehacer político. Y se gana o se pierde en la cancha, con todas las de la ley. 

Lo que no se debe hacer es colocar un tema propiamente político, incluso ideológico, por importante que sea, por encima del manejo de la agenda diaria, de las demandas urgentes de la población. De la gobernabilidad, en suma. 

En un texto muy conocido   el historiador Alberto Flores Galindo cita a Aristóteles que dice que: “la diferencia real entre democracia y oligarquía es pobreza y riqueza. Siempre que los hombres gobiernen en virtud de su riqueza, sean muchos o pocos, estaremos ante una oligarquía; y cuando los pobres gobiernan, estaremos ante una democracia.” Y concluye diciendo, a partir de la cita del estagirita, que “Democratizar el Perú significaría construir otro tipo de relaciones sociales y otra forma de organizar el poder. La democracia exige la revolución social.” Esa afirmación que suena subversiva, sobre todo en un país como el nuestro, no tendría por qué serlo. ¿Alguien puede negar que hay una agenda de exclusión y pobreza pendiente, aquella que, al hacerse cuerpo en la figura que representaba, como candidato, el profesor Pedro Castillo, lo llevó a la presidencia de la república?

Pero, esa revolución social no requiere de grandes movilizaciones, no se trata de tomar el palacio de invierno, ni de asambleas populares tipo soviets para concretarse. El presidente Castillo tiene, hasta que la población decida si quiere o no cambio de constitución, todo en las manos para realizar profundas transformaciones, muchas de las cuales ni siquiera requieren del amén del Congreso de la República. 

Atender las demandas de un electorado pendiente de sus decisiones para saldar aquella deuda histórica, en un contexto de minoría en el Congreso de la República, y una mayoría de la prensa opositora que no le va a perdonar ni cuándo estornuda, podría ser posible. Sin embargo, el señor presidente Pedro Castillo no está haciendo nada para alcanzar este objetivo que el destino puso a su alcance. Y él, y toda la izquierda que lo acompaña, están perdiendo una oportunidad histórica.   

Pedro Castillo, en suma, debiera estar resolviendo el dilema de iniciar el proceso de atender la deuda pendiente hacia una mayoría poblacional, con lo que, según Aristóteles, actuaría en democracia. Pero no es eso lo que está haciendo. 

 

Para Castillo no importa el ambiente

No voy a centrarme en la total ausencia de acciones políticas relevantes en todos los sectores, salvo la eficacia solitaria de Pedro Francke en el Ministerio de Economía. Quiero referirme a aquello en lo que, con toda razón y sin dudas, ya se ganó el rechazo y la animadversión de toda la comunidad ecologista y la duda e inquietud del pueblo indígena. 

El debate técnico entre los dos candidatos a segunda vuelta, ya fue anuncio de que para ninguno de los dos candidatos se trataba de tema relevante. El dúo Castillo/Cerrón es igual al fujimorismo en su desprecio por el cuidado del territorio. La señora Celeste no recuerdo qué, representante de Perú Libre en esa ocasión, tuvo una presentación vergonzosa. 

Lo que siguió, una vez en la presidencia, es que Pedro Castillo nombró como ministro del ambiente a un abogado, Rubén Ramírez Mateo, sin vinculación alguna con la agenda ambiental, y que además tiene el antecedente de ser abogado de invasores de terreno para vivienda en Lomo de Corvina, en Lima, que no solo no es terreno apto para edificar, sino que es zona de protección arqueológica. Ramírez es hombre de Cerrón que, no me cabe dudas, quiere usar ese ministerio para negociar –vaya uno a saber cuáles – condiciones con las mineras y otras empresas extractivas. 

Enseguida, desde ese ministerio a manos de tan inepta persona se objetó la promulgación de la ley, aprobada por el Congreso de la República anterior, que establecía la obligación de protección, descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales, al tiempo que concedía derechos a los ríos, y para la que solo faltaba la firma del presidente de la república: Castillo la observó asesorado por el Ministerio del Ambiente, y pasó a archivo, y con eso afectó los intereses de millones de ese “pueblo” al que Castillo aludía tanto en sus discursos. 

