Cuando Forsyth era alcalde del distrito, la empresa que recogía la basura tuvo que dejar de brindar el servicio tras múltiples impagos. Ahora ha llevado el caso a un arbitraje que podría costarle caro a los contribuyentes victorianos.

Solo estuvo un año y ocho meses en el cargo, pero el breve paso de George Forsyth como alcalde de La Victoria, en el 2019, podría generarle más de S/6 millones de soles en pérdidas a esta municipalidad. ¿Por qué? La respuesta es un arbitraje que inició contra la comuna, en febrero del 2020, un consorcio de empresas peruano-colombianas. Estas alegan que la gestión del actual candidato presidencial se negó a pagarles un total de nueve semanas de deuda acumulada por el servicio de recojo de basura en el distrito. 

“Lo que era poco más de S/3 millones de soles en compromisos de pagos no cumplidos podría convertirse, con perjuicio e intereses, en una deuda millonaria que en un futuro los contribuyentes de La Victoria deberán afrontar” ha dicho a Sudaca el abogado del Consorcio Victoria Limpia, César Candela. Forsyth encabeza las últimas encuestas de intención de voto para las próximas elecciones.

 

El contrato 

El 26 de junio del 2017, la Municipalidad de La Victoria adjudicó la buena pro para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos al Consorcio Victoria Limpia. Dos semanas después se firmó el contrato por S/29´305,850. La alcaldía estaba “obligada a pagar al contratista en soles y semanalmente”, estipula el documento.

Contrato con Consorcio Victoria Limpia estipula el pago semanal por el servicio de recojo de basura.

Contrato con Consorcio Victoria Limpia estipula el pago semanal por el servicio de recojo de basura.

 

Un año más tarde, en agosto del 2018, el municipio cayó en su peor crisis de gobierno luego de que su entonces alcalde, Elías Cuba, fuera detenido por ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Intocables Ediles. Tras la vacancia de Cuba, entró como encargado de gestión el primer regidor del distrito, Harry Castro Durand. Es aquí cuando La Victoria empezó a dejar de afrontar el compromiso. 

En esta etapa, pese a los incumplimientos, “la empresa siguió brindando los servicios pues se trata de limpieza pública, de una necesidad básica para la comunidad”, según el abogado Candela.  

 

Mal jugado

En enero del 2019, la llegada a La Victoria del exfutbolista George Forsyth −como joven alcalde con proyección−, hizo creer a sus proveedores que la crisis de gestión terminaría. Sin embargo, la política del llamado perro muerto continuó. 

Desde el 15 de enero hasta el 1 de marzo, según los documentos oficiales que ha presentado el consorcio a Sudaca, la gestión de Forsyth no pagó por el recojo diario de basura. En febrero del 2019, los vecinos y comerciantes del distrito estuvieron a punto de quedarse sin el servicio. El contrato, además, estaba a punto de vencer. El municipio, entonces, planteó la ampliación del mismo, según estipulan las normas. 

El abogado Candela explica que, pese a que ya tenían semanas sin cobrar, el consorcio “decidió suscribir esta ampliación de servicio con la gestión de Forsyth el 1 de marzo del 2019 por S/5,861,170.00. Esto, dentro del marco de la ley, al tratarse de un servicio público que no puede quedar al aire”. 

Candela también precisa que lo hicieron porque la renovación propuesta por la gestión Forsyth les dio esperanza de que empezarían a cumplir con los compromisos de pago. Esto porque “la norma obliga a toda entidad pública a que, antes de suscribir estos nuevos contratos, tenga el presupuesto [el dinero] destinado, separado, para hacerlo. Pero esto [cumplir con los pagos atrasados] nunca ocurrió”, asegura. 

El 24 de junio del 2019, “pese a que supuestamente contaba con las partidas, la Municipalidad de La Victoria decidió de forma unilateral e injustificada, suspender el pago de la contraprestación acordada tanto en el contrato principal como en el segundo”, según Candela. El abogado agrega que aquí “empezó todo un vía crucis para la empresa”. 

Con más de S/3 millones de deuda y ante la negativa de siquiera responder sus reclamos, el 28 de junio del 2019, el consorcio “adoptó la decisión de resolver la relación contractual con la municipalidad por incumplimiento de la contraprestación”, explicó. La decisión fue comunicada por carta notarial, que la alcaldía se negó a recibir. El consorcio inició, entonces, un proceso arbitral. Eso es lo estipula el contrato ante cualquier controversia de las partes. Un año después, en octubre del 2020, Forsyth renunció a la alcaldía para convertirse en candidato presidencial.

 

Tras más de S/3 millones de deuda acumulada, el Consorcio Victoria Limpia decidió el 28 de junio del 2019 rescindir el contrato con el municipio

Tras más de S/3 millones de deuda acumulada, el Consorcio Victoria Limpia decidió el 28 de junio del 2019 rescindir el contrato con el municipio y dar inicio a acciones legales.

 

La suma por los meses impagos ascendía a S/. 3,229,737. Sin embargo, el monto podría duplicarse a más de S/6 millones debido a que lo adeudado se suma el perjuicio causado al consorcio, los intereses pasados y los gastos que le ha generado al consorcio llevar el caso a contienda arbitral.

 

Pitazo final

Sudaca solicitó los descargos de George Forsyth, pero −al cierre de edición− sus voceros no concretaron la entrevista. Sin embargo, fuentes de la Municipalidad de La Victoria alegaron que la gestión del hoy candidato presidencial dejó, el 4 de julio del 2019, una carta en la que responsabiliza al Consorcio Victoria Limpia de paralizar el servicio de recojo el el 27 de junio de ese año. Ante la supuesta rebeldía de la proveedora, la alcaldía de Forsyth emitió una resolución aquel 2 de agosto del 2019 con la decisión de resolver el contrato. 

