Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.
Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.
DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL
En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.
Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.
Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.
Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.
Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.
Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.
Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.
No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.
EL FINANCISTA DE KEIKO
“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.
Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.
Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.
El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.
Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.
OHL anunció la buena nueva desde su matriz en España hace tres días. “OHL se adjudica dos contratos por más de 80 millones [de euros] en Perú”, dice el comunicado. Se trata de la construcción del Hospital de Apoyo II de Chulucanas, por más de S/136 millones, obtenida a través del acuerdo ‘gobierno a gobierno’ con el Reino Unido; y de la ampliación norte del Metropolitano, ganada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, por más de S/280 millones.
Las relaciones públicas de OHL en Perú, sin embargo, parecen más cautas. Quizás sea porque aquí, pese a que la constructora licita con éxito, todavía tiene algunos pendientes con el Indecopi y el Ministerio Público. A continuación, Sudaca presenta material inédito sobre esos pendientes: correos electrónicos, cuadros de Excel y libros contables que describen el actuar de esta compañía durante el apogeo del llamado Club de la Construcción.
Las investigaciones
En febrero del 2020, el Indecopi abrió procedimiento administrativo sancionador “a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones” públicas de carreteras entre el 2002 y 2016. OHL y su ejecutiva María Victoria Tizón figuran en la lista. El proceso abierto por el Indecopi equivale, en el ámbito administrativo, a una acusación. Esta espera ser resuelta por otra instancia del mismo organismo a fines de año.
En el ámbito penal, en noviembre del 2019 la jueza María de los Ángeles Álvarez incluyó a OHL, entre otras, como parte de una “presunta organización criminal [el denominado Club de la Construcción]” que “estableció el orden de prelación de quienes se adjudicarían las buena pro de los procesos de contratación convocados por Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, previo pago de coimas, entre el 2011 y el 2014.
OHL apeló y logró, dos meses después, que una sala superior la excluyera del proceso. El argumento: que la acción penal se había extinguido tras la muerte de Carlos Conde Rodicio, exdirectivo de OHL sobre quien la fiscalía había hallado responsabilidad.
Aquella vez, el fiscal Germán Juárez, el encargado del caso en el equipo especial Lava Jato, argumentó que tenía facturas que vinculaban directamente a OHL con el sistema de pagos de sobornos del ‘club’. También dijo que, además de Conde, habría otros funcionarios involucrados. La sala superior no le dio la razón. Antes de que Juárez pudiera apelar llegó la pandemia.
Fuentes de la fiscalía dijeron a Sudaca que el equipo de Juárez está recabando información adicional contra la firma, pese a las dificultades para tomar declaraciones por la crisis sanitaria. “El equipo realiza actos de investigación ubicando a otros funcionarios que actuaron al mismo nivel que el fallecido a fin de incorporarlos al proceso penal y, con estos elementos, también a la empresa”, declaró una de las fuentes.
Los correos son claros
La española Obrascon Huarte Lain −OHL− ingresó al Perú en 2008, tras comprar el 94% de las acciones de la peruana Constructora TP S.A.C. (CTPSAC). Esta pertenecía al fallecido Carlos Tizón y a su familia. A partir de entonces, la hija del veterano constructor, María Victoria Tizón, pasó de la gerencia de administración a la gerencia comercial.
Doce años después, el Indecopi logró reunir archivos y testimonios que colocaron a la empresa en medio del escándalo llamado ‘Club de la Construcción’. Sudaca ha revisado parte de ese material y lo presenta en exclusiva.
El correo electrónico del 16 de noviembre del 2013, por ejemplo, tiene como asunto las palabras “Informacion prelacion [sic]”. La destinataria es María Victoria Tizón (Mavi) y el emisor, José María Romero Pinto, ex ejecutivo de Superconcreto del Perú, empresa que también es investigada por el Indecopi y el equipo especial Lava Jato.
En ese correo aparecen dos palabras de peso contundente para la investigación. Además del asunto, Romero le dice a Mavi: “quiero saber bien cuáles obras son las que nos están cargando. Cuándo se ejecutaron y sus montos. Además, el tema de cómo fue que nos cargaron 3 vueltas?”.
La Resolución 003-2020 del Indecopi determinó que las constructoras se comunicaban a través de palabras clave: “una serie de criterios o pautas referenciales denominadas ´turno´, ´vuelta´, ´cuota´, ´prelación´ y ´acompañante´. En líneas generales, estos criterios permitían a los integrantes del cártel definir quién tenía la preferencia para adjudicarse una obra determinada de manera que tenga mayor justificación su asignación”.
Al ser interrogado, el exejecutivo de Cosapi Marco Aranda, quien se encuentra en calidad de confeso en el caso fiscal del Club de la Construcción, relató al Indecopi que “cualquier empresa tenía que esperar que todas las empresas contraten […]. Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema. […]. Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo”.
≥ ——- [Audio Marco Aranda, de Cosapi, sobre “prelación” ante Indecopi] ——
[47:32] E: ¿Y luego cómo hacían? Digamos, acababa y había dos empresas que querían la misma obra, ¿había un criterio para definir quién postulaba a qué o simplemente entre las dos tenían que…?
