Medio ambiente

Por Sonia Condori Sánchez

Difícil imaginar lo reveladora que puede ser la punta de un cabello. Este tejido, considerado un importante biomarcador por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, puede acumular metales en su estructura durante su proceso de crecimiento. “En la punta del cabello se acumula lo que se ha absorbido desde hace tres años. Entonces, si tengo esa muestra, puedo analizar si se ha acumulado plomo”, afirma Flaviano Banchini, director de Source International, organización que trabaja en Perú -entre otros países- con comunidades que lidian con la contaminación ambiental.

“Nosotros hicimos un estudio de ese tipo con los niños de Cerro de Pasco y hallamos un pico de contaminación entre enero y abril del 2017. Las muestras las tomamos en el 2018. En esos tres meses, hubo un incremento de contaminación y, al revisar los informes de Volcan, identificamos que justo era la época en la cual esa compañía había reiniciado su actividad minera”, explica.

Los resultados hallados por Source Internacional sirvieron de base al Centro de Análisis de Delitos Climáticos (con sede en La Haya, Holanda) para emitir, en 2019, un par de informes sobre la situación de Volcan en Cerro de Pasco. Una investigación solicitada por uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo: el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, que acumula excedentes del negocio petrolero. Esto, porque la multinacional suiza Glencore había adquirido pocos años antes más del 50% de las acciones de Volcan. El Fondo noruego quería saber si debía o no seguir invirtiendo en la firma suiza.

En uno de los informes, el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) detalla un antecedente importante: en 2012 el Consejo de Ética del fondo noruego le recomendó a este excluir a Volcan de sus inversiones debido a la contaminación presente en los ríos y el suelo de Cerro de Pasco, así como en la sangre de sus niños. Luego de una segunda evaluación, esta vez por parte del Ministerio de Finanzas noruego, Volcan fue excluida de sus inversiones en octubre de 2013.

Al revisar la lista de excluidos, Sudaca encontró que Glencore figura como “excluida” desde mayo de 2020

Exclusión de Volcan del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. Fuente: Web del Norges Bank.

Mientras que en Noruega se encendían las alertas, en Perú todo siguió como si nada pasara. Al cierre de aquel 2013, más de S/1.477 millones de los fondos de jubilación de los trabajadores estaban invertidos en Volcan por decisión de las AFP que operan en nuestro país, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Al año siguiente las cuatro AFP vigentes en el mercado -Integra, Profuturo, Prima y Hábitat- continuaron invirtiendo en esta minera y no lo dejaron de hacer hasta la fecha.

Paralelamente, Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019, según data del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) obtenida por Ojo Público. En 2020, cinco multas firmes le fueron impuestas a la compañía por un total de S/2.149.656, según un registro de OEFA solicitado para esta investigación.

En este registro, proporcionado a inicios de mayo último, se muestra que dichas multas firmes no habían sido pagadas aún por la compañía. Este medio insistió en reiteradas ocasiones por una entrevista con Volcan, pero no obtuvo respuesta. Al cierre de enero último, S/867.927.415 de los fondos de pensiones figuraban invertidos en Volcan, de acuerdo a la última data disponible en la SBS.

Además, otras dos mineras donde las AFP tienen invertidos más recursos de los afiliados, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Minsur S.A., han sido sancionadas por infracciones ambientales.

Buenaventura inició sus actividades en Huancavelica en 1953 y con el tiempo extendió sus operaciones mineras hacia el norte, sur y centro del Perú. Su infracción más reciente se dio en el río de la comunidad de Huancarama, en Arequipa.

El color verdoso y olor pestilente del agua llamaron la atención de los vecinos, quienes también encontraron venados andinos (tarucas) muertos en el lugar. Según reportó el medio local El Búho en noviembre de 2019, la queja principal fue sobre una filtración hacia el río del lugar, una filtración que alegan provenía de una cámara de carga bajo la responsabilidad de Buenaventura. Esto habría afectado a zonas como Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa, Andahua y la parte alta de Condesuyos. 