Para el abogado de la empresa, César Candela, “es una práctica medio torpe la que hizo Forsyth porque, de acuerdo al Código Civil, no puedes resolver un contrato ya resuelto, y −en este caso− la empresa fue la que, el 28 de junio, ya lo había dado por terminado ante los constantes incumplimientos”.

 

César Candela, abogado del consorcio, sostuvo que la ley sí estipula responsabilidad penal y administrativa del exalcalde George Forsyth

César Candela, abogado del consorcio, sostuvo que la ley sí estipula responsabilidad penal y administrativa del exalcalde George Forsyth.

Candela dice que “este tipo de malas prácticas se están repitiendo en otras gestiones ediles y la irresponsabilidad de alcaldes como Forsyth terminan ahuyentando a las empresas”. Recuerda que aquí las proveedoras “invierten antes de lograr un concurso con una entidad pública porque contratan personal, compran camiones para calificar y aprobar los requisitos”. “Ahora, la empresa tendrá que esperar un largo proceso para recibir su pago. Por el tiempo transcurrido, [este] superaría los S/6 millones, que deberán ser afrontados por una nueva gestión edil y por los contribuyentes del distrito”, remarca.

Sobre la responsabilidad directa o no del exfutbolista y eventual futuro presidente del país en este problema, Candela sostuvo que “el responsable de la ejecución del presupuesto y las contrataciones públicas es el titular de la entidad; en este caso, Forsyth”. 

Como experto en contrataciones del Estado, Candela agrega que la actuación del candidato Forsyth, “la de su equipo, incluyendo a su entonces gerente municipal, se enmarca, primero, en la posible comisión del delito de omisión de funciones por no cumplir su responsabilidad en la efectiva ejecución del presupuesto. Segundo, amerita el inicio de un proceso administrativo sancionador que puede llegar a una inhabilitación definitiva y permanente de ejercer un cargo público”.

 

Foto portada: ANDINA

 

Esta fase del caso tiene como acusados a dos personajes claves: un ex alto funcionario de ProInversión y la representante legal del consorcio que conformó Odebrecht. La exprimera dama Nadine Heredia cumple arresto domiciliario por la presuntamente irregular adjudicación de este proyecto.

Después de cuatro años de desatado el escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú, el Poder Judicial (PJ) acaba de dar luz verde para el inicio del primer juicio por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, durante el gobierno de Ollanta Humala. Esta es la concesión más grande que la empresa brasileña obtuvo en territorio peruano, por US$7.328 millones.  

La primera etapa de audiencias involucra a dos personajes considerados por la fiscalía como los puntos ejecutores de lo que habría sido toda una cadena de mando de presunta corrupción. Se trata, por un lado, del expresidente del  Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, encargado de seleccionar a la empresa ganadora del gasoducto, y por el otro, de la representante legal del consorcio ganador −conformado por Odebrecht y la española Enagás−, Claudia Hokama. 

A Ramírez y Hokama se les imputa presunta colusión agravada y, además, a Ramírez también presunta negociación incompatible. Las penas solicitadas son de 7 y 6 años de cárcel, respectivamente. 

 

Primer gran paso

La acusación del fiscal Abia, presentada el 22 de agosto del 2017, señala que “Ramírez Cadenillas, en su condición de presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, habría concertado con Hokama Kuwae, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano [Odebrecht y Enagas], a efectos de favorecer a su representada, y adjudicarle la buena pro del proyecto” en junio del 2014. Según Abia, como parte de ese direccionamiento, se “descalificó irregularmente al consorcio competidor”.  

Tres años después, el 31 de diciembre pasado, el juez Manuel Chuyo emitió la Resolución N° 55 rechazando el pedido de los investigados Ramírez y Hokama por archivar el caso. Según se lee en su documento, que Sudaca ha podido revisar en exclusiva, Chuyo ordenó el inicio del juicio oral. Otro magistrado debe ahora fijar fecha y hora de la primera audiencia.

Texto, Carta

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Con la decisión del Juez Manuel Chuyo de ordenar el inicio del juicio por el caso Gasoducto, queda que otro magistrado disponga la hora y fecha de inicio de audiencias.

 

El fiscal Abia sigue esta investigación desde el 2014, apenas otorgado el contrato a Odebrecht y Enagás, cuando estaba en curso el gobierno de Ollanta Humala. En declaraciones a Sudaca, Abia sostuvo que, con su decisión, el Poder Judicial “nos está diciendo a todos: aquí hay caso, señores, presuntamente acá hubo corrupción de funcionarios”.

 

 

El fiscal explicó que “la mega obra, la más cara de toda la historia, sigue el mismo esquema de corrupción que se ve en otros casos. Hay un tema de verticalidad y un tema de horizontalidad porque hay vasos comunicantes. Ramirez y Hokama habrían sido parte de esos vasos comunicantes”.  Ramírez y Hokama, por tal motivo, no habrían actuado solos. Abia enfatizó que “Edgar [Ramírez] Cadenillas tenía a sus jefes en Proinversión llegando al alto nivel del Estado, que era la presidencia, y Hokama, por parte del consorcio, también llegaba hasta el primer nivel de la empresa”. 

 

La punta del iceberg

No hay que perder de vista que el Caso Gasoducto está dividido en otros frentes fiscales, además del despacho del fiscal anticorrupción Abia. Dada su alta investidura como expresidente, el hoy candidato Ollanta Humala está siendo investigado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de “asociación ilícita para delinquir, al haber liderado conjuntamente con su cónyuge Nadine Heredia, la organización instalada en el Poder Ejecutivo” con la finalidad de favorecer a Odebrecht en esta concesión. 

 

 

Por su lado, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía y, en específico, la fiscal Geovana Mori tiene a su cargo a otros altos funcionarios, empresarios y civiles. Entre ellos está la propia Nadine Heredia, para quien en setiembre pasado logró que se dictara detención domiciliaria por 24 meses. Según el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, los indicios presentados por la fiscal Mori “corroboran la participación directa” de Heredia con los “graves hechos que se le atribuyen”. Los magistrados concluyeron, “a nivel de sospecha fuerte, la existencia de un pacto colusorio y progresivo entre la imputada Heredia Alarcón, Humala Tasso y los funcionarios de Odebrecht para defraudar al Estado, todo ello en el marco de una asociación ilícita” de alta jerarquía y con características de organización criminal. 