Un ejemplo sobre cómo esto afecta, sobre un caso que leo en un post de denuncia de un amigo que trabaja en la zona. En Parinacochas, los pobladores del distrito Coronel Castañeda, al sur de Ayacucho, reclaman a la empresa minera Ares por la muerte de truchas en el río Suyamarca y la contaminación del valle Huancahuanca. Si el presidente Castillo hubiera promulgado esa ley que observó asesorado por el peón de Cerrón, los campesinos afectados tendrían un instrumento legal firme para su defensa. Pero no la tienen.

El proyecto de construcción de un ferrocarril desde una región del sur hasta la costa central del país, que tendría como punto de partida el “nodo minero” ubicado en el Cusco o en Apurímac para llegar hasta el puerto de Marcona en el Océano Pacífico, implica la participación de grandes empresas mineras como, por ejemplo, la china MMG que explota Las Bambas – comunidad con conflictos pendientes que el presidente del Consejo de Ministros dejó meciendo en el aire, como sabemos – y la Southern Perú sancionada y con funcionarios culpables de delitos ambientales. Esto subraya la voluntad de continuar con la lógica extractivista de los gobiernos anteriores. ¿Novedad para el “pueblo” ?: pues ninguna. 

Por lo que se refiere a la actividad extractiva petrolera, lo mismo. Las federaciones de Pueblos Afectados por las Actividades Extractivas (PAAE), conformados en gran parte por los pueblos indígenas del circuito petrolero loretano, con lotes como el 192 y el 64 en Datem de Marañón, el 8 de Trompeteros, el 95 en Bretaña, víctimas desde hace 50 años de la destrucción de su entorno y ellos mismos con poblaciones enteras envenenadas, familias diezmadas, recibieron el año 2020, vía DS N° 145-2020-PCM, o Plan de Cierre de Brechas un monto compensatorio que no cubre tantas décadas de devastación y desgracias, pero es igual un monto importante, de 6 mil millones de soles. Falta definir si va a un fideicomiso administrado localmente con fiscalización de los pueblos indígenas, como piden las federaciones indígenas, o se diluye entre los sectores del gobierno central que, como se sabe por experiencia, es la mejor manera de que no llegue nada o la mitad a los beneficiarios.  

Al renovar las conversaciones con los funcionarios del Estado, los dirigentes indígenas se han topado con personas que manifiestan una relación de hermandad e igualitarismo casi infantil, muy buena voluntad, pero nulo criterio, ningún conocimiento ni experiencia, la improvisación como regla. También se mata “sin querer queriendo”, por usar la fórmula del Chavo del ocho que, al menos, reconocía su falta. Quizá aprendan, pero ese aprendizaje puede tener un alto precio, quizá años de retraso. 

La vasta idea de “pueblo” va a llevar, además, al gobierno de Castillo por senderos oscuros, más precisamente. Según reveló Roberto Ochoa hace algunos meses, el entonces candidato Castillo, conocedor como no conocía el gobierno de la fuga por pandemia a las actividades ilegales de miles de personas, fue al corazón de Madre de Dios a organizar mítines sin mayores cuidados, que planteaban desde facilitar la extracción de oro fluvial, incluso en áreas prohibidas, hasta “paralizar los operativos que erradicaron la minería ilegal de zonas como La Pampa”. Con oferta semejante, como bien decía Ochoa, de cumplirse, se abriría la puerta para la “colonización de áreas naturales protegidas, la extracción ilegal de madera, la siembra de cocales, instalación de laboratorios de cocaína, la construcción de trochas carrozables y de aeropuertos clandestinos, entre otras perlas contaminantes y depredadoras.

Eso va en serio, los dirigentes de las federaciones indígenas del circuito petrolero, que tratan sobre sus problemas con los nuevos funcionarios estatales, los han escuchado, con aprehensión, hablar sin desparpajo del pueblo minero, maderero, cocalero, agricultor en la selva, al que hay que reconocer y apoyar para que realice su trabajo en la legalidad, es decir precisamente aquellas actividades que devastan Amazonía y constituyen una de las mayores amenazas para la sobrevivencia del bosque húmedo, y de los pueblos indígenas amazónicos. Pero también de bosques de neblina y bosques secos, hay que agregar. Las promesas de Castillo en Madre de Dios, iban en serio.