[47:40] MA: Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema.
[47:55] E: ¿Y cuáles eran los criterios para definir la relación?
[48:00] MA: Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo… esos argumentos.
[48:14] E: También hemos encontrado en algunos documentos la referencia a ‘turno’.
[48:20] MA: Claro, o sea, turno o prelación es algo bastante similar en concepto. O sea, yo tengo la prelación, yo tengo mi turno, más o menos. Esa era la definición.
Según los testimonios dados al Indecopi por exejecutivos del sector construcción, Aranda tenía un rol importante dentro de los acuerdos que se realizaban en las empresas presuntas miembros del cártel, en la sede de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y restaurantes. Así, hay otra serie de correos que Mavi −de OHL− intercambia con Aranda sobre reuniones y obras.
Era diciembre del 2009 y OHL estaba interesada en la Licitación de la Carretera Punta Bombón – Ilo. En un primer correo, Mavi Tizón le dice al también ejecutivo de OHL, Jorge Aubinel: “hoy tuvimos una reunión en Cosapi para ver el tema de esta carretera [Punta Bombón-Ilo]. Parece que habían malentendidos, pero felizmente todo salió bastante bien […]. Mañana Marco [Aranda] tiene una reunión final con un amigo para confirmar que todo sigue su curso normal. Espero su respuesta”.
El mismo 9 de diciembre, Mavi Tizón pide a Rodolfo Weiss, de la constructora UPACA, conversar sobre la obra y éste le responde al día siguiente: “Por nuestra parte también continúa el interés en esta obra. Un aspecto importante a despejar es si nuestra participación es con cargo al turno del caso”.
En medio de las coordinaciones con UPACA, también investigada por pertenecer al presunto cártel de constructoras, Mavi Tizón le envía un mensaje a su directivo Jaime Crosby poniéndolo al día sobre lo que había quedado con Marco Aranda: “debía llevar a 2 [constructoras] más por el monto de la obra”.
Estas otras dos empresas, se menciona en el correo, no debían aparecer a la luz como socias en un consorcio y optaron por la modalidad de subcontratos. De las confesiones dadas a Indecopi se desprende que las empresas más pequeñas obtenían, gracias a estas modalidades, una democrática participación en los acuerdos del club.
Días después, el 19 de enero del 2010, siete postoras, además de OHL, fueron evaluadas y esta última no calificó. Mavi Tizón envió, entonces, un correo a Marco Aranda diciéndole: “los españoles están furiosos por la descalificación!!! […]. A ver cuándo conversamos sobre este tema y sobre Ayacucho 4”. Aranda intentó calmarla:“lo que les dijimos se mantiene incólume”.
Tizón insistió con su reclamo y Aranda le recordó que “por ejemplo, en mi caso, el tema se ha postergado por razones de involuntaria equivocación de los promotores y ahora yo me voy para después–cuando era el primero. Y yo entiendo y acepto y no perturbo nada. En el tema que tú dices además han quedado afuera otros amigos importantes”. La obra, dos semanas después, fue entregada a Obrainsa, otra de las investigadas por el caso del ‘club’.
Durante los interrogatorios con el Indecopi, Fernando Camet, ex directivo de JJ Camet, reconoció el sistema de concertación con el que trabajaron entre el 2002 y 2016. Explicó que los acuerdos de “turnos” tuvieron sus fallas, como la que se ve en esos correos. “Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno”, afirmó.
≥ ——- [Audio Fernando Camet, de JJCamet, sobre “turnos” ante Indecopi] ——
[Audio Fernando Camet, de JJCamet, en Indecopi]: [49:06] FC: La idea era que, de la cantidad de miembros, cada uno tomara un turno o medio turno o menor turno si era una empresa de menor tamaño y la idea era que al haber tomado cada uno ya su turno pasábamos a la segunda vuelta. Por eso se denominaba ‘vuelta’. Se trataba de que todos en la primera vuelta tomaran; todos en la segunda vuelta tomaran, y así sucesivamente. Cuando ya se había completado que todos habían tomado su turno, entonces se pasaba a la siguiente vuelta.
[49:52] E: ¿Y eso se cumplía? [49:44] FC: Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno.]
La contabilidad de los sobornos
Ante la justicia y ante los medios de comunicación, OHL siempre ha rechazado haber formado parte del Club de la Construcción. Incluso, ha llegado a asegurar que todos sus procesos los ganó con transparencia y que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.
Sin embargo, todos sus pasos en Perú tienen registro. Sudaca presenta en exclusiva dos archivos contables que vinculan a OHL de forma directa con Lual Contratistas. Lual, según confesión de parte ante la fiscalía, fue usada de fachada por los operadores del club a fin de emitir facturas que permitieron a las constructoras justificar ante Sunat la salida de los millonarios pagos por coimas.
En los libros contables de Lual Contratistas de enero y febrero del 2013, que aquí presentamos, figuran tres facturas con OHL, por un monto total de S/3.320.946. Un extrabajador de esta compañía ratificó a este medio que las facturas siempre se giraban por órdenes de servicios falsas o trabajos que jamás se realizaban.