 

Así, la decisión del juez Chullo para el inicio del juicio a Ramírez Cadenillas y Hokama “incide también en el desarrollo del caso en el fuero del Equipo Especial Lava Jato y sus investigados”, sostuvo el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Precisó que, con el inicio del juicio oral, “vamos a iniciar con el tema de fondo, con el núcleo del caso, con los actores que tomaron la decisión abajo para el otorgamiento de la buena pro. Esto es importante, trascendental y repercute en el gran trabajo que está haciendo el equipo especial”. 

 

Los descargos 

El abogado de Edgard Ramírez, Jorge Paredes, consideró que la decisión del juez Chuyo tiene “dos puntos bárbaros”. Primero, se preguntó “cómo puede iniciarse un proceso por colusión agravada, que exige un daño al patrimonio Estado, cuando no hay perjuicio patrimonial al ser una obra 100% financiada por quien gana la concesión. En el contrato no hay un sol del Estado”.

Un segundo punto que considera relevante es que no pudo haber colusión con Claudia Hokama debido a que esta no tenía “capacidad de comprometerse por su nivel de poder. ¿Cómo se va a coludir [Ramírez] con alguien que no tiene capacidad de decisión en la empresa”. Para Paredes, “la mayoría de estos casos responden más a presión pública, pero por falta de pruebas se va a caer en el juicio oral”. Enfatizó, incluso, que en el proceso que involucra a Humala y Heredia tampoco ve “pruebas suficientemente claras”. “Peor aún, ahí no hay funcionario público que haya sido corrompido. Es el caso más incompleto”, afirmó.

Sudaca intentó contactarse con la defensa de Hokama, sin éxito. 

 

Sudaca halló que el procurador Engie Herrera, hoy acusado de intentar boicotear el caso de las malas compras de mascarillas en la Aviación Policial, registra 22 llamadas con el investigado fiscal Sandro Paredes, además de una comunicación con el exjuez César Hinostroza. Herrera asegura no recordar ninguna conversación..

El procurador anticorrupción del Callao Engie Herrera Yactayo ha cambiado de frente de batalla. El Ministerio Público ha pedido su prisión preventiva al considerarlo presunto cómplice de los mandos policiales investigados por compras irregulares de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Ello, desde la División de Aviación Policial (Diravpol). El expediente del caso ha sido denominado ‘Mascarillas-Diravpol’. 

Sudaca, sin embargo, abre ahora lo que sería un nuevo frente para la investigación. Este medio ha hallado, en exclusiva, que Herrera Yactayo registra una comunicación con el exjuez César Hinostroza en el 2015 y veintidós con el suspendido fiscal adjunto supremo Sandro Paredes en el 2018. El procurador Herrera asegura que no recuerda por qué caso o por qué razón se contactaron.

Las 22 comprometedoras llamadas

En 2018 el aún coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, Engie Herrera, registró 22 llamadas de ida y vuelta con el entonces fiscal en Lima Sandro Paredes Quiroz, quien se desempeñaba como adjunto del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza. Este último está vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Los diálogos entre Herrera y Paredes se dieron entre el 13 de febrero y 17 de abril del 2018 e iban desde las 9:23 am. hasta las 9:50 pm. Algunas comunicaciones duran apenas segundos, mientras que otras duran entre 4 y 6 minutos.

El exprocurador anticorrupción Amando Enco afirmó que, si bien son usuales las conversaciones con los fiscales, este caso le “llama mucho la atención”. Explicó que, al tratarse de “coordinación con fiscales supremos, tendría que haber sido reportado o comunicado al despacho del procurador en la sede central” y que en este caso a él no se le reportó. “Lo recordaría”, asegura. Agregó que “el señor Herrera tendría que explicar sobre qué caso conversó con el fiscal supremo [Sandro Paredes]”. 

El procurador Engie Herrera, en respuesta a Sudaca, reiteró que no recuerda la razón de las 22 conexiones telefónicas: “hablo con muchos funcionarios y autoridades constantemente”. El registro del número de diálogos entre Herrera y el fiscal Paredes coinciden, sin embargo, con fechas claves de un caso de crimen y corrupción que hoy envuelve al segundo de ellos. 

Según una investigación fiscal y policial, en los primeros meses del 2018 Sandro Paredes habría dado protección e, incluso, habría fingido ser inspector para favorecer a dos miembros de Los Malditos de Angamos, organización criminal enquistada en el distrito de Ventanilla que se dedicaba al cobro de cupos, sicariato e invasión de terrenos. 

El fiscal Paredes, con quien el procurador Engie Herrera intercambió constantes llamadas, se habría involucrado con el grupo criminal del Callao a través de Dante ‘Kiko’ Mandriotti, dueño de la Academia Cantolao y actual gobernador regional del Callao. Existen interceptaciones en las que ‘Kiko’ se referiría a Paredes con frases como “el amigo fiscal”, “siempre me apoya a muerte” y “ya hemos hecho otros casos con él”.

Además, hay una visita que el procurador Herrera ha optado por no aclarar ante Sudaca. En la carpeta fiscal del caso Mascarillas-Diravpol existe un documento que revela que Mandriotti ingresó a la Procuraduría Anticorrupción del Callao el 23 de enero del 2018. En esa fecha, Mandriotti solo era conocido por ser fundador y dueño de la academia de fútbol. Ocho meses después sería elegido gobernador regional del Callao. 