Iremos viendo sin mucha esperanza. Ya el mensaje del primer ministro ante el Congreso de la República, da una idea de hacia dónde va la cosa: aparte unas cuantas menciones sueltas, ni por azar una propuesta de política ambiental, en tiempos de urgencia climática. De ignorancia con respecto a qué se refirió el presidente de la república cuando habló de lucha contra la deforestación, en medio de un rosario de promesas: una sola mención a los bosques, y solo tangencial, una cita que quiso ser poética. Ni hablar del mar de Grau, sobre lo que tampoco hubo una línea, aparte de prometer pesca.

Queda claro, como dijeran en la Red Muqui, “que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.” Es decir, de preferencia por los intereses de las empresas sobre los de las poblaciones, ni siquiera una promesa de trato equitativo. Y ello será en lo que se refiere a todas las actividades extractivas, hay que agregar: no solo minería, como ya vimos, incluyendo las peligrosísimas concesiones a cierto “pueblo” que debiera recibir alternativas a lo que hace, y no aliento depredador. 

En tiempos de urgencia climática, estas son noticias gravísimas. 

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Medio ambiente, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Por Sonia Condori Sánchez

Difícil imaginar lo reveladora que puede ser la punta de un cabello. Este tejido, considerado un importante biomarcador por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, puede acumular metales en su estructura durante su proceso de crecimiento. “En la punta del cabello se acumula lo que se ha absorbido desde hace tres años. Entonces, si tengo esa muestra, puedo analizar si se ha acumulado plomo”, afirma Flaviano Banchini, director de Source International, organización que trabaja en Perú -entre otros países- con comunidades que lidian con la contaminación ambiental.

 

“Nosotros hicimos un estudio de ese tipo con los niños de Cerro de Pasco y hallamos un pico de contaminación entre enero y abril del 2017. Las muestras las tomamos en el 2018. En esos tres meses, hubo un incremento de contaminación y, al revisar los informes de Volcan, identificamos que justo era la época en la cual esa compañía había reiniciado su actividad minera”, explica.

Los resultados hallados por Source Internacional sirvieron de base al Centro de Análisis de Delitos Climáticos (con sede en La Haya, Holanda) para emitir, en 2019, un par de informes sobre la situación de Volcan en Cerro de Pasco. Una investigación solicitada por uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo: el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, que acumula excedentes del negocio petrolero. Esto, porque la multinacional suiza Glencore había adquirido pocos años antes más del 50% de las acciones de Volcan. El Fondo noruego quería saber si debía o no seguir invirtiendo en la firma suiza.

En uno de los informes, el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) detalla un antecedente importante: en 2012 el Consejo de Ética del fondo noruego le recomendó a este excluir a Volcan de sus inversiones debido a la contaminación presente en los ríos y el suelo de Cerro de Pasco, así como en la sangre de sus niños. Luego de una segunda evaluación, esta vez por parte del Ministerio de Finanzas noruego, Volcan fue excluida de sus inversiones en octubre de 2013.

Al revisar la lista de excluidos, Sudaca encontró que Glencore figura como “excluida” desde mayo de 2020

Exclusión de Volcan del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. Fuente: Web del Norges Bank.

Mientras que en Noruega se encendían las alertas, en Perú todo siguió como si nada pasara. Al cierre de aquel 2013, más de S/1.477 millones de los fondos de jubilación de los trabajadores estaban invertidos en Volcan por decisión de las AFP que operan en nuestro país, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Al año siguiente las cuatro AFP vigentes en el mercado -Integra, Profuturo, Prima y Hábitat- continuaron invirtiendo en esta minera y no lo dejaron de hacer hasta la fecha.

Paralelamente, Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019, según data del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) obtenida por Ojo Público. En 2020, cinco multas firmes le fueron impuestas a la compañía por un total de S/2.149.656, según un registro de OEFA solicitado para esta investigación.

En este registro, proporcionado a inicios de mayo último, se muestra que dichas multas firmes no habían sido pagadas aún por la compañía. Este medio insistió en reiteradas ocasiones por una entrevista con Volcan, pero no obtuvo respuesta. Al cierre de enero último, S/867.927.415 de los fondos de pensiones figuraban invertidos en Volcan, de acuerdo a la última data disponible en la SBS.

Además, otras dos mineras donde las AFP tienen invertidos más recursos de los afiliados, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Minsur S.A., han sido sancionadas por infracciones ambientales.