Ese mismo año, a Buenaventura, cuya cabeza de directorio es el expresidente de la Confiep Roque Benavides Ganoza, le fueron impuestas distintas multas en agosto, noviembre y diciembre, alcanzando un valor de más de medio millón de soles (S/ 636.195). Al cierre de 2019, S/156.689.118 de los fondos de jubilación estaban invertidos en dicha minera, según data de la SBS.

La compañía Minsur también está entre las mineras que más inversiones han recibido de las AFP. Según el Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental (OEFA), la firma registró 23 resoluciones de sanción por haber cometido 53 infracciones ambientales entre los años 2012 y 2019, de acuerdo a una investigación de Convoca.pe.

Además, la compañía del grupo Breca tuvo 20 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) de la OEFA, entre enero del 2018 a diciembre del 2020. La mayoría se debió al presunto incumplimiento de las recomendaciones de supervisión y lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.

En el 2019, se determinó que esta compañía productora de oro y estaño incumplió lo indicado en su instrumento de gestión ambiental en la unidad minera de Pucamarca, en Tacna, por lo cual se le sancionó con 8.23 UIT (S/34.566).

[Nota de edición: En la primera versión de esta nota se mencionaba que la sanción fue por incumplir medidas correctivas, la razón correcta ha sido precisada en el párrafo]. 

Los estándares éticos de las AFP

El historial de multas y sanciones de Volcan, Buenaventura y Minsur contrastan con la importancia que le dan las AFP a sus criterios éticos.

Ranking. Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019.

Por ejemplo, AFP Integra señala en un documento oficial publicado en su web en el apartado de “Sostenibilidad” que “se compromete a incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la revisión de oportunidades de inversión”. Y precisa que utilizan la categoría de “inversiones directas controversiales” para los casos de aquellas “compañías que hayan recibido una sanción por parte de alguna autoridad competente (en los tres últimos años o de las que se tenga evidencia de no haber tenido remediación) o que tengan investigaciones en curso por prácticas relacionadas con (…) afectación de la salud pública y/o el bienestar animal, (…) [o] contaminación y/o deterioro de ecosistemas”.

En tanto, en su Política de Inversiones Responsables, Prima AFP indica que “deberá realizar un análisis detallado de aquellas propuestas de inversión que generen o puedan generar controversias por su impacto social, ambiental y/o de gobierno corporativo, analizando si dichas controversias son estructurales o no estructurales, el grado de severidad, y gestión de éstas por parte de las empresas”. Además, precisa que considerarán “actividades controversiales” a aquellas altamente expuestas al “impacto en la  biodiversidad y uso de la tierra, emisiones tóxicas y desechos”, entre otras.

“Desde hace años, venimos gestionando nuestros impactos de forma transversal y responsable, a través de diversas iniciativas, programas y proyectos. Continuando con este compromiso, en el 2020 articulamos una estrategia que además de considerar criterios económicos, sociales y ambientales, aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, dice Profuturo AFP en su web.

Habitat, por su parte, presenta reportes de sostenibilidad, pero tampoco publica en su sitio web un Código de ética para las inversiones como tal. César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente, indica que “es necesario contar con lineamientos de un código de ética para las entidades financieras que permitan al público conocer en dónde están invirtiendo su dinero”.

Este medio busco reiteradas veces a la Asociación de AFP, pero no obtuvo respuesta alguna. Asimismo, buscamos a cada AFP, sin embargo decidieron no participar del reportaje o no brindaron contestación al cierre de esta edición.

“Un código de ética es la forma en que la empresa se autorregula, pero eso tiene que vincularse con la normativa que éstas deben cumplir como: la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, Ley de tierra de Minas, Ley General del Ambiente”, opina Ipenza. 

Sudaca preguntó a la SBS qué normativa está vigente respecto de los criterios medioambientales en las inversiones a las AFP. “(…) nuestro rol inicialmente está más orientado hacia buscar, en esta etapa, transparencia de información de la industria sobre la incorporación o no de los factores ASG en el proceso de inversión de los fondos de pensiones”, respondió el regulador en referencia a una normativa aprobada en junio último.