 

 

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

 

El expediente del fiscal que lleva el caso Mascarillas-Diravpol, Francisco Alarcón, solo cuenta con una hoja del registro de entrada de Mandriotti a la sede de Engie Herrera. Alarcón quiso incautar todos los cuadernos de visitas el pasado 12 de octubre del 2020, pero la asistente de la Procuraduría refirió que estas evidencias ya no estaban en el lugar. “Se preguntó por los cuadernos de visita, a lo que respondió que no se encontraba en esta sede, señalando que los tiene el procurador [Engie Herrera]”, se lee en el Acta Fiscal de esa diligencia.

 

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

 

Sudaca logró contactar al suspendido fiscal Sandro Paredes para indagar sobre las razones de las más de veinte llamadas que mantuvo con el procurador Herrera, pero este respondió que no tenía “ni idea”. “Como te digo, no recuerdo bien, sí me acuerdo del apellido”, afirmó. Hoy, Paredes está suspendido de sus funciones por 24 meses tras haber sido acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en el caso Los Malditos de Angamos.

 

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

 

Contacto Hinostroza 

Engie Herrera trabaja como abogado para el Ministerio de Justicia (Minjus) desde el 2012. El principal hito de su carrera, sin embargo, data de abril del 2015. Ese mes fue designado como coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. En este momento, dicha sede no contaba con procuradores titulares y era el coordinador, en este caso Herrera, la persona con mayor rango de autoridad.

En paralelo, ese mismo año el extraditable juez César Hinostroza repetía el plato como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJCL), una entidad desde donde ya había sido protagonista de polémicas. El 2011 fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y su nombre era titular de denuncias periodísticas por desbalance patrimonial y plagio. La primera en el diario El Comercio y la segunda en el portal IDL-Reporteros. 

 

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

 

Según el reporte de enlaces telefónicos al que Sudaca tuvo acceso, el 28 de mayo de aquel 2015, siendo flamante coordinador de la procuraduría del Callao, Engie Herrera llamó al juez Hinostroza a las 2:22 pm. Herrera aseguró a este medio que no recuerda el sentido de aquella comunicación, pese a que él era nuevo en el cargo e Hinostroza estaba en pleno apogeo de poder. 

El procurador Herrera agregó, además, que no conoce personalmente a César Hinostroza y que “jamás, nunca” se ha “reunido con esta persona”. Sostuvo que, si bien no recuerda lo que lo motivó a llamarlo, “uno, como procurador, tiene que coordinar […]. Probablemente tiene que ver con poner en conocimiento [denuncias contra] muchos magistrados y jueces”.

Consultado, el exprocurador nacional anticorrupción Amado Enco, explicó que “es regular que se den llamadas por temas laborales entre procurados y magistrados, aunque es más con fiscales. Con los jueces tendría que ser un tema muy excepcional”.

 

Robo en pandemia

Ayer fue suspendida la audiencia a cargo de la jueza Tatiana Barrientos, del 11 Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde iba a determinarse el futuro legal del procurador Herrera por el caso Mascarillas-Diravpol. Esto, luego de que el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón pidiera 32 meses de prisión preventiva en su contra. El argumento de Alarcón es que Herrera está "directamente vinculado a una serie de actos de obstrucción para desacreditar el caso". Este fiscal explicó a Sudaca que Herrera habría sido "captado" con estos fines por la presunta organización criminal que operó desde la Aviación Policial para la irregular adquisición de mascarillas y alcohol en gel.

El caso Mascarillas-Diravpol, que ahora involucra al procurador, es el único por el que un general de la policía se encuentra en prisión. En agosto del 2020, el fiscal Alarcón realizó un operativo en el que se detuvo a seis personas, entre ellos el director de la Diravpol, el general PNP Alfredo Andrés Vildoso Rojas, y otros mandos policiales.

El procurador chalaco Herrera, quien fuera nombrado en su actual cargo por el exministro de Justicia Vicente Zevallos, sigue en funciones. Asegura que las acusaciones en su contra, “toda esta maraña, son invenciones” y que “todo lo que se está haciendo contra mi persona es un abuso de autoridad, una persecución” que se aclarará “ante el juzgado” donde se hará “conocida toda la corrupción dentro de la Fiscalía”.

OHL anunció la buena nueva desde su matriz en España hace tres días. “OHL se adjudica dos contratos por más de 80 millones [de euros] en Perú”, dice el comunicado. Se trata de la construcción del Hospital de Apoyo II de Chulucanas, por más de S/136 millones, obtenida a través del acuerdo ‘gobierno a gobierno’ con el Reino Unido; y de la ampliación norte del Metropolitano, ganada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, por más de S/280 millones.  

Las relaciones públicas de OHL en Perú, sin embargo, parecen más cautas. Quizás sea porque aquí, pese a que la constructora licita con éxito, todavía tiene algunos pendientes con el Indecopi y el Ministerio Público. A continuación, Sudaca presenta material inédito sobre esos pendientes: correos electrónicos, cuadros de Excel y libros contables que describen el actuar de esta compañía durante el apogeo del llamado Club de la Construcción.

Las investigaciones

En febrero del 2020, el Indecopi abrió procedimiento administrativo sancionador “a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones” públicas de carreteras entre el 2002 y 2016. OHL y su ejecutiva María Victoria Tizón figuran en la lista. El proceso abierto por el Indecopi equivale, en el ámbito administrativo, a una acusación. Esta espera ser resuelta por otra instancia del mismo organismo a fines de año.

 

Boletín oficial - OHL
Leyenda: A inicios del 2020 Indecopi publicó el listado de personas jurídicas y naturales responsables en lo que llamó un “cartel empresarial”.

En el ámbito penal, en noviembre del 2019 la jueza María de los Ángeles Álvarez incluyó a OHL, entre otras, como parte de una “presunta organización criminal [el denominado Club de la Construcción]” que “estableció el orden de prelación de quienes se adjudicarían las buena pro de los procesos de contratación convocados por Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, previo pago de coimas, entre el 2011 y el 2014.

OHL apeló y logró, dos meses después, que una sala superior la excluyera del proceso. El argumento: que la acción penal se había extinguido tras la muerte de Carlos Conde Rodicio, exdirectivo de OHL sobre quien la fiscalía había hallado responsabilidad.