Buenaventura inició sus actividades en Huancavelica en 1953 y con el tiempo extendió sus operaciones mineras hacia el norte, sur y centro del Perú. Su infracción más reciente se dio en el río de la comunidad de Huancarama, en Arequipa.

El color verdoso y olor pestilente del agua llamaron la atención de los vecinos, quienes también encontraron venados andinos (tarucas) muertos en el lugar. Según reportó el medio local El Búho en noviembre de 2019, la queja principal fue sobre una filtración hacia el río del lugar, una filtración que alegan provenía de una cámara de carga bajo la responsabilidad de Buenaventura. Esto habría afectado a zonas como Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa, Andahua y la parte alta de Condesuyos. 

Ese mismo año, a Buenaventura, cuya cabeza de directorio es el expresidente de la Confiep Roque Benavides Ganoza, le fueron impuestas distintas multas en agosto, noviembre y diciembre, alcanzando un valor de más de medio millón de soles (S/ 636.195). Al cierre de 2019, S/156.689.118 de los fondos de jubilación estaban invertidos en dicha minera, según data de la SBS.

La compañía Minsur también está entre las mineras que más inversiones han recibido de las AFP. Según el Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental (OEFA), la firma registró 23 resoluciones de sanción por haber cometido 53 infracciones ambientales entre los años 2012 y 2019, de acuerdo a una investigación de Convoca.pe.

Además, la compañía del grupo Breca tuvo 20 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) de la OEFA, entre enero del 2018 a diciembre del 2020. La mayoría se debió al presunto incumplimiento de las recomendaciones de supervisión y lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.

En el 2019, se determinó que esta compañía productora de oro y estaño incumplió lo indicado en su instrumento de gestión ambiental en la unidad minera de Pucamarca, en Tacna, por lo cual se le sancionó con 8.23 UIT (S/34.566).

[Nota de edición: En la primera versión de esta nota se mencionaba que la sanción fue por incumplir medidas correctivas, la razón correcta ha sido precisada en el párrafo]. 

Los estándares éticos de las AFP

El historial de multas y sanciones de Volcan, Buenaventura y Minsur contrastan con la importancia que le dan las AFP a sus criterios éticos.

Ranking. Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019.

Por ejemplo, AFP Integra señala en un documento oficial publicado en su web en el apartado de “Sostenibilidad” que “se compromete a incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la revisión de oportunidades de inversión”. Y precisa que utilizan la categoría de “inversiones directas controversiales” para los casos de aquellas “compañías que hayan recibido una sanción por parte de alguna autoridad competente (en los tres últimos años o de las que se tenga evidencia de no haber tenido remediación) o que tengan investigaciones en curso por prácticas relacionadas con (…) afectación de la salud pública y/o el bienestar animal, (…) [o] contaminación y/o deterioro de ecosistemas”.

En tanto, en su Política de Inversiones Responsables, Prima AFP indica que “deberá realizar un análisis detallado de aquellas propuestas de inversión que generen o puedan generar controversias por su impacto social, ambiental y/o de gobierno corporativo, analizando si dichas controversias son estructurales o no estructurales, el grado de severidad, y gestión de éstas por parte de las empresas”. Además, precisa que considerarán “actividades controversiales” a aquellas altamente expuestas al “impacto en la  biodiversidad y uso de la tierra, emisiones tóxicas y desechos”, entre otras.

“Desde hace años, venimos gestionando nuestros impactos de forma transversal y responsable, a través de diversas iniciativas, programas y proyectos. Continuando con este compromiso, en el 2020 articulamos una estrategia que además de considerar criterios económicos, sociales y ambientales, aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, dice Profuturo AFP en su web.

Habitat, por su parte, presenta reportes de sostenibilidad, pero tampoco publica en su sitio web un Código de ética para las inversiones como tal. César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente, indica que “es necesario contar con lineamientos de un código de ética para las entidades financieras que permitan al público conocer en dónde están invirtiendo su dinero”.

Este medio busco reiteradas veces a la Asociación de AFP, pero no obtuvo respuesta alguna. Asimismo, buscamos a cada AFP, sin embargo decidieron no participar del reportaje o no brindaron contestación al cierre de esta edición.