Subrayó, además, que el proceso de adecuación será gradual, pues en su opinión “existen variables que aún en el contexto internacional requieren ser uniformizadas”. Por ejemplo, apunta, “bases de datos que permitan estimar correctamente la materialidad de impacto de determinados factores ASG por industria o país”.

Tal parece que el uso de la transparencia y el rol activo del afiliado serán la fiscalización más activa. O tocará inscribirse en un curso acelerado del modelo noruego.

*Los descargos de Minsur no llegaron hasta nuestro cierre de edición, pasado dicho cierre la compañía envió a Sudaca una nota aclaratoria que puede revisar en el siguiente enlace, así como nuestra respuesta.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Foto: Van Houtryve.

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AFP, Fondo de pensiones, inversiones, Jubilación, Medio ambiente

“Nos han ignorado olímpicamente”, dice Jorge Chávez, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Le acabamos de preguntar cómo ve el futuro de la comunidad LGTBIQ+ en los próximos cinco años, sea quien sea el ganador de las elecciones generales de mañana 6 de junio. “Vemos un futuro poco esperanzador”, añade con resignación.

“Pensamos que en los próximos cinco años podíamos avanzar un poco más [en temas de derechos hacia nuestra comunidad], pero gane quien gane, la tendremos difícil. Lucharemos para no retroceder en lo avanzado”, insiste.

La preocupación de Chávez no se basa en especulaciones. En estas elecciones, los peruanos tendremos que elegir entre dos opciones que tienen planteamientos totalmente opuestos en sus planes políticos, sociales y económicos, pero con una gran coincidencia: ambos son conservadores y se han manifestado abiertamente en contra, por ejemplo, de la unión civil y el enfoque de igualdad de género.

“Este último proceso electoral ha sido muy triste. Han salido quienes están más en contra de nosotros”, reclama Chávez al recordar los vínculos de Keiko Fujimori con grupos evangélicos y el respaldo que Pedro Castillo le dio, en el 2019, al movimiento ‘Con mis hijos no te metas’. Se trata de grupos que se han encargado de obstruir temas como la Unión Civil.

“En el siguiente gobierno, seguro, recibiremos ataques de congresistas. Tal vez querrán desaparecer la Mesa de Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales GTBI trans en el Ministerio de la Mujer. Seguro que esto se irá diluyendo”, señala.

Recordemos que varias de bancadas tienen propuestas conservadoras y juntas harían que iniciativas que apoyen a las minorías no prosperen en el próximo Congreso. Perú Libre (37 congresistas); Fuerza Popular (24); Acción Popular (15) y Renovación Popular (13); por mencionar las más resaltantes.

Todo eso -afirma Chávez- sin contar que es muy probable que no se haga nada por crear políticas de estado que eduquen contra la discriminación que sufre la comunidad LGTBIQ+ en nuestro país. “Estas elecciones demuestran que en el Perú nos odian”, dice de manera categórica Leyla Huerta, activista trans y coordinadora del proyecto Féminas.

Cuando uno revisa cifras, llega a comprender la contundencia con la que ella se expresa. Según la primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI realizada en el año 2017 por el INEI, el 63% de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún acto de discriminación y violencia.

Otro informe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del 2016 indica que un 70% de las mujeres trans en Lima se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales.

“Muchos medios de comunicación nos quieren hacer ver como prostitutas. Otros sectores buscan hacernos creer que no tenemos los mismos derechos. Debemos aspirar a un país que nos mire por igual y no fomente los discursos de odio”, señala Huerta.

Ante un eventual gobierno de Fujimori o Castillo, la comunidad LGTBIQ+ seguirá luchando por la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, ya sea a través de la unión civil o el matrimonio igualitario; así como el compromiso de las instituciones de estado para hacer campañas por un país más inclusivo y menos violento.

Naturaleza en riesgo

El pasado domingo 30 de mayo, Vanesa Escobar Marcavillaca, participó en el bloque ‘Pregunta Ciudadana’ del segundo debate presidencial. La joven cusqueña lanzó una consulta sencilla a los candidatos Castillo y Fujimori: ¿Qué medidas tomarán para garantizar los derechos humanos de los defensores ambientales? Su pregunta -además- recordaba que el Perú, según la organización internacional Global Witness, es el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental.

