Congreso Peruano

Ni un solo ministro renunció por el escándalo de los Rólex. Tuvieron que ser renunciados seis de ellos, a solicitud de la mayoría congresal que aprovechó la crisis gubernativa y la pendiente solicitud de confianza del gabinete Adrianzén para forzar sus pedidos y obtenerlos.

El gobierno de Dina Boluarte está cada vez más débil y su ya enorme impopularidad seguramente crecerá en las encuestas venideras por la impericia para manejar el escándalo en curso. Es un régimen sujeto con babas y expuesto a que un futuro ventarrón -que puede ser un coletazo del aún no resuelto Rolexgate- se lo lleve de encuentro.

Desde la derecha se oponen al adelanto de elecciones porque están convencidos de la impropiedad de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE y temen que un proceso electoral con ellas al mando solo servirá para repetir el plato del 2021.

La verdad, sin embargo, es que no existe una sola prueba que incrimine a ambas autoridades en irregularidades cometidas en el proceso electoral que llevó a Castillo al poder y toda la alharaca del presunto fraude acabó en nada, porque era más majadería que realidad.

El temor de la derecha más bien debería fijarse en que la continuidad de este gobierno mediocre y paralizado de Dina Boluarte es el mejor caldo de cultivo para la irrupción, con más fuerza inclusive que el 2021, de candidatos radicales disruptivos. El descrédito creciente del Ejecutivo y el Congreso alimenta a la izquierda radical, que ve con gozo, cómo se degrada la derecha peruana y calcula ya la inmensa cosecha electoral que obtendrá de ello.

Es verdad que el panorama electoral del centro y la derecha peruana es hoy un festival promiscuo por la cantidad de candidaturas que se aprecia, pero eso va a ser peor el 2026. No hay ningún ánimo conciliador ni unificador en este sector ideológico que no es capaz de percibir que, a pesar de todo, la mayoría del país se sigue definiendo de centro y de derecha, como corroboran los estudios que regularmente hacen al respecto Ipsos y el IEP.

Ello se va a evaporar si la proliferación de candidaturas aumenta, como todo lo hace prever y, además, aumenta, como también es previsible, el deterioro de un régimen coludido con un Legislativo, que la ciudadanía de a pie percibe como una coalición derechista fallida. Si hoy no parece el momento indicado para convocar elecciones generales, el 2026 será peor.

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¿Alguien ha escuchado a alguna de las listas oficiales o extraoficiales que existen para hacerse de la mesa Directiva del Congreso, pergeñar siquiera un mínimo plan de acción legislativa para el periodo 2023-2024?

¿Alguna reforma? ¿Quizás retomar la político-electoral? ¿Tal vez retroceder en alguna de las barbaridades cometidas, como la de la Sunedu? ¿Cesar en su intento de maniatar a la Junta Nacional de Justicia o los organismos electorales? ¿Sorprender radicalmente y sugerir un paquete legislativo que, por ejemplo, corrija el desastre logístico que implica nuestra fallida regionalización? ¿Detener la vorágine de proyectos populistas regulatorios que tanto daño le hacen a la actividad económica?

De lo dicho ni un pelo. Nadie en el Congreso piensa en ello. Ni por asomo. Lo único que interesa es que la sumatoria de votos, en base a los acuerdos alcanzados (como el de Fuerza Popular y Perú Libre), les permita hacerse de la directiva congresal.

A estas alturas, con un Congreso tan fragmentado (en el 2021 eran nueve bancadas, ahora son trece), nadie debería escandalizarse porque se junten partidos de diferente ideología, pero ello admite comprensión si es que va acompañado de un consenso relativo respecto de algunas acciones a tomar una vez que tomen el poder, si finalmente lo logran.

No parece que ese sea el camino. Se trataría solamente de una sumatoria simple de votos para alcanzar un objetivo político, para, una vez instalados en el estrado del Legislativo, seguir dedicándose a lo mismo a lo que este Congreso se ha dedicado desde el 28 de julio del 2021. Y con las otras listas pasa exactamente lo mismo.

A este paso, el Legislativo va a seguir arrastrando el inmenso desprestigio que lo embarga. La última encuesta del IEP le da un índice de aprobación de 6.2% y una desaprobación de 90.4%, e Ipsos le otorga una aprobación de 9% y una desaprobación de 85%. Son cifras nunca antes vistas, por lo menos desde que se hacen encuestas y es, claramente, un factor que contribuye a la crisis social y política por la que transita el país.

No se ve salida a la estabilidad mediocre a la que han arribado tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Y mucho menos se ve cercana la posibilidad de que juntos, racionalmente, acuerden el adelanto de elecciones que la población demanda. Se quedarán los dos poderes del Estado, orondos ellos, sin importar el clamor popular o el daño que le están produciendo a la democracia (sus efectos los apreciaremos en las elecciones presidenciales venideras).

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