Estos documentos, que Sudaca entregará a las autoridades de justicia, se suman a tres facturas que el equipo especial Lava Jato ya tiene en su poder y que ratifican los vínculos entre OHL y Lual.
Indecopi, por su parte, también ha logrado recabar un cuadro de Excel elaborado en el 2012 por Marco Aranda, de Cosapi, y que sintetiza −año a año hasta el 2014− los “turnos” con los que los empresarios se habrían repartido las licitaciones de carreteras. En dicho cuadro aparece el nombre de las constructoras Tizón y OHL como dueñas de siete turnos o licitaciones.
El equipo investigador del Indecopi ha calculado que entre el 2002 y el 2016, años que ha estimado operó el sistema de repartición, OHL se hizo de contratos con Provías-MTC por un monto superior a los S/587 millones.
Nuevas obras: ¿licitaciones con criterios ‘éticos’?
El último 29 de diciembre, la MML anunció la firma del contrato para la construcción de la ampliación norte del Metropolitano con OHL y la mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones. Ambas empresas, unidas en el llamado Consorcio Metropolitano Norte, ganaron la obra “por un monto mayor a los S/280 millones”. El alcalde limeño Jorge Muñoz encabezó la colocación de la ‘primera piedra’ de la obra el miércoles pasado.
El corredor de buses incluye 18 estaciones que irán desde la actual estación Naranjal, en Independencia, hasta la intersección de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo en Carabayllo. Al cierre de esta edición, la comuna limeña no respondió sobre los detalles del proceso, las empresas que compitieron con OHL, ni los criterios de transparencia y fiscalización para la misma.
También terminando diciembre del año pasado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adjudicó a OHL la construcción del Hospital Apoyo II de Chulucanas, en Piura, por S/136 millones.
El proceso de contratación se ejecutó a través del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido e Irlanda del Norte. El equipo de comunicaciones de la ARCC respondió a Sudaca que dicho país, “como parte del proceso de precalificación, incluyó como uno de los parámetros de evaluación el criterio denominado ‘Ética’”. Explicó la ARCC que, en este acápite, el Reino Unido “buscaba obtener información de las empresas participantes sobre si fueron condenadas por algún incumplimiento ético incluyendo, pero sin limitarse a, soborno, malversación, hurto, fraude, y/o extorsión en los últimos cinco años”. ¿Calza una empresa vinculada al Club de la Construcción en ese parámetro de ‘ética’?
Sobre este punto, el abogado Alberto Retamozo, árbitro y consultor en contrataciones con el Estado, explicó que si bien OHL no tiene condenas efectivas a nivel penal, “sí debió poner en conocimiento, por un tema de transparencia [ético, precisamente], que el Indecopi le había iniciado a la fecha un procedimiento administrativo sancionador por concertación y vulneración de la libre competencia”.
La gravedad de la omisión de OHL, explicó Retamozo, está en que el proceso abierto por el Indecopi podría acabar con un fallo en contra y ello “implicaría, además de la sanción, que el Tribunal de Contrataciones del Estado podría inhabilitarla para contratar con el Estado por vulnerar el principio de libre competencia. Esto constituye un riesgo ya que, de ganar [una obra] y luego ser sancionada, generaría un problema de gestión para el órgano público que la contrató”.
OHL niega cargos
Sudaca solicitó entrevistas a voceros de OHL en España y el Perú, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, este portal sí logró conversar con María Victoria Tizón, ex accionista y ejecutiva de OHL, protagonista de varios de los correos que obran en el expediente del Indecopi.
Tizón informó que no tiene vínculo con el grupo OHL desde octubre del año pasado. Respecto a las sospechas de corrupción en contra de la compañía, respondió que nunca participó en esos actos, pero que no sabe “si la empresa, a través de otros funcionarios, lo habrá hecho”.
Sobre sus diálogos con Marco Aranda, Tizón sostuvo que solo se enmarcan en el contexto de que ella debía mantener un fluido contacto con el premio luego de que OHL adquiriera la empresa Tizón en el 2008. Admitió que existió un nivel de diálogo entre los constructores: “ese tipo de conversaciones era normal. Había veces que decía ´pero si tú tienes 3 obras, a los que no tenemos nada déjanos presentarnos para ganar algo´. Ese tipo de conversaciones sí ha habido, no lo niego. Eso no es concertación”.
La hija heredera de la constructora Tizón, que fue adquirida por OHL, aseguró también que desconoce la existencia de facturas entre Lual Contratistas y OHL: “yo no lo he hecho ni me consta, no sé si la empresa lo habrá hecho”. Sin embargo, la ingeniera sí reconoció que en un evento en Capeco le presentaron a Rodolfo Prialé. “Me dijo qué gusto conocerte, aquí estoy en lo que necesites, y punto. Nunca más lo volví a ver”, aseguró. Prialé, quien se ha allanado a las investigaciones, fue dueño de Lual Contratistas y es sindicado como el operador del Club de la Construcción cuyo rol era ser el nexo entre las empresas y los funcionarios corruptos del MTC.