Aquella vez, el fiscal Germán Juárez, el encargado del caso en el equipo especial Lava Jato, argumentó que tenía facturas que vinculaban directamente a OHL con el sistema de pagos de sobornos del ‘club’. También dijo que, además de Conde, habría otros funcionarios involucrados. La sala superior no le dio la razón. Antes de que Juárez pudiera apelar llegó la pandemia.

Fuentes de la fiscalía dijeron a Sudaca que el equipo de Juárez está recabando información adicional contra la firma, pese a las dificultades para tomar declaraciones por la crisis sanitaria. “El equipo realiza actos de investigación ubicando a otros funcionarios que actuaron al mismo nivel que el fallecido a fin de incorporarlos al proceso penal y, con estos elementos, también a la empresa”, declaró una de las fuentes.

Los correos son claros

La española Obrascon Huarte Lain −OHL− ingresó al Perú en 2008, tras comprar el 94% de las acciones de la peruana Constructora TP S.A.C. (CTPSAC). Esta pertenecía al fallecido Carlos Tizón y a su familia. A partir de entonces, la hija del veterano constructor, María Victoria Tizón, pasó de la gerencia de administración a la gerencia comercial.

Doce años después, el Indecopi logró reunir archivos y testimonios que colocaron a la empresa en medio del escándalo llamado ‘Club de la Construcción’. Sudaca ha revisado parte de ese material y lo presenta en exclusiva.

El correo electrónico del 16 de noviembre del 2013, por ejemplo, tiene como asunto las palabras “Informacion prelacion [sic]”. La destinataria es María Victoria Tizón (Mavi) y el emisor, José María Romero Pinto, ex ejecutivo de Superconcreto del Perú, empresa que también es investigada por el Indecopi y el equipo especial Lava Jato.

En ese correo aparecen dos palabras de peso contundente para la investigación. Además del asunto, Romero le dice a Mavi: “quiero saber bien cuáles obras son las que nos están cargando. Cuándo se ejecutaron y sus montos. Además, el tema de cómo fue que nos cargaron 3 vueltas?”.

 

Información prelación
Desde que inició sus investigaciones el 2017, Indecopi trabajó con software norteamericano para lograr copias de archivos existentes o borrados de las computadoras de las empresas inspeccionadas.

La Resolución 003-2020 del Indecopi determinó que las constructoras se comunicaban a través de palabras clave: “una serie de criterios o pautas referenciales denominadas ´turno´, ´vuelta´, ´cuota´, ´prelación´ y ´acompañante´. En líneas generales, estos criterios permitían a los integrantes del cártel definir quién tenía la preferencia para adjudicarse una obra determinada de manera que tenga mayor justificación su asignación”.

Al ser interrogado, el exejecutivo de Cosapi Marco Aranda, quien se encuentra en calidad de confeso en el caso fiscal del Club de la Construcción, relató al Indecopi que “cualquier empresa tenía que esperar que todas las empresas contraten […]. Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema. […]. Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo”.

——- [Audio Marco Aranda, de Cosapi, sobre “prelación” ante Indecopi] ——

[47:32] E: ¿Y luego cómo hacían? Digamos, acababa y había dos empresas que querían la misma obra, ¿había un criterio para definir quién postulaba a qué o simplemente entre las dos tenían que…?

[47:40] MA: Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema.

[47:55] E: ¿Y cuáles eran los criterios para definir la relación?

[48:00] MA: Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo… esos argumentos.

[48:14] E: También hemos encontrado en algunos documentos la referencia a ‘turno’.

[48:20] MA: Claro, o sea, turno o prelación es algo bastante similar en concepto. O sea, yo tengo la prelación, yo tengo mi turno, más o menos. Esa era la definición.

 

Según los testimonios dados al Indecopi por exejecutivos del sector construcción, Aranda tenía un rol importante dentro de los acuerdos que se realizaban en las empresas presuntas miembros del cártel, en la sede de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y restaurantes. Así, hay otra serie de correos que Mavi −de OHL− intercambia con Aranda sobre reuniones y obras.

Era diciembre del 2009 y OHL estaba interesada en la Licitación de la Carretera Punta Bombón – Ilo. En un primer correo, Mavi Tizón le dice al también ejecutivo de OHL, Jorge Aubinel: “hoy tuvimos una reunión en Cosapi para ver el tema de esta carretera [Punta Bombón-Ilo]. Parece que habían malentendidos, pero felizmente todo salió bastante bien […]. Mañana Marco [Aranda] tiene una reunión final con un amigo para confirmar que todo sigue su curso normal. Espero su respuesta”.

El mismo 9 de diciembre, Mavi Tizón pide a Rodolfo Weiss, de la constructora UPACA, conversar sobre la obra y éste le responde al día siguiente: “Por nuestra parte también continúa el interés en esta obra. Un aspecto importante a despejar es si nuestra participación es con cargo al turno del caso”.

 

Carretera Punta Bombom 1

Carretera Punta Bombom 2

En medio de las coordinaciones con UPACA, también investigada por pertenecer al presunto cártel de constructoras, Mavi Tizón le envía un mensaje a su directivo Jaime Crosby poniéndolo al día sobre lo que había quedado con Marco Aranda: “debía llevar a 2 [constructoras] más por el monto de la obra”.

Estas otras dos empresas, se menciona en el correo, no debían aparecer a la luz como socias en un consorcio y optaron por la modalidad de subcontratos. De las confesiones dadas a Indecopi se desprende que las empresas más pequeñas obtenían, gracias a estas modalidades, una democrática participación en los acuerdos del club.

Licitaciones MTC

 

Días después, el 19 de enero del 2010, siete postoras, además de OHL, fueron evaluadas y esta última no calificó. Mavi Tizón envió, entonces, un correo a Marco Aranda diciéndole: “los españoles están furiosos por la descalificación!!! […]. A ver cuándo conversamos sobre este tema y sobre Ayacucho 4”. Aranda intentó calmarla:“lo que les dijimos se mantiene incólume”.