“Un código de ética es la forma en que la empresa se autorregula, pero eso tiene que vincularse con la normativa que éstas deben cumplir como: la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, Ley de tierra de Minas, Ley General del Ambiente”, opina Ipenza. 

Sudaca preguntó a la SBS qué normativa está vigente respecto de los criterios medioambientales en las inversiones a las AFP. “(…) nuestro rol inicialmente está más orientado hacia buscar, en esta etapa, transparencia de información de la industria sobre la incorporación o no de los factores ASG en el proceso de inversión de los fondos de pensiones”, respondió el regulador en referencia a una normativa aprobada en junio último.

Subrayó, además, que el proceso de adecuación será gradual, pues en su opinión “existen variables que aún en el contexto internacional requieren ser uniformizadas”. Por ejemplo, apunta, “bases de datos que permitan estimar correctamente la materialidad de impacto de determinados factores ASG por industria o país”.

Tal parece que el uso de la transparencia y el rol activo del afiliado serán la fiscalización más activa. O tocará inscribirse en un curso acelerado del modelo noruego.

*Los descargos de Minsur no llegaron hasta nuestro cierre de edición, pasado dicho cierre la compañía envió a Sudaca una nota aclaratoria que puede revisar en el siguiente enlace, así como nuestra respuesta.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Foto: Van Houtryve.

 

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“Nos han ignorado olímpicamente”, dice Jorge Chávez, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Le acabamos de preguntar cómo ve el futuro de la comunidad LGTBIQ+ en los próximos cinco años, sea quien sea el ganador de las elecciones generales de mañana 6 de junio. “Vemos un futuro poco esperanzador”, añade con resignación.

“Pensamos que en los próximos cinco años podíamos avanzar un poco más [en temas de derechos hacia nuestra comunidad], pero gane quien gane, la tendremos difícil. Lucharemos para no retroceder en lo avanzado”, insiste.

 

La preocupación de Chávez no se basa en especulaciones. En estas elecciones, los peruanos tendremos que elegir entre dos opciones que tienen planteamientos totalmente opuestos en sus planes políticos, sociales y económicos, pero con una gran coincidencia: ambos son conservadores y se han manifestado abiertamente en contra, por ejemplo, de la unión civil y el enfoque de igualdad de género.

“Este último proceso electoral ha sido muy triste. Han salido quienes están más en contra de nosotros”, reclama Chávez al recordar los vínculos de Keiko Fujimori con grupos evangélicos y el respaldo que Pedro Castillo le dio, en el 2019, al movimiento ‘Con mis hijos no te metas’. Se trata de grupos que se han encargado de obstruir temas como la Unión Civil.

“En el siguiente gobierno, seguro, recibiremos ataques de congresistas. Tal vez querrán desaparecer la Mesa de Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales GTBI trans en el Ministerio de la Mujer. Seguro que esto se irá diluyendo”, señala.

Recordemos que varias de bancadas tienen propuestas conservadoras y juntas harían que iniciativas que apoyen a las minorías no prosperen en el próximo Congreso. Perú Libre (37 congresistas); Fuerza Popular (24); Acción Popular (15) y Renovación Popular (13); por mencionar las más resaltantes.

Todo eso -afirma Chávez- sin contar que es muy probable que no se haga nada por crear políticas de estado que eduquen contra la discriminación que sufre la comunidad LGTBIQ+ en nuestro país. “Estas elecciones demuestran que en el Perú nos odian”, dice de manera categórica Leyla Huerta, activista trans y coordinadora del proyecto Féminas.

Cuando uno revisa cifras, llega a comprender la contundencia con la que ella se expresa. Según la primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI realizada en el año 2017 por el INEI, el 63% de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún acto de discriminación y violencia.

Otro informe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del 2016 indica que un 70% de las mujeres trans en Lima se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales.

“Muchos medios de comunicación nos quieren hacer ver como prostitutas. Otros sectores buscan hacernos creer que no tenemos los mismos derechos. Debemos aspirar a un país que nos mire por igual y no fomente los discursos de odio”, señala Huerta.

Ante un eventual gobierno de Fujimori o Castillo, la comunidad LGTBIQ+ seguirá luchando por la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, ya sea a través de la unión civil o el matrimonio igualitario; así como el compromiso de las instituciones de estado para hacer campañas por un país más inclusivo y menos violento.

