¿Alguien ha escuchado a alguna de las listas oficiales o extraoficiales que existen para hacerse de la mesa Directiva del Congreso, pergeñar siquiera un mínimo plan de acción legislativa para el periodo 2023-2024?
¿Alguna reforma? ¿Quizás retomar la político-electoral? ¿Tal vez retroceder en alguna de las barbaridades cometidas, como la de la Sunedu? ¿Cesar en su intento de maniatar a la Junta Nacional de Justicia o los organismos electorales? ¿Sorprender radicalmente y sugerir un paquete legislativo que, por ejemplo, corrija el desastre logístico que implica nuestra fallida regionalización? ¿Detener la vorágine de proyectos populistas regulatorios que tanto daño le hacen a la actividad económica?
De lo dicho ni un pelo. Nadie en el Congreso piensa en ello. Ni por asomo. Lo único que interesa es que la sumatoria de votos, en base a los acuerdos alcanzados (como el de Fuerza Popular y Perú Libre), les permita hacerse de la directiva congresal.
A estas alturas, con un Congreso tan fragmentado (en el 2021 eran nueve bancadas, ahora son trece), nadie debería escandalizarse porque se junten partidos de diferente ideología, pero ello admite comprensión si es que va acompañado de un consenso relativo respecto de algunas acciones a tomar una vez que tomen el poder, si finalmente lo logran.
No parece que ese sea el camino. Se trataría solamente de una sumatoria simple de votos para alcanzar un objetivo político, para, una vez instalados en el estrado del Legislativo, seguir dedicándose a lo mismo a lo que este Congreso se ha dedicado desde el 28 de julio del 2021. Y con las otras listas pasa exactamente lo mismo.
A este paso, el Legislativo va a seguir arrastrando el inmenso desprestigio que lo embarga. La última encuesta del IEP le da un índice de aprobación de 6.2% y una desaprobación de 90.4%, e Ipsos le otorga una aprobación de 9% y una desaprobación de 85%. Son cifras nunca antes vistas, por lo menos desde que se hacen encuestas y es, claramente, un factor que contribuye a la crisis social y política por la que transita el país.
No se ve salida a la estabilidad mediocre a la que han arribado tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Y mucho menos se ve cercana la posibilidad de que juntos, racionalmente, acuerden el adelanto de elecciones que la población demanda. Se quedarán los dos poderes del Estado, orondos ellos, sin importar el clamor popular o el daño que le están produciendo a la democracia (sus efectos los apreciaremos en las elecciones presidenciales venideras).