Tizón insistió con su reclamo y Aranda le recordó que “por ejemplo, en mi caso, el tema se ha postergado por razones de involuntaria equivocación de los promotores y ahora yo me voy para después–cuando era el primero. Y yo entiendo y acepto y no perturbo nada. En el tema que tú dices además han quedado afuera otros amigos importantes”. La obra, dos semanas después, fue entregada a Obrainsa, otra de las investigadas por el caso del ‘club’.

Licitación Punta Bombom 3

 

Eventos actuales y futuros

Durante los interrogatorios con el Indecopi, Fernando Camet, ex directivo de JJ Camet, reconoció el sistema de concertación con el que trabajaron entre el 2002 y 2016. Explicó que los acuerdos de “turnos” tuvieron sus fallas, como la que se ve en esos correos. “Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno”, afirmó.

——- [Audio Fernando Camet, de JJCamet, sobre “turnos” ante Indecopi] ——

[Audio Fernando Camet, de JJCamet, en Indecopi]: [49:06] FC: La idea era que, de la cantidad de miembros, cada uno tomara un turno o medio turno o menor turno si era una empresa de menor tamaño y la idea era que al haber tomado cada uno ya su turno pasábamos a la segunda vuelta. Por eso se denominaba ‘vuelta’. Se trataba de que todos en la primera vuelta tomaran; todos en la segunda vuelta tomaran, y así sucesivamente. Cuando ya se había completado que todos habían tomado su turno, entonces se pasaba a la siguiente vuelta.

[49:52] E: ¿Y eso se cumplía? [49:44] FC: Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno.]

 

La contabilidad de los sobornos

Ante la justicia y ante los medios de comunicación, OHL siempre ha rechazado haber formado parte del Club de la Construcción. Incluso, ha llegado a asegurar que todos sus procesos los ganó con transparencia y que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.

Sin embargo, todos sus pasos en Perú tienen registro. Sudaca presenta en exclusiva dos archivos contables que vinculan a OHL de forma directa con Lual Contratistas. Lual, según confesión de parte ante la fiscalía, fue usada de fachada por los operadores del club a fin de emitir facturas que permitieron a las constructoras justificar ante Sunat la salida de los millonarios pagos por coimas.

En los libros contables de Lual Contratistas de enero y febrero del 2013, que aquí presentamos, figuran tres facturas con OHL, por un monto total de  S/3.320.946. Un extrabajador de esta compañía ratificó a este medio que las facturas siempre se giraban por órdenes de servicios falsas o trabajos que jamás se realizaban.

Registro de ventas e ingresos 1

Registro de ventas e ingresos 2

 

Estos documentos, que Sudaca entregará a las autoridades de justicia, se suman a tres facturas que el equipo especial Lava Jato ya tiene en su poder y que ratifican los vínculos entre OHL y Lual.

Indecopi, por su parte, también ha logrado recabar un cuadro de Excel elaborado en el 2012 por Marco Aranda, de Cosapi, y que sintetiza −año a año hasta el 2014− los “turnos” con los que los empresarios se habrían repartido las licitaciones de carreteras. En dicho cuadro aparece el nombre de las constructoras Tizón y OHL como dueñas de siete turnos o licitaciones.

 

Licitaciones en obras públicas

El equipo investigador del Indecopi ha calculado que entre el 2002 y el 2016, años que ha estimado operó el sistema de repartición, OHL se hizo de contratos con Provías-MTC por un monto superior a los S/587 millones.

 

Nuevas obras: ¿licitaciones con criterios ‘éticos’?

El último 29 de diciembre, la MML anunció la firma del contrato para la construcción de la ampliación norte del Metropolitano con OHL y la mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones. Ambas empresas, unidas en el llamado Consorcio Metropolitano Norte, ganaron la obra “por un monto mayor a los S/280 millones”. El alcalde limeño Jorge Muñoz encabezó la colocación de la ‘primera piedra’ de la obra el miércoles pasado.

El corredor de buses incluye 18 estaciones que irán desde la actual estación Naranjal, en Independencia, hasta la intersección de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo en Carabayllo. Al cierre de esta edición, la comuna limeña no respondió sobre los detalles del proceso, las empresas que compitieron con OHL, ni los criterios de transparencia y fiscalización para la misma.

También terminando diciembre del año pasado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adjudicó a OHL la construcción del Hospital Apoyo II de Chulucanas, en Piura, por S/136 millones.

El proceso de contratación se ejecutó a través del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido e Irlanda del Norte. El equipo de comunicaciones de la ARCC respondió a Sudaca que dicho país, “como parte del proceso de precalificación, incluyó como uno de los parámetros de evaluación el criterio denominado ‘Ética’”. Explicó la ARCC que, en este acápite, el Reino Unido “buscaba obtener información de las empresas participantes sobre si fueron condenadas por algún incumplimiento ético incluyendo, pero sin limitarse a, soborno, malversación, hurto, fraude, y/o extorsión en los últimos cinco años”. ¿Calza una empresa vinculada al Club de la Construcción en ese parámetro de ‘ética’?

Sobre este punto, el abogado Alberto Retamozo, árbitro y consultor en contrataciones con el Estado, explicó que si bien OHL no tiene condenas efectivas a nivel penal, “sí debió poner en conocimiento, por un tema de transparencia [ético, precisamente], que el Indecopi le había iniciado a la fecha un procedimiento administrativo sancionador por concertación y vulneración de la libre competencia”.

La gravedad de la omisión de OHL, explicó Retamozo, está en que el proceso abierto por el Indecopi podría acabar con un fallo en contra y ello “implicaría, además de la sanción, que el Tribunal de Contrataciones del Estado podría inhabilitarla para contratar con el Estado por vulnerar el principio de libre competencia. Esto constituye un riesgo ya que, de ganar [una obra] y luego ser sancionada, generaría un problema de gestión para el órgano público que la contrató”.