Fujimori respondió que respetaría el cuidado del medio ambiente y luego habló sobre la desnutrición infantil. Castillo, en tanto, recordó su lucha como rondero en la defensa de nuestra naturaleza y -de manera enfática- señaló: “Me ratifico: Tía María y Conga no van”.

Después mencionó a los extranjeros que delinquen en nuestro país. Ninguno de los dos contestó la pregunta y la incógnita se instaló. ¿Qué peso le dará -sea quien sea el ganador- a la defensa del medio ambiente y el cambio climático?

“Es evidente la orfandad del tema ambiental [en ambos candidatos]. Nos encontramos con dos opciones cortoplacistas, populistas y que expresan bastante bien la crisis de nuestra sociedad”, dice Diego Saavedra, especialista del Programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales).

Saavedra recuerda cuando oyó la pregunta de Vanesa Escobar y luego cómo la consulta fue toreada por los postulantes al sillón de Pizarro. “Me generó frustración e indignación. Sensación de quienes tratamos de sumar con un grano de arena a que esto cambie. Con Keiko Fujimori la posibilidad de diálogo será limitada y Pedro Castillo, seguro, tendrá una estrategia de reacción permanente. Seguro va a meter la pata y tendremos que salir a hacer nuevas propuestas técnicas y reforzar la defensa de la gestión sostenible de los recursos naturales. Habrá muchos desafíos en la agenda”, señala el ambientalista.

Según DAR, uno de esos desafíos es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la incorporación de la opinión técnica previa del sector Salud que sea vinculante a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Además, el nuevo gobierno debe responder al pedido de las organizaciones indígenas de impulsar la consulta previa de los EIA de los proyectos de inversión.

También pierden…

“Ideología de género” es el término que usan los candidatos Castillo y Fujimori para referirse con desprecio al enfoque de igualdad de género del Currículo Nacional de Educación Básica, implementado por el Ministerio de Educación desde el 2017.

Durante la campaña, la candidata de Fuerza Popular aseguró que “eliminará” la “ideología de género”; mientras que el postulante de Perú Libre dijo estar “en contra” del enfoque de género. Aunque lo avanzado todavía es incipiente, ¿se retrocederá? Le consultamos a Diana Miloslavich Túpac, vocera del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan.

“Nosotros seguiremos insistiendo en levantar nuestra agenda de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir libres de violencia”, insiste Miloslavich Túpac, ante el panorama incierto. “Estaremos vigilantes a quién gane, para que los avances que hay en el Ejecutivo, donde están las políticas de igualdad de género en los ministerios de la Mujer, Salud y Educación, continúen y no haya retrocesos y más bien tengamos avances”, añade.

De algo está segura la activista: con Fuerza Popular ya tienen experiencias desagradables. En el 2018, por ejemplo, desde la sociedad civil se inició la campaña ‘Déjala decidir’, que promovía la despenalización del aborto para los casos de violaciones y malformaciones congénitas. Pero la iniciativa fue sepultada por el Congreso de ese año, cuando los naranjas tenían la mayoría parlamentaria.

En una columna publicada en la web Pata Amarilla, Miloslavic, en una reflexión más íntima escribió: “Quiero imaginar un Congreso que dialogue y un Estado cuyo centro sean las personas, las mujeres, nuestros pueblos olvidados, la comunidad LGTBI. Quiero imaginar un lugar de diferentes en diálogo permanente. Lo que hemos vivido las últimas semanas es una guerra entre peruanos y peruanas”.

Al cierre de esta edición, el candidato Pedro Castillo, que recientemente ha tenido frases misóginas y transfóbicas, se reunió con organizaciones y activistas de diversos espacios sociales, entre ellos la comunidad LGTBIQ+. Rechazó ser machista, pero no se conoce compromisos concretos hasta ahora.

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Tags:

cambio climático, Enfoque de género, Keiko Fujimori, LGTBIQ+, Medio ambiente, Pedro Castillo