Naturaleza en riesgo

El pasado domingo 30 de mayo, Vanesa Escobar Marcavillaca, participó en el bloque ‘Pregunta Ciudadana’ del segundo debate presidencial. La joven cusqueña lanzó una consulta sencilla a los candidatos Castillo y Fujimori: ¿Qué medidas tomarán para garantizar los derechos humanos de los defensores ambientales? Su pregunta -además- recordaba que el Perú, según la organización internacional Global Witness, es el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental.

Fujimori respondió que respetaría el cuidado del medio ambiente y luego habló sobre la desnutrición infantil. Castillo, en tanto, recordó su lucha como rondero en la defensa de nuestra naturaleza y -de manera enfática- señaló: “Me ratifico: Tía María y Conga no van”.

Después mencionó a los extranjeros que delinquen en nuestro país. Ninguno de los dos contestó la pregunta y la incógnita se instaló. ¿Qué peso le dará -sea quien sea el ganador- a la defensa del medio ambiente y el cambio climático?

“Es evidente la orfandad del tema ambiental [en ambos candidatos]. Nos encontramos con dos opciones cortoplacistas, populistas y que expresan bastante bien la crisis de nuestra sociedad”, dice Diego Saavedra, especialista del Programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales).

Saavedra recuerda cuando oyó la pregunta de Vanesa Escobar y luego cómo la consulta fue toreada por los postulantes al sillón de Pizarro. “Me generó frustración e indignación. Sensación de quienes tratamos de sumar con un grano de arena a que esto cambie. Con Keiko Fujimori la posibilidad de diálogo será limitada y Pedro Castillo, seguro, tendrá una estrategia de reacción permanente. Seguro va a meter la pata y tendremos que salir a hacer nuevas propuestas técnicas y reforzar la defensa de la gestión sostenible de los recursos naturales. Habrá muchos desafíos en la agenda”, señala el ambientalista.

Según DAR, uno de esos desafíos es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la incorporación de la opinión técnica previa del sector Salud que sea vinculante a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Además, el nuevo gobierno debe responder al pedido de las organizaciones indígenas de impulsar la consulta previa de los EIA de los proyectos de inversión.

También pierden…

“Ideología de género” es el término que usan los candidatos Castillo y Fujimori para referirse con desprecio al enfoque de igualdad de género del Currículo Nacional de Educación Básica, implementado por el Ministerio de Educación desde el 2017.

Durante la campaña, la candidata de Fuerza Popular aseguró que “eliminará” la “ideología de género”; mientras que el postulante de Perú Libre dijo estar “en contra” del enfoque de género. Aunque lo avanzado todavía es incipiente, ¿se retrocederá? Le consultamos a Diana Miloslavich Túpac, vocera del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan.

“Nosotros seguiremos insistiendo en levantar nuestra agenda de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir libres de violencia”, insiste Miloslavich Túpac, ante el panorama incierto. “Estaremos vigilantes a quién gane, para que los avances que hay en el Ejecutivo, donde están las políticas de igualdad de género en los ministerios de la Mujer, Salud y Educación, continúen y no haya retrocesos y más bien tengamos avances”, añade.

De algo está segura la activista: con Fuerza Popular ya tienen experiencias desagradables. En el 2018, por ejemplo, desde la sociedad civil se inició la campaña ‘Déjala decidir’, que promovía la despenalización del aborto para los casos de violaciones y malformaciones congénitas. Pero la iniciativa fue sepultada por el Congreso de ese año, cuando los naranjas tenían la mayoría parlamentaria.

En una columna publicada en la web Pata Amarilla, Miloslavic, en una reflexión más íntima escribió: “Quiero imaginar un Congreso que dialogue y un Estado cuyo centro sean las personas, las mujeres, nuestros pueblos olvidados, la comunidad LGTBI. Quiero imaginar un lugar de diferentes en diálogo permanente. Lo que hemos vivido las últimas semanas es una guerra entre peruanos y peruanas”.

Al cierre de esta edición, el candidato Pedro Castillo, que recientemente ha tenido frases misóginas y transfóbicas, se reunió con organizaciones y activistas de diversos espacios sociales, entre ellos la comunidad LGTBIQ+. Rechazó ser machista, pero no se conoce compromisos concretos hasta ahora.

 

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