 

Clausula Anticorrupción
El Reino Unido establece una “Clausula Anticorrupción” para sus contratos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Este modelo rige la obra del Hospital de Chulucanas obtenida por OHL.

OHL niega cargos

Sudaca solicitó entrevistas a voceros de OHL en España y el Perú, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, este portal sí logró conversar con María Victoria Tizón, ex accionista y ejecutiva de OHL, protagonista de varios de los correos que obran en el expediente del Indecopi.

Tizón informó que no tiene vínculo con el grupo OHL desde octubre del año pasado. Respecto a las sospechas de corrupción en contra de la compañía, respondió que nunca participó en esos actos, pero que no sabe “si la empresa, a través de otros funcionarios, lo habrá hecho”.

Sobre sus diálogos con Marco Aranda, Tizón sostuvo que solo se enmarcan en el contexto de que ella debía mantener un fluido contacto con el premio luego de que OHL adquiriera la empresa Tizón en el 2008. Admitió que existió un nivel de diálogo entre los constructores: “ese tipo de conversaciones era normal. Había veces que decía ´pero si tú tienes 3 obras, a los que no tenemos nada déjanos presentarnos para ganar algo´. Ese tipo de conversaciones sí ha habido, no lo niego. Eso no es concertación”.

La hija heredera de la constructora Tizón, que fue adquirida por OHL, aseguró también que desconoce la existencia de facturas entre Lual Contratistas y OHL: “yo no lo he hecho ni me consta, no sé si la empresa lo habrá hecho”. Sin embargo, la ingeniera sí reconoció que en un evento en Capeco le presentaron a Rodolfo Prialé. “Me dijo qué gusto conocerte, aquí estoy en lo que necesites, y punto. Nunca más lo volví a ver”, aseguró. Prialé, quien se ha allanado a las investigaciones, fue dueño de Lual Contratistas y es sindicado como el operador del Club de la Construcción cuyo rol era ser el nexo entre las empresas y los funcionarios corruptos del MTC.

 

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Club de la construcción, OHL

El policía en retiro Carlos Sosa ha llegado a Lima huyendo de presuntas amenazas de muerte en Ucayali. Él asegura que “los autores intelectuales y únicos responsables de todo atentado, amedrentamiento y reglaje” en su contra son el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova y sus hermanos: el juez superior Wilder Arce y el exfiscal Nelton Arce. Dice también que la familia que conforman estos tres personajes controla, desde hace años, el Poder Judicial de su región.

Luis Carlos Arce es miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el 2016, en representación de la junta de fiscales supremos. Hoy, a cuatro meses de las elecciones, este organismo electoral tiene una agenda recargada: debe resolver con premura los cuestionamientos a la inscripción de candidaturas presidenciales y congresales. Arce es uno de los cuatro votos con los que se tomarán decisiones trascendentales para el futuro del país: quiénes pueden postular para gobernarlo y quiénes no.

Pero el más conocido de los Arce carga con varios procesos a cuestas. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió en enero del 2020 dos investigaciones preliminares, una por presunto enriquecimiento ilícito y la otra por presunto tráfico de influencias. En marzo pasado, la fiscal suprema Bersabeth Revilla inició una tercera investigación por otro supuesto tráfico de influencias. Los tres expedientes tienen como base denuncias presentadas por Carlos Sosa. 

Para Renzo Carlos, el abogado de Wilder Arce, Sosa “miente de forma grave […], e inventa por haber sido sentenciado por difamación” en una de las dos querellas que los hermanos le interpusieron.

Acusados o acosados

“Estoy en Lima por mi seguridad, por un seguimiento, un acoso, y la integridad física mía y de mi familia”, dice Sosa, quien asegura que vive amenazado desde que hizo sus primeras denuncias públicas contra los hermanos Arce en Ucayali. Todos son oriundos de ese departamento.

Las presuntas represalias, asegura el policía en retiro, se iniciaron en el 2016. Ese año comenzó a acusar a los Arce por supuestamente proteger a alcaldes locales que enfrentaban cargos por corrupción o procesos de vacancia. Para Alexander Gonzales, el abogado de Luis Carlos Arce, la amenaza de muerte que les atribuye Sosa “es absurda y categóricamente falsa”. En diálogo con Sudaca, Gonzales dijo que su defendido no ha sido notificado oficialmente de estos cargos.

“Carlos Sosa se está extralimitando, pues ya no recurre a las autoridades sino a medios de comunicación a modo de auxilio. No tiene respeto a la legalidad y hace aseveraciones de tal calibre olvidando que debe tener elementos de prueba”, alega el abogado. Pero Sosa asegura tener pruebas.

En octubre del 2020, el ex reo del penal de Pucallpa Manuel Pozo afirmó que, cuando estuvo preso en el 2017, otro interno le pidió que “llame al señor Sosa [desde la cárcel], que lo extorsione, que lo amedrente, que le coaccione, que le intimide a él y a toda su familia”. Hizo esta declaración, como testigo de parte, en una audiencia virtual sobre la querella que Wilder Arce entabló contra Sosa por difamación.

Manuel Pozo, ya en libertad, aseguró también que Fredy Moreno, el presidiario que lo quiso contratar, “se conectaba con una persona del exterior por celular, ordenando unos trabajitos para amedrentar o para atentar contra la vida del señor Carlos Sosa. En dichas conversaciones, en dichos diálogos, hablaba y mencionaba de un tal, de unos hermanos Arce”. Moreno fue asesinado tras salir de la cárcel.

El abogado de Wilder Arce alega que la presentación de ese testigo “fue sorpresiva” y que “es un dicho de una persona que no tiene cómo probar [lo que dice]”. Asegura también que Carlos Sosa “da manotazos de ahogado” y que “solo busca mediatizar los procesos porque sabe que los va a perder”.

En paralelo a la querella en proceso de Wilder Arce, su hermano Luis Carlos ya le ganó a Sosa una denuncia por calumnia. Esta ha sido confirmada en segunda instancia. Sosa, sin embargo, ha apelado el fallo al considerarlo parte de un hostigamiento judicial: “primero, la jueza que me condena aceptó como pruebas documentos que eran copias simples y sin legalizar; segundo, era una juez supernumeraria, o sea de aquellas que tienen el cargo a dedo y sin pasar un concurso; tercero, la sala que confirmó la sentencia estaba conformada por magistrados que trabajaron con Luis Arce y, cuarto, esa acusación por difamación es por un caso que hoy investiga la propia fiscal de la Nación”.

La tesis de Sosa es que, al tratarse de una juez supernumeraria, elegida de forma directa por los presidentes de corte sin que medie concursos de mérito, es vulnerable al direccionamiento de sus fallos. En cuanto a la sala donde perdió la querella, Sudaca ha cotejado que los tres vocales que ratificaron la sentencia coincidieron con Luis Carlos Arce en la Corte Superior de Justicia de Lima antes de que este se convirtiera en fiscal. Finalmente, parte de las afirmaciones por las que Sosa ha sido condenado como difamador son elementos tomados por la Fiscalía de la Nación en el caso de presunto tráfico de influencias abierto de forma preliminar contra los hermanos Arce.

Respecto a la declaración del exreo Manuel Pozo, el abogado de Luis Carlos Arce, Alexander Gonzales, dice que “evidentemente no hay asidero legal, ni el respaldo de elementos de prueba que debe tener toda versión, así sea testimonial. Debe estar respaldada por, siquiera, un elemento: cámara de vigilancia, conversaciones, mensajes, llamadas […]. Quizás por eso este señor Sosa recurre a ustedes pero hasta ahora no nos emplaza. Porque seguro sabrá que cuando nosotros tomemos conocimiento de ello vamos a tomar no represalias sino acciones por la vía legal. Evaluaremos una [nueva] querella o denuncia”. 

Los abogados de los dos hermanos Arce dijeron que Sosa tiene otra denuncia por difamación que un alcalde local le acaba de ganar y recordaron que este tiene abierto un caso por presunto tráfico de influencias.

Pero el policía en retiro tiene un contraargumento de fondo: está peleando contra personajes que, según él, controlarían el sistema de justicia de su lugar de residencia. Su versión es que vive un “acoso judicial despiadado” y que ello incluye la fabricación de pruebas en su contra. “La Fiscal de la Nación ha abierto procesos basada en las denuncias que yo he hecho. Ellos responden con querellas, pero querellas que debería ver un Poder Judicial independiente, no el de Ucayali, que ellos manejan”, reclama.

Las investigaciones

Carlos Sosa acaba de recibir una notificación para declarar contra Luis Carlos Arce el próximo 20 de enero. Se trata de la tercera investigación preliminar abierta el año pasado, por presunto tráfico de influencias, con base en indicios provistos por él. La fiscal suprema Bersabeth Revilla es quien lleva el caso.

Según los cargos que Sosa presentó, Luis Carlos Arce tendría injerencia en las salas de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Antes de ser fiscal supremo y miembro del pleno del JNE, él era juez y presidió dicha corte entre los años 2004 y 2006. Su hermano, el juez Wilder Arce, ocupó el mismo cargo entre 2017 y 2018.

Como se mencionó líneas arriba, ese no es el único proceso con el que Sosa ha logrado arremeter legalmente contra los Arce. En enero del 2020, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares. En la primera están involucrados Luis Carlos Arce, y sus hermanos Wilder y Nelton, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos que presentó Sosa, el miembro del pleno del JNE habría comprado, solo en el 2017 y al contado, cinco bienes inmuebles por más de US$170.000. También se han incluido más de 100 registros de compras y ventas de vehículos de los hermanos y sus hijos.

La segunda carpeta, por el presunto delito de tráfico de influencias, implica a Luis Carlos Arce junto a los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez y Pablo Talavera. Estos son hoy investigados en el caso Cuellos Blancos. Según la acusación de Sosa, todos los antes mencionados habrían concertado para que Wilder Arce fuera nombrado presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali el año 2017.

El abogado del fiscal Luis Carlos Arce negó que las investigaciones abiertas le resten credibilidad a su defendido y consideró que solo se ha seguido el camino normal de todo proceso. “En esos tres expedientes aún no hay ejercicio de la acción penal. Todo proceso inicia con una denuncia, luego se abren las diligencias preliminares, y es ahí donde nos encontramos […]. El doctor Arce está llano a que todas sus investigaciones sean esclarecidas, hemos presentado ingente cantidad de documentos de descargo. En el caso del desbalance patrimonial hemos entregado más de 1.200 páginas de descargo”, asegura.

Para el abogado del otro hermano Arce, Wilder, estos procesos no prosperarán porque ellos tienen “la suficiente documentación para demostrar la inocencia” de sus patrocinados. Según él, “en la investigación de la fiscal de la Nación se demostrará que este señor [Sosa] está mintiendo y seguro se ganaría otra querella después de ello por vulnerar la imagen y la buena reputación de personas que se han ganado a pulso lo que hoy tienen”.

Según fuentes oficiales, los documentos que de los casos que lleva la Fiscalía de la Nación contra Luis Carlos Arce han sido solicitados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En julio del año pasado, esta entidad inició un proceso disciplinario en su contra a raíz de los diálogos que protagonizó con el exjuez César Hinostroza.

Sosa se mantendrá en Lima por el momento. Aunque, dados sus problemas económicos, no sabe por cuánto tiempo podrá sostenerse aquí. “Temo por mi vida y la integridad de mi familia, por eso estoy acá, porque [en Ucayali] no hay seguridad jurídica y menos garantías personales contra mi integridad física”, dijo a Sudaca.

**Ilustración: Manuel Cárdenas.